nombre reservado con SOCIEDAD DE INVERSIONES METROPOLI LIMITADA

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece nombre reservado y nombre reservado, quienes interpusieron un recurso de protección en contra de la Sociedad de Inversiones Metrópoli Limitada, en atención a haber ordenado, de manera unilateral y sin autorización de autoridad competente alguna, el corte de puntales de fierro que sostenían el muro medianero oriente de la vivienda de las recurrentes, provocando con ello el colapso del referido muro y dejando el inmueble en estado de inhabitabilidad declarada, actuación que las recurrentes consideran ilegal y arbitraria, toda vez que fue ejecutada al margen de la normativa urbanística y constructiva vigente, específicamente la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General, sin contar con los permisos ni autorizaciones municipales requeridos, vulnerando con ello los derechos fundamentales de las recurrentes a la vida y a la integridad física y psíquica, a la vida privada y a la inviolabilidad del hogar, y al derecho de propiedad, que los artículos 19 N° 1, N° 4, N° 5 y N° 24 de la Constitución Política de la República garantizan a todas las personas, por lo que solicitan que se ordene a la recurrida ejecutar las obras necesarias para restituir la seguridad, estabilidad y habitabilidad de la vivienda afectada, bajo supervisión técnica y fiscalización de la Dirección de Obras Municipales de Quinta Normal.

Exponen las recurrentes que tienen su domicilio en el inmueble ubicado en domicilio reservado, donde nombre reservado reside en calidad de comunera en la sucesión hereditaria de doña nombre reservado, mientras que doña nombre reservado habita el mismo domicilio en compañía de su madre. Colindante a dicho inmueble se encuentra el predio de la recurrida, ubicado en domicilio reservado, de la misma comuna. La relación entre las partes que se remonta al año 2019, cuando esta misma empresa ejecutó una demolición ilegal en el predio contiguo, la que motivó la interposición de un recurso de protección por parte de doña nombre reservado, tramitado bajo el Rol de Ingreso Protección-15016-2019 ante esta misma Corte. Dicho recurso fue acogido mediante sentencia de fecha 7 de junio de 2019, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema el 18 de julio del mismo año, resolución que ordenó a la recurrida ejecutar las obras necesarias para la reparación y habitabilidad del inmueble de las recurrentes. En cumplimiento de dicha resolución judicial, fue la propia recurrida quien procedió a instalar los puntales de fierro cuya remoción da origen al presente recurso, los cuales cumplían la función de reforzar y sostener el muro medianero oriente, que había quedado severamente dañado como consecuencia de aquella demolición ilegal.

Indican que, el día 5 de agosto de 2025, un grupo de trabajadores dependientes de la recurrida ingresó, en un vehículo identificado con placa patente GKWT.39-9, al terreno de propiedad de dicha sociedad, ubicado en domicilio reservado, procediendo a cortar todos los puntales de fierro que sostenían el muro medianero oriente de la vivienda de las recurrentes. Esta acción fue ejecutada de manera temeraria, sin autorización de autoridad competente y sin aviso previo a las recurrentes. Uno de los trabajadores informó a las recurrentes que habían recibido instrucciones de la recurrida para realizar un denominado "cortafuego", con motivo del ingreso de maquinaria pesada que estaba programado para el 12 de agosto de 2025, en el marco del inicio de trabajos de construcción en el predio vecino.

Al día siguiente de ocurrido el corte de los puntales, se produjo el agrietamiento severo de los muros de la vivienda, afectando principalmente dos baños, con separación completa del muro respecto del techo y de las estructuras laterales.

Posteriormente, el día 7 de agosto de 2025, se produjo el colapso total del muro medianero, dejando la vivienda expuesta hacia el predio colindante, con los baños inutilizados y en estado de absoluta vulnerabilidad estructural.

Ante la gravedad de la situación, las recurrentes solicitaron la intervención de la Dirección de Obras Municipales de Quinta Normal, cuyo Director concurrió personalmente al lugar y, tras la inspección correspondiente, emitió un certificado de inhabitabilidad respecto del inmueble, advirtiendo que el solo ingreso de maquinaria al terreno contiguo podría provocar el colapso total de la construcción restante. Asimismo, el referido funcionario señaló que las labores ejecutadas por la recurrida eran ilegales por carecer de las autorizaciones respectivas.

Acerca de la situación normativa de los trabajos ejecutados por la recurrida, exponen que, al consultar en la Dirección de Obras Municipales de Quinta Normal si los trabajos realizados contaban con permisos o autorizaciones, los funcionarios de dicha repartición les informaron que la empresa solo contaba con un anteproyecto aprobado por Resolución N° 008 de fecha 23 de diciembre de 2024. Señalan que, conforme al inciso segundo del artículo 1.4.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el anteproyecto aprobado conserva su vigencia por un plazo de 180 días para los efectos de la obtención del permiso de edificación correspondiente, plazo que, a la fecha de los hechos, se encontraba vencido, por lo que el anteproyecto habría caducado sin que se hubiere solicitado el permiso de edificación definitivo. Para robustecer este planteamiento, citan los Dictámenes de la Contraloría General de la República N° 12.664, de 2006, y N° E257335, de 2022, que consagran el principio según el cual, vencido dicho plazo sin haberse obtenido el permiso de edificación, el anteproyecto pierde su vigencia. Añaden, además, que el artículo 5.1.3 de la misma Ordenanza establece que, para ejecutar obras preliminares con anterioridad a la obtención de un permiso de edificación en tramitación, se requiere de autorización expresa de la Dirección de Obras Municipales, la que en este caso tampoco fue solicitada ni obtenida, de modo que la recurrida careció de toda habilitación legal para ejecutar los trabajos que motivaron el presente recurso.

Sostienen, entonces, que la conducta de la recurrida satisface plenamente los requisitos de procedencia de la acción cautelar establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En primer término, argumentan que el actuar de la recurrida constituye una acción ilegal, en cuanto fue ejecutada prescindiendo de las autorizaciones, permisos y requisitos que la normativa urbanística y constructiva establece como condición indispensable para la realización de obras, vulnerando de manera directa los límites que el ordenamiento jurídico impone al ejercicio de los derechos en protección de bienes jurídicos de interés público, tales como la seguridad y estabilidad de las edificaciones, la habitabilidad y la integridad física de terceros.

En segundo término, califican el actuar de la recurrida como arbitrario, por cuanto el retiro de los puntales fue decidido y ejecutado sin fundamento técnico ni jurídico que lo habilitara, movido únicamente por el mero arbitrio de la recurrida, quien, teniendo pleno conocimiento de las limitaciones legales aplicables y de las consecuencias que su actuar podría provocar -máxime tratándose de una sociedad dedicada al rubro inmobiliario-, optó deliberadamente por prescindir de ellas. Refuerzan este argumento señalando que la recurrida ya había sido sancionada y condenada judicialmente en el año 2019 por una conducta análoga, lo que descarta cualquier posibilidad de alegar desconocimiento de la normativa aplicable.

En lo que concierne a la afectación de los derechos constitucionales invocados, afirman que la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida ha vulnerado, en forma simultánea y concurrente, tres garantías fundamentales.

En primer lugar, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, toda vez que el colapso del muro medianero y el estado de inhabitabilidad de la vivienda exponen a las recurrentes a un riesgo cierto e inminente de derrumbe total, comprometiendo su existencia biológica, mientras que, a nivel psíquico, la situación les ha generado un cuadro de ansiedad, insomnio, hipervigilancia, irritabilidad y pensamientos negativos, producto de la angustia permanente ante la posibilidad de colapso y el temor de ser agredidas o despojadas de sus bienes al quedar la vivienda expuesta sin posibilidad de resguardo efectivo.

En segundo lugar, el derecho a la vida privada y a la inviolabilidad del hogar, garantizados en los artículos 19 N° 4 y N° 5 de la Constitución, atendido que el colapso del muro medianero dejó la vivienda abierta hacia el predio colindante, eliminando toda protección física respecto de la intimidad familiar, exponiendo el hogar a la observación e intrusión de terceros, fracturando la normalidad de la vida doméstica y generando una amenaza permanente de sustracción de bienes de alto valor sentimental e irremplazable para la familia.

En tercer lugar, el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, por cuanto los hechos descritos han privado a las recurrentes del uso y goce de su inmueble, al haberse declarado su inhabitabilidad por la autoridad competente, desvalorizado el bien raíz y suprimido su aptitud para cumplir la función de vivienda que ha ejercido durante más de siete décadas, constituyendo una perturbación grave e injustificada en el ejercicio pacífico del dominio.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida ejecutar todas las obras necesarias para reparar y restituir la seguridad, estabilidad y habitabilidad de la vivienda ubicada en domicilio reservado, con proyecto y supervisión técnica idónea para muros de adobe, bajo fiscalización permanente de la Dirección de Obras Municipales de Quinta Normal, incluyendo la entrega de los permisos de reparación respectivos y la recepción definitiva de las obras; se disponga que la recurrida se abstenga de ejecutar nuevas intervenciones, acciones u obras en el terreno colindante sin contar previamente con las autorizaciones o permisos contemplados en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General; y se oficie a la Dirección de Obras Municipales de Quinta Normal para que, en tanto no se repare la vivienda de las recurrentes, se abstenga de otorgar permisos de obra nueva, fusión, urbanización u otras autorizaciones sobre los Roles de Avalúo N° 252-2, 252-3 y 252-21, todos de la comuna de Quinta Normal, hasta que la recurrida acredite haber dado cumplimiento íntegro a las obras de reparación ordenadas, con expresa condena en costas en caso de oposición.

Evacuando el informe requerido, comparece la abogada Verónica Blanco Zamorano, en representación de Sociedad de Inversiones Metrópoli Limitada, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra, con costas, alegando en primer término que carece de legitimación pasiva para figurar como sujeto recurrido en la presente acción cautelar, toda vez que, al momento de la supuesta ocurrencia de los hechos denunciados -esto es, el día 5 de agosto de 2025-, ya no detentaba la calidad de propietaria del inmueble colindante ubicado en domicilio reservado.

Al efecto señala, que con fecha 6 de junio de 2025, mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Santiago don nombre reservado, Repertorio N° 9.272, Sociedad de Inversiones Metrópoli Limitada enajenó el referido inmueble a la sociedad nombre reservado 5 SpA, transferencia que fue debidamente inscrita a fojas 57.773, número 80.363 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2025, y en cuya escritura de compraventa consta expresamente que la entrega material del inmueble se efectuó en el mismo acto de su celebración.

Por lo anterior, expone que al momento en que habrían ocurrido los hechos que las recurrentes atribuyen a su parte, la propiedad del inmueble en cuestión ya no les pertenecía, careciendo en consecuencia de toda intervención, participación o vinculación jurídica con los actos materia del presente recurso.

Sobre esta base, concluye que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que pueda serle atribuida y que haya causado privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos fundamentales de las recurrentes.

Agrega, además, que dicha circunstancia era de conocimiento de las propias recurrentes, por cuanto la abogada María Raquel Mejías Silva, quien actuaba como mandataria de estas, le contactó con fecha 11 de julio de 2023 con el objeto de confirmar si se había efectuado la transferencia de dominio del inmueble.

Compareció también, Cristián Errázuriz de la Maza, abogado, en representación de nombre reservado 5 SpA, pero exclusivamente en calidad de tercero coadyuvante de la recurrida Sociedad de Inversiones Metrópoli Limitada, oponiéndose a la extensión de la orden de no innovar decretada por esta Corte sólo respecto de la recurrida original, solicitando en caso contrario, su modificación.

Alude en primer término, que su participación se debe a que el nombre reservado 5 SpA es la la actual propietaria del inmueble ubicado en domicilio reservado, colindante con la vivienda de las recurrentes, el que fue adquirido conjuntamente con otras dos propiedades -ubicadas en domicilio reservado, ambas de la misma comuna- mediante escritura pública de fecha 6 de junio de 2025, otorgada ante el Notario de Santiago don nombre reservado, Repertorio N° 9.272, inscrita a fojas 57.773, N° 80.364, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2025.

Sostiene que cualquier decisión de esta Corte, y en especial las medidas cautelares y la orden de no innovar decretada, incide directamente en su derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N° 24, y en su derecho a desarrollar actividades económicas lícitas, consagrado en el artículo 19 N° 21, ambos de la Constitución Política de la República, fundando procesalmente su intervención en los artículos 23 y 24 del Código de Procedimiento Civil y en el numeral 3° del Auto Acordado N° 94-2015.

Expone que, al momento de adquirir el inmueble ubicado en domicilio reservado, este correspondía prácticamente a un sitio eriazo, y que su representada no ha iniciado obras de construcción ni ejecutado intervenciones estructurales de ninguna naturaleza en ninguno de los tres predios adquiridos, encontrándose además pendiente la recepción material de la propiedad ubicada en San Gumercindo N° 4020, cuya entrega se encontraba programada para el 15 de octubre de 2025.

Añadió que el muro medianero, cuyo colapso motiva el presente recurso, presentaba con anterioridad a la adquisición del inmueble por su mandante un estado de deterioro estructural grave y preexistente, acreditado mediante dos informes técnicos que acompaña.

En relación al estado previo del muro, da cuenta de un Informe Técnico Inmobiliario elaborado por la empresa RSIT Inspección Técnica, que tuvo por objeto caracterizar las causas del volcamiento del muro de adobe y evaluar sus riesgos, basado en visita a terreno, registro fotográfico, levantamiento métrico e inspección del material, concluye que el colapso del muro obedece a causas intrínsecas y preexistentes, consistentes en: ausencia de cadenas, amarras, diafragmas y contrafuertes indispensables para la estabilidad de muros de adobe; deterioro avanzado del material, expresado en fisuración generalizada, erosión superficial, desprendimientos y pérdida de integridad de paños y juntas; y exposición prolongada a humedades y escurrimientos por instalaciones y terminaciones adosadas sin protección.

Concluye expresando que dicho informe expresa que el volcamiento hacia el predio de la compareciente no constituye un hecho fortuito ni atribuible a terceros, sino la consecuencia esperable de un muro mal estructurado, deteriorado y húmedo. Complementariamente, acompañó un segundo informe estructural emitido por el Ingeniero Civil W. nombre reservado. -quien fuera el mismo profesional que en 2019 evaluó el muro- el cual establece que la estructura presentaba fisuras y deficiencias desde antes, siendo que el reforzamiento ejecutado en aquella época tenía carácter estrictamente provisorio y no garantizaba resistencia sísmica, y que a la fecha de su emisión no se apreciaban mejoras al respecto, advirtiendo además que la acción de la humedad puede producir daños estructurales importantes en este tipo de construcciones.

Por otra parte, hace presente que, en el marco de tramitación de otro recurso de protección, el Rol N° 15.016-2019, tramitado ante este mismo tribunal, las mismas partes ya celebraron un acuerdo judicial de conciliación, mediante el cual nombre reservado, en representación de la comunidad hereditaria de nombre reservado, recibió la suma de $15.000.000 y renunció expresamente a cualquier otra acción judicial o administrativa destinada a perseguir responsabilidad extracontractual y/o infraccional derivada de los hechos que fueron objeto de dicho recurso.

Agrega, que dicha suma debió haberse destinado a ejecutar reparaciones definitivas en el inmueble de las recurrentes, lo que, a la vista del estado actual de la estructura, evidentemente no ocurrió.

Solicita finalmente el rechazo del recurso y el alzamiento o modificación de la orden de no innovar, en base a tres grandes argumentos.

En primer término, sostiene la inexistencia de acto u omisión ilegal o arbitrario atribuible a su representada, por cuanto nombre reservado 5 SpA no ha ejecutado acción alguna sobre el muro medianero ni en los predios adquiridos, siendo el daño invocado consecuencia de una situación estructural preexistente, cuya causa determinante radica en la ausencia de reparación definitiva, la antigüedad de la estructura y la acción prolongada de la humedad, factores todos anteriores y ajenos a su gestión.

En segundo lugar, plantea la falta de actualidad del acto recurrido, señalando que el recurso de protección solo procede ante vulneraciones actuales y subsistentes, y que no puede fundarse en hechos consumados con anterioridad a la adquisición del inmueble por su representada, conforme a la reiterada jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema en la materia.

En tercer término, invoca la improcedencia de imputarle responsabilidad extracontractual, argumentando que, conforme al artículo 2314 del Código Civil y a los artículos 576 y siguientes del mismo cuerpo legal, la responsabilidad civil extracontractual es de carácter estrictamente personal, no constituye una carga real que se adhiera al inmueble, y no se transmite con el dominio, de modo que quien adquiere un bien raíz no sucede en las obligaciones personales del vendedor derivadas de hechos ilícitos anteriores, salvo que haya participado en ellos.

Y, en cuarto término, opone la excepción de cosa juzgada, fundada en que la conciliación judicial celebrada en el recurso Rol N° 15.016-2019 produce, conforme al artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, los mismos efectos que una sentencia ejecutoriada, habiéndose además renunciado expresamente a ejercer nuevas acciones respecto de los mismos hechos que hoy se invocan.

Finalmente, argumenta que la extensión absoluta de la orden de no innovar resulta desproporcionada y vulneraría sus derechos constitucionales de su representada consagrados en los artículos 19 N° 21 y N° 24 de la Constitución, por cuanto paraliza indebidamente el ejercicio de derechos legítimos sin que ello reporte una protección efectiva adicional para las recurrentes.

En subsidio, y para el evento de que no se acoja el alzamiento de la orden de no innovar, solicitó su modificación en el sentido que se autorice a nombre reservado 5 SpA para tramitar ante la Dirección de Obras Municipales de Quinta Normal la fusión de terrenos, obras previas, demolición y permisos de edificación, sin ejecución material de obras ni intervención en el terreno; que se le permita ejecutar labores internas menores en cada uno de los tres inmuebles, siempre que se realicen a más de seis metros del muro medianero y no impliquen vibraciones, excavaciones, perforaciones, tránsito de maquinaria pesada ni sobrecarga estructural alguna, y que se le faculte para cerrar accesos, instalar rejas, señalética y elementos de control destinados a impedir el ingreso de terceros, manteniéndose la restricción únicamente respecto de obras que afecten directamente la medianería.

Por estas razones, pide a esta Corte tener por acreditado que no existen actos u omisiones ilegales o arbitrarios atribuibles a nombre reservado 5 SpA; tener presentes los informes estructurales, inspecciones y la conciliación judicial anterior como antecedentes que excluyen su responsabilidad; dejar sin efecto la orden de no innovar decretada con fecha 9 de septiembre de 2025 y, en subsidio, acoger su modificación en los términos señalados; y tener a la vista el expediente del recurso de protección Rol N° 15.016-2019, a fin de verificar la existencia del acta de conciliación judicial con pago indemnizatorio y renuncia expresa a nuevas acciones respecto de los hechos que hoy se invocan.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, del examen de la acción de protección deducida, según se adelantó, aparece que la parte recurrente ataca como actuación arbitraria e ilegal de la recurrida, la conducta unilateral y sin autorización de autoridad competente alguna, la que habría consistido en el corte de puntales de fierro que sostenían el muro medianero oriente de la vivienda de las recurrentes, provocando con ello el colapso de la referida pared dejando el inmueble en estado de inhabitabilidad declarada, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y psíquica, a la vida privada y a la inviolabilidad del hogar, así como al derecho de propiedad, que el artículo 19 N°s. 1, 4, 5 y 24 de la Constitución Política de la República garantizan a todas las personas, por lo que solicitan que se ordene a la recurrida ejecutar las obras necesarias para restituir la seguridad, estabilidad y habitabilidad de la vivienda afectada, bajo supervisión técnica y fiscalización de la Dirección de Obras Municipales de Quinta Normal.

Segundo: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Cuarto: Que, en relación a los extremos precisados en el motivo anterior, debe destacarse que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que, asimismo, debe señalarse que el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentran en discusión o que constituyan una mera expectativa menos aún aquellos que ya se encuentran definidos. Esto es, no se trata de un juicio declarativo de derechos.

Sexto: Que, despejado lo anterior, es necesario igualmente aclarar los siguientes hitos cronológicos como procedimentales, para precisar y, luego, dilucidar la suerte del presente recurso.

Séptimo: Que, en efecto, revisada la carpeta electrónica, aparece que ya con fecha 3 de marzo de 2019, nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, misma recurrente de este causa, interpuso un recurso de protección en contra de la SOCIEDAD de INVERSIONES METROPOLI LIMITADA, señalando el acto correspondiente a la demolición, no autorizada, de la construcción existente en el inmueble de domicilio reservado, infringiéndose con ello el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que dispone que la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales.

Ese recurso, cuyo Rol de Ingreso fue el N° 15.016-2019, ya fue resuelto por esta misma Corte de Apelaciones, con fecha 7 de junio de 2019, ordenándose a la Sociedad de Inversiones Metrópoli Limitada, misma recurrida de esta causa, a ejecutar las obras que fueran necesarias para la reparación y habitabilidad del inmueble de propiedad de la recurrente nombre reservado, ubicado en domicilio reservado, las que deberían ser iniciadas en el plazo de 10 días desde la fecha en que esa sentencia quedara ejecutoriada.

Ese fallo, conocido por la vía de la apelación ante la Excma. Corte Suprema de Justicia, en el Rol N° 18.588-2019, fue confirmado con fecha 18 de julio de 2019, con declaración de que las obras de reparación y habitabilidad ordenadas deberían ser aprobadas por la Dirección de Obras Municipales. El cúmplase se dictó el 21 de agosto de 2019.

Luego de sucesivas presentaciones de incumplimientos a lo decidido, informes y ampliaciones, con fecha 18 de mayo de 2023, consta Acta de Conciliación realizada por esta misma Corte de Apelaciones, que en lo esencial dio cuenta que la recurrida Inversiones Metrópoli Limitada, sin reconocer ningún tipo de responsabilidad y con el preciso objeto de dar cumplimiento a las sentencias de 7 de junio y 18 de julio, ambas de 2019, se comprometió a pagar la suma de quince millones de pesos. A su tiempo, la recurrente, con el único objeto de poner fin a la controversia respecto del cumplimiento de lo resuelto, aceptó recibir esa suma y renunció a cualquier acción judicial o administrativa por cualquier tipo de responsabilidad que pudiera derivarse de estos hechos. Finalmente, la suma de dinero señalada fue retirada por la recurrente el 24 de mayo de 2023, archivándose el Ingreso N°15.016-2019.

Octavo: Que, de la relación anterior, es posible ya establecer como consecuencia ineludible que no hay asunto pendiente entre las partes referido a la ejecución de las obras que pudieran ser necesarias para la reparación y habitabilidad del inmueble de propiedad de la recurrente nombre reservado, ubicado en domicilio reservado, ya que fueron reemplazadas por entrega de la suma de dinero recibida a entera satisfacción por la aquí recurrente y que expresamente cumplió esa finalidad.

Noveno: Que, cerrado entonces ya de manera definitiva el anterior debate con la recurridas de autos conforme lo que se precisó precedentemente, figura la actual acción cautelar, que fue deducida el 4 de septiembre de 2025, en el Rol N° 19.743-2025, donde nombre reservado y nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, Región Metropolitana, nuevamente recurren en contra de la SOCIEDAD de INVERSIONES METROPOLI LIMITADA, aludiendo a que ahora con fecha 5 de agosto del año 2025, un grupo de trabajadores hicieron ingreso en un vehículo al terreno de propiedad de la recurrida ubicado en domicilio reservado, colindante al de las recurrentes y procedieron a cortar todos los puntales de fierro que sostenían el muro medianero oriente de la vivienda de las mencionadas con una serie de consecuencias perniciosas que detallan.

Con fecha 9 de septiembre de 2025, se decretó orden de no innovar, consistente en que la recurrida, SOCIEDAD de INVERSIONES METROPOLI LIMITADA, debería abstenerse de ejecutar alguna obra, faena, trabajo o vulneración del inmueble colindante al de la recurrente, ordenando oficiar a la D.O.M de la comuna donde se ubica el inmueble para que fiscalice el conjunto de lo decretado precedentemente.

Cabe destacar que no se advierte en la carpeta electrónica ninguna alegación de las recurrentes en orden a denunciar supuestos incumplimientos de esta orden de no innovar durante la tramitación de este recurso, por lo que la alegación efectuada en estrados de que así habría ocurrido no será oída.

Décimo: Que, la SOCIEDAD de INVERSIONES METROPOLI LIMITADA acreditó durante la tramitación del presente recurso que vendió, con fecha 6 de junio de 2025, el inmueble de Santo Domingo N° 4021, a la Sociedad nombre reservado 5 SpA, fijando la misma fecha como la de su entrega material según consta de la documentación acompañada y no cuestionada por la contraria.

El 16 de septiembre de 2025, las recurrentes pidieron la ampliación de los efectos de la orden de no innovar ya decretada y que sólo afectaba a la SOCIEDAD de INVERSIONES METROPOLI LIMITADA, solicitando extenderla ahora a nombre reservado 5 SpA.

Por presentación de 14 de octubre de 2025, nombre reservado 5 SpA se opuso a esa ampliación de la orden de no innovar y, simultáneamente se hizo parte, pero sólo como tercero coadyuvante de la recurrente original, la SOCIEDAD de INVERSIONES METROPOLI LIMITADA.

Por resolución de 5 de febrero de 2026, se tuvo a nombre reservado 5 SpA sólo como tercero coadyuvante de la recurrida principal, SOCIEDAD de INVERSIONES METROPOLI LIMITADA y, por resolución de 9 de febrero de 2026, se desestimó modificar y/o ampliar la primitiva orden de no innovar decretada, la que quedó limitada exclusivamente sólo respecto de la SOCIEDAD de INVERSIONES METROPOLI LIMITADA.

Undécimo: Que, finalmente, en el folio 39, la Dirección de Obras Municipales de Quinta Normal señaló, en la última información actualizada, que la Sociedad nombre reservado 5 SpA, no cuenta con permisos aprobados para construir ni realizar trabajos en sus registros, pero sí mantiene una resolución de aprobación de fusión N° 14, de 9 de diciembre de 2025, para el inmueble de San Gumercindo N° 4018-4020 y Santo Domingo 4007-4013-4021, cuyo ejemplar acompaña.

Asimismo, consta certificado de inhabitabilidad del inmueble de las recurrentes, N°852/2025, Santo Domingo N° 4029 de Quinta Normal, de 7 de agosto de 2025.

Duodécimo: Que, de lo acontecido y a que se hace alusión desde el motivo octavo en adelante, es posible concluir que no es posible adoptar medida alguna de las requeridas por las recurrentes, precisamente por lo expresado en el motivo octavo; a lo que se suma, además, que la segunda acción cautelar se dirigió sólo en contra de la SOCIEDAD de INVERSIONES METROPOLI LIMITADA, con quien la controversia ya se encontraba zanjada, quien a la fecha ni siquiera es propietaria del inmueble colindante por haberlo enajenado, lo que demostró, negando participación en los hechos ahora denunciados.

A su tiempo, Nollagam 5 SpA actúa sólo como tercero coadyuvante de la anterior, incluso sin afectarle siquiera la orden de no innovar que pesaba respecto de la primera, pese a solicitarse su ampliación en este procedimiento, lo que fue rechazado, obstáculos procesales que impiden adoptar, con efecto vinculante, cualquier tipo de decisión a su respecto.

Décimo tercero: Que, a mayor abundamiento, aunque el procedimiento sumarísimo de protección no establezca un período probatorio en contradictorio, ello no significa que el juez pueda decidir sin la existencia de pruebas que evidencien los argumentos presentados por las partes.

En efecto, en el procedimiento de las acciones constitucionales de protección, la prueba debe otorgar la certeza y la exigibilidad del derecho que se pretende ver tutelado. Frente a esto, no sería imposible suponer que, cuando se interpone el recurso de protección, estamos hablando de un derecho indiscutible que se ve amenazado o afectado su ejercicio por una arbitrariedad, cuya existencia no es prístina en el presente caso.

Décimo cuarto: Que, por ello es que, no siendo tampoco el recurso de protección la vía idónea para resolver la controversia surgida entre la actora de protección y la única sociedad directamente recurrida, toda vez que alegaciones de fondo referidas a afectaciones eventuales y no acreditadas suficientemente, es una litis que trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el arbitrio de que se trata, determinan que no sea procedente este arbitrio para sustituir acciones o procedimientos ordinarios o especiales en los que deban ventilarse y decidirse cuestiones propias de juicios de lato conocimiento.

Décimo quinto: Que, por ello es que dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar ninguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues las situaciones descritas, sin duda, quedan al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que existan derechos indubitados que a su vez sean constitutivos de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que hayan sido vulnerados mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se declara:

Que, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado y nombre reservado en contra de la Sociedad de Inversiones Metrópoli Limitada, sin perjuicio de otros derechos.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera M. Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

No firma la ministra señora Hasbun, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

Ingreso Corte Protección Nº 19.743-2025.