nombre reservado con nombre reservado

Santiago, dieciocho de junio de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en estos autos rol N°1973-2020 comparece don nombre reservado, psicólogo, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien interpone recurso de protección en su favor y en contra de nombre reservado, psicólogo, con domicilio en domicilio reservado (Colegio de Psicólogos de Chile A.G.), como el responsable de actos arbitrarios que produjeron privación y amenaza de privación de sus garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 números 4 y 15 de la Constitución, a fin de que este Tribunal adopte las medidas necesarias para detener e impedir dichas conductas y restablecer el imperio del derecho, conforme los argumentos que expone.

Explica el recurrente que forma parte del Directorio Nacional del Colegio de Psicólogos de Chile A. G. como Director, desde mediados del mes de noviembre de 2019 hasta diciembre de 2020, conforme lo establece el Estatuto de la Orden, en su artículo Vigésimo Primero. El recurrido es Presidente del Colegio de Psicólogos de Chile A.G.

El 14 de noviembre de 2019, el Secretario General del Colegio de Psicólogos de Chile A.G. le comunicó por correo electrónico que tiene derecho a asumir el cupo de director que quedó vacante, luego de la renuncia de una psicóloga miembro de dicho directorio.

El 15 de noviembre de 2019 aceptó formalmente el cargo, comunicándolo por correo electrónico titulado “Documento aceptación de cargo de Director Nacional del Colegio de Psicólogos de Chile A.G.”

Sin embargo, desde esa fecha hasta el presente, no se le incluye en las comunicaciones oficiales de los Directores, ni se le cita a ninguna reunión, desconociendose sus derechos como nuevo Director.

El 4 de diciembre de 2019, nombre reservado, Presidente del Colegio de Psicólogos, cita a los miembros del directorio excepto a nombre reservado, a una reunión extraordinaria. nombre reservado se negó a sesionar en presencia suya y suspendió la reunión.

El 6 de diciembre de 2019, el Presidente nombre reservado envía un correo electrónico a todos los socios del Colegio de Psicólogos de Chile A.G. titulado “Comunicado de la Presidencia Situación Nombramiento Nuevo Director”, indicando que el Directorio ha determinado que nombre reservado está inhabilitado para ejercer el cargo de Director. Esto, sin haber, sesionado con antelación una reunión de Directorio, o realizado alguna votación previa, antes de enviar un comunicado en nombre del Directorio.

En su correo electrónico masivo, nombre reservado refiere que el 22 de noviembre de 2019, fue advertido de que nombre reservado tiene una condena por simple delito, con sentencia ejecutoriada, antecedentes que habría verificado en el sitio web del Poder Judicial, por lo que ha determinado que está inhabilitado para ejercer el cargo de Director. Cita textual: “En efecto, el señor nombre reservado tiene una condena por simple delito, con sentencia ejecutoriada, antecedentes que fueron verificados a través del sitio web público del Poder Judicial”.

Estas aseveraciones de nombre reservado faltan a la verdad -indica-, ya que dicha causa RIT 5034 2007 es un hecho conocido por el directorio con antelación al 22 de noviembre de 2019, incluso mucho antes del correo electrónico enviado a nombre reservado el 14 de noviembre de 2019, ofreciéndole asumir el cupo vacante de director. Prueba de esto es el “COMUNICADO N°8 Comisión Calificadora de Elecciones Colegio de Psicólogos de Chile A.G.” notificando a todos los candidatos y socios, el 20 de noviembre de 2017, el rechazo al intento de impugnación a la candidatura de nombre reservado al cargo de director en las últimas elecciones del Colegio de Psicólogos de Chile A. G., por los mismos hechos que ahora el Sr. nombre reservado determina que lo inhabilitan para ejercer dicho cargo.

Además, junto con su comunicado, adjunta un anexo en hipervínculo titulado Causa RIT 5034 2007, para descargar un archivo en formato pdf con el procedimiento seguido por la fiscalía en el año 2007. Anuncia el archivo como una copia de la sentencia, afirmando: “Se adjunta copia de la sentencia en el siguiente link Causa_RIT_5034_2007.pdf”.

Señala que antes de emitir tal comunicado a los socios del Colegio de Psicólogos de Chile A. G., nombre reservado no le solicitó al recurrente algún antecedente, ni le consultó por la veracidad de lo expuesto. En lugar de eso, el recurrido utilizó el día 6 de noviembre los medios de comunicación de que dispone el Colegio de Psicólogos de Chile A.G., para emitir afirmaciones injuriosas, incluso calumniosas en su contra, por medio del “Comunicado de la Presidencia Situación Nombramiento Nuevo Director”.

2°) Que el recurrente señala que junto con el descrédito público hacia él, nombre reservado trasgrede la resolución acerca de la impugnación a su candidatura, con fecha veinte de noviembre de 2017 por la Comisión Calificadora de Elecciones del Colegio de Psicólogos de Chile A.G., mediante la cual declara que: “La Comisión ha decidido no aceptar la impugnación a la candidatura, debido a que su Certificado de Antecedentes para fines especiales no registra antecedentes ni anotaciones” y agrega que: “Por otro lado, las causas judiciales en las que fue procesado datan de hace diez años y consideramos suficiente el tiempo transcurrido para declarar legal a esta candidatura”.

Estima grave desconocer un organismo como la Comisión Calificadora de Elecciones del Colegio de Psicólogos de Chile A.G., la cual está destinada al estudio de los antecedentes de los postulantes y su habilitación como posibles directores, pero cree más grave que el directorio a cargo de nombre reservado, estando en conocimiento de la causa judicial de nombre reservado, le enviase una invitación a ocupar la vacante de Director, para posteriormente enviar un correo masivo a los colegiados indicando que ha determinado que está inhabilitado para asumir el cargo debido a que tiene una condena por simple delito.

Añade que es efectivo que el artículo Vigésimo letra b, del Estatuto del Colegio de Psicólogos A. G. prevé como requisito “No haber sido condenado ni hallarse actualmente procesado por crimen o simple delito”, pero la causa en cuestión es una falta, no un simple delito, en el que se resolvió el pago de una multa, la cual fue cancelada. Además, dicho artículo se refiere a los requisitos para postular como candidato al directorio, no como un impedimento para ocupar la vacante dejada por la renuncia de otro director.

Como agravante de esta transgresión cometida por el Sr. nombre reservado, dice, en el Registro Civil nombre reservado no aparece con ningún tipo de condena, y el único documento válido para este fin es el Certificado de Antecedentes, el cual no registra anotaciones y no le fue solicitado antes de emitir el comunicado. nombre reservado tampoco responde los correos enviados por él, haciéndole ver su error.

En conclusión, señala, los procedimientos incorrectos realizados por el Sr. nombre reservado, en su calidad de Presidente y, en específico, el correo masivo enviado a todos los colegiados titulado “Comunicado de la Presidencia Situación Nombramiento Nuevo Director”, no posee ninguna justificación. En este comunicado realizó una difusión pública de desprestigio en su contra. No hay impedimento alguno, o inhabilidad para que pueda ejercer como Director del Colegio de Psicólogos de Chile A. G. nombre reservado obstaculiza su reconocimiento como legítimo Director. Hay una transgresión a la resolución de la Comisión Calificadora de Elecciones del Colegio de Psicólogos de Chile A. G., emitida el 20 de noviembre de 2017. nombre reservado se niega arbitrariamente a recibir en sesión de Directorio al nuevo Director nombre reservado, sin permitirle entregar ningún documento que legitime sus derechos.

Tanto por la honra personal y el impedimento de ostentar materialmente el cargo de Director del Colegio de Psicólogos de Chile A.G., como por el potencial de perjuicio que sus procedimientos incorrectos y las afirmaciones difundidas en el correo masivo titulado “Comunicado de la Presidencia Situación Nombramiento Nuevo Director” puedan provocar en el ejercicio profesional, como en las relaciones personales del afectado, considera que lo expuesto constituye una afectación concreta de su garantía constitucional de la honra, reconocida por el artículo 19 N°4 y Nº15 de la Constitución Política de la República, por ser atentatorios tanto a su honra como a su libertad de asociación, pues es Director del Colegio de Psicólogos y se le impide por el recurrido el ejercicio de dicho cargo.

Lo anterior amerita protección inmediata y efectiva de parte de este tribunal a la honra y dignidad del afectado, a fin de hacer cesar los actos que le afectan, e impedir que el recurrido continúe emitiendo este tipo de expresiones por cualquier medio de comunicación masivo o las redes sociales. Asimismo, para que se ordene al recurrido que se retracte de las afirmaciones injuriosas emitidas en el “Comunicado de la Presidencia Situación Nombramiento Nuevo Director”, en otro correo electrónico masivo dirigido a los colegiados y en los demás medios de comunicación que utiliza el Colegio de Psicólogos de Chile A.G.

3°) Que, finalmente, solicita tener por interpuesto recurso de protección de garantías constitucionales, en contra de don nombre reservado, ya individualizado, por su responsabilidad en los actos arbitrarios e ilegales que vulneran la garantía del artículo 19 números 4 y 15 de La Constitución Política, admitirlo a tramitación, acogerlo y declarar arbitrarios e ilegales los hechos descritos en el cuerpo de la presentación y, en consecuencia, ordenar que el compareciente ejerza el cargo de Director del Colegio de Psicólogos de Chile A.G., con costas.

4°) Que don nombre reservado, abogado, con domicilio en domicilio reservado, por el recurrido nombre reservado, en su calidad de Presidente Nacional del Colegio de Psicólogos de Chile, dando cumplimiento a lo ordenado, solicita que la acción de protección impetrada por nombre reservado sea rechazada en todas sus partes y con costas, por los argumentos que expone.

Primeramente, plantea la incompetencia de la Corte de Apelaciones en razón de la materia reclamada.

Aduce que don nombre reservado recurrió contra don nombre reservado, sin señalar si el recurso lo interpone en contra de éste en su calidad de presidente del Colegio de Psicólogos de Chile, como Director del Colegio o, simplemente como persona natural.

En todo caso, el recurrente indica que don nombre reservado sería el responsable de actos arbitrarios que produjeron presumiblemente privación y amenaza de privación de su garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 4 y N° 15 de la Constitución, a fin de que este Tribunal adopte las medidas necesarias para detener e impedir dichas conductas y restablecer el imperio del derecho.

Al efecto, el recurrente señala que por ser los actos presumiblemente realizados por el recurrido, atentatorios a su honra y a su libertad de asociación, la Corte debe declarar arbitrarios e ilegales los hechos descritos en el cuerpo del recurso y, en consecuencia, ordenar que el compareciente ejerza el cargo de Director del Colegio de Psicólogos de Chile A.G.

Como se aprecia de la lectura del recurso, lo que está en discusión es una materia de índole esencialmente electoral, esto es, si el recurrente cumple o no los requisitos estatutarios para ser elegido Director del Colegio de Psicólogos de Chile A.G., y en consecuencia, si se encuentra o no habilitado para ejercer dicho cargo.

Es así como don nombre reservado impugna un proceso electoral y recurre de una resolución emanada de autoridad competente en el proceso electoral que se realiza en el Colegio de Psicólogos de Chile para proveer el cargo de Director Nacional. Lo antes señalado, los procesos eleccionarios de los grados intermedios de la sociedad, son supervigilados y fiscalizados por tribunales con competencia específica y especializada en la materia, los denominados TRIBUNALES ELECTORALES.

Los hechos descritos, dice, la disconformidad con actos o resoluciones emanados de autoridad competente según reglamentos y estatutos gremiales, de ser revisados debiesen serlo por los tribunales competentes en la materia, los tribunales electorales respectivos, no siendo pertinente burlar dicha competencia vía recurso de protección.

La acción de protección puede ser definida como una acción de rango constitucional que permite incoar un proceso de amparo de derechos fundamentales de naturaleza cautelar especial, abreviada, de urgencia y extraordinario, que permite corregir o enmendar actos antijurídicos lesivos de tales derechos, restableciendo un statu quo o apariencia de imperio del derecho.

Pide tenerlo presente y declarar que la materia reclamada por el recurrente no es de competencia de esta Corte sino de los Tribunales Electorales.

5°) Que, a continuación, el recurrido opone la excepción de falta de legitimación pasiva de don nombre reservado.

El recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la parte recurrente la vulneración de las garantías constitucionales que ha señalado como atropelladas o amenazadas.

En el presente caso, el recurrente reclama vulneradas sus garantías constitucionales consistentes en sus derechos a la honra y de asociación al impedírsele, según él arbitrariamente, ejercer el cargo de Director del Colegio de Psicólogos, para lo cual solicita se deje sin efecto la comunicación realizada por el recurrido.

Hace presente que el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, en su N°3, reconoce como sujetos pasivos a quienes ejecutan los actos que vulneran los derechos protegidos en los siguientes términos: "la persona o personas, funcionarios o autoridad, que según el recurso, o en concepto del Tribunal son los causantes del acto u omisión arbitraria o ilegal que haya podido producir privación, perturbación o amenaza del libre ejercicio de los derechos que se solicita proteger", es decir, quienes hayan realizado las acciones denunciadas.

El recurrido carece de legitimación pasiva, pues en su calidad de Presidente del Colegio de Psicólogos carece de facultades para adoptar decisiones en nombre de la Corporación, afirma.

Explica que de acuerdo al artículo 22 de los Estatutos de la Orden "El Directorio celebrará reuniones por lo menos una vez al mes, debiendo en la primera reunión ordinaria de su periodo confeccionar un calendario de sesiones. Las sesiones extraordinarias del Directorio se celebrarán por orden del Presidente o cuando lo soliciten por escrito la mayoría de sus miembros, indicando el objeto de la convocatoria. Las citaciones se harán por escrito, en forma individual y con diez días de anticipación a lo menos, salvo las extraordinarias que se podrán citar con 48 horas de antelación. El quorum para sesionar será la mayoría de los directores, y los acuerdos se tomarán por simple mayoría de los asistentes, salvo quorum distintos que se establezcan en estos Estatutos.”

Como se aprecia, añade, los acuerdos que se adopten deben ser efectuados por el Directorio Nacional, siendo improcedente que el Presidente adopte acuerdos (puede efectuar comunicados a nombre propio, pero no acuerdos, pues estos son de competencia exclusiva del Directorio en Asamblea legalmente constituida).

Precisa que en Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 21 de diciembre de 2019, cumpliendo con los quórums estatutarios (quórums para sesionar y para adoptar acuerdos), se efectuó votación en la que incluso estuvo presente el recurrente, y se adoptó el acuerdo de declarar que el Sr. nombre reservado se encontraba inhabilitado para asumir como Director debido a los hechos narrados en el presente escrito.

Agrega que en dicho acuerdo, el recurrido Sr. nombre reservado se abstuvo de votar, por lo que no participó en el Acuerdo de Directorio, según se da cuenta en el Acuerdo acompañado en un otrosí.

En consecuencia, la presente acción cautelar debió haber sido dirigida contra el Directorio Nacional y no contra el Presidente del Colegio de Psicólogos Sr. nombre reservado, ya que éste no posee facultades legales ni estatutarias para dejar sin efecto un Acuerdo de Directorio, por lo que es imposible cumplir con lo solicitado por el recurrente en orden a dejar sin efecto lo actuado.

A mayor abundamiento, el hecho que el Sr. nombre reservado deje sin efecto su publicación y solicite las respectivas disculpas no le otorgará al recurrente los derechos que reclama, específicamente ejercer el cargo de Director.

Pide tenerlo presente y declarar que el recurrido Sr. nombre reservado carece de legitimación pasiva en la presente acción cautelar.

6°) Que, evacuando derechamente el informe, el recurrido hace presente que el actual Directorio Nacional fue elegido de acuerdo a la normativa vigente a la época de las elecciones, realizadas con fecha 25 de noviembre de 2017 y dura, en el ejercicio de su cargo, hasta el 30 de enero de 2021.

La normativa aplicable que debe ser analizada para la acertada resolución de este caso, se encuentra contenida en los Estatutos del Colegio y en el Reglamento de Elecciones.

En Reunión de Directorio Nacional, Sesión Ordinaria N°4, de 12 de julio de 2017, se acordó modificar los artículos 17 y 27 del Reglamento de Elecciones, con el objeto de diferenciar los cargos ejecutivos del resto de los Directores. Lista cerrada y bloqueada para los cargos ejecutivos (Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero y el resto de los Directores será electo de una lista de postulantes a Directores, siendo electas las primeras cinco mayorías.

En consecuencia, los artículos pertinentes que fueron modificados quedaron redactados de la forma que indica, transcribiendo los artículos 17 y 27, este último, relativo a La Comisión Calificadora de Elecciones.

Comenta que la modificación efectuada a los señalados artículos del Reglamento de Elecciones buscó conformar un Directorio dual, en el que los cargos Directivos (Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero) debían ser presentados en una lista cerrada y bloqueada, con el fin de que dicho equipo directivo compartiera un programa y objetivos comunes para dirigir al Colegio, lo que implica que dicho equipo de trabajo es intuito persona, es decir, es conformado en especial consideración a las personas que lo conforman.

Por otra parte, la normativa estableció que los cinco restantes Directores se presentaran en forma individual, sin necesidad de compartir entre ellos un determinado programa de gobierno, siendo elegidas las primeras cinco mayorías.

Cita los Estatutos del Colegio de Psicólogos de Chile A.G., transcribiendo su artículo 21.

Explica que el 4 de noviembre de 2019, la Psicóloga nombre reservado presentó su renuncia al cargo de Directora Nacional, iniciándose un proceso establecido en los Estatutos con el objeto de llenar la vacante dejada por dicha persona, quien fue electa en forma individual, por lo que corresponde ocupar la vacante eligiendo de entre aquellas personas que sin haber sido elegidas hubieren obtenido, en las elecciones precedentes las votaciones más próximas a los Directores elegidos, los que servirán la función por el tiempo que faltare para completar el periodo correspondiente.

En el caso concreto, de los candidatos a Directores fueron electos cinco, habiendo dos Psicólogos que no alcanzaron a ser electos, siendo ellos don nombre reservado, sexta mayoría y don nombre reservado, séptima y última mayoría, por lo que en este caso, se ofreció la vacante al Sr. nombre reservado, quien no aceptó, procediendo, de acuerdo a lo establecido en los estatutos, a ofrecer la vacante al Sr. nombre reservado.

7°) Que el recurrido se refiere a los requisitos que debe cumplir un colegiado para ser director del COLEGIO DE PSICOLOGOS DE CHILE A.G.

Hace presente que Los Estatutos del Colegio de Psicólogos de Chile, establecen en su artículo Vigésimo:

"Para ser elegido Director se requiere:

“a) Ser chileno. Sin embargo, podrán ser Directores los extranjeros que hubieren validado su título Profesional de Psicólogo en la Universidad de Chile, de acuerdo con las normas que rigen legalmente la materia, debiendo disponer, además, de una residencia comprobada de a lo menos cinco años en el país y de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Elecciones.

“b) No haber sido condenado ni hallarse actualmente procesado por crimen o simple delito.

“c) No estar afecto a las inhabilidades o incompatibilidades que establezcan la Constitución Política o las leyes.

“d) Estar en posesión del título de Psicólogo a lo menos durante cinco años.

“e) Estar inscrito en los registros de la Asociación, con sus cuotas al día y poseer una antigüedad como afiliado de a lo menos tres años. En todo caso, deberá observarse lo dispuesto en el artículo diez, del Decreto Ley dos mil setecientos cincuenta y siete de mil novecientos setenta y nueve.

“f) El cargo de miembro del Directorio Nacional del Colegio de Psicólogos de Chile (A.G.) es incompatible con cargos directivos de nivel ejecutivo (Presidente, Vicepresidente, Secretario o Tesorero, similares o equivalentes a los mencionados) en otras entidades o Asociaciones de Psicólogos.

Añade que el Reglamento de Elecciones del Colegio de Psicólogos de Chile, establece en su artículo séptimo:

“Para ser elegido Director se requiere:

“a) Nacionalidad chilena. Sin embargo, podrán ser Directores los o las extranjeros (as) que hubiesen validado su título profesional de Psicólogo en la Universidad de Chile, de acuerdo con las normas que rigen legalmente la materia, debiendo disponer además, de una residencia comprobada de a lo menos cinco años en el país y de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Elecciones.

“b) No haber sido condenado ni hallarse actualmente procesado por crimen o simple delito.

“c) No estar afecto a las inhabilidades o incompatibilidades que establezcan la Constitución Política de la República o las leyes.

“d) Estar en posesión del título de psicólogo a lo menos durante cinco años.

“e) Estar inscrito en los Registros de la Asociación, con sus cuotas al día y poseer una antigüedad como afiliado de a lo menos tres años.

“En todo caso deberá observarse lo dispuesto en el Artículo diez del Decreto Ley N°2.757 de 1979.”

A su vez, dice, el artículo 10 del D.L. N°2.757, de 1979, señala:

“Para ser director de una asociación gremial, se requiere:

“a) Ser chileno. Sin embargo, podrán ser directores los extranjeros siempre que sus cónyuges sean chilenos, o sean residentes por más de cinco años en el país o tengan la calidad de representantes legales de una entidad, afiliada a la organización, que tenga a lo menos tres años de funcionamiento en Chile.

“b) Ser mayor de 18 años de edad;

“c) Saber leer y escribir;

“d) No haber sido condenado por crimen o simple delito, y “e) No estar afecto a las inhabilidades o incompatibilidades que establezcan la Constitución Política o las leyes.

8°) Que, luego, el recurrido se refiere a hechos ocurridos con posterioridad a la comunicación efectuada al Sr. nombre reservado, indicando que se le comunicó a éste que de acuerdo a la normativa vigente le correspondería asumir en calidad de Director del Colegio de Psicólogos.

No obstante, con fecha 22 de noviembre de 2019, el psicólogo Sr. nombre reservado. presentó al Directorio una carta denuncia en contra del Sr. nombre reservado, acompañando antecedentes que dan cuenta de diversos procedimientos judiciales de los que ha sido parte como denunciado, entre los cuales existen condenas, lo que lo inhabilitaría para ocupar el cargo de Director del Colegio de la Orden.

En cumplimiento de los deberes que el Estatuto impone a la Directiva Nacional, se procedió a analizar los antecedentes acompañados por el denunciante; sin embargo, en el intertanto, el Sr. nombre reservado, recurrente, tomó por sí y ante sí la posesión del cargo de Director, ingresando a las dependencias del Colegio de Psicólogos tomándose fotografías sentado en la oficina del Colegio y hackeando la clave de la cuenta web del Colegio, incorporando su nombre en el listado de Directores.

Además, el recurrente se hizo presente en dos sesiones de Directorio ingresando a la fuerza a las dependencias del Colegio e interrumpiendo la realización de una instancia establecida en los estatutos.

Todo lo anterior, el Sr. nombre reservado lo realizó mientras la Directiva se encontraba haciendo un análisis de los hechos denunciados por el Psicólogo Sr. nombre reservado.

nombre reservado el rumbo que tomó la situación y ante los graves sucesos de los que fue parte el recurrente, que crearon un ambiente tenso y de confusión entre los afiliados, el Sr. nombre reservado se vio en la obligación de emitir un comunicado público, en el que señalaba los hechos denunciados y dada la gravedad de estos, informaba que el Sr. nombre reservado se encontraba inhabilitado para asumir en calidad de Director por no cumplir los requisitos estatutarios.

Dice que, independientemente de la grave situación denunciada por el Psicólogo Sr. nombre reservado., el recurrente Sr. nombre reservado ha vulnerado, con su conducta, diversas obligaciones estatutarias impuestas a los colegiados.

Al respecto, hace presente que el artículo 9° de los Estatutos del Colegio de Psicólogos de Chile A.G. señala que "El ingreso al Colegio deberá ser solicitado por escrito, mediante presentación firmada por el interesado, a la que deberá acompañar todos los documentos que acrediten fehacientemente, a juicio del Colegio, su condición de profesional Psicólogo habilitado. El Colegio podrá rechazar la solicitud de ingreso en los casos en que el postulante no haya dado cumplimiento a los requisitos establecidos en los Estatutos y en la reglamentación interna o cuando, a su juicio exclusivo, este no reúna las condiciones de idoneidad ética o profesional para pertenecer a la Orden. La solicitud de afiliación y la inscripción deberán contener las formalidades y requisitos que establezca el Directorio Nacional. En todo caso, el solicitante dejara constancia que se obliga a cumplir en todas sus partes los presentes Estatutos, el Código de Ética y acatar los acuerdos que adopten todas las instancias del Colegio".

Finalmente, el artículo 8° del Reglamento de Afiliación, Desafiliación, Reincorporación y Cuotas Sociales, señala que "Será condición esencial de incorporación a la Orden que el postulante, además, deje constancia expresa, en documento denominado "Compromiso Profesional", que se obliga a cumplir en todas sus partes los Estatutos del Colegio de Psicólogos de Chile (A.G.), el Código de Ética y acatar los acuerdos que adopten las instancias del Colegio, tales como el Directorio Nacional, las Asambleas Generales o la Comisión de Ética".

9°) Que, a continuación, el recurrido desarrolla la imposibilidad que pueda dejar sin efecto una decisión adoptada en sesión ordinaria de Directorio, pues escapa a sus atribuciones. Sobre el punto, hace presente que el recurso interpuesto por el Sr. nombre reservado lo ha sido en contra del Sr. nombre reservado, por haber emitido el "Comunicado de la Presidencia Situación Nombramiento Nuevo Director", lo que supuestamente afectaría la honra y el derecho de asociación del recurrente, lo que no es efectivo, pues el comunicado se limitó a exponer hechos que son de público conocimiento y que se encuentran publicados en la página web del poder judicial.

Además, hace presente que el presidente del Directorio, cargo que ocupa el Sr. nombre reservado, de acuerdo al artículo 24 de los Estatutos, tiene la representación judicial y extrajudicial de la Asociación, los acuerdos deben ser adoptados en sala legalmente constituida y cumpliendo con los quórums estatutarios.

En ese orden de ideas, en Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 21 de diciembre de 2019, cumpliendo con los quórums estatutarios (quórums para sesionar y para adoptar acuerdos), se efectuó votación y se adoptó el acuerdo de declarar que el Sr. nombre reservado se encontraba inhabilitado para asumir como Director debido a los hechos largamente narrados en el presente escrito.

Precisa, además, que en dicho acuerdo el recurrido, Sr. nombre reservado se abstuvo de votar, por lo que no participó en el Acuerdo de Directorio, según se da cuenta en el Acuerdo acompañado en un otrosí de su presentación.

En consecuencia, aduce, el Sr. nombre reservado no posee facultades legales ni estatutarias para dejar sin efecto un Acuerdo de Directorio, ni para eximir a un colegiado de los requisitos para ser Director, por lo que es imposible cumplir con lo solicitado por el recurrente.

10°) Que, seguidamente, el recurrido se refiere a la inexistencia de privación, perturbación o amenaza de las garantías fundamentales, argumentando que el recurrente ha interpuesto acción cautelar en contra de don nombre reservado, por el comunicado efectuado por éste, denominado "Comunicado de la Presidencia Situación Nombramiento Nuevo Director".

Según el recurrente, el acto señalado vulneraría su, textualmente, “garantía constitucional de la honra, reconocida por el articulo 19 N° 4 y N° 15 de la Constitución Política de la República, por ser atentatorios como se dijo tanto a mi honra como a mi libertad de asociación, pues soy Director del Colegio de Psicólogos y se impide por el recurrido el ejercicio de dicho cargo al compareciente.”

Sostiene que el recurrente no explicita la forma en que la señalada publicación efectuada por el Sr. nombre reservado vulneraría las garantías señaladas, pues la publicación se limita a narrar hechos objetivos, pues señala, en síntesis, lo siguiente:

-El Sr. nombre reservado se presentó en forma inconsulta a la sesión de Directorio de fecha 4 de diciembre de 2019, provocando una tensa situación que obligó a suspender la señalada sesión de Directorio. De dicha situación son testigos todos los Directores que concurrieron a la Sesión.

-Luego, el comunicado explica que a raíz de la renuncia de la Directora nombre reservado, por disposición estatutaria se le había comunicado al Sr. nombre reservado que le correspondía ofrecer el cargo de Director y como éste no ejerció su derecho se le comunicó al Sr. nombre reservado para que éste manifestara si deseaba ejercer el cargo, el que respondió afirmativamente.

-Con posterioridad a la respuesta del Sr. nombre reservado, correspondía citarlo a la siguiente sesión ordinaria de Directorio Nacional, fijado para el sábado 07 de diciembre de 2019, para proceder a su nombramiento conforme al procedimiento estatutario.

-Con fecha 22 de Noviembre de 2019, el Directorio fue advertido por correo formal de una situación inhabilitante que afecta al recurrente y que le impide asumir el cargo, pues el estatuto establece como requisito para ejercer como Director, en la letra b del Artículo Vigésimo, no haber sido condenado ni hallarse actualmente procesado por crimen o simple delito.

-El señor nombre reservado tiene una condena por simple delito, con sentencia ejecutoriada, causa Rit 5034-2007, seguida ante el Juzgado de Garantía de Arica, antecedentes que fueron verificados en la página web del poder judicial.

-Finalmente se explicitó en el comunicado que dado que el Directorio Nacional tiene el deber de hacer respetar el Estatuto del Colegio, es que se ha determinado que el señor nombre reservado está inhabilitado para ejercer el cargo de director debido a los antecedentes señalados.

Como puede apreciarse, el comunicado se limita a detallar hechos objetivos que dan cuenta de una situación judicial que cualquier persona puede corroborar en la página web del poder judicial.

En las señaladas circunstancias, no se aprecia el modo en que esta información objetiva pudiese afectar el derecho a la honra del recurrente, pues no hay imputaciones injuriosas ni menoscabo involucrado.

Añade que debe haber claridad que el Sr. nombre reservado, para ejercer el cargo de Director, debe cumplir, como cualquier Psicólogo que pretenda ocupar el cargo, los requisitos habilitantes establecidos en los estatutos y demás normas reglamentarias.

El recurrente jamás ha tenido la calidad de Director, pues para ello debe cumplir los requisitos habilitantes referidos, por lo que mal puede exigir que se le permita ejercer el cargo.

Tampoco se señala en el recurso la forma en que el comunicado afecta el derecho de asociación del recurrente, toda vez que mantiene su calidad de afiliado al Colegio de la Orden y puede ejercer todos los derechos que el Estatuto y demás cuerpos normativos internos le otorgan a los colegiados, cosa distinta es que pretenda que a su respecto no se le exijan los requisitos habilitantes para poder asumir el cargo de Director, lo que es contrario a toda lógica.

Finalmente, de lo expuesto fluye que no ha existido acto u omisión arbitraria o ilegal que haya producido privación, perturbación o amenaza de las garantías señaladas por el recurrente.

En este caso en particular, no es posible encontrar en la presentación del recurrente una narración ni elementos de prueba que a lo menos hagan vislumbrar que los hechos relatados por él constituyan una verdadera privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales cuya protección se solicita.

Agrega que se debe considerar que uno de los fundamentos indispensables para que un recurso de protección prospere, según la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, es "la inexistencia de otro procedimiento a través del cual sea posible poner fin a la vulneración de derechos que se pretende." 11°) Que, como conclusión, expresa que queda de manifiesto que el recurso de protección deducido por el Sr. nombre reservado en contra del Sr nombre reservado, no cumple con todas las exigencias previstas en el artículo 20 de la Constitución Política, esto es, no existe una acción ilegal o arbitraria, siendo necesario que concurra una relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio de la garantía constitucional, y que exista la posibilidad de actuar del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea la acción, de adoptar las medidas de protección o cautela adecuadas para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado, sentido en que lo ha señalado la Corte de Apelaciones de Santiago en sentencia de 21 de julio de 2017, Rol 41267-2017, considerando cuarto.

Así, el recurso debe ser rechazado en todas sus partes por la no concurrencia de los presupuestos fácticos necesarios establecidos en la carta fundamental para que esta acción de protección pueda prosperar.

Pide tener por evacuado en tiempo y forma el informe solicitado y rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

12°) Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

13º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

14°) Que, en el presente caso, se ha entablado un recurso de protección, entregando el recurrente como fundamento la ocurrencia de diversos hechos al interior del Colegio de Psicólogos de Chile A.G., ninguno de los cuales da cuenta que se trate de una cuestión de amerite utilizar esta vía, que es de emergencia o de urgencia, y que por lo mismo debe ser usada únicamente para el restablecimiento de derechos amagados, pero cuando se vulneren o amenacen alguno o algunos de tales derechos que sean claros, precisos e indubitados de quien recurre, y que la Corte pueda enmendar con la facilidad que entrega esta herramienta excepcional, que se resuelve solo con las evidencias que acompañan las partes, pues no se trata de un juicio ni de una indagación.

En el presente caso, en primer término, como ya se indicó, no existe una situación urgente que se encuentre afectando algún derecho del recurrente. Por el contrario, se trata de una situación que carece de cualquier urgencia, en términos que ameriten una determinación también urgente de esta Corte.

15°) Que, por otro lado, una segunda consideración apunta a la circunstancia de que el recurrente no exhibe un derecho indubitado, pues lo que reclama es su presunta calidad de miembro del Directorio del señalado Colegio de Psicólogos A.G., calidad que no es reconocida por el propio Directorio, en razón de las circunstancias que se han señalado tanto en el recurso como en el informe.

Al no existir un derecho indubitado, no es la Corte de Apelaciones la que debe poner término al conflicto producido, por medio del recurso utilizado, esto es, la acción de protección. Debe buscar el amparo que le puedan otorgar los tribunales especializados en la materia, y que le reconozcan la calidad que aduce tener y que, como se ha dicho, le ha sido desconocida. Allí se debe decidir el destino de sus planteamientos y si tiene o no la razón.

16°) Que, además, el recurso aparece mal direccionado, ya que no fue el Presidente del Colegio, don nombre reservado, quien desconoció la referida calidad de miembro del Directorio que reclama el recurrente. Este se limitó a emitir un "Comunicado de la Presidencia Situación Nombramiento Nuevo Director". En efecto, según se ha informado en el mismo recurso, don nombre reservado simplemente emitió un comunicado público, en el que señalaba diversos hechos denunciados, protagonizados por el recurrente, y dado que se estimaron éstos como sucesos de gravedad, informó que el Sr. nombre reservado se encontraba inhabilitado para asumir en calidad de Director por no cumplir los requisitos estatutarios. Pero no aparece de autos que fuera el recurrido quien lo declaró inhabilitado ni le impidió ejercer el cargo que reclama.

Tampoco es efectivo que el recurrente sea Director del Colegio de Psicólogos y que se le impida por el recurrido el ejercicio de dicho cargo, ya que esa circunstancia no está establecida, ya que es precisamente el hecho que está en discusión.

Tal como se ha informado, fue en Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 21 de diciembre de 2019, cumpliendo con los quórums estatutarios (quórums para sesionar y para adoptar acuerdos), que se efectuó votación y se adoptó el acuerdo de declarar que el recurrente Sr. nombre reservado se encontraba inhabilitado para asumir como Director debido a los hechos largamente narrados en el presente escrito. Entonces, fue el Directorio el que estimó inhabilitado al recurrente para poder ejercer el cargo de Director de la misma entidad.

Además, la situación que reprocha el recurrente se inició debido a una denuncia de otro miembro del Colegio en cuestión, como se indica en el informe emitido, y no precisamente por el recurrido.

De este modo y en cualquier caso, el recurso debió tener otro recurrido, el Directorio del señalado Colegio, pues éste fue el que obró del modo que se reprocha y lo hizo mediando una denuncia de un miembro del mismo Colegio.

17°) Que de lo que se lleva dicho, se desprende que el recurso carece de posibilidades de prosperar, en resumen, porque quien lo ha interpuesto no posee un derecho indubitado, sino que la calidad de miembro del Directorio del Colegio de Psicólogos se le ha discutido y forma parte del nudo del problema.

Además, el presente no es el medio idóneo para resolver una cuestión que carece de toda urgencia, y que para ser decidida requiere que se rindan pruebas.

Asimismo, el libelo recursivo se ha direccionado en forma equivocada, pues el recurrido de autos no es autor sino solo de un comunicado en torno a circunstancias derivadas de la mala relación existente entre los miembros del Directorio y el recurrente, cuestión esta última que salta a la vista del propio tenor del recurso y del informe. No es el recurrido Sr. nombre reservado quien le impediría al recurrente el ejercicio del cargo de miembro de dicho Directorio que ha reclamado, ya que fue el mismo Directorio el que lo declaró inhabilitado.

De otro lado, tampoco se ha demostrado que se haya vulnerado alguna de las dos garantías invocadas, a saber, el derecho a la honra y el de asociación. En cuanto a la primera, nada se estableció, al tiempo que nada se dijo sobre dicho particular en el recurso y, referente a la segunda, este derecho no está amagado pues lo que el mismo recurrente reprocha es no poder ejercer un cargo en el Directorio, no que se le haya expulsado en su calidad de miembro del Colegio de Psicólogos, de manera que su derecho de asociación no se ha vulnerado siquiera en grado de amenaza. En cualquier caso, tampoco el recurso desarrolló lo referente a la segunda garantía constitucional invocada.

18°) Que, en suma, en el presente caso se ha usado el recurso de protección como una forma de impugnación de una determinación de una autoridad de los que se han denominado organismos intermedios, pudiéndose hacer, en teoría. Pero para que ello ocurra, debe haber un acto ilegal o arbitrario, que ocasione daño que sea reparable mediante la interposición del mecanismo de emergencia que es el recurso o acción de protección, y que haya ocasionado transgresión de una o más garantías constitucionales de las que están mencionadas en el citado artículo 20 de la Carta Política de la República.

Esto no ha sido el caso, pues simplemente se lo ha utilizado como si se tratara de un supra recurso, que se encuentra por encima de los demás mecanismos de impugnación que establece la legislación, estimándoselo apto para impugnar cualquier decisión de las más variadas autoridades y personeros, cuestión que ciertamente no es así, ya que su interposición debe cumplir con las exigencias que se señalaron previamente, ninguna de las cuales se da en este caso: no existe un acto arbitrario o ilegal, no hay un derecho indubitado que se haya amenazado, no existe urgencia en la situación que discute el recurrente, y tampoco ha demostrado este último la transgresión de las garantías constitucionales que ha invocado, y que ni tan siquiera ha explicado.

19°) Que, en consecuencia y por las razones previamente señaladas, el recurso en examen no puede prosperar y debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza con costas el recurso de protección entablado por don nombre reservado en contra de don nombre reservado, ambos previamente individualizados.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°1973-2020.