nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, abogado, actuando por sí y en representación de don nombre reservado, venezolano, e interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos para extranjero mediante comunicación de fecha 1 de septiembre de 2025. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que exige formalidades adicionales no previstas normativamente y realiza una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 N°s. 2 y 24, por lo que solicita que se acoja el recurso, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, y se proceda a la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Expone que el recurrente, de nacionalidad venezolana y con residencia definitiva en Chile, durante la prestación de sus servicios ha cotizado en AFP de esta forma el señor nombre reservado suscribió en cada uno de sus contratos cláusulas previsionales donde manifestó expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1° de la Ley N°18.156.

Agrega que, con fecha 1 de julio de 2025, el recurrente ingresó la solicitud N°2025905057 ante AFP PLANVITAL S.A. para el retiro y/o devolución de sus fondos previsionales, acompañando el Contrato y Anexo de Trabajo con la cláusula de exención, su título profesional apostillado y verificable, la cédula de identidad vigente para extranjeros, y la constancia del seguro social de su país de origen, Venezuela.

Sin embargo, el recurrente recibió una comunicación de la AFP con fecha 12 de agosto de 2025 indicando que la solicitud se encontraba detenida por falta de constancia de afiliación. Posteriormente, recibió el correo electrónico con la comunicación de rechazo, fechada el 1 de septiembre de 2025, en la que se le señala que, para verificar el cumplimiento de los requisitos de la Ley N°18.156, debía acompañar el documento emitido por la entidad competente, debidamente apostillado o legalizado, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, concluyendo que no era posible acreditar el cumplimiento de la exigencia establecida en la letra b) del artículo 1.

En este orden de ideas, el recurrente argumenta que cumplió con la totalidad de la documentación solicitada, salvo la apostilla de la constancia de afiliación al sistema venezolano, lo que se debe a una imposibilidad material por un caso fortuito que escapa a su voluntad, cual es la no existencia de representación consular de Venezuela en Chile para realizar el trámite. No obstante ello, el recurrente sí acompañó la constancia de afiliación de seguro social vigente al momento de su presentación, la cual puede ser verificada en línea a través del portal oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) mediante el código alfanumérico que consta en la propia certificación.

Así, el recurrente sostiene que el rechazo de la solicitud carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, contraviniendo el principio de juridicidad y el artículo 11 de la Ley N°19.880. Agrega que, conforme al artículo 1° de la Ley N°18.156, la ley solo exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que haya expresado en su contrato su voluntad de mantener dicha afiliación, requisitos que fueron cumplidos.

Concluye conducta de la recurrida vulnera el Principio In Dubio Pro Operario, que exige preferir la interpretación más favorable al trabajador en caso de ambigüedad de las normas laborales, y que las reglas del sistema de pensiones han sido interpretadas en favor del sostenimiento del sistema financiero y no del bienestar del afiliado. Suma a lo anterior la aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, promulgada por Decreto Nº 84 de 2005, que establece que los haberes acumulados son propiedad individual del afiliado, y que no pueden ser restringidos o limitados injustificadamente en su acceso, cuando los requisitos de la Ley N°18.156 han sido plenamente satisfechos.

SEGUNDO: Que, comparece Sebastián Nicolás Molleda Katalinic, abogado, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., y evacúa el informe requerido, solicitando desde ya el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

En lo referente a los fundamentos de hecho, la Administradora señala que con fecha 1 de julio de 2025, el señor nombre reservado realizó un preingreso de solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, no obstante, la documentación presentada adolece de dos deficiencias sustanciales que impiden dar curso favorable a la solicitud.

La primera deficiencia se relaciona con el incumplimiento de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, esto es, la acreditación de la cobertura previsional en el extranjero. Explica que, el recurrente acompañó una certificación notarial emitida en Chile y una "Constancia Electrónica de Cotizaciones", sin embargo, ninguno de estos documentos cumple con los estándares exigidos por la normativa vigente, pues la letra b) del N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones exige que el requisito de afiliación se acredite mediante certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

A este respecto, la recurrida sostiene que la certificación notarial es una mera constatación de la existencia de un documento electrónico, sin que emane de la autoridad previsional extranjera ni cumpla con las formalidades de legalización o apostilla. Del mismo modo, la Constancia Electrónica de Cotizaciones carece de firma autorizada, no ha sido apostillada ni legalizada, y aun cuando lo estuviera, no acredita cobertura real y efectiva de prestaciones en las contingencias requeridas durante todo el tiempo trabajado en Chile. Indica que este criterio ha sido reiterado por la Superintendencia de Pensiones, que exige documentos emitidos por la autoridad previsional competente, debidamente legalizados o apostillados, y que detallen de forma clara e inequívoca la cobertura integral otorgada. Especialmente, el Oficio Ordinario N°12.954 de 15 de julio de 2025 estableció que las constancias electrónicas emitidas por el IVSS que no se encuentren legalizadas o apostilladas, y que omitan detallar las coberturas específicas y el período de protección, no son idóneas para acreditar el requisito de cobertura.

La segunda deficiencia se refiere a la existencia de una doble e incompatible manifestación de voluntad, en contravención a la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156. En este sentido, se advierte una contradicción entre el contrato de trabajo y el anexo suscritos en la misma fecha (15 de septiembre de 2015): mientras el contrato original consigna la afiliación a AFP PLANVITAL y FONASA (aceptando el régimen previsional chileno), el anexo incorpora una cláusula donde declara su voluntad de mantener la afiliación al sistema previsional venezolano. Argumenta que esta doble manifestación de voluntad impide establecer de manera inequívoca cuál régimen ha sido elegido, siendo que la voluntad del trabajador extranjero debe ser clara, inequívoca y excluyente. Cita al Oficio Ordinario N°27.587 de 23 de noviembre de 2015 de la Superintendencia de Pensiones, que señala que, si el trabajador estipula mantener su afiliación en el país de origen y al mismo tiempo autoriza el descuento de cotizaciones en Chile, no procederá la devolución de fondos.

Finalmente, la recurrida sostiene que el rechazo de la solicitud no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino que es consecuencia de la aplicación estricta del marco normativo vigente y las instrucciones emanadas de la Superintendencia de Pensiones, así tampoco ha existido la vulneración de derechos que se acusa.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, AFP PLANVITAL S.A., que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente, por no haber acompañado a su solicitud un certificado de afiliación a una administradora de fondo de pensiones extranjera, que se encontrara vigente, requisito que sería exigido por la normativa.

QUINTO: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 1° letra a) de la Ley 18.156: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, (…)”.

Por su parte, el numeral 1°. del Libro II, Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Por su parte, el artículo 7° de la misma ley otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado cuerpo legal.

Agrega el mismo numeral en su letra b) “Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Esta condición se considerará cumplida también respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante la certificación que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio.”

SEXTO: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal, al ser necesaria la vigencia del documento para determinar su validez, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en la petición principal de la presentación de fecha 4 de septiembre de 2025, en favor de don nombre reservado, en contra de la decisión de rechazar la solicitud de retiro de fondos para extranjero, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-19727-2025.