nombre reservado con HOSPITAL CLINICO FELIX BULNES CERDA

C.A. de Santiago Santiago, uno de diciembre de dos mil veinticinco.

Al folio 10: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña Erika Flores Arévalo, abogada, actuando en favor de doña nombre reservado, Técnica en Enfermería de Nivel Superior (TENS), e interpone recurso de protección en contra del Hospital Clínico Félix Bulnes Cerda, representado por su director, don nombre reservado, por haber dictado la Resolución TRA N°110235/7/2025, de fecha 25 de junio de 2025, tomada de razón por la Contraloría General de la República el 11 de agosto de 2025, mediante la cual se declara vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que adolece de vicios e irregularidades que atentan contra el imperio del derecho, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se restablezca el imperio del derecho y se invalide el acto administrativo impugnado.

La recurrente expone que es Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS), calidad jurídica de planta en el Hospital Félix Bulnes, con una antigüedad de 15 años y 2 en el Servicio, habiendo iniciado su relación contractual el 22 de marzo de 2011. Además, destaca que en el desempeño de su cargo nunca fue objeto de reparos o sumarios, siendo siempre calificada en lista 1 de distinción con el máximo puntaje de 70.

Explica que, el origen del ausentismo y las licencias médicas se remonta a diciembre de 2021, cuando comenzó a presentar un cuadro ansioso-depresivo, situación que la llevó a hacer uso de licencias médicas presentadas oportunamente a su jefatura y RR.HH. En el año 2022, fue contactada por el Comité de Ausentismo, instancia que le solicitó un certificado de salud para determinar si su condición era recuperable o no, el cual no pudo obtener en ese momento. Luego, en noviembre de 2024 fue contactada por la COMPIN, logrando obtener el certificado requerido, recibiendo en febrero de 2025 la Resolución COMPIN N.º 253 de Evaluación de Salud de fecha 16 de diciembre de 2024, en la cual se establece que su estado de salud es recuperable.

Detalla que a la fecha de notificación de la Resolución TRA N°110235/7/2025, esto es, el 11 de agosto de 2025, se encontraba plenamente en funciones, desempeñando labores en pabellón quirúrgico, ya que se reincorporó al Hospital el 28 de julio de 2024, transcurriendo más de un año desde la resolución de la COMPIN que declara su salud recuperable y la fecha de la resolución de vacancia.

Alega en primer lugar, la incompetencia de la autoridad, ya que, de acuerdo con el D.F.L. N°1 de 2006 del Ministerio de Salud, el Director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente es el jefe superior del Servicio, y el único con atribución para "designar a los funcionarios, poner término a sus servicios" y, en general, ejercer respecto del personal todas las facultades que corresponden a un jefe superior. Por consiguiente, y tratándose de personal de planta, el director del Hospital Clínico Félix Bulnes no es el jefe superior, por lo que carece de la habilitación para ejercer las facultades privativas señaladas, como la de declarar la vacancia, resultando el acto administrativo dictado por autoridad incompetente. A mayor abundamiento, cita el dictamen N°10.137 de 2012 de la Contraloría General de la República, que refuerza que la facultad de administración de personal de planta de un Servicio de Salud no es delegable en un director de hospital dependiente.

Además, respecto a la facultad para la aplicación del artículo 151 del Estatuto Administrativo, señala que, si bien se trata de una potestad discrecional del jefe del servicio, tal discrecionalidad no significa arbitrariedad. En este sentido, la recurrente esgrime que la modificación introducida por la Ley N°21.050 al artículo 151 de la Ley N°18.834 tuvo como intención que el informe de la COMPIN, como organismo técnico, sea vinculante para el servicio público, de modo que, si se declara que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal de salud incompatible. Sostiene que la interpretación contraria, que permite a la autoridad administrativa no especializada resolver en contrario, dejaría sin fundamento el informe obligatorio y la Ley N°21.050. Por otra parte, critica la ausencia de una etapa previa a la dictación del acto terminal en que el funcionario pueda ser oído y ejercer su defensa.

Conjuntamente, se reprocha la ausencia de motivación del acto administrativo impugnado. Indica que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha establecido que la motivación del acto administrativo es un elemento esencial y un requisito indispensable, debiendo basarse en motivos que se expliciten más allá de la simple referencia a normas y/o hechos, sin embargo, en el caso de autos, la recurrida se limitó a aplicar únicamente un criterio matemático consistente en la sumatoria de los períodos de licencias, sin indagar acerca de la situación particular de la funcionaria, sin realizar peritaje o informe alguno para evaluar si su salud es compatible o no con el cargo, y sin cumplir con la obligación, conforme al Instructivo sobre gestión del ausentismo laboral del Ministerio de Salud, de proponer un plan de acción institucional para la recuperación y pronto reintegro.

La recurrente afirma que el proceder ilegal y arbitrario de la recurrida ha vulnerado el derecho a la integridad física y psíquica, establecida en el artículo 19 N°1, al fundar la declaración de vacancia únicamente en el tiempo de las licencias, afectando directamente la salud psíquica de la recurrente al poner en peligro su futuro económico y laboral. Asimismo, se vulnera el derecho de igualdad ante la ley, protegida en el artículo 19 N°2, ya que en situaciones similares no se declara la salud incompatible respecto de funcionarios que tienen salud recuperable y que hacen uso de licencias por un lapso superior a seis meses en dos años. Finalmente, se conculca el derecho de propiedad contenida en el artículo 19 N°24, al privarse a la recurrente del legítimo derecho a mantener su cargo de planta y la retribución económica que este conlleva, por una decisión arbitraria de la autoridad.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se invalide el acto administrativo impugnado, ordenando la reincorporación de doña nombre reservado a sus labores habituales y el pago de todas las remuneraciones devengadas desde la fecha del cese de funciones y hasta la efectiva reincorporación, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que, por su parte, comparece el Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda, por medio de su abogado Alejandro Mauricio Moreira González, y evacúa el informe ordenado, solicitando el rechazo del recurso.

En cuanto a los hechos, la recurrida señala que no tiene más que agregar a lo expuesto por la recurrente en su libelo en relación con el origen del ausentismo y las licencias médicas. Sin embargo, en cuanto a los fundamentos de derecho que sustentan el acto administrativo, el Hospital sostiene que la Resolución TRA N°110235/7/2025 se basa en la facultad que confiere el artículo 151 de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo al Jefe Superior del Servicio, quien podrá considerar como salud incompatible con el cargo el haber hecho uso de licencias médicas por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

A este respecto, y en relación con la modificación introducida por la Ley N°21.050 que exige requerir previamente a la COMPIN una evaluación sobre la irrecuperabilidad, la recurrida afirma que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, recogida en el Dictamen N°17.351 de 2018 y reafirmado por el Dictamen N°E188441 de 2022, es la que resulta vinculante para el Hospital. Dicha jurisprudencia concluye que, en el evento de que el informe de la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo y, en tal caso, declarar la vacancia.

Sostiene la recurrida que, si se entendiera que la declaración de salud recuperable por parte de la COMPIN impide al jefe de servicio declarar la salud incompatible, se estaría dejando sin aplicación la causal de vacancia del cargo, por lo que la interpretación administrativa de la Contraloría, que es obligatoria, debe prevalecer. Por lo tanto, la Resolución de la COMPIN N°253 de 2024 solo hace referencia a la recuperabilidad de la salud de la funcionaria, y no a su compatibilidad o incompatibilidad con el cargo, cuya determinación sigue siendo facultad exclusiva y discrecional del Jefe Superior del Servicio, esto es, el Director del Hospital, quien la utiliza solo como antecedente.

Detalla que, en este caso, la recurrente hizo uso de licencias médicas por un lapso continuo bastante superior a seis meses dentro de los dos años anteriores a la dictación de la resolución, ascendiendo sus días de ausentismo a 394 días a consecuencia de 35 licencias médicas entre el 22 de noviembre de 2021 y el 24 de junio de 2025. Así las cosas, al haber sido declarada la salud de la funcionaria como recuperable por la COMPIN, se configuran los presupuestos legales que autorizan la declaración de vacancia, no encontrándose la autoridad en la obligación de seguir el parecer de un informe no vinculante, al cual solo debe atribuírsele valor ilustrativo u orientativo.

El Hospital esgrime diversas excepciones para solicitar el rechazo de la acción de protección. En primer lugar, argumenta que las supuestas vulneraciones a las garantías constitucionales invocadas por la recurrente lo son de forma genérica o por sola mención, no siendo suficiente la argumentación para justificar la vulneración. En segundo lugar, en cuanto a la naturaleza de la acción deducida, recuerda que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, de urgencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos preexistentes e indubitados. A su juicio, la cuestión promovida no es de aquellas que competa ser dilucidada por esta vía, ya que la acción no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que el ámbito se limita a actos cuyo carácter de arbitrarios o ilegales afecte a derechos preexistentes y evidentes. En tercer lugar, alega que no se agotó la vía recursiva administrativa. Si bien la resolución recurrida le fue notificada el 11 de agosto de 2025, la recurrente no presentó ninguna de las reclamaciones que contempla el sistema recursivo de la legislación administrativa. La parte recurrida sostiene que es indispensable agotar la vía administrativa de manera previa y obligatoria, pues el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar actos administrativos que requieren un procedimiento previo. El agotamiento previo tiene por objeto permitir a la Administración revocar o modificar sus propias decisiones.

Finalmente, destaca que el acto administrativo recurrido fue Tomado de Razón por la Contraloría General de la República el 11 de agosto de 2025, lo que implica un control de legalidad y juridicidad sobre los actos de la Administración, que asegura el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Por consiguiente, al no haberse representado la ilegalidad del acto por el órgano contralor, este goza de una suerte de presunción de legalidad.

Por lo expuesto, la parte recurrida solicita tener por evacuado el informe requerido y, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, el rechazo del recurso de protección.

Tercero: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza ese atributo.

Cuarto: Que en síntesis, la acción cautelar interpuesta se deduce en contra de la decisión contenida en la Resolución TRA N°110235/7/2025, de fecha 25 de junio de 2025, que declara vacante el cargo que servía la actora motivada en la causal de salud incompatible por el tiempo de licencia médica que presentó durante los últimos dos años, en circunstancias que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –COMPIN- informó que su salud es recuperable; dictamen que, en su opinión, haría improcedente la causal de vacancia cuestionada.

A su vez, la recurrida alega que el acto materia del recurso se dictó en ejercicio de una facultad legal, ejercida en conformidad con la preceptiva que la rige y con el fundamento de rigor, referido tanto al período de licencias médicas que ha presentado la exfuncionaria, como la necesidad de propender a un buen servicio.

Quinto: Que atendida la naturaleza y finalidad de la acción tutelar ejercida, para su procedencia se precisa de la confluencia de los siguientes elementos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Sexto: Que conforme a lo que se ha señalado, se desprende que la controversia en que se funda el recurso en estudio gira en torno al ejercicio que, en el caso del recurrente, hizo la recurrida de conformidad con lo dispuesto el artículo 151 de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo.

El artículo citado expone que: “El Jefe superior servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Séptimo: Que como se ha visto, el recurrente cuestiona la determinación materia del recurso en atención a que, requerido el informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez a que se refiere el inciso final de la disposición legal recién citada, este concluyó que su salud es “recuperable”, razón que, a su juicio, haría ilegal la declaración de salud incompatible efectuada por la recurrida, dejándola sin sustento, toda vez que no se basó en otra cosa más allá de la cantidad de días de licencia médica acumulados en el lapso de dos años, reposo que estaría precisamente en la línea de la recuperación de su salud.

Octavo: Que, sobre el particular, es útil recordar que con arreglo al artículo 146 del Estatuto Administrativo, el funcionario cesará en el cargo, entre otras causales, por “c) Declaración de vacancia (…)”. A su turno, el artículo 150 del ordenamiento referido, prescribe de manera armónica: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; (…)”.

Noveno: Que, a la luz de lo antedicho, a partir de esa regulación formulada de modo alternativo por el legislador, queda de manifiesto la existencia de dos constructos distintos entre sí: la declaración de salud incompatible y la declaración de salud irrecuperable. La primera, supeditada a un tiempo de licencias médicas continuas o discontinuas del funcionario y entregada a una facultad depositada en el jefe superior del servicio; la segunda, en cambio, entregada a la evaluación que de la salud del funcionario realice la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez correspondiente y a la que sigue un procedimiento administrativo en que se encauza la persona cuya salud se califique de “irrecuperable” y que, dentro de un determinado margen de tiempo, prepara el momento del cese definitivo de funciones.

Lo anotado recién queda patente, no solo en la conjunción disyuntiva –“o”- que se contiene en los citados artículos 150, 147 y 72 de los estatutos en referencia, denotando diferencia o alternativa entre la salud incompatible y la salud irrecuperable, sino que en la propia reglamentación independiente que de las mismas se prevé en los artículos 151 y 152 del Estatuto Administrativo Ley N°18.834.

Décimo: Que, ahora bien, igualmente es oportuno considerar que el artículo 151 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en los que se preceptúa la declaración de salud incompatible con el cargo, fueron modificados por la Ley N°21.050, publicada el 7 de diciembre de 2017, en cuyo Mensaje se lee que la iniciativa de ley tuvo por objeto reajustar las remuneraciones del Sector Público, conceder aguinaldos de Navidad del año 2017 y de Fiestas Patrias del año 2018 para el sector activo y pasivo, otorgar otros beneficios que indica y modernizar la gestión del Estado en las materias la señala.

En lo que ahora interesa, el referido proyecto expresó: “La presente iniciativa legal modifica el Estatuto Administrativo de la Ley N°18.834 y el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales de la Ley N°18.883, estableciendo que los jefes superiores de servicio y los Alcaldes deberán requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, para poder declarar la vacancia del mismo”.

En principio, podría inferirse que lo perseguido con esa modificación legal de 2017 fue uniformar la declaración de salud incompatible y la declaración de salud irrecuperable bajo el único, idéntico e insoslayable fundamento de la condición no recuperable de la salud del funcionario informada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Sin embargo, un objetivo como ese habría ameritado que se reformasen, también, esos otros artículos aludidos en el motivo inmediatamente anterior, en cuanto por ellos se contemplan y regulan de manera distintiva ambas figuras, con independencia la una respecto de la otra.

Undécimo: Que por lo referido es posible entonces anotar que el sentido o entendimiento del artículo 151 de la Ley N°18.834, tras la reforma introducida por la Ley N°21.050, se encuentra en el condicionamiento al que pasó a estar sujeta la jefatura a la hora de ejercer la facultad de declarar la vacancia de un cargo por salud incompatible, quien solo podrá proceder de ese modo si previamente ha recabado de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación sobre la condición de irrecuperable de la salud que pudiera presentar el funcionario y que no le permite desempeñar el cargo. En caso que lo irrecuperable de la salud del funcionario resulte constatado a raíz de dicho informe, será esta la figura que cobre vigencia, con la normativa que le es propia.

Dicho con otras palabras, del informe sobre el resultado de la evaluación que debe de obtenerse en forma previa de la mencionada entidad técnica dependerá cuál de las figuras en referencia cobra vigor y habrá de recibir aplicación en el caso que se trate. Si la conclusión es que la salud del funcionario es irrecuperable, esta preferirá y será conforme a sus reglas que procederá la declaración de vacancia. Si en cambio, la conclusión es que la salud del funcionario es evaluada como recuperable, y además se reúne el lapso de licencia médica exigido por la ley, entonces procederá la eventual declaración de vacancia por salud incompatible con el cargo.

Junto con ello, es menester resaltar que tal declaración se presenta como una facultad discrecional que la ley ha entregado a la jefatura del Servicio respectivo, en la medida que concurran los requisitos que autorizan su ejercicio, como se ha visto: que el funcionario haya hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años y que su salud sea recuperable.

Décimo segundo: Que el contexto descrito en el motivo inmediatamente anterior refuerza el entendimiento que se ha venido haciendo sobre el sentido de la reforma introducida mediante Ley N°21.050 a la Ley N°18.834, esto es, que la exigencia de contar con el informe previo de la COMPIN que habilita el ejercicio de la facultad de declarar la salud incompatible con el cargo, efectivamente mira por la mejora en el estatuto y condiciones que rigen a los servidores públicos, toda vez que está dirigida a esclarecer a priori, y con ello a excluir, la posibilidad de que sea el empleador quien ejerza su facultad de separar a un funcionario afectado en un caso que –de no mediar ese informe técnico-médico- podría verse claramente perjudicado si su salud no es simplemente incompatible con el cargo para el que ha sido designado, sino que es irrecuperable y, por consiguiente, conducirá a una declaración de invalidez en conformidad con el procedimiento administrativo correspondiente.

Décimo tercero: Que así también lo ha entendido la Contraloría General de la República en su Dictamen N°527522 de 14 de agosto de 2024, al señalar que “Asimismo, conviene reiterar que la circunstancia de que la COMPIN determine que la salud del funcionario es recuperable no impide al alcalde ejercer su facultad de declarar la salud incompatible, pues dicho pronunciamiento técnico acerca de la recuperabilidad constituye un requisito adicional que el legislador impone a la máxima autoridad comunal cuando esta pretenda ejercer la atribución de declarar la salud incompatible de un determinado servidor, a fin de resguardar que, si existe irrecuperabilidad, no resulte posible efectuar la aludida declaración, evitando de esta forma que, en ese caso, se configure la vacancia del cargo por la causal de salud incompatible, sino que sea la comisión médica pertinente la que pondere la declaración de salud irrecuperable y así el funcionario pueda retirarse en los términos del citado artículo 149 de la ley N° 18.883.

Por último, en relación con la sentencia de la Corte Suprema que invoca la Municipalidad de La Cisterna, en cuanto indica que la “sola declaración de recuperabilidad de la salud sin evaluación de la compatibilidad con el cargo, determina la interdicción del ejercicio de la facultad concedida al alcalde para declarar la vacancia del cargo”, cabe manifestar que no le corresponde a esta Contraloría interpretar el alcance y sentido de los fallos judiciales, los que, en todo caso, tienen fuerza obligatoria para quienes son parte en los procesos en los que se han emitido”.

Como puede advertirse, la conclusión anotada permite dar sentido a la modificación legal introducida por la Ley Nº 21.050 al artículo 151 de la Ley Nº18.834, toda vez que, entender que una declaración de salud recuperable que haga la COMPIN impediría al jefe de servicio declarar la salud incompatible de los funcionarios que se encuentren en los supuestos que esas normas indican, importaría una interpretación que dejaría sin aplicación la causal de vacancia del cargo por salud incompatible.

Décimo cuarto: Que volviendo al caso de autos, es pertinente poner de relieve que la recurrente no refuta el fundamento que, en consonancia con el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo Ley N°18.834, encamina la declaración de vacancia contenida en la Resolución que se impugna en el presente arbitrio, esto es, que en el lapso de dos años, hizo uso de licencias médicas por 394 días, vale decir más por más de seis meses, razón por la cual solicitó un pronunciamiento a la COMPIN que era de rigor, y sin que corresponda aplicar el estatuto previsto para la declaración de salud irrecuperable, hizo confluir en la especie los requisitos objetivos que admitían la declaración de salud incompatible por medio de la facultad que tiene autorizada el Jefe del Servicio recurrido y que, en definitiva, ejerció en la especie.

Décimo quinto: Que en las circunstancias que se han descrito en las motivaciones anteriores, no es dable afirmar que exista ilegalidad en la Resolución TRA N°110235/7/2025, en los términos pretendidos por el recurrente, como tampoco es posible advertir arbitrariedad en su dictación, desde que se apoya en las normas antes descritas, con una base fáctica razonable y proporcional, no una simple voluntad vacía de contenido o el mero capricho de su emisor.

Consecuentemente, no ha podido tener lugar la conculcación de las garantías constitucionales invocadas en el recurso de la manera que este propone.

Décimo sexto: Que por de todas las reflexiones que han sido anotadas en los párrafos que anteceden, no queda más que concluir que el arbitrio constitucional en estudio tendrá que ser desestimado.

Y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Hospital Clínico Félix Bulnes Cerda.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-19711-2025.