Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y en contra de la Subsecretaría del Ministerio

C.A. de Santiago Santiago, ocho de enero de dos mil veintiséis.

Proveyendo al escrito folio 16: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y en contra de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, representado por don nombre reservado, por haber dictado la Resolución Exenta N° 14233, de fecha 21 de abril de 2025 y notificada el 05 de agosto de 2025, que rechaza la solicitud de regularización extraordinaria, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que carece de la debida fundamentación conforme a derecho se requiere, vulnerando con ello el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución recurrida y se ordene realizar un nuevo estudio documental para decidir conforme a derecho la solicitud formulada.

Expone que la recurrente, motivada por la difícil situación socioeconómica de su país de origen y siendo una persona adulta mayor sin ningún tipo de red de apoyo, decidió salir de Venezuela. Señala que sus hijas cuentan con residencia regular en Chile.

Indica que ante la imposibilidad de solicitar la residencia temporal bajo la subcategoría migratoria de reunificación familiar, debido a la dificultad para obtener documentos requeridos como la vigencia del pasaporte, certificado de nacimiento y certificado de antecedentes penales, los cuales tienen un costo elevado para el venezolano común, ingresó al país por paso no habilitado. No obstante, con el propósito de cumplir con la ley, efectuó la declaración voluntaria de ingreso clandestino y solicitó el permiso especial extraordinario contemplado en el artículo 155 N°9 de la Ley 21.325, el cual faculta al nombre reservado para otorgar un permiso de residencia temporal por razones humanitarias o casos calificados.

Manifiesta que con fecha 20 de marzo de 2023 efectuó la petición señalada, siendo resuelta mediante la resolución recurrida el 21 de abril de 2025 y notificada el 05 de agosto de 2025, rechazando en definitiva la solicitud realizada. Agrega que desde su ingreso ha mantenido una conducta intachable, sin sanciones administrativas o penales, cuenta con contrato de trabajo que acredita arraigo laboral y solvencia económica, se encuentra afiliada a la seguridad social, lo que acredita el arraigo social, y ha conformado su familia en Chile, haciendo suyas las costumbres y tradiciones del país.

En cuanto a los argumentos jurídicos, el recurso sostiene que la resolución recurrida vulnera los principios de objetividad e imparcialidad consagrados en los artículos 10 y 11 de la Ley 19.880, al no fundamentar adecuadamente el rechazo de la solicitud. Señala que la autoridad se limitó a indicar de forma genérica que los argumentos se refieren a la situación económica, social y política del país de origen, sin ponderar los antecedentes particulares acompañados que acreditan el arraigo familiar, social y laboral de la recurrente.

Invoca jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, particularmente las sentencias Rol N° 38218-2023 y Rol N° 47404-2024, donde se ha establecido que las restricciones migratorias deben fundarse en el principio de proporcionalidad y que debe considerarse la situación humanitaria que afecta a Venezuela, así como el arraigo familiar y laboral de los solicitantes. Argumenta que la resolución dictada constituye un acto genérico que no distingue la situación particular de la recurrente, vulnerando el principio de igualdad ante la ley al equipararla con otros peticionarios sin considerar sus circunstancias específicas.

Sostiene que se vulnera el principio de unidad familiar consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política de la República y en el artículo 17 N°1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que define a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad que debe ser protegida por el Estado. Asimismo, alega la vulneración del interés superior del niño establecido en el artículo 7 de la Ley 21.430 y artículo 4 de la Ley 21.325, considerando que la recurrente tiene hijas menores de edad con residencia regular en Chile, cuyo bienestar y desarrollo se vería afectado por una eventual separación familiar.

Asimismo, arguye que la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley se configura porque la autoridad recurrida dictó un pronunciamiento rechazando de forma genérica la solicitud, sin ponderar los antecedentes específicos del caso, aplicando criterios arbitrarios que no consideran el arraigo familiar con sus hijas chilenas, el arraigo laboral demostrado con contrato de trabajo y cotizaciones previsionales, ni el arraigo social acreditado con la afiliación a la seguridad social. Esta actuación arbitraria e ilegal vulnera además el debido proceso establecido en el artículo 19 N°3 de la Constitución, al no cumplirse con un procedimiento racional y justo que tutele adecuadamente los derechos fundamentales de la recurrente.

Por estas razones, solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 14233 de fecha 21 de abril de 2025, ordenando a la autoridad recurrida realizar un nuevo estudio documental a fin de decidir conforme a derecho la solicitud de regularización extraordinaria formulada por la recurrente.

Segundo: Que el abogado Sebastián Álvarez Moscoso, en representación de la Subsecretaría del Interior, evacúa el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso de protección con expresa condena en costas.

En primer término, expone el marco normativo aplicable, señalando que conforme al artículo 24 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, la entrada y salida de personas del territorio nacional debe efectuarse por pasos habilitados, con documentos de viaje y sin que existan prohibiciones legales. Agrega que el concepto de regularización migratoria se relaciona siempre con la posibilidad que posee la autoridad de subsanar contravenciones jurídicas en las que voluntariamente han incurrido las personas extranjeras en relación con su ingreso o estadía en el país.

Explica que la normativa vigente contempla dos hipótesis de regularización migratoria. La primera, establecida en los artículos 69 inciso 2° y 155 N° 8 de la Ley N° 21.325, corresponde a mecanismos de regularización de general aplicación, cuyos requisitos y etapas son dispuestos previamente por la autoridad y ejecutados por el Servicio Nacional de Migraciones. Precisa que actualmente no existen procedimientos vigentes de regularización migratoria de general aplicación. La segunda hipótesis, contenida en el artículo 155 N° 9 de la misma ley, faculta al nombre reservado para disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario.

Respecto a la improcedencia de la acción de protección, sostiene que existen otras vías idóneas para conocer el asunto planteado, específicamente los recursos administrativos establecidos en el artículo 139 de la Ley N° 21.325, que reconduce a los recursos de la Ley N° 19.880, cuya interposición suspende los efectos del acto impugnado conforme al artículo 140 de la ley migratoria. Argumenta que la acción de protección, dada su naturaleza cautelar, autónoma y excepcional, no es pertinente para declarar nuevos derechos ni tutelar meras expectativas, como ocurre con las solicitudes de regularización migratoria que se relacionan directamente con el ejercicio del derecho de petición del artículo 19 N° 14 de la Constitución.

Adicionalmente, alega la improcedencia de que la jurisdicción califique la idoneidad de las medidas adoptadas por la autoridad administrativa en materias de migración y extranjería, señalando que los órganos de la Administración del Estado deben actuar conforme al principio de juridicidad y legalidad dentro de sus competencias. Sostiene que en el otorgamiento de potestades discrecionales, el legislador concede un margen de apreciación para su ejercicio, debiendo la autoridad analizar su oportunidad, necesidad, eficacia, eficiencia e idoneidad, teniendo como parámetros la racionalidad, proporcionalidad y adecuación de sus decisiones. Afirma que no procede instrumentalizar la acción de protección para forzar un pronunciamiento judicial que califique el mérito de las medidas adoptadas por la autoridad administrativa, lo cual resulta atentatorio contra los principios de legalidad y juridicidad establecidos en los artículos 6° y 7° de la Constitución y prohibido conforme al artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales.

En cuanto al fondo del asunto, la recurrida sostiene que no existe un actuar arbitrario o ilegal de su parte. Argumenta que el ejercicio de la facultad de regularización y otorgamiento de permisos de residencia temporal por parte del nombre reservado se reserva solo para casos excepcionales, por situaciones calificadas o motivos humanitarios, siendo una forma anómala de funcionamiento en materia de otorgamiento de permisos de residencia. Señala que en el caso concreto, la autoridad ponderó debidamente los antecedentes aportados por la recurrente, considerando que no se configura un caso excepcional, calificado ni humanitario, toda vez que la solicitud se fundamenta en situaciones fácticas de carácter genérico relacionadas con su bienestar económico, laboral y personal que no logran configurar una afectación en concreto lo suficientemente especial como para justificar su ingreso por paso no habilitado y el otorgamiento de un permiso excepcional.

Respecto a la alegación de arraigo familiar, la recurrida sostiene que si bien la existencia de vínculos familiares en Chile son elementos relevantes en el contexto migratorio general, no son por sí mismos suficientes para calificar un caso como excepcional o humanitario bajo el criterio del artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325. Agrega que el rechazo de la solicitud no obedece a que no se tuviesen por acreditadas las situaciones alegadas, sino que, a pesar de haberse tenido como efectivas, no fueron consideradas como un caso excepcional, calificado o humanitario.

Alega además la inexistencia de privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales, señalando que es la recurrente quien debe probar no solo la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, sino además que aquello le significa una afectación de alguno de los derechos garantizados en el artículo 20 de la Constitución. Sostiene que el solo hecho de solicitar un permiso de residencia temporal por caso calificado o humanitario significa que la persona extranjera ha incurrido previamente, de manera voluntaria, en contravenciones a la normativa migratoria, no siendo procedente imputar las consecuencias de aquello a la Administración ni al rechazo de su solicitud.

Finalmente, argumenta que acoger acciones de protección como la de autos implicaría una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la recurrente sin razón aparente que lo justifique, en desmedro de las personas extranjeras que vieron rechazadas sus solicitudes de regularización migratoria en base a los mismos razonamientos.

Por estas razones, solicita que se rechace la presente acción de protección con expresa condena en costas por no existir motivos plausibles para litigar.

Tercero: Que comparecen los abogados Antonio Beltrán Henríquez y Saraí Estrada González, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacúan el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

Exponen que doña nombre reservado ingresó al territorio nacional por paso no habilitado, eludiendo el control policial, según consta en el Parte Policial N° 20763 de fecha 23 de octubre de 2023, emitido por la Policía de Investigaciones de Chile. Señala que con fecha 20 de marzo de 2023, la recurrente solicitó ante el Servicio Nacional de Migraciones el beneficio de regularización extraordinaria contemplado en el artículo 155 N° 8 de la Ley N° 21.325. Indica que mediante Oficio Ordinario N° 18918 de fecha 21 de abril de 2025, dicho Servicio remitió todos los antecedentes de la petición a la Subsecretaría del Interior, órgano facultado por ley para resolver este tipo de solicitudes. Agrega que mediante Resolución Exenta N° 14233 de fecha 21 de abril de 2025, la Subsecretaría del Interior rechazó la solicitud, considerando que no se configura un caso excepcional, calificado ni humanitario, por cuanto el requerimiento se fundamenta en situaciones fácticas de carácter genérico que no logran configurar una afectación en concreto lo suficientemente especial como para justificar el ingreso al país por paso no habilitado y el otorgamiento de un permiso excepcional.

Respecto a los fundamentos de derecho, el Servicio Nacional de Migraciones alega, en primer término, su incompetencia para informar sobre los hechos narrados por la recurrente. Sostiene que a quien corresponde informar el fondo del recurso es a la Subsecretaría del Interior, encontrándose frente a la hipótesis planteada por los artículos 155 N° 8 y 9 de la Ley N° 21.325, que establecen que corresponde a dicha autoridad el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros en condición migratoria irregular y el otorgamiento excepcional de permisos de residencia temporal en casos calificados o por motivos humanitarios.

Argumentan que del tenor literal de la norma transcrita queda de manifiesto que el Servicio Nacional de Migraciones carece de facultades legales para pronunciarse respecto de la petición concreta realizada por la recurrente. Añade que, sin perjuicio de lo anterior, ya remitió todos los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, órgano competente que además ya emitió el acto resolutivo. Sostiene que al haber cumplido con remitir los antecedentes a la autoridad competente y habiendo ésta emitido un acto decisorio, no existe labor pendiente de ser ejecutada por el Servicio respecto a la solicitud realizada. Por estas consideraciones, alega falta de legitimación pasiva.

En segundo lugar, alegan la improcedencia de la acción de protección, sosteniendo enfáticamente que no es posible detectar vulneración alguna contra los derechos de la recurrente. Afirma que ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, por lo que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Fundamentan esta alegación señalando que no existe acto u omisión alguna que amerite la interposición de la acción constitucional, teniendo especialmente presente que no se ha dictado orden de expulsión del territorio nacional de la extranjera, ni otra sanción migratoria que pudiera afectar sus derechos fundamentales.

Por estas razones, el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo de la acción constitucional en lo que corresponda a esa parte, toda vez que no existe acto u omisión arbitrario o ilegal de su parte que prive, perturbe o amenace alguno de los derechos enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, el acto en contra del cual se ha interpuesto la acción constitucional en análisis corresponde a la Resolución Exenta N° 14233, de fecha 21 de abril de 2025, dictada por la Subsecretaría del Interior, que rechazó la solicitud de regularización migratoria extraordinaria presentada por la recurrente, quien la estima ilegal y arbitraria, pues habría sido dictada sin considerar sus vínculos familiares ni laborales y su comportamiento intachable, la inexistencia de antecedentes penales.

Sexto: Que, para la adecuada resolución del presente recurso, resulta necesario precisar, que conforme a lo establecido en el artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325, corresponde al nombre reservado la potestad indelegable de “disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo de Política Migratoria”.

De ello, surge de manera clara y precisa que se trata de una facultad discrecional de la autoridad administrativa, quien, en consecuencia, no se encuentra obligada a ejercerla, aunque si lo está a explicitar los motivos que la condujeron a no hacerlo, pues es esa la obligación que el legislador ha impuesto a la administración en el artículo 11 inciso segundo de la Ley N° 19.880, al exigir que los actos administrativos contengan una fundamentación, expresando los hechos y fundamentos de derecho que les sirven de sustento. Y es que esta exigencia, permite el control jurisdiccional sobre la razonabilidad y proporcionalidad del acto administrativo, evitando que la discrecionalidad se convierta en arbitrariedad, pero sin que ello implique sustituir la valoración técnica realizada por la autoridad competente respecto a si en determinado caso concurren las circunstancias excepcionales que configuran un caso calificado o humanitario que justifique el otorgamiento del permiso de residencia temporal.

Séptimo: Que, de los antecedentes allegados a este proceso, en particular la Resolución Exenta N° 21.306 de 23 de junio de 2025, dictada por la Subsecretaría del Interior, aparece que, tras la evaluación de los antecedentes aportados por el recurrente, la autoridad administrativa concluyó que, en la especie, no se configura un caso calificado o humanitario que justifique el otorgamiento excepcional de un permiso de residencia temporal, pues los antecedentes presentados por la recurrente no permitían calificar su situación como excepcional o humanitaria, al tratarse de situaciones genéricas que podrían ser aplicables a una multiplicidad de personas que se encuentran en similar situación.

De esta forma, la resolución recurrida se encuentra debidamente fundada, explicando las razones por las cuales los antecedentes presentados por la recurrente no permitieron calificar su situación como excepcional o humanitaria, por lo que malamente puede ser tildada de ilegal o arbitraria.

Octavo: Que, de esta forma, no existiendo acto ilegal ni arbitrario atribuible a los organismos recurridos, y no habiéndose acreditado vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, corresponde desestimar la presente acción de protección.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional impetrada en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del señor nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-19710-2025.