Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, nueve de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece la abogada doña Patricia Alejandra Fernández Olate, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad haitiana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la resolución de expulsión dictada en perjuicio de la protegida, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que vulnera el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y la protección de la familia, derechos que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto dicha resolución, y se ordene adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, permitiendo regularizar su situación migratoria para residir en el país junto a su cónyuge e hijo chileno.

Expone que doña nombre reservado ingresó al territorio nacional de forma irregular en el año 2022, tras lo cual inició gestiones para enmendar su estatus conforme a la Ley N° 21.325. Destaca que se encuentra plenamente arraigada en el país, habiendo contraído matrimonio el 7 de septiembre de 2022 con don nombre reservado, quien posee residencia definitiva en Chile. Asimismo, es madre de un niño de nacionalidad chilena, identificado como nombre reservado, con quien mantiene una convivencia efectiva y ejerce su cuidado personal.

En cuanto a los argumentos jurídicos, la parte recurrente sostiene que el acto impugnado es ilegal por contravenir el artículo 70 de la Ley N° 21.325, norma que prohíbe la expulsión de padres de niños chilenos, salvo casos de condenas graves que no concurren en la especie. Del mismo modo, acusa una vulneración al principio de reunificación familiar amparado en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Califica la decisión de la autoridad migratoria como arbitraria, por cuanto omitió ponderar su vínculo familiar directo y la vida efectiva que desarrolla en Chile, actuando sin la debida razonabilidad ni proporcionalidad.

Respecto a la vulneración de garantías, el recurso explica que la ejecución de la medida de expulsión importaría una separación forzada de la recurrente respecto de su hijo y cónyuge, lo que constituye una afectación grave e irreparable a su derecho a la vida familiar y a su integridad psíquica.

Se argumenta que la omisión del Servicio Nacional de Migraciones al no considerar estos antecedentes genera una indefensión jurídica y un trato desigual frente a otros extranjeros en situaciones equivalentes, impidiendo el ejercicio del derecho a residir y permanecer en el territorio nacional cuando se cumplen los presupuestos de arraigo familiar y voluntad de regularización.

SEGUNDO: Que, evacuando informe, comparece el Servicio Nacional de Migraciones solicitando el rechazo íntegro de la acción interpuesta, argumentando su improcedencia por no existir un acto terminal que vulnere garantías constitucionales.

En cuanto a los hechos, indica que la recurrente, doña nombre reservado, de nacionalidad haitiana, fue objeto del inicio de un procedimiento sancionatorio de expulsión el 12 de marzo de 2025, tras informarse su infracción a la Ley N° 21.325 por ingreso clandestino. Agrega que, a pesar de otorgársele el plazo legal de diez días para presentar descargos, la extranjera no hizo uso de dicha facultad.

Menciona, además, que un recurso de amparo previo por estos mismos hechos fue rechazado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso (Rol Ingreso N° 890-2025) y confirmado por la Excma. Corte Suprema (N° de Ingreso 13672-2025), al no verificarse ilegalidad en una etapa meramente administrativa.

Respecto de los fundamentos de derecho, la autoridad sostiene que el procedimiento iniciado se ampara en los artículos 127 N° 1 y 32 N° 3 de la Ley de Migración y Extranjería, relativos al ingreso al territorio nacional eludiendo el control migratorio. Afirma que el acto impugnado no constituye una sanción de multa, abandono o expulsión, sino una notificación formal de un proceso vigente, por lo que no existe una privación o amenaza legítima a los derechos resguardados por el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refuerza esta postura citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que establece que la aplicación de la normativa migratoria con respeto al derecho a ser oído no constituye un acto arbitrario.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, en lo referente a la excepción de cosa juzgada, ésta será rechazada, por cuanto, la existencia de sentencia firme y ejecutoriada de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, en causa Rol 890-2025, únicamente produce cosa juzgada formal, y no material, máxime si dicha sentencia versaba sobre un recurso de amparo, y el presente, es una acción constitucional de protección.

SEXTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de no haber dictado el acto terminal de un procedimiento sancionatorio, esto es, la orden de expulsión del país por haber ingresado por un paso no habilitado realizada por la recurrente, lo que a su juicio vulneraría las garantías indicadas en su libelo, correspondiendo a esta magistratura determinar si dicha actuación se ajusta o no a derecho.

SÉPTIMO: Que de lo informado por la recurrida, dar noticia de un procedimiento sancionatorio por ingreso por paso no habilitado, no significa que se haya resuelto la expulsión de la protegida, ya que dicho proceso se encuentra plenamente reglado, y se deben cumplir todas las etapas correspondientes, culminando con la decisión de imponer o no una sanción migratoria.

OCTAVO: Que entonces, encontrándose en trámite el procedimiento sancionatorio, debe necesariamente concluirse que en la presentación efectuada en estos autos, no se han mencionado hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, toda vez que el retardo en el trámite de orden de expulsión, no infringe garantía constitucional alguna del recurrente, y por lo tanto, no es posible atender a la petición del recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional impetrada por Patricia Alejandra Fernández Olate, en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Nº Protección-19687-2025