Protección contra Subsecretaría del Interior

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que con fecha 3 de septiembre de 2025, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, actuando en favor de doña nombre reservado, e interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Subsecretaría del Interior, representada por don nombre reservado, por haber incurrido en una omisión ilegal y arbitraria consistente en la no dictación del acto administrativo terminal que aprueba o rechaza su solicitud de regularización extraordinaria, vulnerando de esta forma la garantía fundamental de la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se acoja el recurso y se ordene a la recurrida pronunciarse sobre la solicitud.

Se expone que la recurrente, doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ingresó al país eludiendo el control migratorio, realizando posteriormente una declaración voluntaria de ingreso clandestino. Añade que, con el propósito de regularizar su situación migratoria, solicitó el otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, al amparo del artículo 155 N°9 de la Ley N° 21.325, con fecha 17 de febrero de 2025, sin embargo, a la fecha de interposición de este libelo, habían transcurrido más de seis meses sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado, lo que constituye el acto ilegal y arbitrario recurrido, por haber excedido el plazo fatal de seis meses para la dictación del acto administrativo, establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

Aduce, asimismo, que la omisión resulta arbitraria por cuanto el órgano recurrido ha manifestado una opinión antojadiza e inmotivada al no resolver la solicitud dentro del término legal. Por ende, se alega el desconocimiento de los principios de celeridad y economía procedimental que rigen el actuar de la Administración del Estado, y el deber constitucional de servicialidad. A mayor abundamiento, el libelo de protección controvierte la configuración del silencio administrativo o la excepción de caso fortuito o fuerza mayor, sosteniendo que esta última no se configura.

En consecuencia, se señala que la omisión ilegal y arbitraria en la dictación de la resolución definitiva, vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, al dispensar a la recurrente un trato discriminatorio frente a otros interesados que, encontrándose en idéntica situación jurídica, han obtenido un pronunciamiento oportuno por parte de la Administración. Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene al recurrido que se pronuncie sobre la solicitud de regularización extraordinaria dentro de un plazo no mayor a treinta días, o el que la Corte estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, todo con expresa condena en costas.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido por esta Corte, comparece don Sebastián González Rubio, abogado, en representación de la Subsecretaría del Interior, y solicita el rechazo total del recurso de protección interpuesto, fundado en que no ha existido una omisión ilegal ni arbitraria, ni se verifica la privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales, y, además, en que acoger la acción vulneraría la garantía de igualdad ante la ley de otros solicitantes.

El informe consigna, como antecedentes de hecho, que la solicitud en comento se tramita como un otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, al amparo del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325. En este sentido, se precisa que el otorgamiento de dicho permiso constituye una facultad discrecional de la autoridad, mas no una obligación, y que el proceso se encuentra actualmente en tramitación, por lo que se notificará una vez concluido, conforme al procedimiento legal.

Por otra parte, en sustento de la petición de rechazo, el recurrido esgrime la inexistencia de la arbitrariedad o ilegalidad de la omisión. En primer término, argumenta que no existe arbitrariedad, toda vez que la tramitación extensa obedece a la necesidad de un análisis particularmente exhaustivo de estas solicitudes, justificado por el aumento exponencial de los requerimientos, lo que desvirtúa el carácter caprichoso o antojadizo de la demora, citando jurisprudencia. En segundo lugar, arguye la inexistencia de ilegalidad al señalar que el plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 no tiene el carácter de fatal, de conformidad con la reiterada jurisprudencia y los dictámenes de la Contraloría General de la República.

Alega la inexistencia de vulneración, privación o amenaza de las garantías constitucionales, toda vez que la sola falta de resolución no constituye per se la vulneración, y corresponde a la recurrente probar el vínculo causal entre la supuesta omisión antijurídica y la afectación de un derecho tutelado, lo que no ha ocurrido al basarse la acción en alegaciones genéricas sin respaldo. Añade que la acción de protección no es el medio idóneo para declarar derechos nuevos ni tutelar meras expectativas, siendo su naturaleza meramente cautelar.

Finalmente, el recurrido sostiene que acoger la acción vulneraría la garantía de igualdad ante la ley de otros solicitantes, al generar un trato favorable e injustificado para la recurrente en desmedro de aquellos que efectúan sus solicitudes por la vía administrativa regular. En consecuencia, concluye que la acción se desnaturaliza al buscar la aceleración de un procedimiento que está sujeto a la facultad excepcional y discrecional del nombre reservado.

Tercero: Que la jurisprudencia invariable de la Corte Suprema, refrendada por la doctrina, sostiene que el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política constituye una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que adopten de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, asimismo, han sostenido de manera uniforme que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado. Finalmente, se sostiene también uniformemente que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

Dicho de otro modo y en lo que específicamente interesa, el recurso consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental ha sido concebido como una acción eminentemente cautelar, que tiene por objeto brindar protección inmediata, pronta y eficaz ante privaciones, perturbaciones o amenazas en el legítimo ejercicio de derechos y garantías reconocidos por la Constitución, frente a ataques o peligros que requieren de una actuación pronta para ser eficaz, mas no para crear situaciones jurídicas definitivas o consolidadas. Por lo mismo, su ejercicio deja a salvo los demás derechos que pueda hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, no sólo en relación con el recurrente, sino también respecto de aquel contra quien el recurso se deduce.

Cuarto: Que, el hecho que motiva la presente acción constitucional es la demora por parte de la autoridad competente en emitir pronunciamiento sobre la solicitud de regularización extraordinaria el 17 de febrero de 2025 por la recurrente, pese a haber transcurrido el plazo de seis meses que consagra el artículo 27 de la Ley N°19.880.

Quinto: Que en el escenario descrito es posible advertir que la solicitud de la recurrente se encuentra aún en trámite y si bien se constata una demora en su tramitación, ello sería consecuencia de la gran cantidad de requerimientos que ha debido tramitar en el último tiempo, lo que es de público conocimiento, y así también lo ha reconocido la Corte Suprema, amén de lo especialísima y excepcional de la solicitud.

Sexto: Que, en consecuencia, la demora en la tramitación de la solicitud se da en el marco de un procedimiento administrativo cuyo pronunciamiento corresponde al señor nombre reservado, sobre la base de los antecedentes acompañados y al amparo de la legislación vigente, de modo que no existe un acto arbitrario e ilegal de su parte, por lo que el recurso será desestimado, como se expresará.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de en favor de doña nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Protección N°19.671-2025.