Protección contra nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, tres de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, patrocinados por abogado comparecen nombre reservado y nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la nombre reservado, por la dictación de la resolución de 13 de septiembre de 2024, mediante el cual el sostenedor, a través de su Rector, dio por finalizado el procedimiento sancionatorio incoado contra su hijo, la que a su juicio vulnera principios legales contenidos en las garantías constitucionales del debido proceso e igualdad ante la ley, deviniendo, por tanto en ilegal y arbitraria, afectando gravemente su proceso educativo y evolutivo.

En cuanto a los hechos, relata que el 19 de agosto de 2024, sostuvieron una reunión con personal del colegio, donde se les informó el inicio de un protocolo, el día 12 de agosto de 2024, en razón que la encargada de convivencia del establecimiento vio a dos estudiantes hablando, oportunidad en que uno le pedía a otro que se vaya del grupo, informándoseles al respecto que su hijo se encontraba con “tarjeta amarilla”, asociando dicho comportamiento a una carta de compromiso del mes de mayo.

Exponen que el 30 de agosto fueron notificados de la medida disciplinaria de expulsión de su hijo, toda vez que se habría configurado la falta muy grave del numeral N° 1 del artículo 47 del Reglamento Interno del Estudiante, que dispone que son actitudes, comportamientos y/o transgresiones que dañan gravemente la convivencia escolar “Amenazar y/o agredir gravemente, a cualquier miembro de la comunidad educativa ya sea de manera verbal, física o psicológica de forma presencial o a través de redes sociales”, en razón de su participación en una serie de hechos, entre los cuales se encontraba el colocar un medicamento en la comida de un compañero.

Manifiestan que ante dicha resolución, hicieron presente nuevos antecedentes de hecho y derecho, asociados, principalmente a la ausencia de motivación, desproporción, arbitrariedad en la medida aplicada y contrariedad al interés superior del adolescente, argumentos que no se consideran por parte del establecimiento, que decide mantener la decisión de expulsión, lo que consta en el acto recurrido.

En cuanto a las arbitrariedades e ilegalidades denunciadas, arguyen una ausencia de una adecuada motivación del acto recurrido, por lo que resulta desproporcionado al no establecer un mínimo estándar lógico argumentativo para la aplicación de la sanción de expulsión. Asimismo, no se toman en consideración las declaraciones exculpatorias de su hijo y de sus compañeros, faltando además al deber de motivación, no siendo suficiente la mera descripción de los hechos supuestamente comprobados.

Alega adicionalmente la parte recurrente que el acto recurrido resulta contrario a la presunción de inocencia, al ser tratado su hijo como culpable, sin que el establecimiento tuviera total y absoluta claridad de su participación, existiendo incluso, una predisposición por parte del equipo investigador de sindicarlo como participe, detallando al respecto los antecedentes, que a su juicio, debieron ser considerados.

Esgrimen adicionalmente que el acto impugnado infringe los principios de transparencia para las partes, la bilateralidad y objetividad que deben ser aplicados en el procedimiento establecido en el reglamento anteriormente citado, toda vez que: a) su parte nunca tuvo una copia del registro formal donde se consignan los hechos imputados; b) no existen registros u otro mecanismo formal que dé cuenta de que el establecimiento haya proporcionado información sobre las diligencias y evidencias levantadas; c) se accedió a la carpeta de investigación de manera parcial, frente a la madre del afectado; d) no se hizo una ponderación objetiva de los antecedentes que se aportaron en la solicitud de reconsideración de la sanción, debiendo ser ponderados en su mérito los que respaldaban la tesis exculpatoria.

Sostienen los recurrentes que adicionalmente el pronunciamiento sancionatorio no considera las condiciones relativas a las necesidades educativas especiales del alumno, de lo que se daría cuenta en el correspondiente informe médico que fue acompañado al proceso, afectando el principio del interés superior del adolescente y los de integración e inclusión.

Previa referencia a las garantías que estiman conculcadas, esto es, el debido proceso e igualdad ante la ley, además de citar la normativa que estiman rige al efecto, solicitan se acoja la acción interpuesta y en consecuencia se ordene a la recurrida que deje sin efecto la expulsión del alumno nombre reservado, declarando que el procedimiento substanciado por el recurrido no se ajustó a los estándares legales mínimos que este tipo de procedimientos sancionatorios exigen, con costas.

En cuanto a los documentos acompañados al recurso, estos corresponden a los siguientes: 1) Certificado de Nacimiento; 2)

Copia de acto recurrido, del 13 de agosto de 2024; 3) Acta de entrevista de 19 de agosto de 2024; 4) Notificación medida disciplinaria de expulsión del 30 de agosto de 2024; 5) Informe psicológico del 05 de septiembre de 2024; 6) Informe médico psiquiatra del 05 de septiembre de 2024; 7) Reglamento Interno del Estudiante 2024; y 8) Solicitud de reconsideración de medida disciplinaria de expulsión.

SEGUNDO: Que, evacuando informe la recurrida, solicita el total e íntegro rechazo de la acción de protección deducida, por ser esta carente de fundamentos y sustento jurídico.

Como antecedentes previos, expone que el alumno expulsado ingresó al Colegio durante el año 2024, cursando Primer Año Medio, existiendo problemas en su adaptación, tal como constaría en su hoja de vida.

Añade que el 17 de abril del mismo año, el alumno presenta la primera falta muy grave al Reglamento Interno del Establecimiento, esto es, el porte de armas cortopunzantes y el hostigamiento a una compañera por redes sociales, además de inventar historias que involucran a la misma estudiante.

Previa lata referencia a dicha infracción y el procedimiento adoptado al respecto, hace alusión a que dicha circunstancia fue puesta en conocimiento de su madre, recurrente en estos autos, para transmitir la preocupación del colegio e informar la activación del protocolo entre estudiantes, adoptándose posteriormente la medida de carta de compromiso, la que tiene por objeto dejar constancia de las razones por las cuales se aplica y de los aspectos concretos que se deben mejorar para que sea levantada, ofreciéndose además un acompañamiento psicosocial.

Luego de evidenciar otra falta, consistente en bajar los pantalones de un compañero frente a la sala de clases, relata que existe otro alumno que ha sido víctima de acoso escolar por parte de sus compañeros, entre los que se encontraba el alumno expulsado, quienes habrían proferido agresiones verbales, físicas, psicológicas y de exclusión en su contra.

A continuación de hacer referencia a la etapa indagatoria y citar los testimonios de quienes habrían participado en los hechos, manifiesta que en atención a los mismos fue posible acreditar diversas situaciones de agresión hacia el alumno de apellido nombre reservado, a saber, golpes y empujones; comentarios denigrantes y humillantes; exclusión; además del reconocimiento de haber planificado el poner parte de una pastilla de Gabapentina molida en el almuerzo de aquel.

Previa individualización de quienes se sindican como agresores, entre los que se encuentra el hijo de los recurrentes, se detalla el procedimiento adoptado, afirmando que se le citó por primera vez el día 13 de agosto para entregar sus descargos y versión de los hechos, reconociéndose por su parte actos de bullying.

Expone que una vez culminada la etapa indagatoria se cerró el protocolo de maltrato escolar y en él quedó establecido que 6 estudiantes cometieron la falta muy grave de “amenazar y/o agredir gravemente, a cualquier miembro de la comunidad educativa ya sea de manera verbal, física o psicológica de forma presencial o a través de redes sociales”, la cual se encuentra tipificada en el artículo 47 N° 1 del Reglamento Interno, y mantiene como sanción aparejada desde la suspensión indefinida hasta la no renovación de matrícula o expulsión, aplicándose esta última al alumno por quien se recurre, en razón de su comportamiento negativo anterior, al que se hace referencia.

Relata el recurrido, que una vez puesta en conocimiento de los apoderados la sanción, estos apelan respecto de la medida, no logrando ser desacreditada la responsabilidad del alumno en los hechos de acoso escolar comprobados, por lo que, según afirma, yerran los recurrentes al afirmar que el colocar una pastilla en la comida de un estudiante es el acto por el que se expulsa, ya que este solo se erige como un antecedente más. Previa alusión a las consecuencias que tuvieron estos actos en el alumno agredido cita la normativa que rige la materia controvertida.

Argumenta adicionalmente el establecimiento, la improcedencia de la acción incoada, toda vez que se trata de una acción de emergencia creada para otorgar protección a quien sea afectado en el legítimo ejercicio de sus derechos, no teniendo por objeto modificar decisiones adoptadas de acuerdo al debido proceso y a un procedimiento instaurado de conformidad con la normativa vigente.

Además, refiere que no concurren los presupuestos de la acción cautelar, por cuanto no existe ilegalidad o arbitrariedad en su actuar, ya que se ha dado estricto cumplimiento a la legislación y a su Reglamento Interno, aplicando el protocolo que correspondía a la situación denunciada.

Respecto a las ilegalidades denunciadas en el recurso, controvierte cada una de ellas, afirmando que la sanción fue impuesta luego de un lato estudio de los antecedentes y de realizar un ejercicio de ponderación y proporcionalidad de los mismos, respetándose el debido proceso, la transparencia, bilateralidad y objetividad, precisando que el establecimiento solo cumplió con su deber de resguardo de la identidad e intimidad de los alumnos, por lo que no resulta posible entregar el expediente sancionatorio, salvo previa petición de copia, en consideración que se exponen declaraciones y datos personales de los estudiantes y de otros miembros de la comunidad educativa.

En cuanto a la falta de ponderación de los antecedentes médicos del alumno, refiere el recurrido que no obstante no conocer el diagnóstico por su parte, estos no logran desacreditar las situaciones de acoso escolar descritas.

Previo énfasis en la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario que conculque las garantías a las que se hace referencia en el arbitrio, reitera la petición de rechazo de la acción presentada, con costas.

En cuanto a los documentos acompañados, estos corresponden a 1) Expediente Protocolo de maltrato escolar por Porte de arma cortopunzante y Acoso a compañera; 2) Expediente Protocolo de acoso escolar contra estudiante; 3) Informe de Cierre de Protocolo de acoso escolar contra estudiante; 4) Cartas de condicionalidad de fecha 30 de agosto de 2024 de los estudiantes involucrados; 5) Informe psicológico emitido por doña nombre reservado

Psicóloga Infanto-juvenil, profesional tratante del alumno agredido; 10) Acta de entrevista online de 7 de octubre con doña nombre reservado

Psicóloga Infanto-juvenil; 11) Correo electrónico de fecha 2 de septiembre de 2024, mediante el cual la Directora de Ciclo, cita a reunión a los padres del alumno expulsado para revisión del expediente del protocolo de actuación sobre acoso escolar; 12)

Correo electrónico de fecha 2 de septiembre de 2024, de doña nombre reservado, confirmando asistencia a reunión citada para revisión del expediente del protocolo de actuación sobre acoso escolar; 13)

Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2024 TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que de los antecedentes acompañados por las partes, se pueden tener por acreditados los siguientes hechos:

El estudiante expulsado ingresó el año 2024 al colegio, cursando primer año medio.

El 17 de abril del mismo año, presentó la primera falta muy grave al Reglamento Interno del Establecimiento, esto es, el porte de armas cortopunzantes y el hostigamiento a una compañera por redes sociales, además de inventar historias que involucraban a la misma estudiante.

A raíz de lo anterior se inició un procedimiento el mismo día que culminó con la suscripción de una carta de compromiso en mayo de 2024 que se inicia señalando: “Les informamos que el Equipo del Tercer Ciclo, acordó aplicar como medida formativa - disciplinaria una Carta de Compromiso a su hijo nombre reservado, por estar involucrado directamente en situaciones que han tenido un impacto negativo en la convivencia escolar de su curso y generación, afectado significativamente a algunos compañeros y compañeras de su nivel.

Por faltar a la honestidad durante su proceso de integración y adaptación al Colegio y por portar arma cortopunzante, acciones que están clasificadas como faltas “Muy Graves” en nuestro Reglamento Interno del Estudiante.”, y que culmina advirtiendo: “Esta carta será evaluada en el Consejo de Profesores de diciembre del 2024 o ante situaciones que requieran una revisión del grado de cumplimiento de la medida. En el caso de incumplimiento u otra situación grave, su matrícula será evaluada.”.

Con posterioridad, continúan los problemas de convivencia, incurriendo en una nueva falta consistente en bajar los pantalones de un compañero frente a la sala de clases y siendo sindicado como parte de un grupo que protagoniza actos de acoso escolar respecto de un alumno, consistente en agresiones verbales, físicas, psicológicas y de exclusión en su contra, las que culminan con la introducción de la pastilla de Gabapentina molida en el almuerzo de aquel.

Que a raíz de dicha denuncia el colegio inicia una nueva investigación, en la que mediante diversos testimonios le es posible constatar la veracidad de aquellas acusaciones. La aludida investigación comprendió la citación del estudiante sancionado, el día 13 de agosto de 2024 para presentar sus descargos y versión de los hechos, reconociéndose por su parte actos de bullying.

Culminada la etapa indagatoria se cerró el protocolo de maltrato escolar y en él quedó establecido que 6 estudiantes cometieron la falta muy grave de “amenazar y/o agredir gravemente, a cualquier miembro de la comunidad educativa ya sea de manera verbal, física o psicológica de forma presencial o a través de redes sociales” consagrada en el artículo 47 N°1 del Reglamento Interno del colegio.

El 30 de agosto de 2024 se les notifica a los padres del estudiante la medida de expulsión fundada en la falta precedentemente reseñada en relación con el artículo 48 N° 1 del mismo reglamento, que prescribe: “Artículo 48: Al incurrir el estudiante en una falta muy grave, Dirección de Ciclo o la Encargada de Convivencia Escolar analizará la situación y decidirá las acciones a seguir, las que pueden ser dependiendo de los hechos concretos del caso, las siguientes medidas por separado o en conjunto: 1.- Infracciones contenidas en el número 1, 9, 14, 18 y 20 del artículo 47 se puede aplicar la medida de Suspensión Indefinida.” De dicha resolución los padres apelaron ante el rector del colegio, quien, previa consulta al Consejo Directivo del establecimiento, procedió el 13 de septiembre de 2024 a notificarle a aquellos el rechazo del recurso interpuesto, señalando entre otros aspectos que: “A lo largo del proceso de indagación se comprobó que nombre reservado ha cometido reiterados actos de violencia contra su compañero aludido, los que consisten en golpes frecuentes, empujones, “ahorcarlo” en una oportunidad, esconder sus pertenencias de valor, comentarios ofensivos, y en última instancia participación en el hecho relativo a poner una pastilla para dormir en el almuerzo de su compañero, lo que se acreditó con dibujos realizados por los otros compañeros participantes, así como en sus declaraciones…Así, resulta necesario mencionar que lo relevante es el efecto que se provocó en la víctima, es decir, afectar gravemente los aspectos emocionales de la misma, los que se vieron agudizados a propósito de participar en el hecho relacionado con el fármaco introducido en su almuerzo el día 9 de agosto de 2024. En consecuencia, el motivo de la medida dice relación con resguardar la integridad física y psíquica de la misma, teniendo en cuenta, adicionalmente, de la gravedad de las acciones realizadas y las agravantes consideradas. Finalmente, es necesario señalar que al momento de revisar los antecedentes de la apelación se tuvo en consideración la carta de compromiso suscrita en el mes de mayo de 2024”, agregando el señor rector que el estudiante sólo había dado cumplimiento al último de los cinco compromisos adquiridos mediante aquella.

Que el artículo 49 del Reglamento Interno del establecimiento prescribe que: “Artículo 49: En aquellos casos en que exista reiteración en las conductas; o que una conducta afecte gravemente la convivencia escolar; o que exista peligro para la integridad física o sicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa, se aplicará la sanción de expulsión o no renovación de matrícula, según corresponda.”.

QUINTO: Que la primera garantía constitucional que la parte recurrente alega infringida es la del debido proceso consagrada en el artículo 19 N°3 de la Constitución, garantía esta que no se encuentra protegida por la acción de protección interpuesta, salvo en lo relativo a la imposibilidad de ser juzgado por comisiones especiales, situación totalmente ajena al presente caso. De ahí que no obstante advertir de los hechos descritos en el considerando anterior y de la normativa interna del colegio, que la recurrida otorgó a la recurrente suficientes garantías de defensa, encontrándose la sanción aplicada expresamente contemplada en el reglamento interno del establecimiento, la circunstancia de no encontrarse la aludida garantía amparada por la acción de protección, hace inoficioso profundizar en el análisis de este tópico.

SEXTO: Que, la segunda garantía constitucional que se alega infringida, es la de la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, alegación esta que no podrá prosperar por cuanto concurren en el estudiante expulsado, una serie de características diferenciadoras, que impiden considerar como arbitraria, la medida de expulsión impuesta sólo a él.

Baste recordar en este punto, que el estudiante sancionado, a un mes de haber ingresado al colegio recurrido enfrenta la primera investigación por falta muy grave, que motiva la suscripción de la carta de compromiso, otorgándole el colegio a través de ella, la posibilidad de enmendar el camino, oportunidad esta que aquel desaprovechó persistiendo los problemas de convivencia que culminaron con los hechos que dieron origen a la sanción de expulsión impuesta.

SEPTIMO: Que así las cosas, el presente recurso no podrá prosperar, por no existir actuación ilegal ni arbitraria alguna que pueda reprocharse a la recurrida, ni haberse conculcado la garantía de igualdad ante la ley, única de las invocadas, amparada por la acción de protección.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza el recurso de protección interpuesto.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Abogada Integrante señora Catalina Infante Correa N° Protección 19648-2024.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Antonio Ulloa Márquez, el Ministro (S) señor Fernando Guzmán Fuenzalida y la Abogado Integrante señora Catalina Infante Correa.

No firma el Ministro señor Ulloa Márquez, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por ausencia.

En Santiago, tres de julio de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.