nombre reservado con INVERSIONES ALSACIA S.A.

Santiago, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve.

VISTO:

PRIMERO: Que con fecha 20 de marzo de este año comparecen los abogados Sebastián Osvaldo Troya González, Juan Pablo Pareto Behnke, Raúl Leonardo Santana Sepúlveda, Millaray Francisca Vega Baeza y Juan Humberto Cofré Vásquez, quienes en representación de los ex trabajadores de la empresa Alsacia S.A. don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, interponen acción constitucional de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente, representada por su Director Regional, don Jorge Antonio Meléndez Córdova y en contra de Inversiones Alsacia S.A., representada por don nombre reservado, aduciendo que ambas entidades habrían incurrido en un acto ilegal y arbitrario al impedirles efectuar reservas en sus finiquitos de trabajo, situación que habría vulnerado las garantías constitucionales que la Carta Fundamental les reconoce en los numerales 2° y 3° del artículo 19.

Para fundar su arbitrio exponen, en síntesis, que el Ministerio de Transportes anunció el término del contrato con la empresa Alsacia, por lo que esta sociedad solicitó a la Dirección del Trabajo su colaboración para que los trabajadores concurrieran a dependencias de dicha institución para firmar los correspondientes finiquitos. Así, agregan, entre el 1 y el 2 de marzo del año en curso, los recurrentes concurrieron a las dependencias de la Dirección Regional a fin de suscribir sus finiquitos, momento en el cual se percataron de que el empleador estaba invocando una causal de terminación de los contratos de trabajo totalmente impertinente al efecto, esto es, por necesidades de la empresa y que tampoco se incluyeron las horas extras dentro de la base remuneracional a considerar para efectos del cálculo de las indemnizaciones procedentes, razón por la cual manifestaron su deseo de estampar una reserva de derechos en lo relativo a dichas cuestiones.

Refieren que ante esta situación, los funcionarios del organismo público, nombre reservado y nombre reservado, negaron cualquier posibilidad de realizar la aludida reserva, bajo el argumento de que el finiquito es un acto consensual y que, por ende, no es posible que agregasen algún texto sin el consentimiento del otro contratante, fundando su respuesta en dos dictámenes emitidos por la misma institución. En estas circunstancias, algunos trabajadores se acercaron al área de recursos humanos de la empresa, siendo atendidos por la señora nombre reservado, Gerente de dicha área, quien les habría señalado que si hacían reserva de derechos, no les pagarían los finiquitos.

Alegan que se encontraban en dependencias de la recurrida, lo que generó sin lugar a dudas un dominio de la situación por parte de la misma, conculcándose derechos irrenunciables de los trabajadores, al infringirse los principios protectores establecidos en la normativa del ramo, en especial el artículo 177 del Código del Trabajo y lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.

Solicitan, finalmente, que se acoja la presente acción y que se declare por esta Corte que la reserva de derechos en un finiquito es un derecho irrenunciable que no requiere la autorización del empleador, sino que sólo la voluntad del trabajador, conforme el artículo 5 del Código del Trabajo y lo dicho por los Tribunales Superiores de Justicia y que, en consecuencia, es ilegal y arbitraria toda conducta que la prohíba, ya sea del empleador o del ministro de fe otorgante, debiendo éste último velar por su protección; que ambas recurridas conculcaron la facultad de los trabajadores de estampar la reserva de derechos, por lo que incurrieron en un acto ilegal y arbitrario que afectó las garantías constitucionales ya señaladas; y que deberá permitírseles efectuar sus reservas, con costas de la causa;

SEGUNDO: Que mediante resolución de fecha 22 de marzo de este año, se declaró admisible el recurso interpuesto y se requirió el informe de rigor a las recurridas;

TERCERO: Que con fecha 24 de abril último, informó al tenor del presente recurso en representación de la recurrida Sociedad de Inversiones Alsacia S.A. el abogado Rodrigo Aros Chia, solicitando el completo rechazo de la acción, con costas.

Como antecedentes preliminares, explica que la sociedad que representa era una empresa concesionaria de la Unidad de Negocio Troncal N°1, relativa a la Licitación Pública de uso de vías de la ciudad de Santiago para la prestación de servicios urbanos de transporte público remunerado de pasajeros mediante Buses- Transantiago, siendo ese el negocio y giro exclusivo de la compañía.

Indica que terminó la vigencia del contrato por el vencimiento del plazo, por lo que debió realizarse un proceso de entrega de los servicios inicialmente adjudicados a los nuevos operadores y que, como consecuencia de ello, se tuvo que poner término a los contratos de trabajo de una gran cantidad de trabajadores, bajo la causal de necesidades de la empresa, realizándose un plan de finiquitos bajo la supervisión de la Dirección del Trabajo.

En el caso de los recurrentes, expresa que se trata de ex trabajadores del Depósito de Buses de Renca y que conforme lo conversado con la autoridad y diferentes organizaciones sindicales, los días 1 y 2 de marzo se llevó a efecto un operativo por parte del personal de recursos humanos de Alsacia con apoyo de la Dirección del Trabajo. Refiere que en dicho procedimiento, en presencia de los dirigentes sindicales y de funcionarios de la Dirección del Trabajo se les exhibió a los trabajadores sus finiquitos, explicándoseles que en el caso de existir alguna disconformidad respecto de ellos, serían citados a las oficinas dentro del plazo de diez días que establece la ley, destacando que la gran mayoría de los trabajadores los recibieron conformes.

Sobre los hechos narrados en la acción, señala que éstos no se ajustan a la realidad y que doña nombre reservado se encontraba esos días fuera del país, por lo que no pudo realizar las actuaciones que se le atribuyen. Así, niega enfáticamente que cualquier trabajador haya sido obligado a firmar su finiquito.

Respecto a la acción constitucional deducida, alega en primer término su improcedencia, teniendo presente que la interpretación, ejecución y efectos de los contratos laborales y por ende sus finiquitos constituyen un asunto de lato conocimiento cuya competencia está entregada a los tribunales laborales, existiendo, de hecho, un procedimiento especial y de aplicación preferente contenido en el artículo 420 letra A del Código del Trabajo, por lo que la materia objeto del recurso excede el marco del presente arbitrio.

Alega, enseguida, que no se configura una amenaza, privación o perturbación de derechos y que en la acción no se explica cómo se priva, perturba y a la vez amenazan los derechos constitucionales citados.

En cuanto al fondo del recurso de marras, manifiesta que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de su parte, sin que le sea imputable el actuar de un tercero ajeno, más aun teniendo presente que en todo momento su representada actuó de manera transparente y conforme con la normativa vigente;

CUARTO: Que evacuando informe por la recurrida Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente, el abogado Marcelo López Soto solicita el rechazo de la presente acción cautelar.

Explica, en resumen, que los hechos descritos en el libelo de protección no coinciden con lo que efectivamente sucedió, ya que no hubo una acción destinada a impedir que los recurrentes ejercieran sus derechos, sino que únicamente los funcionarios del servicio le expusieron a los mismos la imposibilidad de concurrir a la ratificación de los finiquitos asociados porque sería una actuación contraria a la doctrina vigente de la Dirección del Trabajo, contenida en el Dictamen N°824/21 del 26 de febrero de 2003, ratificada por el Dictamen N°3594/095 de 7 de agosto de 2017, pronunciamientos en los que se resuelve que la “reserva de derechos” formulada en un finiquito supone la existencia del acuerdo de las partes, toda vez que si el finiquito es una convención, no sería susceptible de ser modificado o desvirtuado posteriormente por una declaración unilateral de una de las partes que lo otorgó, sin que concurra la voluntad del otro contratante.

De esta manera, considera que la presente acción es una vía intentada por los actores para resucitar la oportunidad de incluir en los finiquitos la reserva de derechos no realizada en su oportunidad, desvirtuando la naturaleza cautelar y excepcional de la acción de protección. Añade que la mera información entregada por los funcionarios no implica que éstos hayan impedido o prohibido la realización o la privación de los derechos invocados, no siendo una facultad de la Dirección del Trabajo el negar el ejercicio de derechos a los trabajadores.

En suma, alega la inexistencia de un acto u omisión ilegal y arbitraria de su parte, y la falta de privación, perturbación o amenaza al ejercicio de los derechos fundamentales que la parte reclama, careciendo la presente acción cautelar de todo sustento;

QUINTO: Que a través de resolución de 20 de mayo del año en curso, se ordenó traer los autos en relación. El día 3 de junio se procedió a la vista de la causa, escuchándose la intervención oral únicamente de los apoderados de las recurridas;

SEXTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

SÉPTIMO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

OCTAVO: Que luego de lo dicho es necesario relevar que el acto ilegal y/o arbitrario que se objeta en el presente recurso se hace consistir, básicamente, en el hecho de haber impedido las recurridas a través de diversos medios de desincentivo, que los recurrentes incorporaran unilateralmente en sus finiquitos una nota o acápite en el cual hicieran explícita y determinada reserva de derechos;

NOVENO: Que, como se sabe, el finiquito es un acto jurídico bilateral, de carácter solemne, a través del cual las partes dan cuenta y dejan constancia del término de la relación laboral. Ese es su propósito primordial. Sin embargo, acontece que en el instrumento que contiene el finiquito también puede consignarse el reconocimiento de deudas o de créditos de orden laboral/patrimonial, puede incluirse la respectiva liquidación, puede hacerse constar el pago de las obligaciones y es muy frecuente que se realicen declaraciones de que las partes nada se adeudan entre sí, como consecuencia del contrato de trabajo.

Pues bien, resultando indiscutido que el finiquito recoge o puede recoger diversos negocios jurídicos -recibo puro y simple de pago, transacción y renuncia a derechos- es también evidente que el mismo puede contener diversos actos jurídicos -bilaterales y unilaterales-.

De este modo, se ha afirmado, que el finiquito no es de contenido unívoco, sino de naturaleza compleja y que, por lo mismo, la mirada que ha de verificarse a su respecto, la comprensión que pueda o deba hacerse del mismo, no puede prescindir de dicha condicionante, porque de ello depende el alcance y eficacia que pueda asignársele;

DÉCIMO: Que en este orden de ideas, es posible definir la reserva de derechos del trabajador en el finiquito como un acto unilateral no recepticio, que la legislación ha reconocido tácitamente como un derecho irrenunciable del trabajador y que lo habilita para interponer las acciones legales para reclamar por la vía judicial del derecho reservado.

Evidentemente una expresión de esta índole determinará en la práctica que en lo que concierne al rubro al que la reserva hace referencia, el finiquito no tendrá carácter transaccional y, por tanto, tampoco poder liberatorio para el empleador, toda vez que dicha declaración legitimará al trabajador para interponer con posterioridad la acción correspondiente.

La razón de ser del reconocimiento de este derecho con rango legal ha de encontrarse en el mero razonamiento de que si la legislación laboral faculta a un trabajador para ejercer diversas acciones a objeto de obtener el reconocimiento y pago de los derechos y prestaciones que le corresponden legalmente en este tipo de materias, con mayor razón dicho trabajador se encuentra habilitado para hacer reserva de su ejercicio cuando suscribe un finiquito, de manera que al impedírselo se restringe y desconoce la manifestación de su voluntad, lo que constituye un acto que atenta contra sus derechos procesales y laborales;

UNDÉCIMO: Que, ahora bien, en lo que dice relación con la imputación que sobre el particular se hace a determinados funcionarios de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente, aparece pertinente recordar que es precisamente a dicha entidad a quien el artículo 505 del Código del ramo encarga la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación.

Por su parte, el D.F.L. N° 2, de 29 de septiembre de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, plantea entre las consideraciones que motivan su dictación que “para alcanzar un adecuado desarrollo económico y social del país, es función primordial del Estado, velar por la correcta aplicación de las leyes que garantizan los derechos sociales de los trabajadores” y que, en dicho escenario, “es la Dirección del Trabajo el organismo creado por ley para supervigilar la aplicación de esas leyes”;

DUODÉCIMO: Que así las cosas, lo cierto es que tanto los funcionarios de la Dirección del Trabajo como aquellos dependientes de la empresa recurrida que hayan tenido intervención en las acciones que pretendieron desincentivar a los trabajadores recurrentes a incorporar la reserva de derechos que deseaban hacer en sus finiquitos, no hicieron sino desconocer la real manifestación de voluntad de unos de los suscriptores de tales documentos, vedándoles la posibilidad de explicitarla precisamente en ellos, conduciéndose de este modo de manera ilegal, dado que atendida la clara existencia de derechos que el ordenamiento jurídico reconoce en favor de los trabajadores, se vulneró su derecho a la igualdad, al establecer una diferencia arbitraria frente a los demás, al impedírseles que pudieran ejercer su derecho de expresar su ánimo de firmar el finiquito con reserva de acciones.

A este respecto no es posible soslayar que el artículo 177 del Código del Trabajo eleva la función de los inspectores del trabajo a la de ministro de fe, esto es, a la de un encargado de dar fe del hecho de haberse firmado libremente el finiquito por el interesado. Pues bien, incumple dicho deber el funcionario que impone a un trabajador la firma de un finiquito del modo en que lo propone el empleador sin permitirle plasmar en el documento su voluntad manifestada verbalmente ante él, de hacer reserva de derechos.

En este mismo sentido, no puede escudarse el funcionario llamado a ser ministro de fe en la instrucción que le habría formulado el empleador en orden a impedir una reserva claramente manifestada, ni tampoco en el parecer expresado en aquella oportunidad por quien comparecía en su nombre, pues ello, además de que difiere de la conducta que es esperable de un servidor público que debe velar por la veracidad de las actuaciones que ante él se realizan, lesiona el derecho del trabajador y puede, también, erigirse en un mecanismo de presión ilegítima para obtener la suscripción de un finiquito en forma pura y simple, a cambio del pago de las prestaciones que en él se contienen;

DÉCIMO TERCERO: Que luego de lo dicho, habiéndose incurrido tanto por parte de funcionarios de la Dirección del Trabajo como de empleados de la empresa Inversiones Alsacia S.A. en un acto ilegal, transgrediendo con ello la garantía constitucional que la Carta Fundamental reconoce a los recurrentes en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al habérseles otorgado un trato discriminatorio, el presente recurso deberá necesariamente ser acogido, con la finalidad de restablecer de inmediato el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se acoge el arbitrio deducido por los abogados Sebastián Osvaldo Troya González, Juan Pablo Pareto Behnke, Raúl Leonardo Santana Sepúlveda, Millaray Francisca Vega Baeza y Juan Humberto Cofré Vásquez, en representación de los ex trabajadores de la empresa Alsacia S.A. don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, en contra de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente y de Inversiones Alsacia S.A. y, en consecuencia, se dispone que en el finiquito laboral suscrito por los recurrentes los días 1 y 2 de marzo del año en curso, ha de permitírseles a éstos efectuar reserva de derechos dentro del plazo de quinto día de ejecutoriado el presente fallo.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Protección N° 19.631-2019.- No firma el ministro señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso su feriado legal.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la Ministra señora Paola Plaza González e integrada por los Ministros señora Maritza Villadangos Frankovich y don Guillermo de la Barra Dünner.

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