nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensión Planvital S.A., por el rechazo de la solicitud, efectuada por el recurrente, de retiro de fondos para un extranjero.

Menciona que nombre reservado solicitó la devolución de fondos previsionales ante AFP Planvital a través de su portal web, amparado en la ley N° 18.156.

Señala que el recurrente es notificado el 18 de agosto de 2025, mediante correo electrónico, del rechazo de su solicitud (N° 4673, N° 4675 y N° 4676). La AFP Planvital expresa que el rechazo se debe a que la declaración jurada del trabajador no sirve para acreditar el requisito establecido en la letra a) del artículo 1 de la Ley N° 18.156, pues esta certificación debe ser emitida por la Institución Previsional correspondiente o, excepcionalmente, por la delegación consular. Indica además que, para acreditar la cobertura previsional conforme a la Ley N° 18.156, no basta un documento genérico sobre las coberturas del sistema, siendo necesario que la autoridad previsional del país de origen certifique expresamente que el trabajador estuvo cubierto por todos los riesgos exigidos durante su permanencia en Chile. Agrega que la Constancia Electrónica de Cotizaciones no resulta suficiente para estos efectos y que el documento presentado carece de legalización o apostilla, además de señalar una fecha de egreso del 24 de febrero de 2017.

Expresa el recurso que la Ley N° 18.156 establece en su artículo 1 la exención de cumplimiento de leyes de previsión chilenas y de la obligación de efectuar imposiciones, siempre que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el trabajador manifieste en el contrato su voluntad de mantener dicha afiliación. El artículo 7 de la misma ley permite a los trabajadores extranjeros que registraron cotizaciones en una AFP solicitar su devolución si cumplen con los requisitos del artículo 1.

Afirma que el recurrente realiza su solicitud de retiro de fondos previsionales por cumplir con los requisitos supra señalados al ser profesional extranjero. Agrega que el recurrente ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos, por lo que el rechazo de la recurrida, basado en una interpretación formalista de la norma, es una obstaculización en su proceso.

Expone que la recurrida admite implícitamente que el recurrente se encuentra afiliado a un sistema de seguridad social al mencionar, en la comunicación de rechazo, la fecha de egreso 24 de febrero de 2017, que es la misma que la mencionada en la “Constancia electrónica de cotizaciones” acompañada por el recurrente en su solicitud señala la fecha de afiliación a la seguridad social.

Sostiene el recurso que la recurrida incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, lo que constituye un actuar arbitrario e ilegal.

Asevera que el certificado de afiliación puede ser validado y verificado en el link http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss o con una simple búsqueda de las palabras "validar ivss" en Google. Explica que las constancias emanadas de la seguridad social de Venezuela incluyen un código alfanumérico que es verificable en la web señalada, y que el código de verificación se encuentra en la parte inferior de la constancia. Afirma que la constancia electrónica es verificable, y la omisión de verificar la afiliación es un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, dado que el documento emana de un organismo público y verificable en su web oficial. Agrega que la constancia es expedida por la autoridad venezolana competente y que es absolutamente verificable por medios electrónicos.

Refiere que otras AFP, como Cuprum, han concluido que la constancia electrónica cumple con los requisitos al verificar el código de validación, puesto que una interpretación excesivamente formal vulnera el derecho de propiedad.

Expone que el recurrente ha acompañado una Constancia Electrónica de Cotizaciones, con código de verificación e02702827-2025809, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con fecha 2 de septiembre de 2025. La constancia indica que nombre reservado posee 63 semanas cotizadas y se encuentra en estatus de asegurado CESANTE, siendo su primera fecha de afiliación el 28/10/2013 y de egreso el 24/2/2017. La validez del certificado electrónico puede comprobarse a través del portal web del IVSS.

Asegura el recurso que la seguridad social de Venezuela dispone de otro medio para verificar la autenticidad de la constancia ingresando la cédula de identidad venezolana (RUT reservado) en la dirección web http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/.

Alega que la recurrida tiene distintos medios a su disposición para verificar la autenticidad de la constancia, y que su decisión de rechazo es contraria a derecho, arbitraria e ilegal, afectando el derecho de propiedad.

Estima el recurrente que las constancias emitidas por la autoridad competente son plenamente válidas y cumplen el requisito legal de estar afiliado a la seguridad social del país de origen. Añade que la recurrida desconoce la normativa especial y rechaza la solicitud afirmando que el certificado electrónico no es válido, sin verificarlo ni esgrimir fundamentos para descartarlo, agregando un requisito no estipulado en la ley.

Considera que la conducta de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada, consagrados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución, por requisitos no establecidos y una interpretación restrictiva.

Manifiesta que la recurrida argumenta genéricamente que el certificado de afiliación no es válido, a pesar de que la normativa especial solo exige que el extranjero se encuentre afiliado a la seguridad social de su país de origen, que cubra al menos ciertas prestaciones, y que manifieste la voluntad de mantenerse afiliado en el contrato o anexos. Argumenta el recurrente que el sentido de la ley es claro al señalar que el técnico solo debe estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, por lo que la recurrida desatiende su sentido literal e incorpora requisitos no señalados. Indica que la ley no exige formalidades adicionales, por lo que la recurrida se equivoca al rechazar el retiro de fondos.

Sostiene que las prestaciones sociales cubiertas por la seguridad social del recurrente son las enumeradas en el artículo 1 de la Ley N° 18.156: vejez, muerte, enfermedad e invalidez.

Destaca que es de público conocimiento que no existe representación diplomática venezolana en Chile, por lo que exigir un requisito imposible de cumplir contradice el artículo 45 del Código Civil sobre caso fortuito o fuerza mayor. Agrega que la falta de apostilla o legalización no está en la esfera del recurrente, sino de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, y la normativa no exige que la afiliación se encuentre apostillada o legalizada.

Asevera que la Ley N° 18.156 faculta la devolución de los fondos a los extranjeros, y la recurrida ha infringido la garantía constitucional de igualdad ante la ley al darle un trato desigual con respecto a otros solicitantes, exigiéndole una formalidad adicional. Añade que la recurrida vulnera el derecho a la propiedad privada establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución. Aduce que la única carga que impone el legislador es que los técnicos extranjeros se encuentren afiliados a la seguridad social, y el requisito de que los documentos estén apostillados y/o legalizados no está señalado en la ley.

Finaliza solicitando se acoja el recurso, ordenando a la recurrida que reconozca como válida la documentación aportada por el recurrente, procediendo aquella a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Segundo: Que, evacuando informe, Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A. solicita el rechazo del recurso con costas.

Menciona que don nombre reservado presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales, de conformidad a la ley 18.156, en la página web de AFP PlanVital el 12 de agosto de 2025. Señala que la solicitud adolece de un problema referido a los documentos presentados, ya que incluyó una 'Constancia Electrónica de Cotizaciones' y una 'Declaración bajo fe de juramento'. Agrega que el rechazo de esta solicitud fue comunicado el 18 de agosto de 2025.

Expresa que, conforme al Oficio Ordinario N° 12.954 del 15 de julio de 2025 emitido por la Superintendencia de Pensiones, para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1º de la ley 18.156, el trabajador debe acreditar, mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que contó con cobertura por todos los riesgos exigidos durante todo el tiempo de servicios en Chile. Añade que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada, según las normas del Convenio de la Haya y el Código de Procedimiento Civil. El mismo oficio señala la ineficacia de la constancia electrónica y las declaraciones juradas. Refiere que las certificaciones electrónicas que no hayan sido legalizadas o apostilladas ni contengan mención específica de los riesgos cubiertos, no sirven para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero. El oficio concluye, señalando que los documentos venezolanos que deban presentarse para producir efectos en Chile deben ser apostillados por la autoridad competente de Venezuela, sin requerirse otra intervención adicional sobre la apostilla.

Sostiene que el rechazo a la solicitud de devolución de fondos previsionales no fue ilegal ni arbitrario y se funda en las normas legales y las normas administrativas impartidas por la Superintendencia de Pensiones para estos casos. Agrega que se basa en la letra a) del artículo 1 de la Ley N°18.156, que dispone el requisito de que el trabajador esté afiliado a un régimen de previsión fuera de Chile que le otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El artículo 2º del D.F.L. N°101 de 1980 establece que la Superintendencia será la autoridad técnica de supervigilancia y control de las Administradoras de Fondos de Pensiones, y sus funciones incluyen los órdenes financiero, actuarial, jurídico y administrativo. El artículo 3º del mismo cuerpo normativo dispone que corresponde a la Superintendencia interpretar la legislación y reglamentación en vigencia e impartir normas generales obligatorias para su correcta aplicación por las Administradoras. Por su parte, el artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, establece que corresponde a la Superintendencia fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema, con carácter obligatorio para las Administradoras. Asimismo, el artículo 47 de la Ley N° 20.255, dispone que la Superintendencia de Pensiones tiene como funciones y atribuciones interpretar administrativamente en materias de su competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las entidades fiscalizadas, y velar por que estas cumplan con las leyes, reglamentos e instrucciones que la Superintendencia emita.

Asevera que la Superintendencia de Pensiones establece un procedimiento claro sobre esta materia a través de su Compendio de Normas, cuyo cumplimiento es obligatorio para todas las Administradoras. Explica que el rechazo a la devolución de fondos previsionales se funda precisamente en dichas normas administrativas, específicamente el Oficio Ordinario N°12.954 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Alega que la aplicación de dichas normas es obligatoria para PlanVital, por lo que su representada no ha obrado de manera ilegal.

Plantea que el actuar de PlanVital es razonado y en igualdad de trato de todos sus afiliados y, por consiguiente, no ha cometido acto arbitrario alguno. Destaca que el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitar la devolución.

Asegura la recurrida que, en este caso, el afiliado recurrente cuenta con diversos mecanismos para plantear su situación, ya sea ante la misma Administradora o ante la Superintendencia de Pensiones, mediante canales formales. En consecuencia, el recurso interpuesto no resulta adecuado ni proporcional para conocer sobre este asunto.

Concluye que el actuar de su parte no ha significado privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinadas a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, lo que se impugna a través de esta acción constitucional, es la decisión de la recurrida, A.F.P. Planvital S.A., que rechazó la solicitud de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente, por no cumplir con los requisitos de legalización o apostilla, así como con la debida acreditación de cobertura previsional integral exigida por la normativa y por señalar como fecha de egreso el 24 de febrero de 2017.

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia electrónica de cotizaciones”, que se acompañó a su solicitud de devolución de fondos, permite constatar que el recurrente no acompañó la documentación que le permita exigir el retiro de los fondos previsionales conforme con el artículo 7 de la Ley N°18.156, por cuanto tal documento acompañado no se encuentra debidamente apostillado, además se señalar como fecha de egreso el 24 de julio de 2017.

Séptimo: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida por nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensión Planvital S.A., sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-19623-2025.