nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, abogado, actuando por sí y a favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representada por don nombre reservado, y de la Superintendencia de Pensiones, representada por don nombre reservado, por haber rechazado mediante notificación de fecha 18 de agosto de 2025 la solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrente cumple íntegramente con los requisitos establecidos en la normativa vigente, habiendo acompañado todos los documentos necesarios que acreditan su afiliación al régimen de seguridad social de Venezuela y su calidad de técnico profesional extranjero, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

En cuanto a los antecedentes de hecho, expone la recurrente que solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Señala que fue notificada mediante correo electrónico con fecha 18 de agosto de 2025, rechazando la AFP Modelo su solicitud de retiro de fondos de pensión, indicando que, de acuerdo a lo instruido por la Superintendencia de Pensiones, después de haber analizado en forma exhaustiva los antecedentes adjuntos en la solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N°18.156, su Fiscalía resolvió rechazar dicha solicitud.

Relata que el motivo del rechazo se fundamentó en que respecto a la documentación presentada para acreditar su afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales se encuentra cubierta, sino que señala de forma genérica las prestaciones que otorga el sistema previsional de su país de origen y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda. Añade que la declaración jurada de fecha 08 de agosto de 2025 tampoco cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, toda vez que no es un certificado emitido por la entidad de seguridad social fuera de Chile y tampoco es un documento emitido por la Embajada o Consulado correspondiente.

Afirma la recurrente que ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP. Sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Sostiene que es imperioso señalar que la recurrida en su rechazo admite implícitamente que la recurrente se encuentra afiliada, más aún, de la simple lectura del documento se indica la fecha de afiliación a la seguridad social, por lo que desde ya se observa que el rechazo de la recurrida es arbitrario e ilegal. Agrega que la recurrida señala que la Superintendencia de Pensiones ha establecido expresamente que el cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Argumenta que la recurrida incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, lo que deviene en un actuar arbitrario e ilegal. Destaca que el certificado de afiliación puede ser verificado y validado en el link http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, siendo que de una simple búsqueda empleando las palabras "validar ivss" se obtiene la web indicada. Explica que las constancias emanadas de la seguridad social de Venezuela incluyen un código alfanumérico el cual puede ser verificable en la web señalada, encontrándose en la parte inferior de la constancia, que señala textualmente "La validez de este certificado electrónico de cotizaciones, puede comprobarse a través del portal web del I.V.S.S.(www.ivss.gob.ve), con el código de verificación N°04c501725-2025809".

Sostiene que la constancia electrónica es verificable, no obstante, la conducta omisiva de verificar la mentada afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, en lo atingente a que argumenta que la constancia electrónica no es un documento válido, no obstante, emana de un organismo público y es verificable en la web oficial de esa institución, por lo que es forzoso concluir que la recurrente efectivamente se encuentra afiliada a la seguridad social de su país de origen. Añade que la señalada constancia es expedida por la autoridad venezolana competente, en cumplimiento de sus facultades legales y puede ser absolutamente verificable empleando medios electrónicos y, en el evento improbable que no fuere suficiente, se realizó declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada para su constatación.

Manifiesta que otras Administradoras de Fondos de Pensiones, a modo ejemplar AFP Cuprum, realizando el mismo procedimiento señalado, es decir, verificando el código de validación de la constancia electrónica en la web http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, han concluido que la misma cumple con los requisitos establecidos en la ley, puesto que una interpretación excesivamente formal vulnera el derecho de propiedad de los peticionarios.

Argumenta que, pese a lo desarrollado, la recurrida insiste en señalar que las constancias electrónicas no es un documento válido, sin siquiera especificar el motivo de esa afirmación, más aún, el fundamento jurídico que lo sustente, según se desprende de la comunicación electrónica rechazando la solicitud de fecha 18 de agosto de 2025. Destaca que las constancias electrónicas señaladas, al momento de ser descargadas, arrojan un código de verificación que lo componen letras y números, que en el caso del recurrente es 04c501725-2025809.

Expone que, a mayor abundamiento, la seguridad social de Venezuela dispone de otro medio de similares características para verificar la autenticidad de la constancia electrónica que se expide, esto se realiza ingresando al dominio web http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/, el cual permite realizar la búsqueda con el número de cédula de identidad venezolana. Afirma que la señalada constancia es expedida por la autoridad venezolana competente, en cumplimiento de sus facultades legales y puede ser absolutamente verificable empleando medios electrónicos, además que la misma web señala "verificación de constancia certificada" que, a tenor de la palabra "certificada" según la RAE, lo define como "Dicho de una autoridad competente: Hacer constar por escrito una realidad de hecho", por lo que la recurrida, adoptando una decisión a todas luces contraria a derecho, decide detener y posteriormente rechazar la solicitud impetrada sin sustento jurídico, vulnerando los derechos fundamentales del recurrente.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sostiene que debe tenerse en consideración lo establecido por la Ley N°18.156, en sus artículos N°1 en relación con el artículo N°7 de la misma norma. El artículo N°1 establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

El artículo N°7 señala que en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley. Argumenta que la recurrente realiza su solicitud de retiro de fondos previsionales debido a que cumple con los requisitos supra señalados, evidenciándose que ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP.

Sostiene que la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que rechaza la solicitud de retiro de fondos de pensiones cuando, en la especie, se puede verificar la afiliación a la seguridad social del país de origen, lo que torna en arbitraria e ilegal la respuesta de la recurrida al afirmar que el certificado de afiliación electrónico no es válido, sin siquiera verificar el mismo, más aún, sin esgrimir los razonamientos de hecho y fundamentos de derecho para descartarlo, agregando además un requisito que la ley no estipula.

Invoca la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema en la causa Rol N°28881-2022, en la cual se establece que no debe constreñirse lo dispuesto en la Ley N°18.156 únicamente a los convenios entre empleadores y trabajadores regidos por el Código Laboral, pues si aquella hubiese sido la intención del legislador, lo habría señalado expresamente, en circunstancias que dispone como única limitación la estipulada en el inciso final del artículo 1 de la Ley N°18.156, sobre riesgos de accidentes de trabajo y enfermedad profesionales previstos en la Ley N°16.744. Adicionalmente, se ha sostenido que una interpretación como la planteada por la recurrida supondría una interpretación excesivamente literal y formalista de la norma, desatendiendo a su finalidad y a la intención del legislador.

En cuanto a la admisibilidad del recurso de protección, señala que constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Afirma que la acción constitucional de protección, según lo señalado en el artículo primero del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, debe ser interpuesto dentro de un plazo de 30 días corridos desde la comisión del acto o de la ocurrencia de la omisión arbitraria e ilegal que ocasione la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, encontrándose dentro del plazo legal.

Respecto al acto recurrido y derecho constitucional vulnerado, cita a la Corte Suprema que ha señalado que el vocablo "arbitrariedad" o "ilegalidad" están unidos por la conjunción "o" y traduce dos tendencias u orientaciones precisadas: la ilegalidad significa contraria a los supuestos de la ley, y el acto administrativo lo será cuando excede el ámbito de su competencia, el procedimiento diseñado al respecto, con el fin que el legislador asignó al mismo acto; en cambio, la arbitrariedad tiene lugar en el campo de las facultades discrecionales, o sea, aquellas en que el administrador goza de poderes amplios y manifiesta opinión de un modo antojadizo, instintivo, inmotivado.

Sostiene que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la acción arbitraria e ilegal por parte de la recurrida, deducida en la notificación de fecha 18 de agosto de 2025, que rechaza la solicitud de devolución de fondos de AFP Modelo, siendo que la solicitud cumple con lo señalado en la Ley N°18.156 y modificada Ley N°18.726, dando íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos e informado por la Superintendencia de Administraciones de Fondos de Pensiones, situación que la deja en completa vulnerabilidad e incertidumbre ante un hecho completamente ilegal y arbitrario.

Argumenta que el sentido de la ley es claro al señalar que el técnico solo tiene que estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, por lo que la recurrida desatiende su sentido literal, aunado al hecho de incorporar requisitos que no están expresamente señalados, lo que se traduce en un actuar arbitrario e ilegal. En el evento improbable que se considere que el documento se encuentre legalizado o apostillado, cita el artículo 18 del Código Civil que señala que en los casos en que las leyes chilenas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en que hubieren sido otorgadas, sustentando que la ley no exige formalidades adicionales.

En relación a las prestaciones sociales que cubre la seguridad social del recurrente, señala que son aquellas que están enumeradas en el artículo 1 de la Ley N°18.156, esto es, vejez, muerte, enfermedad e invalidez, por lo que la decisión que se recurre no encuentra sustento normativo para rechazar la mentada solicitud. Agrega que es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en nuestro país, por lo tanto, incorporar un requisito que a todas luces es imposible de cumplir contradice lo estatuido en el artículo 45 del Código Civil, en lo atingente al caso fortuito o fuerza mayor.

Precisa que a lo imposible nadie está obligado, no obstante, el recurrente acompañó el certificado electrónico de afiliación de la seguridad social de su país de origen, lo que implica el pleno cumplimiento de la normativa señalada, por lo tanto, se infiere forzosamente que la negativa es injustificada, arbitraria e ilegal, afectando el derecho de propiedad del recurrente. Destaca que la falta de apostilla o de legalización es un hecho que no se encuentra dentro de la esfera del recurrente, sino únicamente de las relaciones diplomáticas de los Estados de Chile y de Venezuela, siendo que no existen relaciones diplomáticas, teniendo la recurrida pleno conocimiento por ser un hecho público de la dificultad de los nacionales venezolanos de obtener ciertos documentos.

Invoca la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema Rol N°7254-2025, de fecha 18 de marzo de 2025, que estableció que no es posible pasar por alto las graves consecuencias que conlleva para la amparada la decisión impuesta por la administración, teniendo especialmente en consideración la grave crisis política e institucional que atraviesa el país de origen de aquélla y que repercute negativa y directamente en la celeridad en la obtención de documentación oficial.

Cita además múltiples sentencias de diversas Cortes de Apelaciones que han resuelto casos similares acogiendo recursos de protección en situaciones análogas, entre ellas: sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta Rol N°247.104-2023 de fecha 27 de julio de 2023; sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso Rol N°325-2024, de fecha 03 de abril de 2024; sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción Rol N°241-2025, de fecha 26 de febrero de 2025; sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción Rol N°1269-2025; sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena Rol N°533-2025; sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso Rol N°3391-2025 de fecha 15 de julio de 2025; sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago Rol N°6043-2025, de fecha 29 de julio de 2025; y sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso Rol N°3860-2025, de fecha 13 de agosto de 2025. Todas estas sentencias han establecido que los documentos acompañados son prueba suficiente y apta para acreditar los requisitos señalados en el artículo 1° de la Ley N°18.156 y que la negativa de entregar los fondos constituye un acto ilegal y arbitrario que afecta el derecho de propiedad sobre los ahorros previsionales.

Argumenta que la conducta ilegal y arbitraria por parte de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley N°18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión.

En cuanto a la vulneración del derecho de igualdad ante la ley previsto en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, según el cual no hay persona ni grupo privilegiado, ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, sostiene que no se pueden establecer diferencias entre las personas frente a la ley, y no se deben dar tratos preferentes o en este caso excluyentes, pues todos tienen los mismos derechos y deberes. Afirma que la recurrida ha infringido esta garantía constitucional, dándole al recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias, cumpliendo con lo solicitado por el servicio recurrido, han obtenido respuestas favorables, lo cual no ha ocurrido en el caso que nos ocupa, a quien se le ha requerido una formalidad adicional que no se encuentra contemplada de acuerdo con la Ley N°18.156 y modificada Ley N°18.726, ni en su portal oficial, interrumpiendo el proceso para el retiro de fondos previsionales.

Respecto a la vulneración del derecho a la propiedad privada, establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, el cual reza "el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales", añade en su inciso tercero que "Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador". Sostiene que no hacer devolución de los fondos previsionales que se han depositado en la Administradora de Fondos de Pensiones y que corresponde a la cuenta individual de la actora se estima ilegal, toda vez que se aparta de lo dispuesto en la Ley N°18.156, vulnerando el derecho de propiedad que tiene sobre sus fondos previsionales.

Finalmente, invoca el artículo 19 N°26 de la Constitución Política que señala que no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio, siendo relevante, puesto que la afectación a las garantías fundamentales en el caso de marras se puede resumir en la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. Rechazar el retiro de los fondos de pensión del recurrente, cumpliendo todos los requisitos señalados por la normativa especial, siendo que es de su exclusiva propiedad, afecta esencialmente su derecho de propiedad, ampliamente protegido por el constituyente, y la administradora de fondos de pensiones inobserva la normativa especial e incorpora requisitos no expresamente señalados, restringiendo los derechos del recurrente, en lo atingente a la igualdad ante la ley, siendo que otros solicitantes han obtenido el retiro de sus fondos a diferencia del recurrente en estos autos.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se reconozca como válida la documentación acompañada, se ordene a la recurrida proceder a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente, y en general se adopten las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido por esta Corte, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, representada por el abogado Rodrigo Montero Atria, solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra, con expresa condenación en costas, fundándose para ello en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

En cuanto a los antecedentes fácticos del caso, la informante expone que la recurrente presentó una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, pretendiendo ampararse en la exención establecida en la Ley N°18.156 para trabajadores técnicos extranjeros, por las cotizaciones previsionales enteradas por el empleador Ilustre Municipalidad de San Pedro a su nombre. Señala que con fecha 13 de agosto de 2025 se ingresó la solicitud N°24568 (número interno) por el período cotizado comprendido entre enero de 2023 y julio de 2025.

Relata que con el objeto de acreditar el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, la recurrente acompañó los siguientes documentos: título profesional, declaración jurada ante notario, constancia electrónica de cotizaciones, y cinco contratos de trabajo suscritos con el empleador Ilustre Municipalidad de San Pedro en diferentes fechas entre diciembre de 2022 y enero de 2025.

Indica que en virtud de los antecedentes aportados por la recurrente, su representada realizó el análisis de todos los documentos presentados con el objeto de determinar si se daba cumplimiento a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa dictada por dicho ente regulador.

Sostiene que tras el análisis de los antecedentes, su representada dio respuesta a la solicitud rechazándola por los siguientes motivos: primero, respecto a la documentación presentada para acreditar su afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, señala que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece expresamente la forma en que se debe acreditar este requisito, disponiendo que el cumplimiento debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Agrega que la Superintendencia de Pensiones, de manera excepcional, ha señalado que se puede cumplir con este requisito con un certificado emitido por la embajada o consulado respectivo, que, actuando en la representación legal de la institución de seguridad social, señale que cuenta con las coberturas. Afirma que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales se encuentra cubierto, sino que señala de forma genérica las prestaciones que otorga el sistema previsional de su país de origen y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda.

En cuanto a la declaración jurada de fecha 08 de agosto de 2025, sostiene que tampoco cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, toda vez que no es un certificado emitido por la entidad de seguridad social fuera de Chile y tampoco es un documento emitido por la Embajada o Consulado correspondiente.

Invoca el Oficio N°3141 de 20 de febrero de 2024 de la Superintendencia de Pensiones, que ha señalado que el trabajador debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile con la protección para todos los riesgos indicados, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad, agregando que para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos antes indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Cita además el Oficio N°12954 de fecha 17 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, que ha señalado que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión, reiterando que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla.

Respecto a las declaraciones juradas, señala que el mismo Oficio N°12954 ha indicado que aun cuando hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos, toda vez que las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la Ley N°18.156.

Como segundo motivo de rechazo, la informante sostiene que el contrato de trabajo suscrito con el empleador Ilustre Municipalidad de San Pedro no cumple con lo establecido en la Ley N°18.156 ni el Compendio de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia, debido a que no se ha manifestado de forma clara e inequívoca por parte del solicitante la voluntad de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile. Argumenta que esto es necesario para cumplir con lo establecido por la Superintendencia de Pensiones y con la propia Ley N°18.726, ya que la solicitante no manifestó su voluntad de mantener afiliación a un régimen de previsión y seguridad social fuera de Chile, como prescribe la letra b) del artículo 1° que señala: "Que en el Contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida".

Cita el Oficio N°3787 de fecha 07 de marzo de 2023 de la Superintendencia de Pensiones, que ha precisado que según la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, para invocar los beneficios de ese cuerpo legal, se ha de acreditar la voluntad del trabajador en orden a mantener su afiliación a su país de origen, mediante la inclusión de una cláusula en tal sentido en el respectivo contrato de trabajo, siempre y cuando se halle vigente la relación laboral de que se trata.

En virtud de lo señalado, sostiene que AFP Modelo rechazó la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero debido a que el recurrente no acompañó una constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; además de no manifestar de forma clara e inequívoca su voluntad de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, siendo estos requisitos exigidos por la normativa vigente.

Hace presente que la recurrida no ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni realizado una interpretación arbitraria de la norma, muy por el contrario, ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la norma que establece que para que proceda la devolución de fondos, es menester que se reúnan todos los requisitos. Sostiene que de lo expuesto se puede determinar que su representada no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, al contrario, ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa, toda vez que la norma establece de forma expresa los requisitos para que proceda el retiro, cuestión que en el caso de autos el recurrente no cumplía.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la informante expone que la Ley N°18.156 establece en su artículo 7° que en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley. A su vez, el artículo 1° establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal estarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, siempre que se reúnan las condiciones de que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Destaca que es importante hacer presente que la Ley N°18.156 es un régimen de excepción que establece los requisitos copulativos que tiene que cumplir todo trabajador extranjero que pretenda la exención del pago de las cotizaciones previsionales.

Argumenta que las Administradoras de Fondos de Pensiones son sociedades anónimas cuyo objeto único y exclusivo es la administración de fondos de pensiones, además de otorgar los beneficios y prestaciones establecidos en el D.L. 3.500 de 1980, y que la supervigilancia, control y fiscalización de estas sociedades corresponde a la Superintendencia de Pensiones. Conforme al artículo 94 del D.L. 3.500, a la Superintendencia de Pensiones le corresponde fiscalizar el funcionamiento de las Administradoras y fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema, con carácter obligatorio para las Administradoras.

Cita el Oficio N°21.480 de 20 de septiembre de 2017 de la Superintendencia de Pensiones, que señala que se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Sostiene que el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros, indica que el cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, agregando que la Superintendencia de Pensiones ha señalado que excepcionalmente se puede cumplir este requisito con un certificado emitido por la embajada o consulado respectivo, que, actuando en la representación legal de la institución de seguridad social, señale que cuenta con las coberturas.

Argumenta que lo anterior va en consonancia con lo prescrito en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, que prescribe que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, en relación con el artículo 345 bis del mismo cuerpo legal, que señala que los instrumentos públicos otorgados en un Estado Parte de la Convención de La Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros no deberán ser sometidos al procedimiento de legalización si respecto de éstos se ha otorgado apostilla por la autoridad designada por el Estado de que dimana dicho instrumento.

Sostiene que lo anterior es de suma importancia para proteger la fe pública, entendida como aquella institución jurídica cuyo fundamento es la seguridad del tráfico jurídico.

Invoca jurisprudencia en su favor, citando específicamente el fallo dictado en causa Rol Libro Protección 22142-2024 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago (sentencia confirmada por la Excelentísima Corte Suprema en causa rol Civil 13722-2025), que señaló que la revisión del documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" permite constatar que efectivamente el mismo no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente.

Cita asimismo la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso en causa Rol Libro Protección 2023-2025 (confirmada por la Excelentísima Corte Suprema mediante sentencia dictada con fecha 10 de junio de 2025 en causa Rol Libro Civil 18581-2025), que señaló que el documento presentado por el actor, esto es, el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue legalizado ni apostillado, resultando insuficiente la mera inclusión de un código de verificación electrónica para satisfacer los requisitos formales establecidos en la legislación vigente.

Invoca también la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción dictada con fecha 09 de junio de 2025 en causa Rol Libro Protección 1763-2025, que concluyó que el rechazo de la recurrida a la petición de devolución de fondos se ajustó a los requisitos previstos en el artículo 1° de la Ley N°18.156, toda vez que la trabajadora no cumplió con demostrar que se encuentra afiliada a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile mediante certificación debidamente legalizada o apostillada, agregando que la recurrida está impedida de admitir documentación otorgada en el extranjero que no se encuentre debidamente legalizada o apostillada.

Respecto al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, cita el Título XI, Número 2, letra b), que establece que para la suscripción del formulario, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N°18.156 para acceder al beneficio, agregando que la documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la solicitud de devolución de fondos previsionales.

En cuanto a la manifestación de voluntad de mantener la afiliación a un régimen de Previsión Social Extranjero, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispone en la letra c) que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Cita el Oficio N°12.088 de 03 de julio de 2024 de la Superintendencia de Pensiones, que ha señalado que el requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156 es de carácter esencial y sólo se entiende cumplido cuando en los contratos de trabajo celebrados por extranjeros en Chile se incorpora una cláusula en que se expresa inequívocamente la voluntad del trabajador extranjero de mantener su afiliación en algún régimen de previsión o seguridad social en su país de origen.

Invoca también el Oficio N°9568 de fecha 26 de mayo de 2023 de la Superintendencia de Pensiones, que reitera que si se verifica por la AFP que en la época durante la cual el trabajador extranjero prestó servicios en Chile no fue debidamente acreditada mediante una cláusula en el contrato de trabajo respectivo o en un anexo a él, que su intención era la de mantenerse afecto a la seguridad social de otro país, después esta persona no puede pretender que las cotizaciones efectuadas al fondo de pensiones le sean devueltas, agregando que si el anexo al contrato de trabajo fue suscrito más allá de la vigencia de la relación laboral, aquel documento no sirve para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Tras lo expuesto, concluye que todo trabajador técnico extranjero que pretenda acogerse a la exención establecida en dicha ley o que quiera retirar los fondos ya enterados, deberá necesariamente dar cabal cumplimiento a los requisitos exigidos. En este caso, y en virtud de los antecedentes tenidos a la vista, se pudo constatar que la recurrente no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, ni tampoco la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones.

Argumenta que es necesario tener presente lo señalado en el artículo 46 de la Ley N°19.882, que establece que la Superintendencia de Pensiones es un organismo público descentralizado que se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y que el artículo 47 establece entre sus funciones y atribuciones interpretar administrativamente en materias de su competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas, y velar para que las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la Superintendencia emita.

Sostiene que la Superintendencia de Pensiones es el organismo regulador y fiscalizador de todas y cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones del país, siendo su función principal velar por la aplicación correcta de las leyes y reglamentos que rigen a las Administradoras, y dictar instrucciones pertinentes para su adecuado funcionamiento. Agrega que en razón de la facultad fiscalizadora de la Superintendencia de Pensiones, AFP Modelo debe dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el D.L. N°3.500, Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Normas especiales y Oficios Ordinarios emitidos por la Superintendencia de Pensiones, puesto que, en caso de incumplimiento de dicha normativa, arriesga amonestaciones y/o sanciones pecuniarias.

Finalmente, argumenta que el recurso de protección de garantías constitucionales es una acción que busca restablecer el imperio del derecho cuando por actos u omisiones arbitrarias o ilegales se ha ocasionado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Afirma que para que proceda un recurso de protección es necesario que haya existido perturbación o privación ilegítima en el ejercicio de un derecho, sin embargo, en este caso AFP Modelo ha actuado según lo instruye la normativa vigente y la Superintendencia de Pensiones. Así las cosas, sostiene que su representada no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, prive, perturbe o vulnere los derechos fundamentales que la Constitución le reconoce al recurrente.

Por estas razones, solicita que se rechace el recurso de protección interpuesto en su contra, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Modelo, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el documento:“ Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)” con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal;

QUINTO: Que sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N°18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N°18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado.

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N°18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N°18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”;

SEXTO: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado, en contra de AFP Modelo S.A, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-19615-2025.