nombre reservado con AFP CAPITAL S. A.

C.A. de Santiago Santiago, nueve de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 3 de septiembre de 2025 comparece la abogada Carla Nicole Cañón Rubio en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. -AFP Capital-, por haber rechazado, de manera reiterada e injustificada, la solicitud de retiro de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros.

Considera dicha actuación ilegal y arbitraria, toda vez que la recurrida efectúa una interpretación restrictiva y formalista de la norma, desatendiendo su finalidad y obstaculizando el legítimo ejercicio de los derechos de la recurrente, pese a haberse acreditado el cumplimiento íntegro de los requisitos legales exigidos, vulnerando con ello el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad que la Constitución Política de la República garantiza en su artículo 19, numerales 2 y 24, respectivamente.

En cuanto a los hechos, durante el mes de julio de 2025, la recurrente presenta ante AFP Capital una solicitud de retiro de fondos previsionales en su calidad de técnico extranjero, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156. Con fecha 18 de julio de 2025, la recurrida comunica el rechazo de dicha solicitud mediante correo electrónico, sin emitir un comprobante formal de rechazo ni entregar fundamentación clara y precisa sobre las causales invocadas. En dicha comunicación, la administradora de fondos de pensiones señala que la ley N° 18.156 debería interpretarse de forma restrictiva, indicando que su aplicación se limita a técnicos extranjeros contratados por empresas privadas, excluyendo a aquellos contratados por organismos públicos mediante decreto municipal.

No obstante lo anterior, la recurrente sostiene haber acompañado oportunamente todos los documentos exigidos por la normativa vigente, por lo que el rechazo carece de sustento legal y resulta desproporcionado.

A mayor abundamiento, señala que, pese a solicitar expresamente una carta formal de rechazo que funde adecuadamente la resolución, la recurrida se limita en todas las oportunidades a responder mediante correo electrónico, sin indicar con precisión los requisitos incumplidos.

En cuanto al derecho, la recurrente sostiene que la Ley N° 18.156 establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros y reconoce su derecho a retirar los fondos acumulados en virtud del artículo 7° de dicha ley, norma que, lejos de constituir una excepción al régimen general del Decreto Ley N° 3500, actúa como complemento del artículo 1° de la misma ley. Asimismo, invoca jurisprudencia uniforme de diversas Cortes de Apelaciones del país, entre ellas la de Antofagasta, en causas Rol N° 247.104-2023 y Rol N° 1603-2024, la de Temuco en causa Rol N° 30.015-2019, y esta Corte en causa Rol N°22.426-2024, todas las cuales han rechazado la interpretación restrictiva propuesta por las administradoras de fondos de pensiones, reconociendo que la documentación acompañada por los recurrentes en casos similares es suficiente para acreditar los requisitos de la ley, y que la negativa a efectuar la devolución constituye un acto ilegal que vulnera el derecho de propiedad.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, la recurrente estima que el actuar de la recurrida infringe el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al dispensarle un trato diferenciado e injustificado respecto de otros solicitantes que, encontrándose en igualdad de condiciones, han obtenido respuestas favorables; y vulnera, asimismo, el artículo 19 N° 24 del mismo cuerpo normativo, al privarla arbitrariamente del ejercicio de las facultades esenciales del dominio sobre sus fondos previsionales, los que constituyen bienes incorporales de su exclusiva propiedad.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a AFP Capital reconocer la documentación suministrada, proceder a un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, adoptando todas las demás medidas que el tribunal estime pertinentes para restablecer el pleno ejercicio de las garantías constitucionales vulneradas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe ordenado por esta Corte, Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra, en todas y cada una de sus partes, con expresa condena en costas, en mérito de los siguientes fundamentos.

En cuanto a los hechos, la recurrida hace presente, en primer término, una serie de errores e inconsistencias en el libelo de protección. Señala que la solicitud de retiro de fondos previsionales fue presentada el 25 de junio de 2025 y no durante el mes de julio de ese año, como erróneamente indica la recurrente. Asimismo, sostiene que el documento acompañado como "certificado que acredita vínculo laboral" corresponde en realidad a un decreto de nombramiento municipal, y que el denominado "anexo de contrato" es un certificado emitido con posterioridad al término de la relación laboral, específicamente cinco años después de su extinción, por lo que mal puede calificarse como tal. Agrega que el documento presentado como constancia de afiliación previsional en el extranjero corresponde a una copia simple de una constancia electrónica de cotizaciones, que carece de firma de quien la emite, y que no se encuentra legalizada ni apostillada. Indica además que el petitorio del recurso se dirige erróneamente en contra de AFP Modelo, administradora distinta a esta parte, y que señala como fecha de notificación del rechazo el mes de junio de 2025, en circunstancias que la propia recurrente reconoce en el cuerpo del libelo haber tomado conocimiento del acto el 20 de julio de 2025.

En cuanto al derecho, la recurrida opone, en primer lugar, la excepción de extemporaneidad, fundada en que el recurso fue interpuesto el 3 de septiembre de 2025, esto es, transcurridos más de 30 días corridos desde que la recurrente tomó conocimiento del rechazo, con fecha 20 de julio de 2025, en contravención al plazo fatal establecido en el numeral 1° del Acta 94-2015 de la Excelentísima Corte Suprema. En segundo lugar, opone falta de legitimación pasiva, argumentando que el fundamento del rechazo no emana de un acto propio de AFP Capital, sino de la normativa obligatoria dictada por la Superintendencia de Pensiones, específicamente del N° 6 del Libro II, Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que excluye expresamente del beneficio de la Ley N°18.156 al personal contratado por organismos públicos mediante decreto de nombramiento. Sostiene que, conforme al artículo 94 N° 3 del D.L. N °3500, la interpretación de la legislación previsional corresponde exclusivamente a dicho organismo, siendo obligatoria para las administradoras de fondos de pensiones, de modo que no le es posible ignorar ni modificar tales instrucciones sin incurrir en un acto ilegal. En tercer lugar, alega la improcedencia de la acción constitucional de protección como vía idónea para resolver la materia debatida, por exceder su finalidad cautelar, al tratarse en esencia de una controversia interpretativa de la norma previsional que debe ser conocida por la Superintendencia de Pensiones. En cuarto lugar, niega la existencia de ilegalidad o arbitrariedad, afirmando que el rechazo se fundó en el incumplimiento de los requisitos del artículo 1°, letras a) y b) de la Ley N° 18.156: la recurrente no expresó su voluntad de mantener afiliación previsional en el extranjero durante la vigencia de la relación laboral, y el documento de constancia de cotizaciones no acredita afiliación actual a un régimen de seguridad social extranjero, carece de firma, y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y a la normativa de la Superintendencia de Pensiones. Para sustentar esta posición, invoca jurisprudencia reciente de las Cortes de Apelaciones de Concepción, Valparaíso y La Serena.

TERCERO: Que la Superintendencia de Pensiones evacua el informe requerido por esta Corte.

En cuanto a los hechos, el organismo fiscalizador señala que la recurrente no registra ante dicha institución reclamo alguno respecto de los hechos que motivan esta acción cautelar, por lo que no existen antecedentes propios referidos a este recurso. No obstante, hace presente que la recurrente fue contratada como médico cirujano, Categoría A, con 44 horas semanales, en el CESFAM Granja Sur, administrado por la Municipalidad de La Granja, a partir del 11 de noviembre de 2018, bajo el régimen de la Ley N° 19.378, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley N° 20.250 – por la que todo funcionario que realice funciones de atención primaria de salud municipal debe regirse por la Ley N° 19.378 y no por el Código del Trabajo -, de 9 de febrero de 2008. Asimismo, informa que, para acreditar la cobertura previsional en el extranjero, la recurrente acompañó a su solicitud una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, documento que no se encuentra firmado por quien lo emite, ni apostillado o legalizado, que no indica las coberturas específicas con que cuenta la recurrente ni permite inferir un período determinado de cobertura, limitándose a señalar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

En cuanto al derecho, la Superintendencia de Pensiones sostiene que la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción, aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros con calidad de técnicos o profesionales que acrediten copulativamente los requisitos establecidos en su artículo 1°, por lo que debe ser interpretada de forma restrictiva. En primer lugar, afirma que la recurrente no se encuentra amparada por dicha ley, toda vez que, conforme al artículo 4° de la Ley N° 19.378, el personal que se desempeña en establecimientos municipales de atención primaria de salud tiene la calidad de funcionario público, y sus contratos no pueden asimilarse a contratos de trabajo regidos por el Código del Trabajo, criterio que fue recogido en el N° 6 del Libro II, Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en el Oficio N° 1610 de 2016 de esta Superintendencia.

En segundo lugar, señala que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" aportada por la recurrente no cumple con los requisitos exigidos por el N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, ni con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° de la Convención de La Haya sobre la Apostilla, toda vez que tanto Chile como Venezuela son Estados Parte de dicha Convención. Agrega que, conforme a su jurisprudencia administrativa uniforme, la cobertura en el extranjero debe acreditarse de manera específica, mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente debidamente legalizada, que consigne que el trabajador contó efectivamente con protección para los riesgos de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, siendo insuficiente un documento de carácter genérico. Añade que este criterio fue ratificado mediante Oficio N° 12.954, de 17 de julio de 2025, y se encuentra en armonía con la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema en autos Rol N° 17866-2025 y N° 25421-2025, así como con numerosos fallos de esta Corte, entre ellos los dictados en causas roles N° 602-2025, 945-2025, 1165-2025, 1242-2025, 1271-2025, 1268-2025 y 1536-2025.

En virtud de lo anterior, la Superintendencia de Pensiones solicita tener por cumplido lo ordenado, manifestando que no cuenta con antecedentes que permitan concluir que la recurrente cumple con las exigencias de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley - o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, a la luz de los antecedentes expuestos en los considerandos precedentes y del estándar jurídico enunciado en el considerando anterior, corresponde a esta Corte determinar si el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales por parte de AFP Capital constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere garantías constitucionales de la recurrente. Del examen de los antecedentes aportados en autos, esta Corte concluye que ello no es así, por las razones que se exponen a continuación.

En primer término, en lo que respecta a la calidad laboral de la recurrente, consta en autos que ésta se desempeñó como médico cirujano en el CESFAM Granja Sur, establecimiento de atención primaria de salud administrado por la Municipalidad de La Granja, a partir del 11 de noviembre de 2018, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley N° 20.250 – por la que todo funcionario que realice funciones de atención primaria de salud municipal debe regirse por la Ley N° 19.378 y no por el Código del Trabajo -. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.378, el personal de estos establecimientos reviste la calidad de funcionario público, encontrándose sujeto a un estatuto especial, y su vínculo con el empleador se materializa mediante decreto de nombramiento, el que no puede ser asimilado a un contrato de trabajo en los términos exigidos por el artículo 1° de la Ley N° 18.156. Así lo ha determinado la Superintendencia de Pensiones en ejercicio de sus facultades legales, cuya interpretación, de conformidad al artículo 94 N° 3 del D.L. N° 3500, tiene carácter obligatorio para las administradoras de fondos de pensiones. Por consiguiente, la recurrente se encuentra excluida del ámbito de aplicación de la Ley N° 18.156, conforme a lo previsto en el N° 6 del Libro II, Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

En segundo término, aun cuando se prescindiera de lo anterior, la recurrente tampoco ha acreditado el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156. En efecto, el documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones", emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, carece de firma de quien lo emite, no se encuentra apostillado ni legalizado en los términos exigidos por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y por la Convención de La Haya sobre la Apostilla, tratado del que tanto Chile como Venezuela son Estados Parte, y no consigna de manera específica que la recurrente haya contado efectivamente con cobertura para los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período en que prestó servicios en nuestro país. Del mismo modo, el documento presentado como "anexo de contrato" no reviste tal naturaleza, toda vez que fue emitido por la Municipalidad de La Granja con fecha 3 de diciembre de 2024, esto es, aproximadamente cinco años después del término de la relación laboral, sin que durante la vigencia de esta se hubiera manifestado la voluntad de mantener afiliación previsional en el extranjero, tal como lo exige la letra b) del artículo 1° de la citada ley.

En tercer término, el actuar de AFP Capital no puede calificarse de ilegal ni arbitrario, por cuanto la recurrida procedió en estricto cumplimiento de la normativa vigente y de las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones, organismo al que la ley confía en forma exclusiva la interpretación de la legislación previsional. Apartarse de dichas instrucciones, como pretende la recurrente, sería precisamente lo que configuraría un actuar contrario a derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N° Protección-19548-2025.