Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, diez de febrero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, quien interpone recurso de protección en beneficio de nombre reservado y nombre reservado, ambos de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, en razón la nula respuesta de dicho Servicio respecto a la solicitud de refugio de los recurrentes, y el envío de los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Explica, en síntesis, que los protegidos son una pareja de ciudadanos venezolanos que se vieron forzados a escapar de su país de origen e ingresar a Chile por paso no habilitado en el año 2020, ya que su seguridad ha sido amenazada por la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público.

Manifiesta que luego de recabar información respecto de cómo regularizar su situación, enviaron las correspondientes postulaciones para solicitar el reconocimiento de la calidad de refugiado, a través de carta certificada por correos de Chile el 29 de octubre de 2024 a la Oficina de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones.

No obstante lo anterior, sostiene que hasta la fecha no han sido contactados por la autoridad migratoria y no le ha sido otorgada la visa correspondiente que se encuentra contemplada en el artículo 32 inciso 1º de la Ley Nº 20.430.

Luego de citar la normativa que sustenta su recurso, solicita acoger la acción interpuesta en todas sus partes, declarando arbitraria e ilegal la omisión del recurrido, resolviendo que se concluya el procedimiento cuyo inicio ha sido solicitado por los recurrentes, dándole curso, y en consecuencia se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio, mientras se espera la evaluación por parte de una comisión calificada.

SEGUNDO: Que, informando el Servicio Nacional de Migraciones, a través de los abogados Antonio Beltrán y Marcelo Rivera, solicita el rechazo de la acción interpuesta, ya que, a su juicio, no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Señala respecto del protegido nombre reservado, que este registra como primera fecha de ingreso al territorio nacional el día 20 de diciembre de 2020, por medio de paso fronterizo no habilitado, eludiendo para ello los controles migratorios fronterizos, siendo puesta en conocimiento de la autoridad una denuncia grave por ingreso clandestino en contra del recurrente, a través del Parte Policial NUM000 de fecha 15 de marzo de 2021, emitido por la Policía de Investigaciones de Concepción.

Indica que el extranjero manifestó ante la autoridad migratoria, el 14 de abril de 2022, su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, solicitud que fue rechazada mediante Resolución Exenta NUM001 de 3 de julio de 2024, toda vez que se determinó por Ministerio del Interior y Seguridad Pública que los hechos expuestos por el solicitante no se enmarcan dentro de las causales de inclusión previstas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ni tampoco, con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 20.430 de 2010, pronunciamiento del cual el recurrente es plenamente consciente, dada la remisión de una carta certificada el 29 de octubre de 2024, mediante la cual solicitó que se regularizara su condición migratoria con base en la facultad de la Subsecretaría del Interior contemplada en el artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.

Al respecto señala que mediante Oficio Ordinario N° NUM002, de fecha 4 de agosto de 2025, ha remitido todos los antecedentes de dicha petición al órgano facultado por la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería para resolver este tipo de solicitudes, siendo aquel la Subsecretaría del Interior.

En cuanto a la situación de la protegida nombre reservado, sostiene que registra como primera fecha de ingreso al territorio nacional el día 20 de diciembre de 2020, por medio de paso fronterizo no habilitado, eludiendo para ello los controles migratorios fronterizos.

Adicionalmente señala que mediante Parte Policial NUM000 de fecha 15 de marzo de 2021, emitido por la Policía de Investigaciones de Concepción, se pone en conocimiento de la autoridad denuncia grave por ingreso clandestino en contra de la recurrente, manifestando la extranjera, el 14 de abril de 2022, su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada, lo que fue rechazado mediante Resolución Exenta NUM001 de fecha 3 de julio de 2024 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dispuso el rechazo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por la extranjera recurrente, toda vez que se determinó por dicha autoridad que los hechos expuestos por la solicitante no se enmarcan dentro de las causales de inclusión previstas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ni tampoco, con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N°20.430 de 2010, enfatizando en que la autoridad migratoria no ha dictado en contra de los recurrentes, sanción migratoria alguna.

Argumenta que su parte ya se ha pronunciado sobre las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de los recurrentes, por lo que a su juicio, no existe actualmente un acto u omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que la acción de protección carece de toda oportunidad y eficacia.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que como se colige del libelo en que se plasma la presente acción constitucional, en ella se denuncia como acto ilegal o arbitrario la supuesta demora del Servicio Nacional de Migraciones en la tramitación otorgada a la solicitud de refugio efectuada ante dicha entidad por los recurrentes;

QUINTO: Que según señala el numeral 3° del artículo 155 de la Ley 21.325: “Corresponderán a la Subsecretaría del Interior las siguientes funciones: 3. Ejercer las funciones que la ley Nº 20.430 y su reglamento le asigna en materia de refugio, previo informe del Servicio”

A su vez, el artículo 19 de la Ley 20.430 señala: “Acto Administrativo sobre condición de refugiado. El otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado será resuelto por el Ministerio del Interior, a través de Resolución del Subsecretario del Interior, exenta del trámite de toma de razón, teniendo en consideración los antecedentes y recomendaciones emanadas de la Comisión que se establece en el artículo siguiente”;

SEXTO: Que luego de lo dicho y atendido lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones aparece incuestionable concluir que la institución recurrida ha actuado con estricto apego a la normativa legal que regula la materia, no existiendo actuación ilegal o arbitraria de su parte que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos que los actores denuncian vulnerados, dado que en el caso de don nombre reservado, su requerimiento ya fue remitido al Subsecretario del Interior, quien de conformidad a lo previsto en el numeral 3° del artículo 155 de la Ley 21.325 y en el artículo 19 de la Ley 20.430, es la autoridad que debe, en definitiva, resolverla, y respecto de doña nombre reservado su solicitud fue rechazada por Resolución Exenta NUM001 de fecha 3 de julio de 2024, según se informa.

SÉPTIMO: Que en este orden de ideas, la Corte Suprema con fecha veinte de marzo del año dos mil veintitrés en los autos rol N° 115.064-2022, previa vista de la causa -forma de conocimiento que se adoptó por dicha Corte “dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares”-, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluye que la demora en una tramitación reglada en la Ley 21.325 no constituye vulneración de derechos fundamentales;

OCTAVO: Que luego de lo dicho, es menester concluir que no existiendo actuación ilegal o arbitraria de parte de la recurrida, ni tampoco de parte de la Subsecretaría del Interior que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos que los actores denuncian vulnerados, deberá necesariamente desestimarse la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado y nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Protección Rol N° 19.544-2025.-