nombre reservado con SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

C.A. de Santiago Santiago, quince de noviembre de dos mil veintidós.

Proveyendo a los folios N°28, N°29, N°30 y N°31, a todo, téngase presente y a sus antecedentes.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que comparecieron Rodrigo Fernando Flores Osorio y Emanuel Isaías Cuadra Suárez, abogados, e interpusieron recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, representada legalmente por su Subsecretario Miguel Ernesto Crispi Serrano, por haber dictado la resolución exenta RA N°386/80/2022 de 31 de marzo de 2022 que puso término anticipado al contrato de honorarios de su representado.

Expone que el protegido ingresó a prestar servicios para la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo el 16 de abril de 2018, en el cargo de “apoyo técnico para el seguimiento y análisis de los distintos planes de la subsecretaria”, desarrollando funciones asimilables a los demás funcionarios de planta o contrata, puesto que no estaba contratado para un cometido específico.

Afirman que las funciones fueron cumplidas en las propias dependencias del recurrido, con directrices por parte de sus superiores y con una jornada de “trabajo” de 44 horas semanales con turnos determinados, cumpliendo estrictamente el horario laboral. Es decir, lo que en realidad realizó el recurrido a través de la firma de un contrato de honorarios fue encubrir al menos un vínculo de subordinación y dependencia, que podría decantar perfectamente en una relación a contrata o dependiendo de otros factores, en una relación laboral.

Que las funciones que ha realizado durante sus 5 contratos continuos, son propias del trabajo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y administrativo, pertenecen a su rango esencial, y se realizaban antes de la contratación y continuarán una vez concluida ésta, lo que manifiestamente se contrapone al concepto de transitoriedad.

Agrega que desde que asumió el nuevo gobierno su representado fue víctima de actos vulneratorios existiendo un “bloqueo de labores”, en cuanto jamás recibió una instrucción, citación a reunión o comunicación por parte de las nuevas autoridades y que días antes de la notificación del término anticipado de su contrata, fue citado a una reunión con 3 cargos de jefatura, quienes de manera hostigante le solicitaron su renuncia voluntaria, lo que nuestro mandante no aceptó en vista de su contrato vigente al menos hasta el 31 de diciembre del presente año.

En cuanto al acto recurrido, arguye que la argumentación utilizada en el referido acto, es manifiestamente escueta, vaga e imprecisa, más aún cuando se pretende poner término a un cargo técnico que no responde a labores políticas de confianza.

Sostiene que conforme la naturaleza de las labores éstas no son propias de un contrato de honorarios y que posee la entidad de una carrera funcionaria o al menos una contrata – regida por el artículo 10 de la misma disposición legal – teniendo derecho a la confianza legítima y principios propios del derecho administrativo y que la decisión de la autoridad de poner fin anticipado al contrato de honorarios es absolutamente ilegal, atentando contra del Estatuto Administrativo, siendo aplicable el dictamen N°173171 del año 2022, el que establece que deberán quedar sometidos al régimen jurídico previsto por el legislador para los funcionarios que no sean de planta, es decir, a contrata o a la figura análoga a ella que se contemple en el pertinente estatuto.

Arguye que el acto infringe el deber de fundamentación de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la ley 19.880, siendo, por tanto, arbitrario, afectando además el principio de confianza legítima que lo ampara, toda vez que ha sido objeto de 4 renovaciones anuales, sucesivas, continuas, ininterrumpidas, que inician en el año 2018 y que se extienden hasta el 31 de diciembre del año 2022, sin perjuicio de las renovaciones de menor plazo.

En este sentido, el acto recurrido vulnera su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, por cuanto ha causado afectación en el plano económico, psicológico y profesional, vetándolo de ejercer el puesto para el que se ha preparado durante su excelente carrera funcionaria.

Asimismo, su derecho constitucional de igualdad ante la ley, toda vez que la decisión de la autoridad se debe en gran parte a la calidad de militante del recurrente del partido político Renovación Nacional y su elección como concejal de la comuna de La Florida.

Finalmente, se afecta el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, puesto que existe un plazo restante de ejercicio del cargo y el recurrido vulnera su propiedad sobre éste poniendo fin anticipado al contrato de honorarios.

Conforme lo expuesto, pide se adopten las medidas necesarias para asegurar el imperio del derecho y se deje sin efecto la resolución exenta RA N°386/80/2022 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo de fecha 31 de marzo de 2022 y toda aquella destinada a poner término anticipado al contrato de honorarios del recurrente, con costas en caso de oposición.

SEGUNDO: Que, informando, compareció Miguel Ernesto Crispi Serrano, en representación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, quien expuso que el recurrente se desempeñó a contar del 16 de abril del año 2018 bajo la modalidad de honorarios como asesor, donde brindo apoyo técnico para el seguimiento y análisis de cumplimiento de planes especiales que desarrolla la Subsecretaría en la Coordinación del Departamento de Inversión Local de esta Subsecretaría.

Posteriormente, prestó servicios de asesorías técnicas en el Departamento de Fortalecimiento y Gestión Regional de la Subsecretaría.

En concreto, comenzó a prestar servicios bajo la modalidad de contrato de honorarios a suma alzada, para prestar funciones específicas en su calidad de geógrafo y que dichos servicios se prestaban en virtud de sucesivos convenios a honorarios aprobados por sus respectivos decretos, los que dicen relación con cometidos específicos, los cuales se encontraban todos determinados de forma taxativa.

Hace presente que el último convenio de honorarios a suma alzada con el recurrente fue aprobado por Decreto Exento RA N° 386/60/2022, y fue suscrito por las partes con fecha 27 de diciembre del año 2021, el que tendría una vigencia desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, y en cual se establecía en su cláusula DÉCIMO TERCERA, que “Sin perjuicio de la vigencia del presente convenio, la SUBDERE se reserva la facultad de ponerle término anticipado y sin expresión de causa. En esta eventualidad o en el caso de renuncia voluntaria anticipada, se rebajará y pagará el honorario a suma alzada proporcional al tiempo efectivamente trabajado”.

Que, aunque existen elementos coincidentes con aquella forma de contratación que se establece en el Estatuto Administrativo u otras disposiciones, como es el caso del Código del Trabajo, malamente ésta podría considerarse como tal, puesto que dicha forma de contratación es ilegal para la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, en cuanto carece de atribuciones para realizar contrataciones bajo las normas del Código del Trabajo.

Que, finalmente, el Decreto Exento RA N° 386/60/2022 que aprobó el convenio a honorarios a suma alzada suscrito por las partes con fecha 27 de diciembre del año 2021 en su considerando 5°, determina expresamente: “Que, el convenio que se aprueba, no otorga a la persona contratada, la calidad de funcionario público”.

Por otro lado, en el mismo convenio se señala que los honorarios serían pagados contra la presentación de un informe mensual de las actividades realizadas en el marco de su cumplimiento, lo que deja de manifiesto que sus labores eran específicas, las que debía justificar mediante el citado informe que debía ser aprobado por el Jefe de División de Desarrollo Regional, funcionario encargado de supervisar su desempeño, según señala su cláusula tercera. De lo que se colige que las tareas desarrolladas por el recurrente siempre se circunscribieron a lo estipulado en los distintos convenios a honorarios, no realizándose funciones diversas a las establecidas en los respectivos convenios.

En cuanto al fondo, expone que lo que se pretende con la acción de protección, excede y rebasa con creces las materias que naturalmente deben ser conocidas por este remedio judicial, básicamente, atendida su naturaleza cautelar, toda vez que esta no es una instancia donde pueda ser discutido y probado las alegaciones pertinentes de fondo en lo relativo a la calidad jurídica alegada por el recurrente de autos.

En este contexto, la decisión respecto del término anticipado al convenio de honorarios a suma alzada del recurrente, ha correspondido a la Ministra del Interior y Seguridad Pública a solicitud del Subsecretario, quien actuó en su calidad de Jefe Superior del Servicio. Por lo tanto, dicha autoridad tiene plenas facultades legales para resolver acerca de los términos anticipados y de las renovaciones de personas contratadas a honorarios, con desempeño en la Subsecretaría.

Refiere que el término anticipado del convenio de honorarios a suma alzada, se produjo a consecuencia de una necesaria reorganización de la Subsecretaría, por la cual se establecieron nuevos lineamientos por parte de la actual administración, debiendo considerar que la Subsecretaría se reserva la facultad de ponerle término anticipado y sin expresión de causa, por lo cual permite desde ya rechazar las hipótesis de eventuales conductas ilegales y arbitrarias por parte de la recurrida.

En el mismo sentido, arguye que el recurrente no goza de confianza legítima al no tener la calidad jurídica de contrata y que el citado Dictamen N°173171, impartió instrucciones respecto de las contrataciones a honorarios en los órganos de la Administración del Estado, dictamen que en lo absoluto resulta aplicable en los términos y alcances que pretende el recurrente, dado que solo dispone que esta eventual “confianza legítima” invocada por el recurrente, solo se reconoce para los efectos del traspaso a la contrata y no como una protección frente a los términos anticipados o no renovaciones de los contratos a honorarios.

En consecuencia, la autoridad tuvo razones suficientes para poner término anticipado al convenio a honorarios a suma alzada del recurrente, por lo que no se verifica la ilegalidad o arbitrariedad impugnada, y con ello, vulneración de las garantías fundamentales expuestas en el recurso, por lo que pide el rechazo en todas sus partes, con costas, de la acción cautelar deducida.

TERCERO: Que, ahora bien, en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

CUARTO: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que, a la luz de lo expuesto precedentemente, cabe reflexionar que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre, por cierto, indubitada;

SEXTO: Que en este caso, la recurrente fue desvinculada de las funciones que desarrollaba en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo por medio de resolución RA 386/80/2022 de 31 de marzo de 2022, que puso término anticipado a su contrato de honorarios y, a través de esta vía, pretende que se declare que en atención a sus sucesivas contrataciones anuales a honorarios su situación debiera asimilarse a la de un funcionario a contrata, lo que le permitiría ampararse en el principio de la confianza legítima, para en razón de ella impugnar la desvinculación antes mencionada;

SÉPTIMO: Que, revisados los antecedentes, en lo pertinente, es claro que la recurrente yerra en la ilegalidad y/o arbitrariedad que pretende.

En primer término, resulta relevante señalar que la recurrente fue contratada EN ABRIL DE 2018 bajo la modalidad de honorarios a suma alzada, asunto del todo pertinente para revisar el fondo de la cuestión alegada en el recurso.

El régimen jurídico que rige la relación que existió entre la recurrente y la recurrida se encuentra regulado en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, siendo a este respecto el Derecho Civil el supletorio para todo aquello no expresamente señalado al tenor de lo regulado en el Párrafo 9 del Título XXVI del libro IV de dicho cuerpo normativo. De lo anterior, es claro que la discusión excede la competencia de esta Corte para conocer y resolver la cuestión, por cuanto se trata de un asunto de lato conocimiento que debe ser sometido ante la jurisdicción que corresponda, al tratarse de un contrato civil en el cual las contraprestaciones se rigen por el principio de los contratos bilaterales.

OCTAVO: Que, por su parte, no cabe atribuir a un contrato de honorarios -regido íntegramente por las normas y principios del derecho civil por aplicación de la normativa indicada en el considerando precedente- las características de una contrata, regida por las normas y principios del Estatuto Administrativo, respecto de las cuales, como se ha señalado, procede aplicar el principio de la confianza legítima.

Lo anterior ha sido confirmado por nutrida jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, por cuanto, de conformidad con lo razonado en el dictamen E156769/2021, en cuanto el principio de confianza legítima sólo es procedente respecto de sucesivas designaciones a contrata, por lo que aquellas solo aplican para ese tipo de vinculaciones -o contrataciones similares, aun cuando no tengan la misma denominación- y no para los contratos a honorarios.

Sobre esto y sólo a mayor abundamiento, cabe destacar que el propio contrato de honorarios suscrito por la recurrente establece claramente en su cláusula Décimo Tercera que “sin perjuicio de la vigencia del convenio, la SUBDERE se reserva la facultad de ponerle término anticipado y sin expresión de causa”.

Así las cosas, estando en presencia de un contrato que se rige por las normas del Código Civil, sujetó en consecuencia al principio de la autonomía de la voluntad -principio rector del derecho privado-, habiendo justificado la recurrida la decisión impugnada en el hecho que la resolución se funda en el ejercicio de una facultad privativa de la institución, no es dable considerar que lo decidido por la recurrida, cual fue poner término anticipado al contrato a honorarios, constituya un acto ilegal o arbitrario que conculque alguna de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política del Estado protegidas por el recurso de protección;

NOVENO: Que, en estas circunstancias, no procede sino desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y en contra de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N°19544-2022.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por la Ministros señora Inelie Duran Madina, señora Maria Paula Merino Verdugo y la Ministro (S) señora Erika Andrea Villegas Pavlich.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, quince de noviembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.