nombre reservado con CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LOS ANDES

C. A. Santiago.

Santiago, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

A Folio N° 177157: téngase presente.

Al escrito Folio N° 177958: habiéndose agotado el ejercicio del derecho por la parte, y no habiéndose acreditado el pago del impuesto respectivo de conformidad a la ley, no ha lugar.

VISTOS:

Con fecha 16 de marzo de 2018, recurre de protección don Franco Díaz Guerra, abogado, en representación de don nombre reservado cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES (CCAF LOS ANDES), representada por don nombre reservado, y domiciliada en domicilio reservado, por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en el descuento indebido de un crédito social originado en dos pagarés que se encuentran prescritos.

Expone que opuso la excepción de prescripción en los dos juicios ejecutivos que se siguen en su contra ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, rol N° C-13.983-2011 y C-6123-2013, los que se encontraban archivados al no haberlo podido notificar.

Indica que la encargada de Recursos Humanos de la empresa a la que ingresó a trabajar a principios de este año, le comunicó que la recurrida Caja de Compensación Los Andes, a la que está afiliada dicha empresa, ordenó que se realizara un descuento a sus remuneraciones, por concepto de deuda en un préstamo social, descuento que ascendió a casi el 50% de sus remuneraciones, haciéndole presente que debía repactar sus deudas por cuanto la Caja estaba amenazando con suspender beneficios a la empresa.

Añade que la acción de la recurrida de solicitar al empleador del recurrente la retención y pago de parte de sus remuneraciones para pagar las cuotas del crédito social, que la misma Caja ya dio por vencidas y por las cuales existen dos procesos judiciales, es un acto arbitrario e ilegal que priva, perturba y amenaza su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones actuales y futuras, derecho de propiedad que se encuentra garantizado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República.

Acompaña copia simple de dos correos electrónicos al recurrente por la encargada de recursos humanos de la empresa donde trabaja, que dan cuenta del descuento de la Caja Los Andes; copia simple de la demanda de la Caja Los Andes interpuesta en la causa rol C- 13983-2011 del 5to Juzgado Civil de Santiago; copia simple del escrito donde el recurrente se notifica y opone excepción de prescripción en la causa rol C-13983-2011 del 5to Juzgado Civil de Santiago; copia simple del escrito donde el recurrente se notifica y opone excepción de prescripción en la causa rol C-6123-2013 5to Juzgado Civil de Santiago; copia de mail en que se le solicita repactar la deuda; Ord. N° 0915/016 de la Dirección del Trabajo referido a los descuentos de cuotas atrasadas, que señala que no procede conforme a derecho exigir el descuento de cuotas acumuladas adeudadas por crédito social en favor de una CCAF conjuntamente con la cuota del respectivo mes, sino al final de la deuda, y que en todo caso, los porcentajes máximos de descuento son los que corresponda según los montos de las remuneraciones indicados.

Finalmente, solicita que se acoja el presente recurso de protección, ordenando se suspenda cualquier solicitud de retención de remuneraciones de la recurrida al empleador del recurrente por causa de estos préstamos sociales; se notifique por la vía más rápida posible al empleador para que cese las retenciones ordenadas por la Caja de Compensación; y se condene en costas a la recurrida.

Con fecha 29 de marzo de 2018, la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, evacua el informe solicitado, señalando que, dicha Caja de Compensación, con fecha 20 de febrero de 2009, otorgó al recurrente la operación de crédito código RUT reservado, con un capital inicial de $11.226.740, pagadero en un plazo de 60 cuotas por la suma de $ 322.159, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de Marzo 2009. Ante la falta de pago por parte del Sr. nombre reservado, con fecha 14 de junio de 2011, Caja Los Andes dedujo acción ejecutiva en contra del recurrente, ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, causa ROL C-13983-2011.

A fin de regularizar su situación, con fecha 20 de abril de 2012, y producto de la morosidad que registraba, el Señor nombre reservado efectuó una repactación de la deuda por la suma $12.551.251, cuyo primer vencimiento fue el 31 de mayo de 2012. Nuevamente, ante la falta de pago íntegro de las cuotas por parte del Sr. nombre reservado, Caja Los Andes se vio obligado a deducir una nueva acción ejecutiva, en el mes de mayo de 2013, recayendo en el 5° Juzgado Civil de Santiago, causa RIT C-6123-2013, la cual no siguió su tramitación ante la imposibilidad de notificar al deudor.

La referida deuda, al 21 de marzo de 2018, asciende a la suma de $26.839.405, cuyo monto incluye las cuotas morosas de los meses de marzo 2013 a abril 2017, cuotas N° 11 a la 60 de 60 por $16.345.841, intereses penales $9.512.823 y gasto de cobranza por $980.741, y no incluye gastos de abogados ni gastos procesales En cuanto al fondo, sostiene que los artículos 58 del Código del Trabajo, 22 de la Ley N° 17.322 y 22 de la Ley N° 18.833, consagran la facultad de las Cajas de Compensación para informar a la entidad empleadora afiliada a la misma la existencia de créditos impagos, a fin de que estas procedan a retener y remesar los fondos respectivos a la Caja informante, tratándose de un mandato irrenunciable para la recurrida y cuya aplicación es fiscalizada por la Superintendencia de Seguridad Social y la Contraloría General de la República.

Expone que, por consiguiente, mediante el procedimiento de descuentos la Caja ha ejercido los derechos que la propia ley y los acuerdos establecen, los que no son más que cumplir con su obligación legal de cautelar el fondo social de la Caja acreedora, siendo irrenunciable esta obligación para la recurrida.

Sin perjuicio de lo expuesto, la recurrida sostiene que la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones que señala el recurrente, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior agrega el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos y no basta que la recurrente manifieste la antigüedad de las obligaciones emanadas del crédito social para que éstas se encuentren prescritas, debido a que la prescripción además de ser alegada por una de las partes, y debe ser declarada judicialmente mediante una sentencia, situación que no ocurre en el caso del recurrente.

Finalmente, señala que el recurso de protección debe ser rechazado por no existir la afectación de la garantía constitucional denunciada, ya que es la recurrente quien contrajo una obligación con su representada, la que produjo una serie de efectos y consecuencias jurídicas bajo el amparo del sistema normativo, por lo que su actuar no es ilegal y se enmarca dentro de las facultades que las normas legales vigentes le confieren con el objeto de cobrar un crédito válidamente otorgado, vigente y actualmente exigible, el cual fue repactado por el recurrente en abril de 2012 y cuya última cuota venció recién en el mes de abril de 2017, de modo que los descuentos efectuados para el pago del mismo, se han producido con total apego a lo establecido en el mentado artículo 22 de la Ley que regula las Cajas de Compensación.

Se trajeron los autos en relación con fecha 4 de abril último.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que para que proceda el recurso de protección se requiere que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el artículo 20 del texto constitucional;

SEGUNDO: Que del examen de la acción de protección deducida, según se adelantó, aparece que la parte recurrente ataca la actuación de la Caja de Compensación Los Andes por la cual solicitó a la actual empleadora de la actora que descontara de sus remuneraciones mensuales las cuotas de créditos sociales otorgados por la referida Caja de Compensación, los que señala se encontrarían prescritos, cuestión que alegó ante el tribunal que conoce de los juicios ejecutivos iniciados por la recurrida;

TERCERO: Que conforme las argumentaciones expresadas en el motivo que precede, corresponde anotar que los postulados de la parte impugnante obligarían a esta Corte resolver sobre el fondo del asunto, declarando que el descuento que se dispuso se hiciera en sus remuneraciones es improcedente, situación ésta que importaría un juicio valorativo y declarativo con aplicación de las normas legales atingentes. Lo anterior, queda al margen de este acción constitucional de naturaleza cautelar, que sólo tiene por finalidad determinar si un derecho inobjetable, que sea a la vez constitutivo de una garantía constitucional de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, según quedó consignado en el razonamiento primero de este fallo. A la conclusión precedente se arriba, máxime si se tiene en cuenta que, tanto en el libelo de protección como en el informe de la recurrida, se reconoce que las partes se encuentran en la actualidad vinculadas judicialmente por haberse deducido las acciones ejecutivas correspondientes, y en las que se alegó la prescripción de las obligaciones cuyo cobro se persigue, y, por consiguiente, pendientes de ser resueltas por la vía y el órgano que corresponde, esto es, el Quinto Juzgado Civil de Santiago;

CUARTO: Que, de lo hasta aquí reflexionado no puede sino concluirse que en el caso sub lite no se ha establecido que el recurrente posea un derecho indubitado que lo habilite para reclamar por el presente medio, pues, como se ha dicho, se requiere de una declaración previa de derechos que no procede hacer en este procedimiento, circunstancia ésta que lleva a concluir que no se dan los presupuestos que permitan acoger la presente acción de protección.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en representación de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 19.544-2018 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mauricio Silva Cancino, conformada por la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero y el Abogado Integrante señor Oscar Torres Zagal.