nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de enero de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales, efectuada bajo el amparo de la Ley N°18.156. Sostiene que dicha decisión vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente es técnico profesional y que solicitó a la recurrida la devolución de sus fondos, identificada dicha solicitud con el N°1282898. Afirma que cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, a saber: poseer título técnico y estar afiliada a un sistema de seguridad social en su país de origen (Venezuela). Para acreditar esto último, acompañó una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Relata que, con fecha 5 de agosto de 2025, fue notificada del rechazo de su solicitud, fundado en la existencia de supuestas duplicidades en timbres de legalización y, en el fondo, por no cumplir con las formalidades exigidas para los documentos extranjeros. La actora argumenta que el certificado electrónico cuenta con un código de verificación "QR" o alfanumérico que permite comprobar su autenticidad en la página web del IVSS, por lo que la exigencia de legalización o apostilla adicional constituye un formalismo excesivo, más aun considerando la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que torna imposible la obtención de documentos consulares actualizados. Estima que la negativa de la AFP desconoce la validez de la documentación digital verificable y solicita que se ordene acoger la solicitud de devolución.

SEGUNDO: Que, evacuando su informe, comparece don Daniel Santoni, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo de la acción constitucional.

En primer término, alega la improcedencia del recurso de protección para resolver materias de lato conocimiento, argumentando que la discusión sobre la validez probatoria de documentos extranjeros y la interpretación de normas previsionales excede el ámbito cautelar de esta acción. En cuanto al fondo, niega la existencia de un acto ilegal o arbitrario. Sostiene que el rechazo se ajusta estrictamente a derecho, toda vez que la Ley N°18.156 exige acreditar la afiliación a un régimen extranjero mediante documentación idónea.

Señala que, conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones (Oficio Ordinario N°12.954 de 2025) y lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, los documentos emitidos en el extranjero deben estar debidamente legalizados o apostillados para surtir efectos en Chile. Indica que la "Constancia Electrónica" presentada por la actora carece de estas formalidades esenciales y que la mera posibilidad de verificación web no suple los requisitos legales de autenticidad para instrumentos públicos extranjeros. Concluye que la AFP, como entidad fiscalizada, no tiene facultades para eximir el cumplimiento de dichas solemnidades, por lo que su actuar se limita a la observancia del principio de legalidad y las normas del Compendio de la Superintendencia.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que la controversia jurídica se centra en determinar si la decisión de AFP Provida S.A. de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales de la actora, fundada en que la documentación acompañada (Certificado del IVSS) no cumple con las formalidades de legalización o apostilla, constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere derechos constitucionales.

QUINTO: Que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción que permite a los técnicos extranjeros la devolución de sus fondos previsionales, siempre que cumplan copulativamente con los requisitos de su artículo 1°: a) acreditar la calidad de técnico; b) acreditar la afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que cubra, a lo menos, las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y c) expresar en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación.

Por su parte, el artículo 7° de la misma ley condiciona la devolución de los fondos al cumplimiento de los requisitos del artículo 1°. La carga de probar el cumplimiento de estas exigencias recae en el solicitante.

SEXTO: Que, en lo que respecta a la acreditación de la afiliación a un sistema de seguridad social extranjero, rigen en nuestro ordenamiento jurídico las normas generales sobre la validez de los documentos otorgados fuera del territorio nacional. Al efecto, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y la Convención de La Haya sobre la Apostilla establecen las formalidades necesarias para que un instrumento público extranjero tenga valor probatorio en Chile.

En la especie, la recurrente acompañó una impresión de una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Sin embargo, no se discute que dicho documento carece de la debida apostilla o legalización consular vigente exigida por la normativa chilena para documentos públicos extranjeros.

SÉPTIMO: Que la Superintendencia de Pensiones, órgano encargado de fiscalizar y regular a las Administradoras de Fondos de Pensiones, ha instruido expresamente a través de su Compendio de Normas y diversos oficios (como el N°12.954 citado en el informe), que para acreditar el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, los certificados deben estar debidamente legalizados o apostillados. La autoridad administrativa ha sostenido que las certificaciones electrónicas simples, sin las cadenas de legalización correspondientes, no son suficientes para dar por cumplido el requisito legal, dada la naturaleza de orden público de las normas previsionales y la necesidad de certeza jurídica sobre la cobertura de seguridad social.

OCTAVO: Que, en consecuencia, al analizar el acto impugnado, se advierte que la recurrida AFP Provida S.A. se ha limitado a dar aplicación estricta a la normativa legal vigente y a las instrucciones impartidas por el organismo regulador.

No existe ilegalidad, puesto que la exigencia de legalización o apostilla emana de las normas procesales y administrativas que rigen la validez de instrumentos extranjeros en Chile. Tampoco se observa arbitrariedad, toda vez que la decisión no obedece a un capricho, sino al cumplimiento de un deber de fiscalización del cumplimiento de los requisitos para una devolución excepcional de fondos que, por regla general, tienen un fin previsional obligatorio. La circunstancia de facto relativa a la dificultad de obtener documentos consulares debido a la situación diplomática, si bien es un hecho notorio, no faculta a la entidad administradora para prescindir de las formalidades legales de prueba establecidas por el legislador, ni convierte su apego a la ley en un acto caprichoso. El recurso de protección no es la vía idónea para eximir del cumplimiento de solemnidades probatorias legales, por muy atendibles que sean las razones fácticas esgrimidas.

NOVENO: Que, acorde a lo expuesto, necesariamente se debe concluir que los fundamentos y las exigencias que fundan la negativa de la AFP, encuentran sustento en la ley y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria. Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, dado que la exigencia de legalización o apostilla es una norma general aplicable a todo documento extranjero, sin distinción de nacionalidad, lo que descarta cualquier ilegalidad o arbitrariedad por parte de la recurrida, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Así entonces, en tales condiciones, la acción de protección interpuesta debe ser necesariamente declarada sin lugar.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y tal como lo ha resuelto la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de esta Corte de Apelaciones, el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitar la devolución, pues el rechazo constituye un acto administrativo subsanable, existiendo la posibilidad futura de presentar nuevamente los documentos requeridos conforme a las exigencias legales y administrativas vigentes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-19540-2025.