nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diez de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., por estimar ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, comunicado por correo electrónico con fecha 5 de agosto de 2025, respecto de la solicitud Nro. 1278353, formulada al amparo del artículo 7 de la Ley N° 18.156.

Expone que se desempeña como ingeniero en software para la empresa Accenture Chile, Asesorías y Servicios Limitada, en virtud de contrato de trabajo de 24 de julio de 2023, bajo modalidad de teletrabajo; que se encuentra afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sistema que le otorgaría cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y que en su contrato consta expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación. Señala que acompañó a su solicitud contrato de trabajo y anexos, título profesional apostillado y constancia de afiliación con cotizaciones ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la que afirma se encontraba debidamente legalizada y contaba además con código de verificación electrónica.

Refiere que la razón del rechazo fue que la recurrida habría detectado duplicidad en el timbre del Oficial de Legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile estampado en el documento de afiliación, objeción que estima errónea, pues –según sostiene– tal era la forma en que esos documentos eran regularmente legalizados cuando la Embajada de Venezuela en Chile se encontraba operativa. Añade que actualmente no le sería posible obtener nueva legalización consular, atendido el quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que configuraría un caso fortuito que impediría exigirle nuevas formalidades. En esas condiciones, estima que la recurrida ha efectuado una interpretación formalista y restrictiva de la Ley N° 18.156, imponiéndole exigencias no previstas por el legislador y vulnerando con ello las garantías del artículo 19 Nros. 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene reconocer validez a la documentación acompañada y emitir nuevo pronunciamiento sobre su solicitud.

Segundo: Que informa AFP ProVida S.A., representada por el abogado Daniel Santoni Garrido, solicitando el rechazo íntegro del recurso.

En primer término, alega la improcedencia de la vía cautelar, por estimar que no existe un derecho indubitado y que la materia requiere un debate de lato conocimiento, incompatible con la naturaleza del recurso de protección.

En cuanto al fondo, reconoce haber rechazado la solicitud de devolución de fondos del recurrente con fecha 5 de agosto de 2025, sosteniendo que ello se ajustó a la normativa vigente. Indica que la Ley N° 18.156 contempla una hipótesis excepcional y que, para que proceda la devolución de fondos, el trabajador extranjero debe acreditar copulativamente su calidad de técnico, la afiliación a un sistema previsional extranjero que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y la manifestación expresa de voluntad de mantener dicha afiliación en el respectivo contrato de trabajo.

Añade que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no se encuentren legalizadas o apostilladas por autoridad competente, y que además no indiquen con precisión las coberturas del afiliado ni permitan inferir un período determinado de cobertura, no resultan idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 1 letra a) de la Ley N° 18.156. Sostiene, asimismo, que desde la entrada en vigor en Chile del Convenio de la Apostilla, y siendo Venezuela Estado Parte, corresponde que esa documentación venga apostillada por la autoridad competente venezolana. Finalmente, invoca instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y jurisprudencia judicial que, en su concepto, respaldan la legalidad de las exigencias formuladas, concluyendo que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos preexistentes frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que importen privación, perturbación o amenaza en su ejercicio, mediante la adopción de medidas urgentes para restablecer el imperio del derecho. De ello se sigue que su procedencia exige la concurrencia de un acto u omisión contrario a derecho o desprovisto de razonabilidad, que afecte de manera actual o inminente alguna de las garantías protegidas por esta vía, y que, además, recaiga sobre una situación susceptible de tutela inmediata, mas no sobre materias controvertidas que requieran un debate propio de un procedimiento de lato conocimiento.

Cuarto: Que la Ley N° 18.156 establece una regulación excepcional respecto de trabajadores técnicos extranjeros, permitiéndoles eximirse del cumplimiento de las leyes previsionales chilenas y, en su caso, solicitar la devolución de los fondos enterados en una Administradora de Fondos de Pensiones, siempre que acrediten los requisitos copulativos previstos en su artículo 1, esto es, encontrarse afiliados a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber expresado en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. El artículo 7 del mismo cuerpo legal supedita la devolución de fondos al cumplimiento de tales exigencias.

Quinto: Que, en la especie, la controversia no versa sobre una negativa carente de fundamento aparente, sino sobre la suficiencia e idoneidad jurídica de la documentación acompañada por el actor para acreditar los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, particularmente en lo relativo al valor probatorio en Chile del certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y a su aptitud para demostrar las coberturas exigidas por la ley. En ese contexto, la recurrida ha sostenido que su decisión se funda en la normativa aplicable y en las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, mientras que el recurrente afirma que la objeción formulada a la legalización del documento carece de justificación y responde a una interpretación excesivamente formalista. Tal discrepancia revela la existencia de una materia controvertida que excede el ámbito propio de esta acción cautelar, desde que su resolución requiere determinar el alcance y suficiencia de antecedentes documentales cuya valoración no puede ser efectuada en esta sede sumaria, no siendo posible, por ende, concluir que el actuar de la recurrida importe de manera manifiesta un acto ilegal o arbitrario en los términos que habilitan la tutela invocada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-19539-2025.