nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, trece de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, actuando a favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero de la recurrente, mediante un acto notificado el 05 de agosto de 2025, actuación que considera ilegal y arbitraria, por fundarse en una supuesta duplicidad de timbres en el certificado de afiliación, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2, el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 y la garantía del debido proceso del artículo 19 N° 3, los que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

Señala que solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida la devolución de sus fondos previsionales, amparándose en la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros. Sin embargo, su solicitud, identificada con el N° 1270643, fue rechazada por correo electrónico el 05 de agosto de 2025, aduciendo la existencia de una duplicidad en el timbre del Oficial de Legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile estampado en su título o certificado de afiliación, el cual habría sido aportado por diferentes afiliados. Ante esto, argumenta que cumple íntegramente con los requisitos de la Ley N° 18.156, específicamente sus artículos N° 1 y N° 7, a saber: estar afiliada a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo. Destaca que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), previamente legalizada ante el Consulado de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, es verificable electrónicamente a través de los enlaces http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss (mediante un código alfanumérico como el N° 120001664-2025809) o http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/ (mediante el número de cédula de identidad venezolana N° RUT reservado). A su vez, manifiesta que otras Administradoras de Fondos de Pensiones, como AFP Cuprum, han aceptado solicitudes similares verificando la validez de la constancia electrónica por los mismos medios.

Así las cosas, sostiene que la interpretación de la recurrida es excesivamente formalista y desatiende la finalidad del legislador, que es permitir la disposición de los ahorros previsionales a los técnicos extranjeros que cumplen con los requisitos de la Ley N° 18.156, sin incorporar exigencias adicionales no contempladas en la normativa. Argumenta que la objeción sobre la duplicidad del timbre carece de un procedimiento científico o ejercicio lógico que la sustente, siendo irrazonable exigir timbres diferentes de una misma autoridad pública. Asimismo, señala que la recurrida dispone de distintos medios electrónicos para verificar la autenticidad de la constancia de afiliación, pero omitió tal verificación, y que la emisión de timbres especiales para cada extranjero es irrisoria.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., al evacuar el informe solicitado, solicita el rechazo en todas sus partes de la presente acción, con expresa condenación en costas. Como fundamento principal, arguye que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, ya que no permite solicitar declaraciones de derechos ni discutir la constitucionalidad de normativas en sede cautelar y de emergencia, siendo que en estos autos no existe un derecho indubitado, sino controvertido. En subsidio, expone que su actuar no ha sido arbitrario ni ilegal, sino que ha dado estricto cumplimiento a la ley y a la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

En cuanto a los hechos, explica que Provida S.A. rechazó la solicitud de devolución de fondos de doña nombre reservado, en su calidad de técnico extranjero conforme a la Ley N° 18.156, con fecha 05 de agosto de 2025, debido a que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencida, según las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Precisa que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Constancias Electrónica de Cotizaciones) que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana, y sin que señalen las coberturas o un determinado período de cobertura, no sirven para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156. Subraya que, a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y siendo Venezuela Estado Parte, dicha certificación debía venir apostillada. Añade que, antes del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, la Constancia de Afiliación al IVSS, emitida por la delegación consular era útil, pero tras el cierre, no es factible obtenerlas, salvo las que quedaron pendientes y fueron remitidas al Ministerio de Relaciones Exteriores. Reitera que las certificaciones electrónicas sin firma del emisor o sin apostilla/legalización no son válidas como medio de prueba.

En el ámbito del derecho, alude al Decreto Ley N° 3.500 de 1980, que establece que la afiliación es la relación jurídica que origina derechos y obligaciones, en especial el derecho a prestaciones y la obligación de cotizar. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tienen como objeto exclusivo administrar Fondos de Pensiones y otorgar las prestaciones y beneficios que establece esta ley, estando impedidas de ofrecer u otorgar otras pensiones, prestaciones o beneficios. El destino del saldo de la cuenta de capitalización individual es financiar la respectiva pensión, salvo excepciones legales. La Ley N° 18.156, norma de carácter excepcionalísimo, regula la exención de cotizar en Chile para técnicos extranjeros, siempre que cumplan copulativamente con los requisitos del artículo 1°: ostentar la calidad de técnico (acreditado con estudios especializados o profesionales legalizados), estar afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte (acreditado con certificación legalizada de la institución de seguridad social correspondiente) y manifestar expresamente en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación. Argumenta que su actuar se ajusta a la observación de estos requisitos copulativos.

Finalmente, sostiene que no concurre ninguno de los requisitos para la procedencia del recurso de protección, al no existir un acto u omisión ilegal o arbitraria, ni un agravio o privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales por parte de su representada.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, en la especie, el acto recurrido es el rechazo, por parte de la recurrida, de la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente, pese a haberse acompañado, a juicio de esta última, la documentación exigida por la Ley N° 18.156, para acceder a dicho beneficio en su calidad de trabajador técnico extranjero. A su vez, la recurrida justifica su decisión, de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que en la solicitud del recurrente “Se detecta duplicidad en el timbre del Oficial de Legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile estampado en título o certificado de afiliación el cual fue aportado por diferentes afiliados”.

La controversia radica, en definitiva, en la validez y suficiencia de los documentos presentados para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales de la normativa pertinente, especialmente en cuanto a la legalización o apostilla de la constancia de afiliación al régimen previsional extranjero.

QUINTO: Que la Ley N°18.156, en su artículo 7°, permite a los trabajadores extranjeros que hubieren efectuado cotizaciones previsionales en una AFP, solicitar la devolución de los fondos depositados, siempre que acrediten su afiliación a un régimen previsional extranjero que cubra, a lo menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que exista constancia expresa en su contrato de trabajo de la voluntad de mantener dicha afiliación, conforme a lo exigido en el artículo 1° de la misma ley.

SEXTO: Que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, que complementa la Ley N°18.156, dispone que el cumplimiento del requisito de afiliación a un régimen previsional extranjero deberá acreditarse mediante una certificación de la institución de seguridad social correspondiente, la cual debe estar debidamente legalizada.

Asimismo, los Oficios Ordinarios de la Superintendencia de Pensiones, como el N° 4277 de fecha 13 de marzo de 2025, son claros al señalar que las certificaciones electrónicas sin firma por quien emite el documento o sin legalizar/apostillar, así como las declaraciones juradas del afiliado, no son medios de prueba idóneos para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil en relación con el Convenio de La Haya. Es decir, para producir efectos en Chile, un certificado de carácter público extranjero debe estar debidamente legalizado o apostillado.

SÉPTIMO: Que conforme a lo antes señalado, la documentación presentada por el recurrente en su solicitud, en particular la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), no satisface los requisitos legales y reglamentarios, por cuanto si bien acredita la afiliación, carece de la debida apostilla o legalización exigida por la normativa vigente para que dicho documento pueda producir plenos efectos jurídicos en nuestro país, tal como lo ha instruido reiteradamente la Superintendencia de Pensiones y ha sido refrendado por la jurisprudencia citada por la recurrida.

OCTAVO: Que, en virtud de lo anterior, no se configura en el caso de autos un acto ilegal o arbitrario atribuible a la recurrida, sino el cumplimiento estricto de las normas legales, reglamentarias y administrativas que rigen la devolución de fondos previsionales para trabajadores técnicos extranjeros. La alegación de caso fortuito o fuerza mayor por la imposibilidad de apostillar no puede excusar a la Administradora de Fondos de Pensiones de dar cumplimiento a un mandato legal explicito y a las instrucciones obligatorias de su órgano fiscalizador. Lo anterior impide, por cierto, que se reconozca un derecho que, por la vía del recurso de protección, debe ser indubitado y plenamente acreditado en su forma.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, y como se ha dicho reiteradamente, el arbitrio en análisis es una acción constitucional de urgencia destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, lo que no se avizora en el caso de autos, de manera que la tutela requerida no puede satisfacerse por esta vía, ni del modo que se pide, pues la controversia sobre la suficiencia y validez formal de los documentos requiere un procedimiento legal de lato conocimiento que no puede ser sustituido por esta vía cautelar.

DÉCIMO: Que, en atención a lo razonado precedentemente, y no existiendo un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos fundamentales invocados por el recurrente, el presente recurso no puede prosperar.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Pablo Daniel Peñaloza Parra actuando en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-19538-2025.