nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, dos de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

PRIMERO: Que comparece María Angélica Brown Oropeza, abogada, interponiendo recurso de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A., con motivo del rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros, pidiendo que se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento, acogiendo la solicitud de la actora.

Señala que la recurrente realizó la solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a las normas de la Ley Nº18.156, cumpliendo con los requisitos establecidos en la señalada norma, la cual fue rechazada por medio del acto impugnado, fundado en que no se acompañó certificado legalizado o apostillado, emitido por la entidad de seguridad social de su país de origen, que acredite que durante todo el periodo que trabajó en Chile tuvo derecho a prestaciones para las contingencias de enfermedad, invalidez, muerte y fallecimiento.

Sostiene que la actora ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos establecidos en las normas legales respectivas, ya que la declaración de afiliación a la institución de Venezuela fue emitida por la Embajada de dicho país, cuando estaba operativa y posteriormente autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por tanto, considera que la resolución recurrida es un acto ilegal y arbitrario, que afecta los derechos establecidos en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que la recurrida evacuó informe, pidiendo el rechazo del recurso, en base a los siguientes argumentos.

Sostiene que en la especie no existe acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace derechos constitucionales de la recurrente, quien no ha acreditado tener un derecho indubitado, de modo tal que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, pretendiendo la recurrente una verdadera modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones.

Arguye que se rechazó la solicitud con fecha 27 de julio de 2025, toda vez que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales estaba vencida. Por su parte, considera que no se cumplen los supuestos legales cuando las certificaciones electrónicas no han sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsionales componentes, y no indican las coberturas con que cuenta el afiliado, sino que señala, de modo genérico, las coberturas que entrega el sistema, sin explicar la situación específica de la recurrente. Además, hace presente que del documento presentado tampoco se puede inferir un periodo específico en que la recurrente haya estado cubierta por el sistema previsional del país de origen.

Por tanto, al no cumplir la documentación de la actora con los requisitos establecidos en las normas legales correspondientes, niega que la decisión adoptada sea ilegal o arbitraria.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que la Ley N°18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744.

En ese contexto, la mencionada ley, en su artículo 1° letra a), exige como requisito para la exención de cotizaciones que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley establece que los trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales si dan cumplimiento a los requisitos del artículo 1°.

Luego, la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales, ha dictado diversas instrucciones que precisan la forma de acreditar dichos requisitos. En particular, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, N°2, letra b), dispone que el cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, y que en caso contrario la Administradora no podrá dar curso a la solicitud.

Asimismo, mediante los Oficios Ordinarios N°3141, de 20 de febrero de 2024, N°21.480, de 20 de septiembre de 2017, y específicamente el Oficio N°12954, de 17 de julio de 2025, la Superintendencia ha instruido que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentren firmadas por quien emite el documento, ni se encuentren apostilladas o legalizadas, no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión. Dicho Oficio también aclara que las declaraciones juradas certificadas ante notario público chileno y apostilladas, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos, ya que las certificaciones deben emanar de la autoridad previsional competente, única facultada para dar fe sobre la materia.

Finalmente, es importante tener en consideración que los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil establecen las exigencias de legalización o apostilla para que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile surtan plenos efectos en el territorio nacional.

QUINTO: Que la recurrida ha sostenido, y los instrumentos acompañados por ambas partes en este proceso no lo desvirtúan, que la documentación presentada por la recurrente no cumple con las exigencias formales y sustantivas de la normativa aludida. En efecto, consta que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en primer término, estaba vencida (no vigente), y, en segundo lugar, que no se encuentra debidamente legalizada o apostillada en los términos que la normativa establece de conformidad con lo exigido por el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y los Oficios N°21.480, N°3141 y N°12.954 de la Superintendencia de Pensiones.

SEXTO: Que, en este contexto, la revisión de los antecedentes permite concluir que los documentos acompañados no cumplen con elementos mínimos para corroborar su otorgamiento, validez y vigencia, y así poder acreditar la efectividad de la afiliación previsional y las coberturas mínimas exigidas por la Ley N°18.156 y por la normativa sectorial de la Superintendencia de Pensiones, pues no se encuentran debidamente autorizados ni apostillados.

SÉPTIMO: Que, acorde a lo expuesto, necesariamente se debe concluir que los fundamentos y las exigencias que fundan la negativa de la AFP, encuentran sustento en la ley y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria. Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, lo que descarta cualquier ilegalidad o arbitrariedad por parte de la recurrida, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Así entonces, en tales condiciones, la acción de protección interpuesta debe ser necesariamente declarada sin lugar.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y tal como lo ha resuelto la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de esta Corte de Apelaciones, el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitar la devolución, pues el rechazo constituye un acto administrativo subsanable, existiendo la posibilidad futura de presentar nuevamente los documentos requeridos conforme a las exigencias legales y administrativas vigentes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso en favor de doña nombre reservado, deducido en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección - N°19.522-2025.