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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1948-20226 jul 2022

Protección contra Servicio de Registro Civil e Identificación y

Fecha
6 de julio de 2022
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 1948-2022, sentencia de 6 de julio de 2022

Resumen

Se rechaza el recurso de protección: los recurrentes solo tenían una mera expectativa de derecho sobre los cargos adjudicados, materia controvertida que excede la vía cautelar, sin acreditarse acto ilegal o arbitrario de las recurridas.

Texto íntegro

Santiago, seis de julio de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparecen don nombre reservado, Presidente Interino; don nombre reservado, Secretario; y don nombre reservado, Director Deportivo Interino; todos domiciliados en domicilio reservado, Región de la Araucanía, e interponen recurso de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación y, en contra de la Municipalidad de Gorbea, por privar y/o perturbar, “en forma ilegal y arbitraria, los derechos garantizados en el artículo 19 números 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, es decir, Igualdad ante la Ley; libertad de trabajo, su libre elección y libre contratación; y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales; de manera de restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de los afectados.”

Exponen que el 15 de septiembre de 2021, en la sede principal del Club Deportivo Liceo F.C., se celebró una Asamblea Extraordinaria cuyo objetivo era dar término a la asamblea Extraordinaria que se encontraba pendiente de cierre desde el 28 de agosto del mismo año, la que fue dirigida por su Presidente nombre reservado, y el Secretario Alejandro Valencia Pacheco, los que sin explicaciones procedieron a retirarse en la mitad de la asamblea, una vez que se les solicitó que rindieran cuentas de los dineros recibidos por concepto de arriendo de la sede; proyectos adjudicados en nombre del club a través del Gobierno Regional; y, Rendiciones del último proyecto adjudicado en 2019 por un monto $2.118.000, lo que no se logró, por el motivo descrito.

Indican que, en dicha asamblea había quorum suficiente para llevar a cabo la misma, en la que se acordó elegir la Comisión Electoral, y posteriormente procedieron a notificar a don nombre reservado, Presidente del Club Deportivo Liceo F.C., su destitución y censura de su cargo por haber infringido diversas normas de la Ley N° 19.418; del Estatuto del Club y del Reglamento ANFA, acordándose la designación entre los socios más antiguos una directiva interina hasta la elección de una nueva.

Sostienen que los actos descritos se debieron a que el Presidente y Secretario vigentes estaban cometiendo diferentes hechos que demostraban una administración desleal, prescindiendo de la figura y funciones del tesorero y desde la asunción de sus cargos se negaron a rendir cuentas de las adjudicaciones de proyectos y en especial las destinaciones de la “Sede” del Club que han sido arrendadas a diferentes personas sin comunicación a los socios; abandono de sus deberes; y, un sinfín de situaciones que han impedido el desarrollo del club y su fin último que es Jugar en la Liga de Futbol Amateur.

Precisan que, previa reducción a escritura pública se envió el Acta de Asamblea Extraordinaria del Club Deportivo Liceo F.C., a la Municipalidad de Gorbea, lo que no constituye requisito previo, pero de igual forma se acordó por la Asamblea Extraordinaria, sin que a la fecha exista respuesta.

Refieren que, el Acta de Asamblea se redujo a escritura pública y fue presentada paralelamente ante el Servicio de Registro Civil e Identificación de Santiago, mediante formulario presentado el 21 de octubre de 2021, bajo el folio 436, número RPJ 25289, comprobante de la solicitud del Registro de Personas Jurídicas, a lo cual no se dio respuesta, presentándose recurso según lo establecido en el artículo 64 de la Ley N° 19.880.

Agregan que, el 20 de enero de 2022, presentan solicitud de pronunciamiento de modificación de registro de personas jurídicas, en la oficina de partes de dicha repartición, oportunidad en que una funcionaria administrativa de esa Unidad, los llamó directamente para explicar que se iba a inscribir, pero que faltaba el certificado del Secretario Municipal de la Municipalidad de Gorbea, explicando que el proceso solo correspondía a una censura y no a elección, por lo cual no se requería el certificado, negándose a la inscripción, refiriendo que la petición debía ser canalizada y enviada a través del Secretario Municipal con el certificado de la Municipalidad de Gorbea, lo cual resulta improcedente de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°19.418.

Señalan que, el 15 de febrero de 2022, se les notificó la resolución del Servicio de Registro Civil e Identificación que rechazó la solicitud de censura, haciendo presente que, la organización de carácter comunitario, le corresponde depositar el acta de elección en la Secretaría Municipal, conforme a lo establecido en las Leyes N°19.418 y N° 21.146, debiendo el ente edilicio remitir la documentación.

Sostienen que, el artículo 32 del Reglamento Estatutario del Club, indica las causales de cesación en el cargo de los dirigentes, por ello, lo resuelto por el Servicio de Registro Civil e Identificación, no guarda concordancia con lo establecido en la ley ni en los Estatutos, puesto que no se efectuó una elección, sino un procedimiento de censura, solicitando documentación que no es necesaria para completar el trámite.

Precisan que son dos los actos de los que recurren, los que vulneran la igualdad ante la ley; el primero, fue el rechazo de la inscripción de la censura de los directores, comunicado por Resolución N° 6800 de 15 de febrero de 2022, del Servicio de Registro Civil e Identificación; y, el segundo, corresponde a la negativa en procesar por parte de la Ilustre Municipalidad de Gorbea, en especial en las áreas de Desarrollo Comunitario, y, del Secretario Municipal, al negarse a emitir el certificado del cambio de directores, en su registro de personas jurídicas sin fines de lucro que es su exclusiva obligación.

En cuanto a los antecedentes de derecho, citan el artículo 20 de la Constitución Política de la República (en adelante CPR); el artículo 19 N° 2, el que transcriben y, explican que, la ilegalidad de los actos recurridos consiste en la aplicación de una normativa para la elección de directorio, a un procedimiento de censura aplicada por la asamblea, lo que torna en arbitraria la resolución, por aplicar reglas que no están convenidas para el procedimiento en curso; y, especialmente, estiman vulnerado “el numeral 21 del artículo 19” de la CPR, en el sentido que se les está impidiendo “el legítimo derecho a asociarse, desconociendo lo establecido en una asamblea válidamente celebrada”.

Luego, definen acción arbitraria, y razonan en determinar si fue justificado el accionar del Registro Civil e Identificación o no.

Al efecto, Citan un Fallo de la Excma. Corte Suprema, N° 49.865-2021, y sostienen que en el presente caso se debe aplicar y exigir lo establecido en la ley 19.880, respecto del denominado silencio positivo, donde se debe apercibir al Servicio de Registro Civil e Identificación a otorgar el cambio provisorio en las directivas, ya que con su actuar ha cometido las siguientes arbitrariedades e ilegalidades: 1) Ha causado una arbitrariedad a la asamblea celebrada, donde se votó la censura de un directivo con los quórums establecidos, solicitando un certificado el cual no debe ser exigido porque no se trata de una elección; 2) La actuación del Registro Civil, es del todo injusta y no se aviene con una armónica interpretación del ordenamiento jurídico al no dar respuesta a la solicitud presentada; 3) Mediante su abusiva acción, los ha privado ilegalmente de su derecho a no ser discriminados arbitrariamente; y, de participar en cualquier actividad económica, vulnerando la posibilidad de ser directivos de un club; 4) Ha desconocido el derecho a censurar a dos directivos cumpliendo todos los requisitos establecidos en la propia ley, imposibilitando el legítimo goce de ese derecho al hacerlo más gravoso; y, 5) Está perjudicando sustancialmente el futuro del club, donde no pueden continuar en los campeonatos organizados por ANFA Gorbea, quedando sin representación ante las diferentes instituciones y sin poder lograr los objetivos del club.

Previas cita de los “artículos 19 N° 2, 21 y 24”; y, 20, ambos de la CPR, solicitan a esta Corte que, como medidas para restablecer el imperio del derecho, declare:

1.- Que, el actuar del Servicio de Registro Civil e Identificación y de la Municipalidad de Gorbea, es ilegal y arbitrario, no se ajusta a lo dispuesto en la Constitución Política de la República ni a la Ley; y, vulnera las garantías constitucionales del derecho a la igualdad, sobre la censura de los directivos y nombramiento de directivos interinos.

2.- Que, se ordene al Servicio de Registro Civil e Identificación eliminar a los actuales directores de la asociación Club Deportivo Liceo F.C.; que se les inscriba como directores interinos; y, se le ordene a la Municipalidad de Gorbea enviar la información; eliminar a los actuales directores de la asociación Club Deportivo Liceo F.C.; y, que se les inscriba como directores interinos al Registro Civil e Identificación.

3.- Que, se disponga de todas aquellas medidas que se juzguen necesarias para el restablecer el imperio del derecho.

4.- Que, se condene en costas a las recurridas.

SEGUNDO: Que, comparece don nombre reservado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Gorbea, quién, evacuando informe, solicita el íntegro rechazo del recurso, con costas.

Expone que el 14 de octubre de 2021, la Municipalidad recibió copia del acta de la Asamblea Extraordinaria de 15 de septiembre de 2021, en la cual se procede a elegir comisión electoral; censurar al presidente del Club Deportivo Liceo; notificar al presidente de la censura antes mencionada; y, elegir nueva directiva, de cuya lectura se desprende que solo fue censurado el presidente del Club Deportivo Liceo, mas no otro directivo del mismo, por lo cual se mantendría vigente el resto de los miembros de la directiva.

Precisa que, según los Estatutos de la referida organización, para el caso de censura de un directivo, se debe aplicar el artículo 9, que, en su inciso final establece, a propósito de la censura: “si algún miembro del directorio impidiere en cualquier forma, directa o indirecta a uno o más de los socios de la organización, el ejercicio de cualquiera de los derechos establecidos en ese artículo se configurara una causal de censura del respectivo director la que podrá ser acordada por los dos tercios de los miembros presentes en Asamblea Extraordinaria especialmente convocada al efecto. Aprobada la censura contra uno o más directores, estos cesaran por este solo hecho en sus cargos debiendo los demás directores citar en el mismo acto, a una Asamblea Extraordinaria para llenar las vacantes producidas”, ahora bien, para el caso de la vacancia permanente del cargo de presidente (producida por la censura), se debe aplicar el artículo 27, el cual dispone: “Si quedare vacante en forma transitoria el cargo de Presidente, lo subrogara el secretario; pero si la vacante fuere definitiva, ya sea por imposibilidad que dure más de dos meses, fallecimiento o renuncia indeclinable, el Directorio procederá a la elección de un nuevo Presidente de entre sus miembros”.

Sostiene que, atendida la censura del presidente de la organización, se debió haber aplicado lo dispuesto en el artículo 9 inciso final, convocando a una nueva Asamblea Extraordinaria, para suplir el cargo de director vacante, según lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos, a fin de proveer el cargo de director vacante. Para luego, una vez completo el directorio aplicar lo establecido en el artículo 27, eligiendo entre los miembros de la directiva a un nuevo presidente.

Señala que, además, el 15 de marzo de 2022, don nombre reservado -presidente censurado, según acta de asamblea extraordinaria de 15 de septiembre de 2021, -ingresó carta a la Ilustre Municipalidad de Gorbea, aludiendo ser actualmente presidente de dicho club deportivo, señalando un conjunto de irregularidades que habrían ocurrido en una asamblea extraordinaria de 16 de octubre de 2021, de lo cual surge la duda, si éste no reconoce la censura que habría ocurrido o si no ha tomado conocimiento de ella, ya que según la propia acta acompañada por los recurrentes, consta que el señor nombre reservado no fue parte de dicha asamblea, además, se señala que a las 20:30 horas habría sido notificado de la censura, sin acreditar la forma en la cual habría sido realizada dicha notificación.

Concluye que, de los hechos descritos, a juicio de la Municipalidad, no se cumplen con los procedimientos necesarios para generar una nueva directiva, motivo por el cual no procedió a realizar el envío de los antecedentes al Servicio de Registro Civil e Identificación.

En cuanto a la eventual vulneración del derecho de igualdad ante la ley, señala que no es efectivo, ya que lo prohibido por la norma es la discriminación, pero no cualquiera, sino solo la arbitraria, la que se puede conceptualizar como aquélla carente de objetividad o fundamento, generada por el solo arbitrio de la autoridad, cuestión completamente ajena a la realidad, puesto que el actuar de la Ilustre Municipalidad de Gorbea ha estado en todo momento enmarcada por lo establecido en los Estatuto del Club Deportivo Liceo.

Respecto de la afectación del derecho consagrado en el artículo 19 N°21 de la carta fundamental, de los hechos expuestos, no advierte de qué forma se podría ver vulnerado este derecho constitucional, toda vez que el Club Deportivo Liceo, es una entidad sin fines de lucro.

Finaliza sosteniendo que su representada, ha actuado conforme a derecho, aplicando la normativa pertinente, por lo que no se podría calificar de arbitrario su actuar ni vulneratorio de derechos y garantías constitucionales del recurrente, por lo cual no puede prosperar el presente recurso.

TERCERO: Que, comparece don nombre reservado, director regional de la Región Metropolitana de Santiago del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien evacuando el informe solicita el rechazo del recurso, con costas.

Señala que consultada en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro (en adelante RNPJSFL), a cargo del Servicio, la organización comunitaria funcional denomina "Club Deportivo Liceo FC", de Gorbea, en el sistema automatizado del citado registro, se encuentra inscrita bajo el N°25239, cuya personalidad jurídica fue concedía por la Secretaría Municipal de Gorbea, el 3 de noviembre de 1980, e inscrita en el Registro el 5 de abril de 2013, producto del proceso de migración que se produjo desde esa entidad edilicia hasta ese Servicio.

Precisa que, el 22 de marzo de 2021, se efectuó un nuevo análisis registraI de la citada organización, respecto de la cual se pudo observar lo siguiente:

- Revisado el RNPJSFL, consta que el "Club Deportivo Liceo FC de Gorbea, fue inscrito bajo el N°25239, producto de la migración efectuada por la secretaría Municipal de Gorbea.

- La referida entidad, es de naturaleza de derecho público, adquiriendo personalidad jurídica el 3 de noviembre de 1980.

- Mediante solicitud folio N°436 de 21 de octubre de 2021, consta recibida una solicitud de modificación del directorio, presentada por el Sr. nombre reservado en la Oficina de Registro Civil de Santiago, la que fue suspendida mediante Oficio REF. RPJ N°6800, de 11 de marzo de 2022, a fin de que el acta sea presentada en la Secretaría Municipal.

Informa que, el Servicio se encuentra a cargo del Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, a partir del 17 de febrero de 2012, fecha de entrada en vigor de la Ley N° 20.500, Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, el que fue creado por el cuerpo legal recién citado, que en su artículo 9° estableció cuales son las organizaciones que quedan comprendidas dentro de éste.

Indica que, de este modo, el Servicio mantiene tanto la información de las entidades constituidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley, como de aquellas que obtuvieron su personalidad jurídica ante el Ministerio de Justicia y Secretarías Municipales, las cuales han sido inscritas en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines die Lucro, como consecuencia del proceso de migración ya referido.

Expone que la información contenida en el Registro se actualiza sobre la base de documentos, autorizados por las municipalidades y demás órganos públicos que indique el reglamento. Será obligación de tales organismos remitir esos documentos al Registro, a menos que el interesado solicitare formalmente hacer la inscripción de manera directa.

Destaca, que la normativa legal aplicable en la especie, establece que aquellas organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos, uniones comunales, federaciones y confederaciones regidas por el Decreto N° 58 de 1997, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, deben actualizar o modificar sus datos, conforme a lo señalado en el artículo 7° del Reglamento del Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de Lucro.

En cuanto a la inscripción de las renovaciones y modificaciones de los órganos de dirección y administración de las personas jurídicas registradas, denominados "Directorios”, informa que ese Servicio procede a su inscripción a petición de las Municipalidades y demás organismos públicos, en base a documentación autorizada por aquellas(os); y, del presidente del directorio u otra persona autorizada por él, quien deberá concurrir directamente a la Oficina competente del Servicio con el formulario destinado al efecto, con copia autorizada por la Secretaría Municipal de los documentos fundantes del acto que pretende inscribir o subinscribir, adjuntándose la autorización emitida por la entidad edilicia para efectuar directamente el trámite en ese Servicio, conforme al artículo 9 del Reglamento del Registro Nacional de Personas jurídicas sin fines de lucro.

Respecto del acta de modificación por motivo de censura, destitución, fallecimiento, renuncia u otro, como la de actualización del directorio por término de vigencia, se aplica el procedimiento establecido en Ley N° 21.146, que para efectos de registrar en ese Servicio, es necesario que sea depositada en la Secretaría Municipal de Gorbea y, una vez allí registrada, la misma entidad edilicia debe remitir la solicitud a la casilla electrónica habilitada para las Secretarías Municipales, a fin de registrar los datos en ese Servicio, y mantener actualizado el Registro, y, sólo en el caso que la Secretaría Municipal no cuente con medios electrónicos, podrá otorgar una autorización especial al interesado para presentar la solicitud en la oficina de Registro Civil más cercana a su comuna.

En cuanto al recurso, basado en el presunto hecho que la decisión de la administración afecta el derecho a la igualdad ante la ley, hace presente que el Servicio no incurre en discriminación al aplicar las normas vigentes, sin hacer distinciones de ninguna especie, por cuanto las normas jurídicas son iguales para todas las personas jurídicas que se encuentren en las mismas circunstancias y, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes.

Respecto a la vulneración del artículo 19 N° 16, tampoco se encuentra afectado por las exigencias que impone la ley y ese Servicio, y mucho menos el derecho de propiedad, ya que el Oficio N°6800 de 11 de marzo de 2022, sólo se limitó a suspender la solicitud de modificación de directorio, a fin de que sea presentada en la Secretaría Municipal respectiva.

CUARTO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, como se desprende de lo señalado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario —producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías —preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el interpuesto en estos antecedentes. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez.

SEXTO: Que, en el presente caso, se ha interpuesto acción de protección en contra de la Municipalidad de Gorbea, por no emitir el certificado por el Secretario de esa Municipalidad, y remitirlo a la otra recurrida, Servicio de Registro Civil e Identificación, a quien se le reprocha no inscribir en sus registros, a la nueva directiva de la recurrente, Club Deportivo Liceo FC.

En cuanto a las imputaciones, la Municipalidad, informa que su actuar está dentro de la legalidad, ya que, la negativa a emitir el certificado solicitado por la recurrente, en que se indicara el nuevo directorio, no cumplía con los procedimientos necesarios para generar la nueva directiva, motivo por el cual no envió los antecedentes al Servicio de Registro Civil e Identificación.

Explica que, atendida la censura del Presidente de la Organización, se debió haber aplicado lo dispuesto en el artículo 9 inciso final de los Estatutos del Club Deportivo Liceo F.C., convocando a una nueva Asamblea Extraordinaria, para suplir el cargo de director vacante, según lo dispuesto en el artículo 18 de los estatutos, a fin de proveer el cargo de director vacante. Para luego, una vez completo el directorio se debió aplicar lo establecido en el artículo 27, eligiendo entre los miembros de la directiva a un nuevo presidente.

Respecto a la decisión del Servicio de Registro Civil, informa que la adoptó en el marco de las legítimas atribuciones de tal entidad, que emanan tanto de la Ley N° 19.418 en relación con el Decreto N° 58 de 1997, del Ministerio del Interior; y, de la Ley N°21.146, en la forma que el propio ente ha explicado en su informe.

SÉPTIMO: Que, entonces, y atendida la naturaleza de la referida controversia, ésta no puede ser dirimida mediante la presente acción de carácter constitucional, que fue establecida para fines distintos a los que se verifican en estos antecedentes, sin que pueda esta Corte emitir un pronunciamiento de carácter jurídico al respecto, toda vez que el asunto planteado en autos solamente puede ser resuelto por el órgano jurisdiccional competente, que no es este tribunal.

OCTAVO: Que, también resulta necesario precisar que el recurso de protección de garantías constitucionales no es un recurso de orden jurisdiccional cuya finalidad sea la impugnación de toda clase de decisiones de autoridades administrativas e incluso jurisdiccionales, que éstas toman en el ámbito de sus respectivas competencias y dentro del marco que la ley les asigna, esto es, dentro del campo de sus legítimas atribuciones. Dichos procedimientos tienen sus medios de impugnación propios y son aquellos los que han de ser utilizados.

NOVENO: Que, se debe añadir, que en general, los tribunales de justicia no tienen injerencia en procedimientos administrativos como aquellos de que tratan estos autos, ya que el derecho administrativo proporciona sus propias herramientas jurídicas y medios de impugnación de decisiones de esa clase, por lo que la forma utilizada en este caso es inidónea. Ello sin perjuicio de lo que pudiera impugnarse a través de juicios ordinarios de lato conocimiento, en ausencia de un procedimiento contenciosos administrativos.

DÉCIMO: Que, por otro lado, y sin perjuicio de todo lo dicho, sobre la improcedencia de esta acción constitucional para el caso de la especie, desde que ha sido utilizado como un medio de impugnación general de determinaciones de la Municipalidad, y de las resoluciones que de ese acto administrativo se derivan por parte del Registro Civil, que no lo es, así como tampoco constituye un sustituto jurisdiccional, como ya se precisara, lo que por sí solo basta para rechazar la acción cautelar de que se trata, hay que decir que el presente recurso tampoco podría prosperar porque no concurren los requisitos básicos para la interposición de una acción de esta clase.

En efecto, como se ha señalado, no se ha demostrado que se haya producido la conculcación de alguna norma de rango legal o constitucional, ya sea mediante su aplicación en forma ilegal o arbitraria -como lo alega la recurrente-, en términos que pudieran determinar que lo resuelto por las recurridas, que se reprocha, deviene en arbitrario y/o ilegal, ni tampoco se ha probado que se está frente a un acto arbitrario, porque la medida se dictó en el marco de las legítimas atribuciones de dichas entidades, ateniéndose, por cierto, a la normativa vigente, haciendo uso precisamente de sus atribuciones y explicando dichas autoridades, detalladamente, las razones por las que adoptaron las determinaciones que se reprochan.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, puede agregarse que los recurrentes no poseen un derecho indubitado que deba protegerse, puesto que, y como ya se señalara, sólo tenían una mera expectativa de un posible derecho y no se divisa cual podría ser éste, que los habilite para buscar su protección. Los supuestos o posibles cargos adjudicados, que reclaman como de su propiedad, estaban sujetos a determinados requisitos, de manera que, según el parecer de las entidades recurridas no podían ser otorgados, como es la pretensión final del recurso, lo cual trae como consecuencia que los derechos que se pretenden se encuentran discutidos, controversia que no puede ser resuelta mediante la presente acción cautelar de emergencia, y sin que pueda esta Corte emitir un pronunciamiento de carácter jurídico al respecto.

DUODÉCIMO: Que, atendido lo reflexionado precedentemente, y no siendo procedente la vía cautelar para conocer del asunto planteado y, además, no pudiendo calificarse como indubitado el derecho que se estima conculcado, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se dicen vulneradas, procediendo desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre "Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales", se rechaza, sin costas, el recurso de Protección interpuesto por don nombre reservado, don nombre reservado, y don nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Gorbea y del Registro Civil e Identificación.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactado por la Ministro doña María Paula Merino Verdugo.

Protección N° 1948-2022.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada, además, por las ministras señora Inelie Durán Madina y señora María Paula Merino Verdugo. No firma la ministra señora Durán, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por no encontrarse al momento de hacerlo.