Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana

C.A. de Santiago Santiago, nueve de enero de dos mil veinticinco.

Al folio 19; a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente.

Primero: Que a folio 1 comparece don nombre reservado, quién deduce acción constitucional de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana, por haber dictado la Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 14 de agosto de 2024, notificada el 21 de agosto de 2024, mediante la cual se le aplicó una multa de 10 UTM y la suspensión de su facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios por un plazo de 15 días.

Señala que dicha actuación es ilegal y arbitraria, ya que se le aplicaron dichas sanciones sin haber sido debidamente notificado del procedimiento de fiscalización ni de los requerimientos de información, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad que la Constitución Política de la República garantiza en su artículo 19 N° 2, 3 y 24, por lo que solicita se deje sin efecto la sanción impuesta y se ordene la restitución de la multa pagada.

Expone que el día 21 de agosto de 2024 fue informado en su lugar de trabajo, Centro Médico Integramédica de domicilio reservado, que se había recibido un sobre de carta certificada de Correos de Chile con copia de la Resolución Exenta N° NUM000, mediante la cual se le aplicaron las sanciones ya referidas. Señala que, de forma paralela, constató que desde esa misma fecha se encontraba bloqueado en el sistema de la empresa Medipass para la emisión de licencias médicas por instrucción de la COMPIN Metropolitana. Agrega que, pese a no compartir las sanciones aplicadas, procedió al pago de la multa de 10 UTM equivalente a $659.010 el día 22 de agosto de 2024 en la Tesorería General de la República.

Manifiesta que para interiorizarse del procedimiento de fiscalización concurrió a la COMPIN Metropolitana el día 3 de septiembre de 2024, donde fue informado que las supuestas notificaciones previas para el requerimiento de información sobre las licencias médicas fiscalizadas fueron enviadas a un correo electrónico "correo reservado", que no corresponde a su casilla electrónica, sino que era la que el software de la COMPIN arrojaba por defecto respecto de los médicos cirujanos que no tenían registrados sus correos electrónicos. Aclara que su correo electrónico real es DIRECCION000 y que al revisar su bandeja de entrada y spam no encontró ninguna comunicación de parte de la COMPIN Metropolitana.

Expone que los mismos funcionarios de la COMPIN Metropolitana reconocieron verbalmente que no lo notificaron del inicio del procedimiento de fiscalización y de los requerimientos posteriores a su domicilio laboral teniendo la información de dicha dirección, sin embargo, sí le notificaron la resolución de sanción en su domicilio laboral, lo cual considera irregular.

Indica que desde que tomó conocimiento de las sanciones el 21 de agosto de 2024, se ha dedicado a preparar informes complementarios de salud respecto de los pacientes a los cuales emitió las licencias médicas objeto de fiscalización, usando el formato de informe médico complementario de la propia COMPIN Metropolitana, plasmando las razones médicas reales y plausibles como médico tratante para justificar las licencias médicas.

Asimismo, señala que ha subido las fichas clínicas y boletas requeridas respecto de cada paciente en su sitio web de médico usuario en la COMPIN.

Declara que las licencias médicas emitidas obedecen a atenciones médicas reales con sustento médico, respaldos que se acompañan, incluyendo fichas clínicas y boletas de prestación de servicios médicos. Agrega que a la fecha del recurso, la COMPIN Metropolitana aún no se pronuncia respecto de los antecedentes que acompañó el 4 de septiembre de 2024.

Explica, sobre el principio de culpabilidad en el ámbito administrativo sancionador, que la regla general en materia de responsabilidad se encuentra consagrada en el artículo 2329 del Código Civil, que muestra la concepción subjetiva de la responsabilidad que inspira nuestro derecho. Argumenta que nuestro sistema legal exige como condición de la responsabilidad la prueba de la culpa, siendo la responsabilidad objetiva o sin culpa aplicable solamente en casos excepcionales y expresamente previstos por el legislador.

Añade, respecto al derecho a defensa, señala que este se encuentra consagrado en el artículo 19 N° 3 inciso 2° de la Constitución Política, citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha sido constante y uniforme en cuanto a dicha garantía se refiere y la ha puesto de relieve en el marco del ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración.

En cuanto al al principio de proporcionalidad, argumenta que la sanción aplicada resulta totalmente desproporcionada, considerando que no obstante los vicios existentes en el procedimiento sancionatorio, de todas formas se aplicó la multa y suspensión referida. Cita jurisprudencia de la Contraloría General de la República y doctrina que desarrolla este principio.

Finalmente, sobre el principio de buena fe, teoría de los actos propios y principio de confianza legítima, sostiene que los organismos de la Administración del Estado deben observar una conducta homogénea en su actuación, no contrariando la ley, los derechos de sus administrados ni sus propios actos.

Alega que se han vulnerado: 1) El derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, al establecerse diferencias arbitrarias en su contra; 2) El derecho al debido proceso del artículo 19 N° 3 de la Constitución, al no respetarse las garantías mínimas del procedimiento administrativo; y 3) El derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución, al verse privado del goce de un derecho adquirido consistente en la facultad de emitir licencias médicas por su condición de médico cirujano.

Solicita en definitiva que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la sanción de multa y suspensión de emisión de licencias médicas aplicada por la COMPIN Metropolitana, se ordene la restitución de la multa pagada y se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que a folio 14 informa don nombre reservado

nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana en representación de la Comisión de Medica Preventiva e Invalidez Región Metropolitana, quien solicita el rechazo del presente recurso.

Expone que la sanción impuesta al recurrente se fundamenta en lo dispuesto por la Ley N° 20.585/2012 sobre uso y otorgamiento de licencias médicas, y en el Decreto N° 3/1984 del Ministerio de Salud que reglamenta la autorización de licencias médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional.

Señala que, conforme al artículo 48 del citado decreto, las COMPIN y las Isapres tienen el deber legal de fiscalizar el ejercicio legítimo del derecho a licencia médica. Asimismo, el artículo 49 establece la obligación de los profesionales de mantener un registro de los pacientes a quienes han otorgado licencias médicas, con los antecedentes que les dieron origen, debiendo verificar la identidad del paciente e informar a las unidades correspondientes los antecedentes clínicos que obren en su poder cuando sean requeridos para el dictamen de autorización de la licencia, dentro de las 48 horas siguientes a dicho requerimiento.

Agrega que el artículo 52 del mismo cuerpo normativo faculta a las COMPIN y las Isapres para investigar las denuncias que se les presenten sobre otorgamiento o uso indebido de licencias médicas, sin perjuicio de las inspecciones que de oficio puedan ordenar con la misma finalidad.

Expone que el doctor nombre reservado emitió entre el 26 de julio de 2023 y el 25 de julio de 2024 un total de 905 licencias médicas, razón por la cual, mediante carta certificada del 29 de julio de 2024, se le solicitaron antecedentes e informes complementarios que respaldaran la emisión de dicha cantidad de licencias, otorgándole el plazo legal de siete días corridos establecido en el artículo 2 inciso 2° de la Ley 20.585. Ante el incumplimiento del profesional, se reiteró la solicitud el 6 de agosto de 2024.

Sostiene que, según informó la unidad de fiscalización de la COMPIN R.M., el actor no remitió los informes médicos en el formato solicitado, ni la ficha clínica del paciente, ni copia del bono o boleta de atención médica en el plazo establecido. Esta negativa reiterada facultó a la COMPIN R.M. para aplicar las sanciones contempladas en el artículo 2 inciso 2° de la Ley 20.585, consistentes en multa de hasta 10 unidades tributarias mensuales y suspensión de la venta de formularios de licencias médicas y de la facultad para emitirlas hasta por 15 días.

Respecto a la alegada ilegalidad del proceso por falta de notificación, la recurrida informa que las comunicaciones fueron enviadas al correo electrónico correo reservado, registrado por el prestador en el operador MEDIPASS, siendo de exclusiva responsabilidad del prestador mantener actualizados sus datos en el operador al que se encuentra adscrito. Añade que la sanción fue remitida por carta certificada al domicilio registrado en su operador.

Finalmente, hace presente que con fecha 5 de septiembre de 2024, mediante Resolución Exenta N° NUM001, se levantó la sanción interpuesta al recurrente por haber dado cumplimiento a lo requerido.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que luego de lo dicho, atendido que la recurrida ha informado que actualmente mediante la Resolución Exenta de fecha 5 de septiembre de 2024 se levantó la sanción interpuesta al recurrente por haberse dado por parte de este cumplimiento a lo requerido, esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se denuncian amagados, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del recurrente.

Quinto: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo.

Sexto: Que sin perjuicio de lo anterior, es menester dejar asentado, que a mayor abundamiento, la Ley N° 20.585, establece acciones procesales y administrativas específicas para reclamar de actuaciones como las que en este acto se ventilan, por lo que no resulta procedente a deducción de la presente acción cautelar para estos efectos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-19472-2024.