nombre reservado con INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, quince de julio de dos mil veinte.

Al folio 17: téngase presente.

Al folio 18: a lo principal y segundo otrosí, téngase presente. Al primer otrosí, a sus antecedentes.

VISTOS:

Recurre de protección don nombre reservado, 75 años, procurador del número de la ciudad de Maullín, en contra de nombre reservado, o quien represente, actual Jefa del Departamento de Apoyo Legal del Instituto de Previsión Social o contra quienes resultaren responsables de manera directa o indirecta por la grave obstrucción al derecho a poder pensionarse y que atenta la garantía constitucional establecida en el artículo 19N°24 de la Constitución Política de la República.

Señala que con fecha 24 de junio de 2010, al haber cumplido 65 años de edad, se apersonó a la oficina local del I.P.S. de Maullín, donde inició los trámites jubilatorios como titular en el cargo de Procurador del Número del Juzgado de Letras, Garantía y de Familia de Maullín, donde ejerce actualmente. Explica que hasta ese momento se encontraba al día en el pago de su cotizaciones y a su consulta de si debía seguir pagando, se le informó que no era necesario porque estaba al día y el trámite no llevaría más de dos meses. Agrega que se consultó a la Jefatura de Puerto Montt donde se le dio la misma respuesta.

Explica que el artículo 2 de la Ley N°6.884, cuyo texto fue reemplazado por la Ley N°10.984 dispuso que “para los efectos de la jubilación y demás beneficios que otorga la presente ley a los Procuradores del Número se asigna a estos funcionarios una renta nominal equivalente al sueldo que disfruten los secretarios, en su caso, al secretario del tribunal de comuna. Indica que este Dictamen N°2667 de la Superintendencia de Seguridad Social es de fecha 7 de diciembre de 1967.

Agrega que el Director Nacional del I.P.S., nombre reservado, con fecha 15 de agosto de 2015, le comunicó por oficio que tenía algunas lagunas previsionales que debía pagar y hecho aquello se lo jubilaría, previo a solicitar la condonación de intereses penales. Conforme a lo anterior, el día 13 de marzo de 2019 pagó la suma de $3.340.105 por concepto de deuda previsional, siéndole condonados los intereses y todo volvió a su trámite jubilatorio.

Luego, indica que enero del presente año, recibió una nota de Santiago de Apoyo Legal, donde se le manifestaba que estaba en desarrollo la petición que la Corporación Administrativa del Poder Judicial informara el sueldo que percibe un secretario de Juzgado de Letras de comuna porque con tal información se le iba a efectuar un recálculo de cotizaciones previsionales y de acuerdo a aquello debía pagar cotizaciones previsionales como secretario. Por lo anterior, manifiesta que de inmediato solicitó a Apoyo Legal de Santiago que se desistieran de esta nueva figura administrativa mediante un recurso de reposición, obteniendo como resultado nuevos pagos, incluyendo una multa por intereses penales de $456.638.978, de la cual pidió condonación, más la suma de $22.792.546 por concepto de cotizaciones previsionales atrasadas de secretario de juzgado.

Manifiesta que existe una enorme contradicción entre lo que sostiene el Director Nacional del I.P.S. y Apoyo Legal, porque el primero indicó que pagara sólo la laguna previsional de $3.340.105, que no había sido su responsabilidad sino que del Servicio, para poder pensionarse, para lo cual debió solicitar un préstamo que está actualmente pagando y, los segundos indican algo diverso. Puntualiza que no pueden coexistir dos jubilaciones, en la que primero cotiza como Procurador del Número y luego se le impone una nueva carga previsional de Secretario que no procede.

Indica que Apoyo Legal hace prevalecer jurisprudencias de la Contraloría General de la República, lo que estima ilógico pues se ampara en Dictamen N°23.779 de la citada institución que se refiere exclusivamente a los Receptores Judiciales y en otros Dictámenes que no dicen relación con los Procuradores.

Luego, alega la prescripción del nuevo recálculo, pues por el principio de legalidad no es aceptable el ejercicio de derechos que trata de imponer Ayuda Legal, fuera del plazo de prescripción que señala la ley, ya que, acorde al principio de seguridad jurídica opone la excepción de prescripción de la deuda antojadiza que se le trata de imponer, incluyendo los intereses por multa. Agrega el artículo 2493 del Código Civil, impone la obligación de alegar la prescripción a quien quiera aprovecharse de ella, acto que realiza conforme a lo dispuesto en los artículos 2521 del Código Civil y 465 y siguientes y 480, del Código del Trabajo, por tratarse de una acción de carácter declarativo, plenamente ajustada a derecho.

Pide que se acoja en todas sus partes y se declare que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal y que se le está causando un grave daño luego de 11 años de tramitación para jubilar, daño que es moral, psicológico y económico, para que se adopten las medidas urgentes que fueran necesarias para reestablecer el imperio del derecho, se acoja la prescripción, todo bajo apercibimiento de aplicar las medidas de protección dispuestas por el legislador, con costas.

Al evacuar su informe el Instituto de Previsión Social señala que según consta del expediente previsional del recurrente mediante resolución N°010/001, de fecha 15 de junio del año 1993, se autorizó la incorporación de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, como imponente del sector previsional de la ex CANAEMPU, considerando la actividad de: Procurador del Número Juzgado de Maullin, dicha incorporación rige a contar del 01 de junio del año 1993, luego, con fecha 17 de junio del año 1997, se aceptó la renovación de la autorización del Sr. nombre reservado, como imponente “Independiente”, a contar del 01 de junio del mismo año.

Asimismo, indicó que el recurrente con fecha 29 de junio del año 2010, solicitó se le concediera el beneficio de jubilación por vejez, en el régimen de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, sector Públicos, en su calidad de Procurador del Número, comprobándose que registraba lagunas impositivas, lo que se informó por carta de fecha 5 de agosto de 2010, de la Coordinadora de la Oficina de Análisis de la División Beneficios, manifestándosele que debía acompañar las planillas de pago de los periodos agosto y septiembre de 2000; octubre de 2001, mayo y octubre de 2002, diciembre de 2005, noviembre y diciembre de 2009 y desde junio de 2010 a la fecha, acompañándose con fecha 22 de noviembre de 2010, las planillas pagadas de agosto y septiembre de 2000 y octubre de 2001.

Luego con fecha 26 de agosto de 2011 se informó al interesado que debía pagar las cotizaciones de junio y septiembre de 2010, desde noviembre de 2010 a enero de 2011, ya que los imponentes independientes no pueden registrar lagunas, lo que fue reiterado por carta de fecha 15 de diciembre de 2011. Precisa que, ante una nueva presentación del recurrente, de fecha 17 de febrero de 2012, por carta de fecha 10 de marzo de 2012, se le informó que, en su calidad de imponente independiente debía enterar las cotizaciones para el fondo de pensiones hasta la declaración de vacancia de su cargo de Procurador del Número.

Asimismo, por Oficio Ord. N° 010-1539, de fecha 4 de octubre de 2010, el encargado del Centro de Atención IPS Maullin remitió a la Oficina Ingreso y Apertura, las planillas de pago de mayo y octubre de 2002; diciembre de 2005, y de noviembre y diciembre de 2009, haciendo presente que de agosto y septiembre de 2000 y octubre de 2001, no fueron habidas y desde junio de 2010, el imponente no ha enterado las cotizaciones respectivas. En virtud de lo anterior, por Oficio Ord. N° 29371, de fecha 12 de diciembre de 2014, la Contraloría General de la Republica solicitó informe de este Instituto, sobre una presentación efectuada por el recurrente ante la Superintendencia de Pensiones, en que solicitó un pronunciamiento en el sentido de que su jubilación debía ser calculada conforme al artículo 132 del DFL 338, de 1960, como también, que para gozar de la pensión no era necesario que su cargo quedara vacante, y, finalmente, reclama por cuanto este Instituto nunca le dijo que tenía que estar al día en el pago de sus cotizaciones previsionales para pensionarse, habiendo transcurrido más de dos años sin que las haya pagado. Indica que mediante Ord. N° 29213/2015, de fecha 19 de enero de 2015, emitido por la Jefa del Departamento Transparencia y Documentación, y que el Organismo Contralor remitió al interesado por Oficio N° 41883, de fecha 26 de mayo de 2015, indicando que en éste se aclaraban todas las dudas formuladas por el interesado. Agrega que se le indicó al recurrente que debe enterar sus imposiciones hasta la declaración de vacancia de su cargo en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 6.884, de 1941, que adscribió a los Procuradores del Número al régimen de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, siendo las imposiciones de cargo fiscal estableciéndose para su financiamiento un impuesto en estampillas que pagarían por cada mandato, sin embargo, a contar del año 1982 este impuesto fue derogado, por lo que las cotizaciones previsionales de estos funcionarios pasaron a ser de su propio cargo, siendo calificados por la Superintendencia de Seguridad Social como imponentes independientes.

Que en virtud de la respuesta anterior el actor con fecha 20 de julio de 2015, realizó una nueva presentación en la cual solicita que la deuda de imposiciones que mantiene con mi representado sea solucionada con cargo al desahucio a que tenía derecho. En respuesta a su solicitud, se le informó por Oficio Ord. N° 34860-2015, de fecha 5 de agosto del año 2015, que ello resultaba improcedente, toda vez que en el régimen de ex CANAEMPU no existe el beneficio de indemnización o desahucio, el que para los funcionarios de la administración central de Estado es concedido por la Contraloría General de la República y pagado por el Servicio de Tesorerías de la Republica, y además, el Dictamen N° 8775, de fecha 05.04.1984, el Organismo Contralor señala que no corresponde el pago de este beneficio mientras se deban las cotizaciones al respectivo fondo, ni procede el pago de tales deudas con aquella indemnización, como tampoco ningún tipo de compensación entre ellas.

Conforme con lo anterior, por Oficio Ord. N° 291, de fecha 11 de agosto de 2015, el área Coordinación de Negocios Operativos, solicitó a la Sucursal del Instituto de Previsión Social, de la ciudad de Puerto Montt, que efectuara el cálculo de las cotizaciones adeudadas por el imponente, notificándole el monto resultante al recurrente. Por Oficios Ords. N° D.N. N° 39564/2016 de fecha 25 de febrero de 2016 y N° 360/17, de fecha 6 de marzo de 2017, se reiteró al interesado que debía solucionar las cotizaciones previsionales adeudadas para acceder al beneficio jubilatorio, indicándole las gestiones que debía realizar para obtener la condonación de los intereses penales devengados.

Así las cosas, con fecha 31 de mayo de 2018, previa solicitud de condonación de los Intereses penales devengados formulada por el imponente, la Sucursal IPS Puerto Montt efectuó el cálculo de la deuda que registraba el interesado a esa fecha, la que remitió al Departamento de Apoyo Legal junto al informe socioeconómico exigido por la Resolución Exenta N° 487, de fecha 15 de septiembre de 2015, del Director Nacional.

Que luego de estudiados los antecedentes enviados por la Sucursal, el Departamento de Apoyo Legal, de la División Beneficios de este Instituto, emitió el informe legal respectivo, dictándose la Resolución Exenta N° 95, de fecha 16 de enero de 2018, del Jefe de la División Beneficios, que condonó el 100% de los intereses penales devengados, debiendo pagar el monto nominal que ascendía a la suma de $3.340.105, dentro de 90 días de notificado de la resolución respectiva.

Habiéndose notificado al recurrente la resolución anteriormente aludida, este procedió al pago de la suma adeudada con fecha 13 de marzo de 2018 y los antecedentes fueron enviados al Departamento de Apoyo Legal, de la División Jurídica, para su revisión y control y en esa etapa se pudo comprobar que en cálculo realizado por la Sucursal IPS Puerto Montt, se había considerado las rentas equivalentes al ingreso mínimo en circunstancias que los Procuradores del Número deben cotizar por la renta que perciben los secretarios de Juzgados de Letras de la ciudad en que ejercen sus labores, por lo que se solicitó información a la Corporación Administrativa del Poder Judicial y al Juzgado de Letras de Maullín, sobre las rentas percibidas por el Secretario de ese Juzgado durante el periodo adeudado por el señor nombre reservado, de acuerdo con lo previsto en la Ley N° 6.884, modificada por la Ley N° 10.984.

Sin embargo, en el Oficio Ord. N° 010-0009, de fecha 30 de enero de 2020, la Oficina de Atención IPS de Maullín, remitió a este Departamento, copia de las resoluciones que autorizaron al señor nombre reservado para cotizar como imponente independiente del régimen de ex CANAEMPU, para el año 1993, y para el año 1997, por una renta mensual de $107.877, en ambos casos. Con estos nuevos antecedentes se procedió a revisar en el Sistema de cobranza de esta Institución denominado “Coreagil” y se pudo comprobar la existencia de las resoluciones que autorizaron al imponente para cotizar como imponente independiente del régimen de ex CANAEMPU y que habiéndose verificado la existencia de las ya referidas resoluciones que autorizaban al recurrente imponer como independiente en la ex caja ya aludida, para todos los años transcurridos desde el año 1997 y 2010, alcanzando la renta en este último periodo a la suma de $246.728 y, en consideración a que había transcurrido con creces el plazo de dos años, contemplado en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, para revisar las resoluciones ya señaladas, sin que se hubieren modificado o invalidado, debe estarse a la renta fijada en ellas, por lo que, para resolver definitivamente la situación previsional del interesado, por Oficio Ord. N° 392/2020, de fecha 6 de marzo del presente año, se solicitó a la Sucursal IPS Puerto Montt, se procediera a efectuar un nuevo cálculo de la deuda que registraba el señor nombre reservado, durante el periodo comprendido entre el 01.06.10 y el 31.03.2019, considerando la renta autorizada de $246.728, aumentándola a contar del 1° de junio de 2011 en un 10%, más el IPC de ese mismo periodo, efectuando la misma operación en junio de cada año, así también, se pidió realizar una actualización del informe socioeconómico elaborado respecto del señor nombre reservado, para los efectos de que este Departamento emita un pronunciamiento sobre la solicitud de condonación de los intereses penales formulada por el imponente.

Finalmente, se solicitó que se informara al interesado que debe enterar las cotizaciones previsionales para el fondo de pensiones hasta que cesen sus servicios como Procurador del Número, otorgándose la pensión a contar del día siguiente al referido cese, y, que la pensión de éste será determinada en base al promedio de las remuneraciones por las cuales haya cotizado durante los últimos sesenta meses anteriores al cese de servicios, las que deben coincidir con las rentas autorizadas por esa Sucursal.

Sostiene que el largo tiempo transcurrido desde que el recurrente solicitó el beneficio de jubilación por vejez, se debió a que éste registraba cotizaciones impagas entre el 01.06.10 y el 31.03.19, deuda que el imponente pagó parcialmente el 13 de marzo de 2018, la que debe ser reliquidada considerando las rentas por las cuales fue autorizado a cotizar como imponente independiente, debiendo además pagar las cotizaciones que se devenguen hasta la fecha del cese de sus funciones como Procurador del Número.

De igual modo, alega la improcedencia de la declaración de prescripción de la deuda previsional que mantiene el recurrente, pues el recurso de protección no resulta ser la vía idónea para obtener la declaración de prescripción de la deuda previsional que mantiene el recurrente con el Instituto por concepto de cotizaciones adeudadas, en su calidad de imponente independiente de la ex caja de Previsión de Empleados Públicos (Canaempu), ya que, la acción de prescripción tanto adquisitiva como extintiva, es materia de un procedimiento ordinario de mayor cuantía, en virtud del cual las partes pueden hacer valer sus alegaciones y defensas, rendir la prueba pertinente y recurrir de lo resuelto por el Tribunal que conoce de dicha acción.

Asimismo, sostiene la ausencia de acto ilegal o arbitrario, que prive, perturbe o amenace al recurrente, ya que, el Instituto de Previsión Social no ha efectuado ningún acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace, alguna garantía constitucional del recurrente, toda vez que esta Institución en todo momento ha actuado dentro de las obligaciones y facultades que le han sido legalmente concedidas.

Dentro de los deberes, funciones u obligaciones de la Institución destacan las de recaudar las cotizaciones previsionales que se deben enterar en favor de sus afiliados y/o imponentes; administrar el sistema de pensiones de las antiguas cajas de previsión; y otorgar los distintos beneficios previsionales, tales como jubilaciones, montepíos e indemnizaciones previsionales. En este sentido el otorgamiento de los beneficios previsionales es una de las funciones principales de este Servicio Público y, para ello, debe velar que se cumplan con los requisitos legales para concederlos y en el evento que no se cumplan exigir su cumplimiento, como sucede en el presente caso en el cual el recurrente previo a obtener la pensión de vejez solicitada debe solucionar la deuda previsional que mantiene con este Instituto, de no hacerlo es jurídicamente imposible que el Instituto le conceda el beneficio que solicita.

Precisa que el actuar de su representado se encuentra plenamente ajustado al principio de legalidad, no existe arbitrariedad alguna que se le pueda reprochar, los actos administrativos dictados en este periodo han sido motivados en razones objetivas, su dictación no obedece a caprichos de la autoridad que tenga por finalidad negarle un derecho a un afiliado al antiguo sistema de pensiones, más aun cuando, cada uno de los actos emitidos y notificados al actor han tenido como objeto cumplir con la normativa vigente y en virtud de ello otorgar la pensión al recurrente.

Conforme a lo anterior, afirma la inexistencia de una vulneración o perturbación a la garantía constitucional esgrimida por el recurrente consagrada en el N° 24 del artículo 19° de la Constitución Política de la República, esto es su derecho de propiedad, puesto conforme a lo ya expuesto la reliquidación de las cotizaciones del recurrente en base al sueldo de secretario del tribunal de Maullin, es improcedente, en tanto cuanto el señor nombre reservado, está autorizado para cotizar como imponente independiente del régimen de ex CANAEMPU y, conforme a aquello el Instituto ha solicitado mediante oficio 392-2020, de fecha 6 de marzo del presente año, a la Sucursal IPS Puerto Montt, se proceda a efectuar un nuevo cálculo de la deuda que registra el señor nombre reservado, durante el periodo comprendido entre el 01.06.10 y el 31.03.2019, razones todas por las cuales el recurso debe ser desestimado.

En la eventualidad que se acogiera el recurso, alude la improcedencia de la condena en costas, citando jurisprudencia en apoyo de sus pretensiones.

Posteriormente, complementando su informe anterior, el Instituto de Previsión Social, manifestó que con el objeto de conceder la pensión de vejez del recurrente con fecha 12 de mayo del presente año ha notificado al Sr. nombre reservado el oficio ordinario N°498-2020, del Subdepartamento Recaudación de fecha 11 de mayo de los corrientes, en virtud del cual se le informa a éste, el nuevo cálculo de la deuda previsional que registra con este Instituto, en su calidad de Procurador del Número, e imponente independiente del régimen de la ex caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, durante el periodo comprendido entre el 01.06-2010, y el 31.03.2019, considerando la renta por la cual fue autorizado en la referida calidad, esto es la suma de $246.728, lo que en definitiva arroja una deuda nominal de $4.869.720.-, más intereses penales por la suma de $7.669.809.-, lo que suma un total de $12.539.529. Sobre el particular, hace presente que la deuda por concepto de intereses penales, puede ser objeto de condonación parcial o total, previa solicitud del recurrente, más informe social favorable emitido por trabajador social de este Instituto, condonación que en definitiva será resuelta por el Jefe de Servicio de este Instituto.

Indica que si el recurrente solicita la condonación y una vez resuelta esta, el imponente deberá pagar la diferencia que resulte entre la suma que no sea condonada y la suma de $3.340.105, pagada el 13 de mayo del año 2019.

Reitera que previo a conceder la pensión del recurrente se requiere que éste solucione las imposiciones adeudas y aquellas que se han devengado hasta la fecha del cese de servicios como Procurador del Numero, lo que deberá acreditarse con la respectiva resolución o decreto de la Ilustrísima Corte de Puerto Montt.

La parte recurrida hace presente que por R°Ex 119 de 18 de junio de 2020 se le condonaron los intereses respecto de deuda previsional, adeudando por el periodo comprendido entre el 01 -06-2010 y el 31-03-2019, y por lo tanto, en definitiva deberá pagar la suma de $4.869.720.- correspondiente a las imposiciones adeudadas.

Al evacuar el traslado conferido al recurrente, señaló que nuevamente se le practica una reliquidación pese a que él ya ha pagado conforme a lo que se le pidió, no siendo responsable del error cometido por el I.P.S. en sus cálculos. Alega nuevamente la prescripción de la deuda atrasada por resultar extemporánea. Agrega que notificado el nuevo cálculo solicitó la condonación del total de lo cobrado por su precaria situación económica a raíz del Covid que le ha impedido desarrollar sus funciones, todo lo cual puso en conocimiento de la trabajadora social del I.P.S. de Puerto Montt. Agrega, en cuanto a su cargo, que sólo luego de su jubilación se procede a llamar a concurso para proveerlo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°) Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

2°) Que el recurso deducido debe ser desestimado. En efecto, en la especie, entendiendo que el recurrente dice que lo conculcado es un derecho relativo a la seguridad social, el artículo 20 de la Constitución Política de la República no contempla la garantía del N° 18° del artículo anterior entre los derechos protegidos, de suerte que todo lo referente a su pensión de vejez, por ser evidentemente una materia de seguridad social, no puede ser revisado por los Tribunales Superiores de Justicia por esta vía cautelar. Y es cierto que el recurrente no menciona al N° 18° del artículo 19 de la Carta Fundamental pero claramente su reclamo apunta a que se le ha conculcado un derecho que dice relación con la aludida pensión, esto es, precisamente una materia de seguridad social.

3°) Que, por lo demás, todo lo que sirve de fundamento a este recurso de protección es un asunto que debe ser conocido en un juicio de lato conocimiento, teniendo en cuenta, por cierto, lo que dispone la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo, y jamás en una acción cautelar de emergencia, que no constituye un juicio, a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Queda patente lo anterior si se advierte que una de las peticiones del recurrente consiste en que esta Corte declare la prescripción extintiva de la acción que corresponde a la recurrida, lo que de ninguna manera podría resolverse en un asunto constitucional como la intentada en estos antecedentes.

4°) Que, en consecuencia, como se adelantó, el recurso será desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza la acción constitucional deducida en autos, sin costas.

Se previene que la Ministra señora Leyton concurre a la decisión pero sin compartir el fundamento 2°.

Regístrese y notifíquese.

N°Protección-19458-2020.