Protección contra Colegio nombre reservado y del Ministerio de Educación

C.A. de Santiago.

Santiago, veintiséis de enero de dos mil veintiséis.

Proveyendo el escrito folio 31: téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que, con 2 de septiembre de 2025, comparece doña nombre reservado, actuando en representación de su hija menor de edad, nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado y del Ministerio de Educación, por haber procedido el primero a la revocación unilateral de la matrícula de la niña a mitad del año escolar y, respecto del segundo, en su calidad de garante del derecho a la educación. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se aceptó la solicitud de retiro de un tercero que no detenta la representación legal de la menor, sin previo aviso ni autorización de su apoderada, vulnerando con ello los derechos fundamentales de integridad psíquica, igualdad ante la ley y el derecho a la educación, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en el artículo 19 numerales 1, 2 y 10, por lo que solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada.

En cuanto a los antecedentes de hecho, la recurrente expone que su hija cursaba estudios en el establecimiento recurrido desde marzo de 2024, siendo la compareciente su única apoderada y representante legal. Relata que el financiamiento de la colegiatura era aportado por un tercero, el Sr. nombre reservado —padre de otros cuatro hijos de la actora—, en virtud de un acuerdo previo que permitía acceder a descuentos por volumen de matrículas. No obstante, el 2 de junio de 2025, el referido tercero se presentó ante el colegio y revocó unilateralmente la matrícula de la menor, acto que fue aceptado por el establecimiento sin requerir la anuencia de la madre, condicionando la permanencia de la alumna al pago inmediato de los aranceles.

Añade la recurrente que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, pues padece afecciones médicas crónicas en su columna y fibromialgia, lo que le impide trabajar y ha derivado en la negación de subsidios por incapacidad laboral por parte de la COMPIN. Refiere, además, ser víctima de violencia económica por parte del Sr. nombre reservado y no contar con los recursos para mantener a su hija en el sistema privado, habiendo intentado sin éxito obtener una vacante en el Colegio nombre reservado, donde estudia otro de sus hijos, debido a la inexistencia de cupos disponibles.

Desde la perspectiva jurídica, el recurso sostiene que el actuar del colegio es ilegal por contravenir la Ley General de Educación (Ley N.° 20.370), específicamente su artículo 11, que prohíbe la discriminación arbitraria y exige causales objetivas y audiencia previa del apoderado para la cancelación de matrícula. Asimismo, se argumenta que la decisión es arbitraria al ser caprichosa y carecer de una ponderación del interés superior de la niña, principio consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley N.° 21.430. Respecto al Ministerio de Educación, se le emplaza por su responsabilidad administrativa en la apertura de cupos necesarios para garantizar la continuidad escolar.

En relación con las garantías constitucionales, el recurso afirma que se vulnera la igualdad ante la ley (Art. 19 N° 2) al discriminar a la estudiante respecto de sus pares y hermanos; el derecho a la educación (Art. 19 N° 10) al interrumpirse su permanencia en el sistema escolar de forma injustificada; y la integridad psíquica (Art. 19 N° 1) debido al impacto emocional y la inseguridad afectiva que provoca la exclusión del entorno escolar compartido con sus hermanos.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al Colegio nombre reservado mantener la matrícula de la menor nombre reservado en igualdad de condiciones, y se instruya al Ministerio de Educación arbitrar las medidas para asegurar cuatro cupos en el nombre reservado para la niña y sus tres hermanas, a fin de permitir la reunificación del grupo familiar en dicho establecimiento.

La recurrente acompaña los siguientes documentos para fundar su pretensión: contrato original con el establecimiento educacional; nuevo contrato del colegio; diagnóstico médico de la recurrente; Resolución de COMPIN que rechaza el pago de subsidio laboral; Certificados de nacimiento de sus cinco hijos; Certificados de alumno regular de sus cuatro hijos nombre reservado; Certificados de notas del primer semestre de sus cinco hijos; y, Correos electrónicos del Colegio nombre reservado de fechas 02 y 30 de julio de 2025.

Finalmente, mediante presentación de 3 de diciembre de 2025, la recurrente hace presente que su hija nombre reservado ha asistido regularmente al Colegio nombre reservado, dándose cumplimiento por parte de la institución al compromiso de que independiente de la situación contractual acaecida, ella podía continuar con sus estudios en el Colegio. Así las cosas, finaliza su año escolar el viernes 5 de diciembre de 2025 y tiene matrícula para el año escolar 2026 en Tercero Básico del establecimiento municipal Colegio nombre reservado.

Precisa que el motivo del recurso fue, por una parte, el hecho de dejarla sin matrícula y por otra, por el bien superior de las cuatro hermanas que implica encontrar la vía para evitar que pasasen por una vulneración similar en el corto plazo, esto es, a voluntad del padre y de común acuerdo con el establecimiento, dar término al contrato y dejarlas sin colegio.

Da cuenta además que se encuentra gestionando la matrícula de las otras 3 hermanas para que todas asistan al mismo Colegio nombre reservado.

Segundo: Que, evacuando el traslado conferido, el abogado Marco Antonio Ossandón Luengo, en representación del Colegio nombre reservado, solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas.

En primer término, la recurrida deduce la excepción de extemporaneidad, fundado en que el acto que motiva la acción —esto es, la supuesta revocación de la matrícula por parte de un tercero— habría ocurrido el 2 de junio de 2025 y al haberse interpuesto el recurso con fecha 2 de septiembre de 2025, sostiene que ha transcurrido en exceso el plazo fatal de treinta días corridos establecido en el numeral primero del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia.

En cuanto al fondo del asunto, la defensa del establecimiento educacional alega la falta de legitimación pasiva, argumentando que el colegio no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno. Al respecto, expone que la menor no ha sido expulsada ni se le ha cancelado la matrícula unilateralmente, sino que sigue figurando como alumna regular, manteniendo su asistencia y calificaciones vigentes en el sistema Lirmi y Sige hasta la fecha del informe.

Aclara que el conflicto se origina en una disputa de índole económica entre la recurrente y el Sr. nombre reservado, quien voluntariamente financiaba la educación de la niña y quien, mediante comunicación electrónica de 27 de mayo de 2025, manifestó su voluntad de no continuar pagando dicha colegiatura.

Sostiene, por tanto, que la pretensión de la actora busca que el colegio asuma gratuitamente la educación de la menor, lo que carece de sustento legal.

Asimismo, la recurrida hace presente que las peticiones concretas del recurso, consistentes en la gestión de vacantes en un establecimiento municipal para la reunificación familiar, son materias que competen exclusivamente al Ministerio de Educación y no al colegio particular.

Argumenta que el establecimiento ha actuado dentro del marco del principio de autonomía y libertad de enseñanza, no existiendo vulneración a la igualdad ante la ley ni al derecho a la educación, toda vez que la niña no ha perdido su calidad de alumna y el conflicto de financiamiento es un asunto entre particulares ajeno a la gestión académica del plantel.

Finalmente, la parte recurrida solicita que, por las razones de hecho y de derecho expuestas, se proceda a rechazar la acción de protección por ser extemporánea, carecer de fundamento y dirigirse contra quien no tiene responsabilidad en los hechos descritos, con expresa condena en costas para la recurrente.

Tercero: Que, evacuando el traslado conferido, don nombre reservado, Director Regional Metropolitano de la Superintendencia de Educación, procede a informar al tenor del recurso de protección.

En su exposición, el organismo delimita inicialmente sus facultades legales conforme a la Ley N° 20.529 (Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media), señalando que su objeto es fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a la normativa educacional y utilicen los recursos para los fines que legalmente correspondan.

En cuanto a los fundamentos de derecho, el informe destaca que la Superintendencia ejerce su potestad sancionadora ante infracciones a la normativa vigente, la cual puede ser activada mediante una denuncia o a través de un proceso de fiscalización de oficio, conforme al artículo 49 de la citada Ley SAC. Al respecto, precisa que dicha fiscalización puede realizarse de forma presencial o administrativa, siguiendo lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 714 de 2016 y la jurisprudencia judicial atingente.

Por otra parte, la autoridad institucional hace presente la relevancia de la protección de datos personales y sensibles involucrados en el proceso. En este sentido, fundamenta su proceder en el artículo 21 de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, solicitando formalmente el resguardo de dicha información. Asimismo, invoca los artículos 33 y 64 de la Ley N.° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, con el fin de asegurar la confidencialidad y el interés superior de los menores de edad que pudieren verse afectados por la publicidad de los antecedentes.

Finalmente, solicita que se tenga por evacuado el informe y por cumplido el requerimiento de información solicitado; considerar el estricto resguardo de la confidencialidad de los datos personales y sensibles contenidos en el oficio y sus antecedentes, en cumplimiento de la normativa sobre protección de la vida privada y derechos de la niñez; y, tener presente el marco de sus atribuciones legales para los efectos de la resolución del conflicto sometido a decisión judicial.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que luego de lo dicho, lo alegado por la recurrente es que el establecimiento educacional al que asiste su hija nombre reservado, ha revocado de forma unilateral la matrícula para el año 2025 por haberlo solicitado el tercero que se hace cargo del pago de la colegiatura en el mes de mayo de esa misma anualidad.

Sin embargo, con fecha 3 de diciembre de 2025 la misma recurrente informa que el Colegio cumplió con el compromiso de mantener la matrícula de la alumna sin importar su situación contractual, habiendo terminado el año escolar el 5 de diciembre pasado. Agrega además que su hija ya se encuentra matriculada para el año 2026 en el Colegio nombre reservado, donde se encuentra tramitando la matrícula de sus otras 3 hermanas, regularizando, en consecuencia, lo reclamado en autos.

Sexto: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por doña nombre reservado, actuando en representación de su hija menor de edad, nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 19.455-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Pedro Caro Romero, conformada por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón y el Abogado Integrante señor Rafael Plaza Reveco.