Protección contra Servicio Nacional de Migraciones por el acto ilegal y arbitrario consistente en

C.A. de Santiago Santiago, dos de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el 1 de septiembre de 2025, comparece Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en favor de nombre reservado de nacionalidad venezolana e interpone acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones por el acto ilegal y arbitrario consistente en la negativa a tramitar su solicitud de refugio conforme a las disposiciones de la Ley Nro. 20.430.

Expone que la recurrente acudió el 5 de mayo de 2025 a las oficinas de la recurrida a fin de iniciar el procedimiento de reconocimiento de su condición de refugiada. No obstante, por resolución exenta Nro. NUM000 de 7 de agosto de 2025 se le tuvo por desistida de la solicitud sin haber realizador la derivación de los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica de la Comisión de e Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Plantea que lo anterior dificulta la tramitación de la solicitud y carece de justificación, pues la autoridad esgrime como justificación el hecho de “Exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el art. 26 de la ley 20.430”. Al respecto, la recurrente afirma que se subsanó aquello mediante solicitud de reconocimiento el 31 de julio de 2025.

Cuestiona, además, que es improcedente el desistimiento de la solicitud, pues la protegida no ha manifestado de manera expresa su intención de abandonar su deseo de que se reconozca su calidad de refugiada. En el mismo sentido, indica que el desistimiento, según el artículo 52 del Decreto Nro. 837 debe ser individual, expreso y voluntario, lo que no ocurre en la especie.

En torno a la justificación de su petición, sostiene que, en su país recibió amenazas de grupos denominados “los colectivos”, lo que la expone ante una eventual expulsión a dicho peligro.

Previas citas legales y jurisprudenciales, afirma que existe una vulneración a la garantía de igualdad ante la Ley y solicita que se deje sin efecto la resolución exenta Nro. NUM000 de 7 de agosto de 2025 y se otorgue visa temporal de refugio a la recurrente.

SEGUNDO: Que, a folio 5, por la recurrida Servicio Nacional de Migraciones informan nombre reservado y Stephanie Pinto González, quienes solicitan el rechazo de la acción por no existir acto u omisión alguna que vulnere aquellas garantías constitucionales de la recurrente.

En primer lugar, se refieren a los antecedentes migratorios de la recurrente. En concreto, refieren que ingresó al país de forma clandestina el 13 de febrero de 2023 y, más de dos años después, el 5 de mayo de 2025 manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de condición de refugiado. En ese contexto, fue citada para realizar el trámite inicial para el 18 de julio de 2025 y verificados los requisitos formales, en la misma fecha, se le notificó que su solicitud estaba incompleta por carecer de los requisitos formales mínimos, en concreto, por exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso para presentarse ante la autoridad y mantener ingreso por paso no habilitado sin acreditar el cumplimiento de los 8 y 35 del reglamento de la Ley Nro. 20.430, otorgándole 15 días para subsanar tales deficiencias, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud.

Indican que, la recurrente presentó una carta explicativa en la que arguye el desconocimiento de la posibilidad de solicitar refugio y un certificado de antecedentes penales en su país de origen.

Antecedentes que, a juicio de la autoridad, son insuficientes para desvirtuar las carencias advertidas.

Luego, el 7 de agosto de 2025 mediante resolución exenta Nro. NUM000 se declaró inadmisible la solicitud de reconocimiento de condición de refugiada.

Previas referencias normativas, en lo pertinente, sostiene que de acuerdo al artículo 26 de la Ley Nro. 20.430 todo extranjero que ingrese al territorio nacional con el objeto de solicitar refugio debe informarlo oportunamente a la autoridad contralora de las fronteras y posteriormente informa de aquello al Servicio Nacional de Migraciones.

Luego, conforme se desprende de los artículos 6°, 8° y 35 de la Ley Nro. 20.430, las personas que ingresen de forma clandestina pueden acceder a dicho procedimiento presentándose ante la Policía de Investigaciones dentro de 10 días contados desde su ingreso clandestino.

Así las cosas, al reconocer la recurrente que ingresó al país de forma clandestina el 13 de febrero de 2023, no se verifica el cumplimiento de dicho requisito, pues materializó su solicitud recién el 5 de mayo de 2025.

En definitiva, afirman que existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida y no existe vulneración alguna a la garantía invocada por la recurrente, más bien lo contrario, pues pretende un trato más favorable en desmedro de otros extranjeros que sí cumplen los requisitos que el ordenamiento jurídico ha establecido y solicita el rechazo de la acción.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, a partir de lo expuesto se aprecia con claridad que el hecho que la recurrente califica como ilegal y arbitrario consiste en la resolución Nro. NUM000 que resuelve tener por desistida a la recurrente de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada por, en lo pertinente, exceder ésta del plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones de acuerdo con lo establecido por el artículo 26 de la Ley 20.430.

QUINTO: Que el artículo 26 inciso quinto de la Ley Nro. 20.430 dispone que “la solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional”.

Por su parte, el artículo 35 del Decreto Nro. 837, que establece el reglamento de la Ley Nro. 20.430, dispone que “los extranjeros que hubiesen ingresado en forma clandestina, indocumentada o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona podrán solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 bis, habiendo cumplido previamente con lo establecido en el artículo 8°, inciso primero, de este reglamento”.

Por su parte, el artículo 8° inciso primero señala que “los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello”.

SEXTO: Que, la propia actora reconoce en su libelo que salió de su país el 3 de febrero de 2023 e ingresó a territorio nacional el 13 de febrero del mismo año, no se ha discutido que ingresó de forma clandestina y que manifestó ante la autoridad migratoria su intención de acceder a refugio el 5 de mayo de 2025, excediendo con creces, y por un periodo de años, el plazo establecido en la ley para realizar la solicitud.

De esta manera, resultando aplicable lo dispuesto en las normas indicadas en el fundamento anterior, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, esta Corte estima que el proceder del recurrido se encuentra debidamente ajustado, tanto a las disposiciones de la Ley Nro. 20.430, como a su Reglamento, atendido que la recurrente no dio cumplimiento a lo requerido en el plazo que le fue concedido, sin que se advierta que la actuación del recurrido sea ilegal o arbitraria, motivo por el cual el presente arbitrio no se encuentra en condiciones de prosperar, debiendo ser rechazado.

SÉPTIMO: Que, en efecto, conforme al mérito de las alegaciones de las partes y antecedentes acompañados, especialmente aquellos acompañados por la recurrida a folio 5, es posible establecer que, una vez presentada la solicitud, al no cumplir la solicitud con los requisitos legales, la autoridad otorgó a la actora un plazo de 15 días hábiles para subsanarla, todo, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 bis de la Ley Nro. 20.430, lo cual se materializó mediante la dictación de la Resolución Exenta N°NUM001, de fecha 18 de julio de 2025, con la finalidad de que se acompañen los antecedentes que permitan subsanar las situaciones descritas en cuanto a los requisitos formales requeridos para iniciar la tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, lo que finalmente no aconteció, por lo que conforme al artículo 31 de la Ley 19.880, y habiéndosele intimado previamente el apercibimiento, correspondía poner término al procedimiento teniéndola por desistida de su solicitud, pues, como se indicó, no acompañó la documentación mínima que establece el ordenamiento jurídico para dar curso a este tipo de solicitudes.

OCTAVO: Que, por lo antes razonado, debe concluirse que la negativa de la recurrida a dar tramitación a la solicitud de refugio, y declarar posteriormente su desistimiento, no constituye un acto ilegal ni denota una arbitrariedad en el actuar de la autoridad administrativa, de lo que se sigue que no se configura en la especie la vulneración de las garantías constitucionales invocadas en el recurso, motivos que conllevan al rechazo del arbitrio.

NOVENO: Que, por otra parte, no se explica ni se desprende de las alegaciones de la parte recurrente, ni de los antecedentes expuestos en la presente acción cautelar, de qué manera se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas en el recurso. En efecto, no se ha acreditado que alguna persona, en condiciones similares a las de la protegida, haya recibido un trato desigual.

En consecuencia, no se ha demostrado que la resolución impugnada haya privado, perturbado o amenazado a la recurrente en el ejercicio de alguno de sus derechos fundamentales;

DÉCIMO: Que, al tenor de lo razonado precedentemente, y no advirtiendo esta Corte un acto arbitrario o ilegal de parte del Servicio Nacional de Migraciones, procede el rechazo del presente arbitrio.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-19402-2025.