Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Santiago, diecinueve de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, de nacionalidad venezolana, actuando en favor de su hijo nombre reservado, de nacionalidad venezolana, nacido el NUM000 de 2008, interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la Resolución Exenta N°NUM001, de 28 de julio de 2026, mediante la cual se dispuso el archivo de la solicitud de residencia temporal del niño, niña o adolescente presentada en favor del amparado desde el extranjero, registrada bajo el ID N°NUM002, por no haberse presentado documentación actualizada que acreditara el domicilio declarado en Chile del vínculo del amparado, con una antigüedad máxima de 30 días y con copia legalizada ante notario con firma electrónica avanzada. Estima que dicho acto vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que reside definitivamente en Chile, que su hijo permanece en Venezuela sin red de apoyo familiar y que, con el objeto de reunificarse, el 20 de agosto de 2025 se presentó, a través de la plataforma del Servicio recurrido, la solicitud de residencia antes referida. Refiere que, el 25 de junio de 2026, el Servicio le requirió, en un plazo de sesenta días, acreditar con quién ingresaría el amparado al país y acompañar un documento actualizado que acreditara el domicilio declarado en Chile del vínculo; y que, el 6 de julio de 2026, y dentro de plazo, acompañó una declaración jurada de la recurrente, otorgada ante notario con firma electrónica avanzada el 1 de julio de 2026, en que se indica que el amparado ingresará en compañía de su padre, nombre reservado, titular de residencia temporal otorgada por Resolución Exenta N°NUM001, resolución que también acompañó; una declaración jurada de domicilio, otorgada en la misma fecha y ante notario con firma electrónica avanzada; y un certificado de vigencia de contrato de arriendo. Sostiene que tales antecedentes acreditaban de manera indubitada su domicilio y que, no obstante, el Servicio archivó la solicitud sin explicar por qué no lo acreditaban o por qué resultaban insuficientes, dejando a su hijo en una situación migratoria compleja, que le impide reunificarse con ella de la manera más expedita y lo obliga a ingresar una nueva solicitud.

Sostiene que el acto impugnado es ilegal, injusto y desproporcionado, por cuanto la recurrida analizó negligentemente los antecedentes aportados y no fundó suficientemente su decisión, en circunstancias que las atribuciones de los órganos de la Administración deben ejercerse con razonabilidad y con respeto de un racional y justo procedimiento, sea que se trate de potestades regladas o discrecionales. Señala que con ello se vulnera la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2). Alega, además, que la acción fue deducida dentro de plazo, atendido el carácter permanente del perjuicio.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones reabrir la solicitud de residencia temporal y reevaluarla o, en subsidio, otorgarle un plazo para acompañar otra documentación idónea que acredite su domicilio.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente acompaña los siguientes instrumentos: 1) Resolución Exenta N°NUM001, de 28 de julio de 2026, del Servicio Nacional de Migraciones; 2) acta de nacimiento de nombre reservado, del Registro Civil del Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela, con legalizaciones de autoridades venezolanas y apostilla de 26 de junio de 2025; 3) antecedentes presentados al Servicio con fecha 6 de julio de 2026, entre ellos dos declaraciones juradas de nombre reservado, otorgadas el 1 de julio de 2026 ante el Notario de Antofagasta don nombre reservado, la Resolución Exenta N°NUM001, de 18 de junio de 2026, que otorga residencia temporal por reunificación familiar a nombre reservado, una boleta de honorarios electrónica N°254, de 12 de junio de 2026, y un certificado de vigencia de contrato de arriendo, de 1 de julio de 2026; y 4) certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna de Santiago, N°NUM004, cuya copia fue legalizada ante la 32ª Notaría de Santiago el 30 de julio de 2026.

Segundo: Que, al evacuar su informe, el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo del recurso en todas sus partes. Señala que el amparado solicitó, desde el extranjero, un permiso de residencia temporal por reunificación familiar, registrado bajo el ID N°NUM002; que, mediante Comunicación Electrónica Folio N°NUM005, de 23 de octubre de 2025, se le requirió un certificado de cuidado a cargo de los padres y una declaración jurada de expensas, y que el interesado adjuntó una declaración jurada de cuidados y expensas; y que, mediante Comunicación Electrónica Folio N°NUM006, de 25 de junio de 2026, se le informó que su solicitud debía ser complementada en un plazo de sesenta días, debiendo acreditar con quién ingresaría al territorio nacional y acompañar un documento actualizado que acreditara el domicilio declarado en Chile del vínculo del menor de edad, con antigüedad máxima de 30 días y con copia legalizada ante notario con firma electrónica avanzada. Indica que, a modo de subsanación, el interesado acompañó una declaración jurada que señala que el amparado ingresará con su padre, una declaración jurada de domicilio firmada ante notario y un certificado de vigencia de contrato de arriendo, el cual no se encuentra notariado, lo que impediría acreditar que la adulta responsable reside efectivamente en el inmueble informado; que la labor del Servicio exige la máxima rigurosidad en la verificación de las condiciones de ingreso del menor de edad, siendo indispensable la acreditación fehaciente de un domicilio seguro y existente; y que, por ello, mediante Resolución Exenta N°NUM003, de 28 de julio de 2026, se dispuso el archivo de la solicitud.

Agrega que, con fecha 4 de agosto de 2026, el interesado presentó un recurso administrativo en contra de dicha resolución, registrado bajo el ID N°NUM007, respecto del cual, mediante Comunicación Electrónica Folio N°NUM008, de 28 de agosto de 2026, se le requirió acompañar, en el plazo de sesenta días, documentación actualizada que acredite el domicilio declarado en Chile del vínculo del menor de edad, con antigüedad máxima de 30 días y con copia legalizada ante notario con firma electrónica avanzada, haciéndole presente que el certificado de residencia remitido no tiene legible el año de emisión; plazo que se mantendría vigente, encontrándose el recurso en la etapa de “adjuntar documentos adicionales”.

En cuanto al derecho, alega, en primer término, la falta de legitimación activa del recurrente para acudir a la vía judicial, por aplicación del artículo 54 de la Ley N°19.880, toda vez que el recurso de protección comparte el mismo objeto que el recurso administrativo aún no resuelto, esto es, dejar sin efecto el archivo de la solicitud; y que, conforme al artículo 140 de la Ley N°21.325, la interposición de dicho recurso suspende los efectos de la resolución impugnada. Sostiene, en segundo lugar, la improcedencia de la acción, por no existir acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de garantías constitucionales, desde que los efectos del acto se encuentran suspendidos, no existe resolución que disponga el abandono o la expulsión del amparado y, conforme al artículo 4° de la Ley N°21.325, los niños, niñas y adolescentes no están sujetos a las sanciones administrativas previstas en dicha ley, encontrándose habilitado para presentar una nueva solicitud de residencia.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida acompaña copia del expediente administrativo, que comprende las Comunicaciones Electrónicas Folios N°NUM005, de 23 de octubre de 2025, y N°NUM006, de 25 de junio de 2026, la Resolución Exenta N°NUM003, de 28 de julio de 2026, y la Comunicación Electrónica Folio N°NUM008, de 28 de agosto de 2026, todas del Servicio Nacional de Migraciones.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en dicha disposición se enumeran, mediante la adopción de las medidas de resguardo necesarias frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Por consiguiente, para su procedencia resulta indispensable la concurrencia de una conducta ilegal —esto es, contraria a la ley— o arbitraria —producto del mero capricho, la falta de fundamento razonable o la ausencia de motivación plausible de quien incurre en ella— y la afectación, a consecuencia de dicha conducta, de alguna de las garantías amparadas por la citada disposición constitucional.

Cuarto: Que, en forma previa, corresponde desestimar las alegaciones de falta de legitimación activa y de improcedencia fundadas en el artículo 54 de la Ley N°19.880. En primer término, la pretendida falta de legitimación activa, que en realidad se funda en la existencia de un recurso administrativo pendiente, no puede prosperar. En efecto, el artículo 20 de la Constitución Política de la República habilita a deducir la acción “por sí o por cualquiera a su nombre”, de modo que la madre del amparado se encuentra legitimada para actuar en su favor.

Por otra parte, la acción de protección fue establecida por la propia Carta Fundamental “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, de modo que su ejercicio no puede ser condicionado por la ley a la resolución previa de un reclamo administrativo, ni entenderse comprendida en la prohibición del artículo 54 de la Ley N°19.880, por tratarse de una norma de rango inferior que no puede obstaculizar el pleno ejercicio de la acción constitucional. A lo anterior se suma que, tratándose de actos regidos por la Ley N°21.325, el legislador dispuso expresamente, en el inciso segundo de su artículo 139, que la interposición de los recursos administrativos es «sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan», regla especial que consagra la compatibilidad de ambas vías y que desplaza, en esta materia, la regla general invocada por la recurrida. Finalmente, consta, sin que haya sido controvertido, que la resolución impugnada fue notificada el 28 de julio de 2026 y que la acción fue deducida el 24 de agosto de 2026, esto es, dentro del plazo de treinta días corridos que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

Por otra parte, no es óbice para el examen de la acción que no exista una resolución que disponga el abandono o la expulsión del amparado, ni se le haya impuesto sanción alguna, pues la presente es una acción de protección, cuyo objeto no se limita a medidas de expulsión o a la imposición de sanciones, sino que comprende cualquier acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte alguna de las garantías enumeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Lo alegado por la recurrida acerca de la suspensión de los efectos del acto será ponderado, a continuación, al examinar el fondo del recurso.

Quinto: Que, en cuanto al fondo, la resolución impugnada fue dictada por autoridad competente. En efecto, corresponde al Servicio Nacional de Migraciones resolver las solicitudes de residencia temporal, conforme al artículo 157 N°5 de la Ley N°21.325 y al artículo 42 del Decreto Supremo N°296, de 2022, y el acto fue suscrito por la Jefa de la Unidad de Permisos Temporales en el exterior del Departamento de Residencias Temporales de dicho Servicio, con cita en sus vistos de las normas legales y reglamentarias aplicables y de la Resolución Exenta N°23499, de 14 de julio de 2025.

Séptimo: Que consta que, el 4 de agosto de 2026, el interesado interpuso un recurso administrativo en contra de la resolución impugnada, registrado bajo el ID N°NUM007, y que, de conformidad con el artículo 140 de la Ley N°21.325, la interposición de dicho recurso suspendió los efectos del acto. Consta, además, que mediante Comunicación Electrónica Folio N°NUM008, de 28 de agosto de 2026, el Servicio requirió al interesado acompañar, en el plazo máximo de sesenta días, documentación actualizada que acredite el domicilio declarado en Chile del vínculo del menor de edad, con antigüedad máxima de 30 días y con copia legalizada ante notario con firma electrónica avanzada, advirtiéndole que el certificado de residencia remitido no tiene legible el año de emisión. Dicho plazo, contado desde el 28 de agosto de 2026, vence el 27 de octubre de 2026, de manera que se encuentra vigente a la fecha, y la recurrente cuenta con la oportunidad de presentar, legalizado ante notario con firma electrónica avanzada y con fecha legible, el documento que estime idóneo para acreditar su domicilio, a fin de que el recurso administrativo sea resuelto con los antecedentes completos.

Octavo: Que, en tales condiciones, no se advierte un acto ilegal o arbitrario que actualmente prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías invocadas. El archivo no produce efectos mientras se resuelve el recurso administrativo; el procedimiento se encuentra en la etapa de adjuntar documentos adicionales, con plazo vigente; y lo pretendido en esta sede es precisamente lo que el procedimiento administrativo en curso permite. Corresponde a la autoridad administrativa ponderar los antecedentes que se aporten y resolver el recurso, decisión que, de ser contraria a derecho, podrá ser revisada por las vías que correspondan. Cabe agregar que, conforme al artículo 4° de la Ley N°21.325, los niños, niñas y adolescentes no están sujetos a las sanciones administrativas previstas en dicha ley, de modo que el archivo de la solicitud no impide presentar una nueva.

Noveno: Que, por lo mismo, tampoco se vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, toda vez que no se ha acreditado que el amparado haya sido sometido a una diferencia de trato arbitraria: se le exigieron los mismos antecedentes que la autoridad requiere a los solicitantes que se encuentran en su misma situación y se le ha conservado, en el procedimiento recursivo, la oportunidad de acompañarlos.

Décimo: Que, en consecuencia, no concurriendo los presupuestos que hacen procedente la acción constitucional deducida, el recurso de protección será rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°19401-2026 Protección