Protección contra Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado

nombre reservado, abogado, actuando en beneficio de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 07 de agosto de 2025, que resolvió tener por desistida a la recurrente de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, sin haber realizado de manera previa la correspondiente derivación de los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida ha creado una hipótesis de desistimiento no prevista por el legislador, vulnerando el artículo 52 del Decreto N° 837 que exige que el desistimiento sea individual, expreso y voluntario, transgrediendo con ello el derecho fundamental de igualdad ante la ley, consagrado en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente es una ciudadana venezolana que se vio forzada a escapar de su país de origen e ingresar a Chile por pasos no habilitados, toda vez que su libertad y seguridad han sido amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en Venezuela.

Señala que la salida de la recurrente de su país tuvo lugar con fecha 16 de abril de 2023 y su arribo a Chile se realizó con fecha 25 de abril de ese mismo año.

Agrega que, una vez en Chile, la recurrente acudió con fecha 27 de mayo de 2025 a la Oficina de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, oportunidad en la que fue atendida, se le facilitó el formulario correspondiente, procediendo a su llenado y posterior entrega, y se recibió su declaración sobre los hechos materia de su solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, refiere que con fecha 07 de agosto de 2025, la recurrente recibió la Resolución Exenta N° NUM000 que resolvió tenerla por desistida de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, presentada con fecha 07 de mayo de 2025.

Indica que en el considerando N° 3 de dicha resolución, la autoridad migratoria señaló como fundamento de su decisión que la solicitud no reunía los requisitos para dar curso a la misma, por exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG según lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430, y por mantener ingreso al país por paso no habilitado sin presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837. Destaca que realizó la correspondiente subsanación de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado con fecha 04 de agosto de 2025, circunstancia que evidencia que no ha existido voluntad de abandonar el procedimiento.

En cuanto a los fundamentos jurídicos del recurso, arguye en primer término que no ha existido un efectivo desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, por cuanto la recurrente no ha manifestado de manera expresa, en ningún momento del proceso, su intención o voluntad de abandonar efectivamente la pretensión que le motivó a realizar su solicitud.

Sostiene que la Ley N° 20.430 no define lo que debe entenderse por desistimiento, debiendo recurrirse al Diccionario de la Lengua Española que lo define como la acción de abdicar o abandonar un derecho o una acción procesal, y al Diccionario Panhispánico del Español Jurídico que lo conceptualiza como la terminación anormal de un proceso debida a que el actor manifiesta su voluntad de abandonar su pretensión. Añade que tampoco puede inferirse un desistimiento tácito, por cuanto no existe norma legal alguna que consagre dicha alternativa.

En sustento de lo anterior, cita una sentencia de fecha 22 de enero de 2024, emanada de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, en causa Protección-20600-2023, caratulada "nombre reservado/nombre reservado", cuyo considerando Cuarto establece que el artículo 52 del Decreto N° 837 expresamente refiere que el desistimiento debe ser individual, expreso y voluntario, lo que demuestra que la autoridad administrativa recurrida ha creado una hipótesis no prevista por el legislador para tener por desistido al peticionario.

En segundo lugar, alega que la resolución impugnada vulnera el principio de proporcionalidad de los actos jurídicos, particularmente en sede administrativa, toda vez que el Servicio Nacional de Migraciones desconoce la situación humanitaria y migratoria de la recurrente, especialmente el asedio y las amenazas sufridas en su país natal por parte de agrupaciones delictuales como "los Colectivos". Sostiene que este principio busca garantizar que las acciones del Estado no sean desproporcionadas o arbitrarias, protegiendo los derechos y libertades de los ciudadanos, siendo especialmente relevante en el ámbito de los derechos fundamentales. Afirma que la autoridad migratoria, al tener por desistida la solicitud, está priorizando el orden público por sobre el derecho fundamental de la recurrente a que se le reconozca su calidad de refugiado, con la perniciosa consecuencia de una eventual expulsión del país.

En tercer término, argumenta que la resolución exenta vulnera abiertamente el principio de irretroactividad de la ley y de las sanciones, consagrado en el artículo 19 N° 3, inciso séptimo de la Constitución Política de la República, que si bien está referido al ámbito penal, resulta plenamente aplicable a las sanciones administrativas. Indica que este principio constituye una garantía esencial del Estado de Derecho y comprende tanto la prohibición de establecer penas o sanciones por hechos acaecidos con anterioridad a la ley que los contempla como vulneratorios del ordenamiento jurídico, como la prohibición de imponer penas o sanciones más gravosas de aquellas contempladas al momento de los hechos. Cita jurisprudencia de la Contraloría General de la República, de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional en apoyo de su argumento.

En cuarto lugar, sostiene que a la recurrente no le ha sido otorgada la visación de residente temporario prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430, norma que establece perentoriamente que una vez presentada la solicitud, la autoridad competente extenderá al peticionario una visación de residente temporario por el plazo de ocho meses, prorrogables por períodos iguales. Señala que igual disposición contiene el artículo 42 del Decreto N° 837, que ordena que una vez formalizada la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, el Servicio Nacional de Migraciones extenderá al peticionario una visación de residente temporario. Afirma que ambas normas son claras y perentorias, debiendo extenderse la visa concluido el acto mismo de presentación de la solicitud y acto seguido de ésta.

Adicionalmente, invoca el derecho a buscar y recibir asilo como un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 5° de la Constitución Política de la República, que establece la obligación del Estado de respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Asimismo, cita el principio de No Devolución contemplado en el artículo 4° de la Ley N° 20.430, aplicable desde el momento en que se manifieste la intención de formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, y los artículos 32 y 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, que prohíben la expulsión y devolución de refugiados.

Asimismo, afirma que, conforme al artículo 27 de la Ley N° 20.430, los funcionarios de la Administración del Estado que tuvieran conocimiento de la presentación de una solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado deberán ponerla en conocimiento, en el más breve plazo, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, por lo que no les corresponde a los funcionarios de las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Migraciones deliberar sobre la legitimidad o validez de los antecedentes expuestos por los solicitantes, siendo la referida Secretaría Técnica quien pondera el cumplimiento de los requisitos.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, expone que el actuar de la recurrida transgrede el derecho fundamental de igualdad ante la ley, consagrado en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que al tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado sin que la recurrente haya manifestado expresa, individual y voluntariamente tal intención, y sin otorgarle la visación de residente temporario prescrita por ley, la autoridad migratoria ha creado una hipótesis no prevista por el legislador, vulnerando el artículo 52 del Decreto N° 837 y realizando una torcida interpretación de los artículos 6° de la Ley N° 20.430 y 8° del Decreto N° 837, lo que importa una discriminación en relación con el trato dispensado a otros extranjeros.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la autoridad migratoria y administrativa ha actuado de manera arbitraria e ilegal, vulnerando derechos fundamentales de la recurrente; se deje sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 07 de agosto de 2025, que resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente; y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio, prescrita bajo el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430, mientras se espera la evaluación por parte de una comisión calificada.

SEGUNDO: Que, a su turno, el Servicio Nacional de Migraciones, representado por sus mandatarios judiciales don nombre reservado y don nombre reservado

nombre reservado, abogados, evacuó el informe requerido solicitando el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional de protección deducida en su contra, por estimar que no ha existido acto u omisión ilegal ni arbitrario por parte de dicha autoridad que afecte las garantías constitucionales invocadas por la parte recurrente, toda vez que la autoridad administrativa ha ceñido siempre su actuar a las facultades constitucionales, legales y reglamentarias que le han sido conferidas.

En cuanto a los antecedentes de hecho, expone la recurrida que la extranjera doña nombre reservado, nacional de Venezuela, no registra fecha de ingreso al territorio nacional, de lo cual se desprende necesariamente su ingreso clandestino al país. Agrega que, con fecha 10 de agosto de 2023, la recurrente se inscribió en el Proceso de Empadronamiento Biométrico del año 2023, empadronándose en dicho procedimiento el día 2 de octubre del mismo año, precisando que este proceso no constituye un procedimiento de regularización, sino que consistía únicamente en registrar e identificar a las personas extranjeras mayores de 18 años que hubieren ingresado al país por paso no habilitado o eludiendo el control migratorio en frontera, con el objetivo de conocer de forma más completa la identidad y cantidad de personas en situación migratoria irregular.

Señala que, con fecha 7 de mayo de 2025, la recurrente manifestó ante el Servicio su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, requerimiento que fue registrado bajo la ID N° NUM001. Mediante Oficio Ordinario de Folio N° NUM002, de la misma fecha, se citó a la recurrente a las dependencias del Departamento de Refugio y Protección Internacional para el día 2 de julio de 2025, con la finalidad de dar inicio a su solicitud. Indica que la recurrente se presentó en dicha fecha y hora, entregando la información contemplada en los artículos 26 y 28 de la Ley N° 20.430 y en el artículo 37 de su Reglamento.

Expone la recurrida que, mediante Resolución Exenta N° NUM003, de fecha 21 de julio de 2025, se informó a la extranjera que no era posible dar inicio al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, al no haber cumplido con los requisitos formales establecidos en la Ley N° 20.430 y su Reglamento, específicamente por exceder el plazo de 7 días desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG según lo establecido en el artículo 26 inciso quinto de la ley, y por mantener ingreso al país por paso no habilitado sin presentar los antecedentes que permitan acreditar el cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837. Añade que se otorgó a la recurrente un plazo de 15 días para acompañar antecedentes que permitiesen subsanar las faltas indicadas, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud, conforme al artículo 28 bis de la Ley N° 20.430 y el artículo 31 de la Ley N° 19.880.

Refiere que, con fecha 4 de agosto de 2025, la extranjera remitió documentación al procedimiento administrativo, correspondiente a una carta explicativa que, sin embargo, no dio cuenta del cumplimiento de los requisitos formales que no habían sido satisfechos para dar curso a su solicitud. Por lo anterior, mediante Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 7 de agosto de 2025, se dispuso el desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, conjuntamente con la reserva de los recursos administrativos procedentes, los cuales no fueron oportunamente intentados por la extranjera.

Finalmente, destaca que el Servicio no ha dispuesto en contra de la extranjera sanción migratoria alguna que disponga su expulsión o abandono del territorio nacional, o prohíba su ingreso al país.

En cuanto a los fundamentos de derecho, desarrolla extensamente el marco normativo aplicable al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Indica que, con fecha 20 de febrero de 2024, se publicó y entró en vigencia la Ley N° 21.655, que modifica la Ley N° 20.430, estableciendo una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, realizando importantes modificaciones a la tramitación del procedimiento y estableciendo nuevos requisitos para la admisibilidad y formalización de una solicitud de refugio, particularmente mediante la modificación de los artículos 2, 3, 6, 26 y 32, junto con la incorporación de los artículos 28 bis y 28 ter.

Respecto de la presentación de la solicitud de refugio, señala que el artículo 26 de la Ley N° 20.430 habilita a toda persona para solicitar en Chile el reconocimiento de la condición de refugiado, con independencia de su condición migratoria, siempre que se encuentre en territorio nacional. Sin perjuicio de ello, precisa que para que un extranjero sea considerado como solicitante de refugio, su solicitud debe haber sido declarada admisible y formalizada conforme a los artículos 2, 6, 26 y 28 de la Ley N° 20.430, y a los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento. Entre los requisitos para la formalización enumera: que el solicitante haya manifestado su intención de solicitar refugio ante autoridad competente y dentro del plazo legal; que se hayan cumplido los requisitos para solicitantes que hayan ingresado por paso no habilitado o con condición migratoria irregular; que la solicitud contenga las menciones mínimas exigidas; y que, del análisis de la solicitud, ésta sea declarada admisible por tener suficientes fundamentos.

En cuanto a las autoridades competentes y la oportunidad para presentar la solicitud, expone que el artículo 26 de la Ley N° 20.430 establece que todo extranjero que ingrese al territorio nacional con el objeto de solicitar refugio debe informar a la autoridad contralora de frontera su intención, y posteriormente manifestar su voluntad de solicitar refugio en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones, presencialmente o por carta, en un plazo fatal de siete días contados desde su ingreso al país. Excepcionalmente, se podrá dar curso a la solicitud fuera de dicho plazo cuando existan antecedentes suficientes que den cuenta de un cambio en las circunstancias del solicitante, posteriores a su ingreso a Chile, que pongan en riesgo su vida, libertad o integridad física.

En lo concerniente a la supuesta vulneración de garantías fundamentales, la recurrida sostiene que no existen fundamentos que sustenten la pretensión del recurso, toda vez que la recurrente, según los antecedentes aportados, excedió el plazo de 7 días desde su ingreso clandestino al país para presentarse ante el Servicio y solicitar refugio, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430, no habiendo presentado documentación alguna que permitiese subsanar dicha circunstancia. Afirma que no se vislumbran antecedentes objetivos que reflejen un actuar negligente o una conducta omisiva que infrinja las disposiciones de la Ley N° 20.430 y su Reglamento, toda vez que mediante la Resolución Exenta N° NUM003 se otorgó un nuevo plazo a la extranjera para remitir documentación que permitiese desvirtuar las faltas indicadas, sin que ésta haya presentado antecedentes que acreditasen el cumplimiento de los requisitos normativos. En consecuencia, sostiene que no se distingue un acto u omisión ilegal o arbitrario por el cual se haya privado, vulnerado o amenazado el derecho fundamental que se pretende cautelar.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, en el caso de autos, el acto impugnado corresponde a la Resolución Exenta N° NUM000 dictada por el Servicio Nacional de Migraciones con fecha de 07 de agosto de 2025, mediante la cual se tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugio presentada por la recurrente, por no haber acreditado el cumplimiento de requisitos formales exigidos en la normativa vigente, particularmente el artículo 26 de la Ley N° 20.430. Dicha resolución se dictó tras otorgarse previamente un plazo de 15 días hábiles para subsanar la omisión advertida, lo cual no ocurrió.

QUINTO: Que, lo anterior es relevante, en la medida que a la fecha de emisión del acto administrativo se encontraba vigente la Ley N° 21.655, publicada el 20 de febrero de 2024, que modificó la Ley N° 20.430, para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Esta ley introdujo, entre otras, modificaciones al artículo 26 de la Ley N° 20.430, el cual establece que el solicitante de refugio deberá manifestar su voluntad en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones, presencialmente o por carta, en un plazo fatal de siete días, contados desde su ingreso al país. Asimismo, se incorporó el artículo 28 bis, que en su inciso tercero, entrega a la autoridad la facultad de tener por desistida la solicitud en caso de que no se cumplan los requisitos formales establecidos en los artículos 26 y 28 y en el artículo 37 del reglamento de esta ley, lo que debe ser precedido de una resolución que lo advierta y otorgue un plazo para subsanar.

En el caso de la especie, el recurrente ingresó al país el 25 de abril de 2023 por paso no habilitado, y manifestó su intención de solicitar refugio el 27 de mayo del año en curso (solicitud ID N° NUM001); fecha que excede con creces el plazo de siete días hábiles desde su ingreso al país establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430, cumpliendo la autoridad, además, la exigencia de advertir aquello al solicitante, a través de una resolución administrativa, entregando la posibilidad de allegar antecedentes que permitieran establecer algo distinto.

SEXTO: Que, en ese orden de cosas, no se advierte que el acto cuestionado constituya un acto ilegal o arbitrario que conculque la garantía de igualdad ante la ley, o la libertad personal o seguridad individual del recurrente, tal como lo exige el artículo 20 de la Constitución Política de la República, puesto que la decisión de tener por desistido al amparado de la solicitud de refugio, es un acto administrativo dictado en el marco de un procedimiento regulado por ley, dictado por la autoridad competente, y en la hipótesis prevista en la ley.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, no existiendo un acto arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, el presente recurso de protección debe ser desestimado.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto don nombre reservado

nombre reservado actuando en beneficio de doña nombre reservado, en contra de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-19399-2025.