nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, once de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparece Bárbara Luz Cardozo Carruyo, abogada, en presentación de nombre reservado e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la excesiva demora en emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de nacionalización del recurrente de fecha 13 de octubre de 2020 lo cual considera, vulnera la garantía establecida en el numeral 2° del artículo 19 la Constitución Política de la República.

Precisa que la recurrente ingresó a Chile el 9 de noviembre de 2015 y obtuvo la residencia definitiva con fecha 20 de junio de 2017.

Señala que el 13 de octubre de 2022 presentó una solicitud de nacionalización cumpliendo todos los requisitos que la ley exige y hasta la fecha no ha recibido pronunciamiento por parte de la recurrida.

Refiere que la demora de más de dos años en emitir pronunciamiento por parte de la recurrida excede toda razonabilidad y constituye un acto ilegal y arbitrario, pues vulnera los principios de principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad, y economía procedimental consagrados por la ley 19.880, así como el plazo previsto por el artículo 27 del mismo cuerpo normativo.

Reclama que el actuar de la recurrida vulnera la garantía de igualdad ante la ley debido al excesivo tiempo sin emitir un pronunciamiento respecto de su solicitud.

Pide, finalmente que se ordene a las recurridas resolver sin más trámite la solicitud de la recurrente emitiendo previamente la respectiva orden de giro correspondiente al pago de los derechos de esta solicitud, y posteriormente dictando el proyecto de decreto que resuelva la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente, debiendo remitirlo, a su vez, a la Subsecretaría del Interior para eventual visto bueno y en este último caso, posterior firma de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, dentro de un plazo razonable que no exceda de los 30 días o lo que la Corte estime pertinente.

Segundo: Que, a folio 5, evacua informe la recurrida Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

En primer lugar, sostiene que de acuerdo con lo establecido por el artículo 157, N° 8, de la ley N° 21.325, dispone que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte del Ministerio, lo que implica en la práctica, que es dicho Servicio quien recibe tales solicitudes, a fin de revisar su admisibilidad, tramitarlas y ordenar su pago.

Luego indica que la solicitud de nacionalización del recurrente se encuentra actualmente en trámite ante el Servicio aludido. Debido a lo anterior, indica que la acción debe ser rechazada por su impertinencia, con condena en costas.

Sostiene que no existe acto arbitrario o ilegal, pues las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización son sometidas a un exhaustivo análisis, lo cual, en ocasiones, significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan. Al efecto, se refiere al número de solicitudes ingresadas durante el presente año.

Por otro lado, refiere que el plazo previsto por el artículo 27 de la ley 19.880 no tiene el carácter de fatal para la Administración y, por ende, la sola demora en el pronunciamiento no puede calificarse como ilegal ni arbitraria.

Finalmente, sostiene que no existe vulneración a las garantías que el recurrente invoca y solicita el rechazo de la acción con costas.

Tercero: Que, a folio 4, evacuó informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso, como el rechazo a la condena en costas a dicho Servicio.

Indica que se le otorgó a la recurrente el permiso de permanencia definitiva, permiso que se encuentra actualmente vigente.

Luego, señala que el recurrente presentó solicitud de carta de nacionalización con fecha 13 de octubre de 2022 y con fecha 7 de junio de 2023 se le informó que su solicitud no reunía los requisitos exigidos por la legislación aplicable, dado que no acompañó Certificado de Servicio de Impuestos Internos que acreditara estar al día con el pago de obligaciones tributarias, otorgándole un plazo de 60 días hábiles para acompañar y subsanar la falta de antecedentes, obligación que cumplió el 8 de junio de 2023.

Se informó luego a la recurrente que su solicitud avanzó a la etapa de análisis con fecha 4 de abril de 2024 y posteriormente se comunicó a la Policía de Investigaciones para efectos de llevar a cabo la entrevista que exige el inciso 3° del artículo 5 del Decreto Supremo N° 5142, de fecha 29 de octubre de 1960, del Ministerio del Interior, lo cual fue llevado a cabo remitiéndose a la autoridad el documento respectivo con fecha 7 de mayo de 2024.

Así las cosas, expone que, en la actualidad, la solicitud de la recurrente se encuentra actualmente en etapa de análisis.

Sostiene que el estado de pendencia de su solicitud de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de sus derechos o el desenvolvimiento natural del extranjero en el territorio nacional, citando jurisprudencia en dicho sentido.

Señalan que la carta de nacionalización es por su naturaleza jurídica, una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente en la materia, lo cual supone una serie de trámites y verificación de requisitos.

Precisa que la labor del Servicio Nacional de Migraciones en la tramitación de las solicitudes de carta de nacionalización termina con la remisión, mediante oficio, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización analizada, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior, para que se otorgue o no la nacionalización, la cual constituye una gracia.

Añade que el plazo de 6 meses del artículo 27 de la Ley N° 19.880 para el término de los procedimientos administrativos, salvo caso fortuito o fuerza mayor, no es fatal, lo que ha sido reconocido por la Corte Suprema.

Cuarto: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarios o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

Quinto: Que, como se indicó precedentemente, el hecho que motiva la presente acción constitucional es la demora en la decisión sobre la solicitud nacionalización de la protegida.

Sexto: Que, según los antecedentes expuestos, se advierte que la solicitud del protegido se encuentra en trámite. Por otro lado, se ha informado que el recurrente quien se encuentra regular en el país al contar con permiso de residencia definitiva vigente.

Séptimo: Que, además, es relevante tener en cuenta que la Excma. Corte Suprema, en fallo de fecha veinte de marzo de dos mil veintitrés, en los autos Rol N°115.064-2022, resolvió que “la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas” y que dicha tramitación no constituye una vulneración de derechos fundamentales.

Octavo: Que, de acogerse un recurso como el presente se estaría afectando la igualdad ante la ley de los extranjeros que no recurren de protección por la demora del Servicio Nacional de Migraciones en relación a lo que si lo hacen, por cuanto acoger estos recursos implica la orden de que se resuelvan en un plazo breve, lo que implica una demora mayor en el resto de los casos.

Noveno: Que, en consecuencia, tratándose en este caso de una situación análoga a la examinada en el mencionado fallo de la Excma. Corte Suprema, y dado que la demora en la conclusión del trámite de la solicitud de nacionalización no evidencia arbitrariedad ni ilegalidad, considerando además que los plazos administrativos no son fatales y que el Servicio Nacional de Migraciones enfrenta una alta carga de trabajo, se debe concluir que la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por las razones expuestas y conforme a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve que se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-19396-2024.

Pronunciada por la Sexta Sala, integrada por el Ministro señor Mario Rojas González, el Ministro (S) señora Paola Cecilia Díaz Urtubia y el Abogado Integrante señora Sara Genevieve Moreno Fernandez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, once de diciembre de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.