nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de enero de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, Ex Cabo Segundo de Carabineros de Chile, interponiendo recurso de protección en contra de Carabineros de Chile y del nombre reservado de la Prefectura Santiago Rinconada, nombre reservado, por haber dispuesto su baja de las filas de la institución mediante Resolución Exenta N°01 de 06 de julio de 2020; actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que el sumario administrativo que fundamentó dicha medida ha excedido todos los plazos legales y reglamentarios sin justificación alguna, vulnerando con ello los derechos fundamentales contemplados en el artículo 19 N°1, 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene su reincorporación a la institución.

Los hechos que fundan el recurso se remontan al 05 de julio de 2020, cuando el recurrente, luego de cumplir sus labores, acordó compartir una actividad recreativa en el domicilio del Cabo Primero nombre reservado. Durante dicha reunión, aproximadamente a las 23:45 horas, se produjo una discusión entre el dueño de casa y su cónyuge, intentando el recurrente intervenir, lo que derivó en un forcejeo y agresiones mutuas. Como consecuencia de estos hechos, ambos funcionarios fueron detenidos y quedaron apercibidos conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal, iniciándose causa RUC 2000682902-4, RIT 10181-2020 ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, la que concluyó mediante acuerdo reparatorio en audiencia del 11 de marzo de 2021.

A raíz de estos acontecimientos, mediante Resolución Exenta N°01 de fecha 06 de julio de 2020, se dispuso la baja del recurrente de las filas de la institución por conducta mala con efectos inmediatos, quedando supeditada al resultado del sumario administrativo. Sin embargo, transcurridos más de cuatro años desde su inicio, dicho procedimiento no ha concluido, evidenciándose dos períodos de inactividad injustificada: el primero de 8 meses, entre mayo de 2022 y marzo de 2023, y el segundo de 1 año y 2 meses, hasta mayo de 2024.

Fundamenta la ilegalidad y arbitrariedad del acto en diversas disposiciones legales y reglamentarias. Invoca el artículo 27 de la Ley 19.880, que establece un plazo máximo de seis meses para la tramitación de procedimientos administrativos; el artículo 84 ter de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros N° 18.961, que contempla la prescripción de la acción disciplinaria en cuatro años; y el artículo 32 del Reglamento de Sumarios Administrativos N°15, que fija un plazo de 10 días hábiles para la instrucción de sumarios.

Reclama que la excesiva dilación del procedimiento configura el decaimiento del acto administrativo y la consecuente extinción de sus efectos sancionatorios, conforme a jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema. Adicionalmente, sostiene que la medida disciplinaria se tornó arbitraria al no fundamentar adecuadamente los perjuicios o efectos que la conducta reprochada causó a la institución.

Alega que se han vulnerado sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la propiedad y a la integridad psíquica. Acusa que la transgresión se materializa en el trato discriminatorio respecto de otros casos similares, la imposibilidad de ejercer una defensa efectiva debido a la dilación injustificada del procedimiento, la privación de su derecho a la carrera funcionaria y remuneraciones, y la afectación a su estabilidad emocional.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare: a) la nulidad de la Resolución Exenta N°01 de fecha 06 de julio de 2020; b) se ordene su inmediata reincorporación a Carabineros de Chile con el pago de todas sus remuneraciones; c) se le ubique en la posición y rol que le corresponde en el escalafón, con derecho a ascensos y perfeccionamiento; y d) se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que, evacúa informa la Prefectura "Santiago Rinconada" de Carabineros de Chile, quien indica que el día 6 de julio de 2020, aproximadamente a las 02:45 horas, personal de la 25° Comisaría de Maipú concurrió a un domicilio particular ante un procedimiento por violencia intrafamiliar, donde la ciudadana nombre reservado denunció que su cónyuge nombre reservado, junto a un compañero de trabajo, habrían protagonizado una riña tras realizar comentarios impropios respecto de su hija menor de edad, resultando ambos con lesiones producto de la utilización de objetos cortantes. En el lugar, el personal policial constató que ambas personas presentaban lesiones visibles, identificándose posteriormente como el Cabo Primero nombre reservado y el Cabo nombre reservado.

Ante la gravedad de los hechos, mediante Resolución Exenta N°01 de fecha 6 de julio de 2020, se dispuso la baja de las filas de la Institución por conducta mala con efectos inmediatos respecto de ambos funcionarios, conforme al artículo 25 N°9 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, en relación con el artículo 127 n°4, letra b) inciso quinto del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N°8. Paralelamente, se instruyó el sumario administrativo N°14.262/1 para establecer las circunstancias de los hechos y las responsabilidades disciplinarias correspondientes.

En este contexto, el ex Cabo nombre reservado interpuso recurso de protección alegando la vulneración de sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando dejar sin efecto tanto el sumario administrativo como la resolución que dispuso su baja. Fundamenta su recurso en el supuesto decaimiento del procedimiento administrativo y en que no se habrían considerado adecuadamente las circunstancias excepcionalísimas que rodearon los hechos.

Frente a estas alegaciones, la Prefectura "Santiago Rinconada" sostiene, en primer término, que los plazos administrativos no son fatales para la Administración y que su dilación no genera “per se” la ineficacia del acto administrativo, salvo que esta sea excesiva e injustificada, citando al efecto jurisprudencia de la Corte Suprema en causa Rol 7511-2015. Agrega que el procedimiento se ha extendido de manera justificada para garantizar el debido proceso de todos los intervinientes, considerando además que entre marzo de 2022 y marzo de 2023 la Prefectura no contó con asesor jurídico en su dotación.

En cuanto a la medida de baja inmediata, argumenta que esta constituye una facultad excepcional expresamente contemplada en el artículo 127 N°4 letra b) del Reglamento de Selección y Ascensos, aplicable cuando la gravedad de la falta hace inconveniente la permanencia del funcionario en la institución, lo que se configuraría en la especie según los antecedentes del parte policial N°5834 y las declaraciones sometidas a consideración de la Jefatura.

Respecto a las vulneraciones alegadas, descarta la afectación a la integridad psíquica, reiterando que la extensión de la investigación se justifica en la necesidad de garantizar el debido proceso. Asimismo, rechaza la existencia de discriminación arbitraria, indicando que la medida se fundó en antecedentes objetivos que evidenciaban una conducta reñida con la normativa legal y reglamentaria. En relación con el derecho de propiedad, cita jurisprudencia que establece que el cargo público no constituye un derecho incorporado al patrimonio, sino que se encuentra sujeto a requisitos habilitantes tanto de ingreso como de permanencia.

Solicita el rechazo del recurso de protección, por no configurarse ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de Carabineros ni advertirse vicios en la tramitación del expediente sumarial que fundamenten dejarlo sin efecto.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

CUARTO: Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". En este sentido, debe apuntarse que la afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado. Por lo mismo, se requiere la efectiva existencia de un acto ilegal, vale decir, que no se atenga a la normativa por la que debe regirse, lo que también se verifica cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Por su parte, tal actuación es arbitraria cuando carece de razonabilidad en el actuar u omitir o bien cuando existe falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar o ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o cuando no se verifican los hechos que fundamentan un actuar.

QUINTO: Que, en la especie, no se han cuestionado las facultades de la autoridad para disponer el inicio del sumario así como tampoco la medida concreta adoptada contra el actor, sino exclusivamente la dilación en la que ha incurrido la administración respecto del sumario incoado en su contra el año 2020, al que se encuentra, en definitiva, supeditada la expulsión y la nota de conducta del mismo, pero que a la fecha no cuenta con una decisión de término referente a la responsabilidad administrativa que se le atribuye.

SEXTO: Que en un primer análisis debe observarse que la dilación constatada -aun de estimarse excesiva- no conlleva necesariamente la nulidad de la resolución por la cual se dispuso la baja inmediata ni menos su reincorporación a las filas, como se solicita en el petitorio del recurso. En rigor dichos aspectos deberán decidirse sobre la base de los hechos establecidos por el funcionario a cargo de la investigación o sumario administrativo.

Como quiera que fuere, a juicio de esta Corte tampoco estamos ante la hipótesis del decaimiento del proceso administrativo, pues si bien el artículo 27 de la Ley N°19880 postula: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”; lo cierto es que no se establece una sanción para el caso que ello no ocurra y, por el contrario, se trata de plazos no fatales cuyo incumplimiento sólo genera la responsabilidad administrativa correspondiente.

SEPTIMO: Que, de otro lado, se debe aclarar que la resolución recurrida dispone una eliminación o baja “con efectos inmediatos” que se encuentra expresamente contemplada en el inciso quinto del artículo 127 número 4 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, como una facultad de la Prefectura, reservada para ciertos casos graves que afecten- en general- el prestigio de la institución. Esta misma resolución advierte sobre el carácter condicional de dicha sanción y sujeta al resultado final del sumario administrativo, en cuya virtud al recurrente le cabe ejercer su derecho a defensa e impugnación.

OCTAVO: Que en este contexto, la resolución impugnada no resulta ilegal, desde que ha sido expedida por la autoridad competente conforme a la normativa citada. Tampoco resulta arbitraria desde que posee un fundamento fáctico reseñado en la misma resolución objeto del arbitrio y que se vincula con una imputación al actor por una conducta cuyas circunstancias fácticas fueron reconocidas por éste. Por lo demás, como se dijo, la duración del sumario administrativo no afecta la validez de la medida de separación condicional adoptada.

NOVENO: Que como corolario de lo que se viene diciendo, solo resta desestimar la acción interpuesta.

Por estas razones y teniendo en consideración, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de Carabineros de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra (s) señora Díaz Urtubia.

No firma la ministra (s) señora Díaz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado sus funciones.

N° Protección-19362-2024