nombre reservado con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO

Santiago, siete de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°.- Que la Comisión Negociadora, en representación de un Grupo de 19 trabajadores de la Empresa Hipermercados Tottus S.A. unidos, dicen, para negociar un instrumento colectivo de trabajo; y, dicha Empresa, conforme a lo que previene el artículo 20 de la Constitución Política de la República, interpusieron recurso de protección en contra de la Dirección del Trabajo, Inspección Provincial del Trabajo, domiciliada en domicilio reservado, la que al dictar el Ordinario N° 000431, de 7 de febrero de 2018, que les fue notificado el 13 de febrero de 2018, en razón que dicho acto, estiman, ha amenazado y perturbado los derechos constitucionales de sus representados garantizados por el artículo 19 N° 2, 15, 16, 19, 24 y 25 de la Constitución antes precisada y por lo que piden a esta Corte se adopten las medidas que juzgue necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho y se disponga que se inhiba dicha Inspección de seguir realizando actuaciones y ejecutando actos similares. Es el caso que mediante dicho acto, el Ordinario ya referido, la Inspección se negó a registrar el Instrumento Colectivo del Trabajo acordado entre los recurrentes y la Empresa Hipermercados Tottus S.A. argumentando que dicho instrumento no tiene los efectos jurídicos regulados en el Libro IV del Código del Trabajo. Hacen notar los recurrentes que, con anterioridad al instrumento colectivo individualizado en este caso, el mismo grupo negociador, mantuvo un convenio colectivo con vigencia desde el 17 de septiembre de 2013 hasta el 16 de septiembre de 2017. Este convenio, sin embargo, sostienen, fue ingresado y registrado por la Inspección Comunal del trabajo de Santiago, el 17 de septiembre de 2017. El Ordinario 000431 que negó a registrar el Convenio actual informó a los recurrentes que la doctrina del servicio en relación al documento depositado se encuentra en la actualidad en el dictamen N° 1163/0029 de 13 de marzo de 2017: A la luz de las normas contenidas en el texto legal en su versión definitiva, esto es, la ley 20.940, si bien los grupos negociadores pueden formular y acordar condiciones comunes de trabajo con su empleador, las que son vinculantes para las partes y producen los efectos comunes de todo acuerdo contractual, dichos instrumentos no tienen los efectos jurídicos que el Libro IV del Código del Trabajo asigna al instrumento colectivo suscrito en el marco de una negociación colectiva reglada, contrato colectivo, o no reglada, convenio colectivo, de sindicato. Por lo tanto, allí se sostiene, y así lo reproducen los propios recurrentes, como se señaló precedentemente, si bien los grupos negociadores pueden formular y acordar condiciones comunes de trabajo con su empleador, dichos instrumentos no tienen los efectos jurídicos regulados en el Libro IV del Código de Trabajo. Con todo, los recurrentes recuerdan ahora que con anterioridad al instrumento colectivo individualizado precedentemente, el mismo grupo negociador aquélla vez mantuvo un convenio colectivo con vigencia desde el 17 de septiembre de 2013 hasta el 16 de septiembre de 2017, habiéndose dicho convenio ingresado y registrado por la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago, el 17 de septiembre de 2013, el que acompañaron en el libelo de protección. No hacerlo ahora, dicen los mismos, ello constituye un acto ilegal y arbitrario atentatorio de la Constitución que asegura a las personas, trabajadores, la afiliación voluntaria a los sindicatos en el artículo 19 N° 19 y que relaciona con los artículos 6°, inciso 3°, y 320 del Código del Trabajo. Agrega que la ilegalidad del acto contraría además los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental de 1980 reformada el año 2005, cuestión que a su juicio hace del mismo acto que este carezca de toda razonabilidad como quiera que se amenaza y perturba el legítimo derecho, dice, del ejercicio de asociación de los trabajadores a la negociación colectiva como lo indican los números 15 y 16 del artículo 19 de la misma Constitución Política de la República, al que agrega el número 24 de la misma disposición fundamental como también infringido por la Inspección del Trabajo recurrida.

2°.- Que en su informe, la recurrida Inspección Provincial del Trabajo, en lo esencial, indica que, revisado el marco legal y normativo que regula su actuar, atendiendo incluso los vacíos del mismo que recalca, sobre el que recurren sus contradictores, cabe precisar que los mismos solamente le remitieron el 5 de febrero de 2018 una copia debidamente firmada de una Convenio Colectivo del Trabajo, período febrero de 2018 a febrero de 2021, entre Hipermercados Tottus S.A. y la Comisión Negociadora como se hace llamar una de las partes, sin efectuar petición alguna respecto del instrumento que le remitiera. Ésta, mediante Ordinario N° 000431 de 7 de febrero de 2018, informó a aquéllos, según dice, la doctrina del Servicio y en ningún caso rechazó o se negó a recibir o impidió la recepción del denominado convenio. Otro efecto que el descrito dicha Inspección no adelantó ninguno. Sobre el punto recuerda que recientemente hubo una significativa modificación de la legislación laboral vigente a través de la Ley N° 20.940 por el que la figura del convenio colectivo quedó reservada a los instrumentos distintos al que se le hizo llegar en la oportunidad indicada, por lo que éste no se enmarca en ninguna de las figuras legales del convenio colectivo de los artículos 314, 365 y 408 y siguientes del Código del Ramo, sin negarle a aquél instrumento el carácter de acuerdo de un grupo negociador que, si bien a cuyo respecto no existe una regulación procedimental en la legislación laboral, sí se encuentra, conviene, expresamente reconocido en una serie de normas dispersas del Código del Trabajo. Arbitrariedad en la especie no se dio. No ha habido de su parte privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de los derechos y garantías del recurrente por cuanto la Inspección no ha cometido ilegalidad alguna sobre dicho punto que se objeta constitucionalmente por aquéllos. No se ha negado a recibir ni registrar el instrumento de marras. Con todo, la recurrente ha remitido simplemente un instrumento colectivo que en su forma no se ha ajustado a la legislación vigente antes precisada y es ello lo que ha impedido su adecuado registro. La petición del registro no se ha operado en la especie, consigna, como quiera que en la misma no se ha cumplido con las exigencias que establece la ley. Sostiene que la materia invocada no resulta ser de aquéllas que corresponda dilucidar en esta sede recursiva ya que no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de derechos indubitados y afectados realmente por alguna omisión ilegal o arbitraria que ameriten un amparo efectivo, cuyo no es el caso de estos autos. No se ha afectado ni vulnerados las garantías constitucionales del artículo 19, en sus numerales 2, 15, 16 19, 24 y 26 de la Carta Fundamental 3°.- Que, como ha señalado la jurisprudencia en relación a la materia recurrida, cabe considerar que la Excma. Corte Suprema, en fallo de 12 de marzo de 2018, en causa Rol 45354-2017, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por esta parte, la Inspección del Trabajo, en contra de la sentencia que acogió un recurso de protección que se sustanció respecto de idéntica materia que comprende la de estos autos, revocó la sentencia de protección cuando determino, además, que: Del análisis del libelo, indicó en su motivo 3°, el informe de la recurrida y de los antecedentes allegados al proceso se colige que en la especie existe controversia respecto de la cualificación jurídica del documento cuyo registro se solicita, controversia que excluye desde luego la preexistencia de un derecho incuestionado respecto de los actores. En efecto, sostuvo, en ausencia de una declaración previa del supuesto de su acción, esto es, el carácter de instrumento colectivo del documento que pretendió registrar, el recurrente carece de un derecho indubitado, cuestión que no permite consecuentemente hacer lugar a la acción incoada, por ausencia de uno de los presupuestos procesales, remató dicha dictamen. En su razonamiento cuarto, sostuvo en consecuencia que, no habiéndose acreditado en autos la existencia de tal derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta corte ha de proteger por la presente vía cautelar de urgencia, resulta ésta razón suficiente para concluir que la presente acción ha de ser rechazada, sin perjuicio de otras acciones que pudieren asistirle a quienes recurren.

4°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y, según ya se ha destacado subjudice, derechos preexistentes, urgente, claros e indubitados, no siendo el mismo un acto constitutivo de derechos, los que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague u obstaculice ese ejercicio. Constituye requisito también indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección, primero, que se interponga dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias tan solo o conocimiento cierto de los mismos, lo que se debe hacer constar en autos por cualquier medio. En segundo lugar, y que es lo que importa en el presente caso, se exige que la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, resulte como producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

En el caso de que se trata cabe consignar, desde la vista misma del recurso por esta Corte, y yendo al fondo de la materia discutida en el mismo, quedó claro en la Audiencia que a la Inspección del Trabajo recurrida no se le pidió por los 19 trabajadores el registro del convenio recurrido, solo se le indicó que lo tuviera presente. Con todo, el Ordinario N° 431, de febrero de 2018, se limitó tan solo a hacer algunas indicaciones y alcances, nada más. Claramente, de acuerdo a la ley laboral en carácter de actual vigencia dicho registro del instrumento tantas veces señalado es y constituye una acción administrativa que resulta únicamente privativa, en este caso, de los sindicatos y no de los trabajadores no sindicalizados. La reforma laboral solo acepto el registro tratándose de los casos de la titulación sindical. Ello, siempre sostuvo la recurrida, la negociación colectiva, es un derecho de los trabajadores de orden constitucional, como una cuestión evidente, al igual que la afiliación sindical que es libre, de conformidad, también, con las normas fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Esto así lo estableció, además, el Tribunal Constitucional durante el trámite de la ley 20.940 de la reforma laboral última. No se ha conculcado la garantía del numeral 24 de la Constitución, tampoco la de los números 15 y 16 del artículo 19 ya precisado.

De conformidad asimismo con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por los recurrentes de fojas 1 de estos autos, en representación de los 19 trabajadores que se individualizaron, cada uno de ellos, en la misma; todos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado.

Redactada por el Ministro (S) Christian Alfaro Muirhead.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Ingreso Corte N° 19350-2018 Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Javier Moya Cuadra e integrada por la Ministra (s) señora Verónica Sabaj Escudero y el Ministro (s) señor Christian Alfaro Muirhead.

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