Protección contra Instituto nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veinticinco.

Al folio 15; téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra del Instituto nombre reservado, por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en la comunicación de 1 de septiembre de 2025, mediante la cual se le informa la medida de expulsión de su hijo del establecimiento educacional, lo que, a su juicio, vulnera las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 Nos 1, 2 y 4 de la Constitución Política de la República.

Expone que el estudiante cursa actualmente tercero medio y que el 15 de julio de 2025 fue notificada del inicio de una investigación en su contra, derivada de un incidente ocurrido el día anterior, a las 9:13 horas, cuando se registró la salida de siete encapuchados con material incendiario desde el interior del establecimiento, lo que motivó la evacuación general a las 9:25 horas. Indica que su hijo fue vinculado a tales hechos por funcionarios del recinto, lo que objeta, aportando imágenes que –según afirma– acreditarían que al momento de los hechos se encontraba en los baños, descartando así su participación. Añade que no existe prueba suficiente que sustente la imputación, omitiéndose además la valoración de su destacado rendimiento académico y conducta intachable.

Solicita se disponga el reingreso del alumno al Instituto Nacional y se declare su absolución respecto de los hechos que se le atribuyen.

Segundo: Que Marcelo Alonso Andrés Rivera Compan, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Santiago, evacúa el informe requerido por esta Corte, señalando que el día 14 de julio de 2025, a las 9:13 horas, se produjo una salida violenta de individuos encapuchados desde el interior del Instituto Nacional, portando botellas con líquido acelerante, situación que derivó en enfrentamientos con personal de Carabineros. Añade que el estudiante nombre reservado fue identificado por el Inspector General del establecimiento, don nombre reservado, y por la Coordinadora de Convivencia Escolar, señora nombre reservado, quienes dejaron constancia inmediata de ello mediante aplicación de mensajería interna.

Precisa que el estudiante habría participado como encubridor y acompañante del grupo, siendo observado sin su rostro cubierto en el zócalo del establecimiento al momento en que los involucrados se descubren, circunstancias que motivaron la activación del protocolo de seguridad y el despacho del colegio. Relata que se informó a su apoderada el día siguiente, otorgándose plazo para descargos, los que fueron presentados, negando su participación y justificando su presencia en el zócalo como parte del retiro del establecimiento.

Sostiene que la medida de expulsión fue adoptada en aplicación de la infracción N° 33 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que sanciona conductas que afecten gravemente la convivencia, tales como el uso, porte y posesión de artefactos incendiarios. Se indica que el proceso disciplinario respetó el debido proceso, que el actuar de los funcionarios reviste valor probatorio conforme a su rol de ministros de fe, y que las imágenes del sistema “Santiago Seguro” son concordantes con sus declaraciones.

Agrega que, conforme a la Ley N.º 20.370 y al propio reglamento interno del establecimiento, la sanción impuesta resulta proporcional a la gravedad de los hechos, y necesaria para resguardar la integridad física y psíquica de la comunidad educativa, evitando la normalización de actos de violencia escolar. Finalmente, sostiene que la jurisprudencia ha validado medidas disciplinarias adoptadas por establecimientos educacionales que, ajustadas a derecho y a su reglamento interno, no constituyen actos ilegales o arbitrarios.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: Que, del análisis de los antecedentes aportados y del informe evacuado por la Ilustre Municipalidad de Santiago, se advierte que el procedimiento disciplinario que culminó con la expulsión del estudiante nombre reservado fue instruido conforme a las disposiciones del Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2024 del Instituto nombre reservado y al marco normativo que lo sustenta, en particular la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, la Ley N° 20.370 General de Educación y el Decreto N° 524 del Ministerio de Educación, que exige a los establecimientos educacionales garantizar el respeto al debido proceso en la aplicación de sanciones disciplinarias.

En efecto, de los antecedentes se desprende que, ante los hechos ocurridos el 14 de julio de 2025, el establecimiento procedió a la identificación del alumno, notificando a su apoderada al día siguiente, otorgándole la posibilidad de formular descargos y acompañar medios de prueba, lo que efectivamente se realizó, tal como consta en el informe municipal y en el expediente interno del colegio.

Quinto: Que según el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) las medidas disciplinarias deben aplicarse bajo los principios de proporcionalidad y gradualidad, resguardando el derecho a defensa del estudiante (Título IX, numeral 4, y numeral 4.19 del RICE). Asimismo, el citado cuerpo reglamentario reconoce expresamente el derecho de los alumnos a un debido proceso y defensa (Título IV, “De los y las estudiantes”, numeral 1.12), lo que implica que deben ser informados de los hechos imputados, disponer de un plazo razonable para presentar descargos y aportar antecedentes que desvirtúen las imputaciones.

De la revisión del procedimiento seguido, se constata que tales garantías fueron observadas, pues la apoderada del alumno fue notificada en forma personal, se le concedió plazo para responder, presentó un escrito de descargos acompañado de fotografías y argumentación propia, la que fue evaluada por la autoridad académica antes de dictarse la resolución que impuso la sanción.

Sexto: Que el Reglamento Interno, en su artículo correspondiente al numeral 33, tipifica como falta gravísima aquella que afecte gravemente la convivencia escolar, incluyendo el uso, porte o posesión de armas o artefactos incendiarios, y faculta al establecimiento para aplicar la medida de expulsión o cancelación de matrícula en casos de extrema gravedad, previa investigación y ponderación de los antecedentes.

Así, la sanción impuesta encuentra sustento normativo expreso en el reglamento institucional, de manera que no puede estimarse carente de legalidad o dictada en ejercicio arbitrario de las potestades disciplinarias del establecimiento.

Séptimo: Que, por otra parte, no se advierte en los antecedentes que la recurrente o el alumno hayan sido impedidos de ejercer su defensa, ni que se haya vulnerado su derecho a ser oídos. Por el contrario, se verificó la intervención activa de la apoderada, quien formuló sus observaciones, controvirtió las imputaciones, y aportó medios de convicción, lo que fue considerado en la decisión final. Tal circunstancia descarta una vulneración del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, en su dimensión de garantía del debido proceso administrativo escolar.

Octavo: Que la potestad disciplinaria de los establecimientos educacionales, reconocida por el ordenamiento jurídico, no es absoluta, pero sí necesaria para resguardar el normal funcionamiento del proceso educativo y la convivencia escolar, conforme lo dispone el artículo 10 letra b) de la Ley N° 20.370. En ese contexto, las medidas disciplinarias, incluso las de mayor gravedad, resultan legítimas cuando se fundan en hechos acreditados y se adoptan mediante un procedimiento que asegure las garantías básicas del estudiante, como ha ocurrido en el caso de autos.

Noveno: Que, en consecuencia, no se configura en la especie un acto ilegal ni arbitrario que justifique la intervención de esta Corte por la vía de la acción constitucional de protección. La sanción de expulsión fue dictada dentro de las competencias reglamentarias del establecimiento, en observancia de su reglamento interno y de la normativa educacional vigente, tras un procedimiento en que se garantizó la información, la defensa y la revisión de los antecedentes, por lo que la acción constitucional debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado en contra del Instituto nombre reservado.

Regístrese y archívese.

Protección N°19.349-2025.