nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

C.A. de Santiago Santiago, cinco de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el 11 de septiembre de 2024, comparece Manuel Cristian Duran Morgado, abogado, interponiendo recurso de protección a favor de doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana, en contra del Servicio Nacional de Extranjería y Migración, por la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento sobre la solicitud de nacionalización presentada con fecha 5 de julio de 2022. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que dicha omisión impide el principio de igualdad ante la ley, vulnerando con ello el derecho fundamental establecido en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 7 y 27 de la Ley 19.880, por lo que solicita que se ordene al recurrido pronunciarse sobre la solicitud de nacionalización formulada por la recurrente.

Señala que doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana, ingresó al país en calidad de turista, cambiando posteriormente su condición migratoria a residente temporario por visa otorgada por el entonces Departamento de Extranjería, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile. Habiendo tenido residencia temporal, optó a la residencia definitiva y, en el plazo fijado por la Ley 21.325, presentó su "Solicitud de Nacionalización" el 5 de julio de 2022, siendo citada a entrevista en la PDI y habiendo pagado los derechos correspondientes a dicha solicitud. Expone que a la fecha no ha recibido ninguna notificación por parte del Servicio Nacional de Migraciones respecto del beneficio migratorio solicitado.

Agrega que opta a la nacionalidad porque se encuentra radicada en Chile y tiene una hija de nacionalidad chilena, habiendo ingresado la solicitud de nacionalización con este vínculo, de conformidad con lo que contempla la ley.

Indica que desde la solicitud hecha el 5 de julio de 2022 hasta la fecha de presentación del presente recurso han transcurrido dos años y dos meses, agregando que la protegida fue citada a la entrevista en la Policía de Investigaciones el 6 de marzo de 2023 y realizó el pago de los derechos de la solicitud de nacionalización en octubre de 2023, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado. Sostiene que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley N°19.880, debiendo destacarse los artículos 7 y 27, que consagran el principio de celeridad, según el cual el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites, y la norma que establece que el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses.

Detalla los perjuicios que la demora excesiva le ha causado, entre ellos: limitaciones para postular a un trabajo conforme a lo establecido en el artículo 19 del Código del Trabajo respecto al porcentaje de trabajadores extranjeros; imposibilidad de ejercer la plenitud de derechos que contempla la nacionalidad, como elegir y ser elegido en cargos de elección popular; y restricciones en plazos para entrar y salir del país, los cuales con su actual estatus migratorio se ven limitados a un máximo de dos años.

Argumenta que no se ha respetado el artículo 27 de la Ley 19.880, que establece que por regla general el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final. Adicionalmente, sostiene que la omisión pugna con el principio de economía procedimental al efectuar trámites dilatorios y con el principio de inexcusabilidad al no haber dictado la resolución expresa a la que está obligada la Administración.

Manifiesta que la omisión ilegal y arbitraria por parte del recurrido vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al no recibir el mismo trato que otros extranjeros en similar situación, quienes han obtenido respuesta en un plazo razonable.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y se ordene al recurrente que se pronuncie sobre su solicitud migratoria adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informando el recurso, doña Carolina Pilar Fernandoy Catalán, abogada, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional interpuesta, por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, argumentando que no existe acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente contra alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone la recurrida que doña nombre reservado, extranjera, nacional de Colombia, ingresó por primera vez a Chile el 28 de junio de 2017, por el paso fronterizo Carretera Chacalluta, en calidad de turista. Posteriormente, luego de cumplir con los requisitos legales en cuanto al plazo de residencia legal en Chile para optar a la permanencia definitiva, mediante la Resolución Exenta N°65774, de 14 de abril de 2020, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se le otorgó permanencia definitiva en el país, permiso de residencia que se encuentra actualmente vigente.

Respecto a la solicitud de carta de nacionalización, señala que la recurrente la solicitó el 25 de enero de 2023, mediante la plataforma web de trámites (SIMPLE) del Servicio, identificada como ID N° 50018955.

Precisa que luego de haber pasado todas las etapas de análisis respectivas, el 22 de enero de 2024, el Servicio remitió al Subsecretario del Interior el Oficio Ordinario N°3594, por medio del cual se acompañó a dicha autoridad el expediente íntegro del procedimiento administrativo, la calificación positiva respecto de la solicitud de la recurrente, y el proyecto de decreto respectivo dejado a la aprobación de la autoridad competente.

Agrega que, a la fecha del informe, la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente se encuentra en trámite, en etapa de "Ratificación de Autoridad", esto es, a la espera de la decisión final emanada de la autoridad administrativa competente para otorgar esta particular gracia.

En cuanto a los antecedentes de derecho, la recurrida sostiene que la carta de nacionalización es, por su naturaleza jurídica, una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente en la materia. Refiere que la legislación define la carta de nacionalización como una gracia, es decir, un don o favor que se hace sin merecimiento particular, una concesión gratuita, que constituye un privilegio o dispensa concedida por la autoridad competente.

Añade que la concesión de la carta de nacionalización chilena a ciudadanos extranjeros se encuentra regulada por normas de rango constitucional, legal y reglamentario, citando el artículo 10 de la Constitución Política de la República, que en su numeral 3 establece que son chilenos los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley. Agrega que el artículo 84 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería hace una remisión expresa al Decreto Supremo N° 5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Explica que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960, la nacionalización se otorga por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior. Añade que el decreto de concesión de carta de nacionalización es firmado, por delegación, por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, facultad consagrada en el artículo 1°, Título IV, N°4, de la Ley 16.436 de 1966.

Respecto a las causales y requisitos legales para otorgar la carta de nacionalización, la recurrida cita el artículo 2 del Decreto Supremo N° 5.142 de 1960, que señala que podrá otorgarse carta de nacionalización a los extranjeros que hayan cumplido 18 años de edad, que tengan más de cinco años de residencia en el territorio de la República y que sean titulares del permiso de permanencia definitiva, agregando que la solicitud estará dirigida al Presidente de la República y se presentará con posterioridad a la calificación favorable que la autoridad haga de la solicitud de nacionalización, correspondiendo al Ministro del Interior calificar, atendidas las circunstancias.

La recurrida hace presente que la labor del Servicio Nacional de Migraciones en la tramitación de las solicitudes de carta de nacionalización termina con la remisión, mediante oficio, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior, para que la autoridad competente, el Presidente de la República, resuelva su concesión o rechazo y se emita el acto administrativo final, firmado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Sostiene la recurrida que en el caso de autos, al haber remitido ya el Servicio Nacional de Migraciones el oficio respectivo con la calificación de la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente a la Subsecretaría del Interior, el impulso procesal del procedimiento administrativo se encuentra en la esfera de las atribuciones de una autoridad distinta a la recurrida en la presente acción de protección. En consecuencia, el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad facultada por la ley para emitir un pronunciamiento final sobre la solicitud de carta de nacionalización de la contraria, y al haber remitido todos los antecedentes necesarios a la autoridad competente para que emita un acto decisorio, no existe labor pendiente de ser ejecutada por esta parte respecto a la solicitud de carta de nacionalización de la contraria. Por ello, alega falta de legitimación pasiva, al solicitar la contraria al Servicio Nacional de Migraciones un pronunciamiento final sobre su solicitud de carta de nacionalización.

Finalmente, la recurrida aclara que la recurrente cuenta con un permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, beneficio asimilado al actual beneficio de residencia definitiva por el artículo sexto transitorio de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, por lo que actualmente mantiene condición migratoria regular en el país. Cita el artículo 78 de dicho cuerpo normativo, que define la residencia definitiva como el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a desarrollar cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias. En consecuencia, la situación de pendencia de su solicitud de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de sus derechos o el desenvolvimiento natural del extranjero en el territorio nacional.

A mayor abundamiento, señala que la recurrente ha catalogado como un perjuicio derivado del estado de pendencia de su solicitud de carta de nacionalización el retraso en la materialización de ciertas "ventajas" derivadas de la eventual concesión de la nacionalización, alegaciones que deben ser desestimadas al tratarse de una exposición de meras expectativas y no de derechos que han ingresado al patrimonio de la contraria, en circunstancias que la concesión de la carta de nacionalización dependerá del acto de autoridad del Presidente de la República.

Por estas razones, solicita que se tenga por evacuado el informe requerido en autos, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección.

TERCERO: Que la Subsecretaría del Interior, informando el recurso, a través de su apoderada doña nombre reservado, solicita el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional interpuesta, con costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

En lo pertinente, informa que los antecedentes de la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la parte recurrente ya han sido recibidos por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de parte del Servicio Nacional de Migraciones, encontrándose actualmente el acto administrativo que la resuelve en sus últimas etapas de tramitación, previo a la firma de la autoridad. Añade que, una vez concluida la tramitación de dicho acto, aquel será debidamente notificado a la parte recurrente, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, en ese entendido, surge que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, naturaleza que no comparten aquellos que han sido invocados por la recurrente.

SEXTO: Que, en consecuencia, no es dable concluir que la recurrente haya sufrido una privación, perturbación al legítimo ejercicio de ninguna de las garantías que alega como vulneradas del Artículo 19 de la Carta Fundamental, pues es de parecer de esta Corte que los hechos alegados en el arbitrio en comento, configuran una solicitud administrativa sometida a la tramitación ordinaria correspondiente, conforme a la normativa que regula la materia, por lo que no tiene un derecho indubitado a su respecto, razón por la que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito es -como ya se ha dicho- que esta Corte tome medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

SÉPTIMO: Que, de conformidad con lo antes razonado, el recurso intentado será rechazado.

Por estas consideraciones y a lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto en favor de dola nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Extranjería y Migración Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-19325-2024.