Protección contra Dirección Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, doña nombre reservado, representada por la abogada doña Natalia Ocampo Naveas, deduce recurso de protección en contra de la Dirección Nacional de Migraciones, representada por su Director Nacional don Eduardo Thayer Correa, impugnando como acto ilegal y arbitrario el correo electrónico de fecha 13 de agosto de 2025, remitido desde el Departamento de Licencias Médicas del Servicio, por medio del cual se le informa que una licencia médica presentada por ella fue rechazada y que, en razón de haberse dictado con fecha 31 de julio de 2025 la resolución que dispuso su destitución, ya no era funcionaria del Servicio.

Sostiene que dicho acto habría sido emitido encontrándose pendiente de resolución el recurso de reposición deducido en contra de la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 31 de julio de 2025, notificada el 1 de agosto de 2025, mediante la cual se le aplicó la medida disciplinaria de destitución en el marco del sumario instruido por Resolución Exenta N°NUM001, de fecha 26 de mayo de 2025, estimando con ello vulneradas las garantías contempladas en los numerales 2, 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita, en definitiva, que se deje sin efecto el acto recurrido y sus consecuencias, que se disponga su reincorporación a funciones y el pago íntegro de las remuneraciones devengadas entre el tiempo de su separación.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe, la recurrida solicita el rechazo de la acción, señalando que no concurre acto u omisión ilegal o arbitrario alguno susceptible de tutela por esta vía.

Expone que la recurrente, quien se desempeñaba a contrata grado 10 de la E.U.S., presentó con fecha 20 de febrero de 2025 una carta en que manifestó su intención de renunciar al cargo a contar del 1 de julio de 2025, en el contexto de su postulación a beneficios de incentivo al retiro; que posteriormente la Contraloría General de la República instruyó la apertura de procedimientos disciplinarios por salidas del país durante licencias médicas; que en virtud de ello se ordenó sumario administrativo mediante Resolución Exenta N°NUM001, de fecha 26 de mayo de 2025; y que, luego, por Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 31 de julio de 2025, notificada el 1 de agosto de 2025, se le impuso la medida disciplinaria de destitución.

Añade que la actora interpuso reposición con fecha 8 de agosto de 2025, pero que, agotado el plazo máximo de retención de renuncia previsto en el artículo 147 del Estatuto Administrativo, la autoridad se vio legalmente obligada a dictar la Resolución Exenta N°NUM002, de fecha 12 de septiembre de 2025, por la cual aceptó la dimisión de la interesada a contar del 31 de julio de 2025, de modo que desde esa fecha cesó su vínculo estatutario con el Servicio, extinguiéndose toda obligación de cursar licencias médicas o pagar remuneraciones posteriores.

TERCERO: Que, el recurso de protección, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen el ejercicio legítimo de determinadas garantías fundamentales. Su procedencia exige, por consiguiente, la existencia de un derecho preexistente e indubitado, una afectación actual a su ejercicio y un acto u omisión susceptible de ser calificado, de manera manifiesta, como ilegal o arbitrario.

CUARTO: Que, en la especie, no aparece acreditado en autos un derecho indubitado de la recurrente a mantenerse en funciones, a que se cursen las licencias médicas presentadas con posterioridad al 31 de julio de 2025 o a percibir remuneraciones después de esa fecha.

Que, en este contexto, lo que en definitiva persigue la actora por la presente acción cautelar es mantener o reconstruir la relación estatutaria que sostiene con el Servicio, a fin de resguardar su acceso a los beneficios de bonificación por incentivo al retiro y bonificación adicional a que postulara, así como a las prestaciones asociadas a tal calidad funcionaria, pretensión que excede el objeto propio del recurso de protección, desde que supone pronunciarse sobre la subsistencia misma del vínculo y sobre la concurrencia de los requisitos legales para tales beneficios, materias ajenas a la naturaleza sumaria de esta vía.

En efecto, los antecedentes allegados dan cuenta de la existencia de un sumario administrativo instruido en su contra; de la dictación de una resolución sancionatoria que dispuso su destitución; de la interposición de un recurso de reposición aún no resuelto al momento de deducirse la acción; y, además, de la posterior dictación de un acto administrativo por el cual se aceptó su dimisión con efecto desde el 31 de julio de 2025, sobre la base del artículo 147 del Estatuto Administrativo.

Todo ello revela, a lo menos, la concurrencia de una situación jurídica discutida y compleja, incompatible con la exigencia de certeza y claridad que demanda esta sede cautelar para estimar preexistente el derecho cuyo amparo se pretende.

QUINTO: Que, en tales condiciones, la determinación acerca de si la actora conservaba o no la calidad de funcionaria pública a la fecha del correo cuestionado; si procedía o no el curso de las licencias médicas; si correspondía o no el pago de remuneraciones; y si la resolución disciplinaria podía o no desplegar efectos antes de afinarse el procedimiento administrativo, son materias que suponen necesariamente un examen de fondo de actuaciones administrativas sucesivas, del alcance del artículo 147 del Estatuto Administrativo y de la eficacia de diversos actos de la Administración, todo lo cual excede el ámbito sumarísimo del recurso de protección.

Todo ello, además, en un escenario en el cual el procedimiento sumarial instruido por Resolución Exenta N°NUM001 se encuentra aún pendiente de término formal, pues no se ha afinado con el acto administrativo definitivo que resuelva los recursos deducidos ni constan en autos las actuaciones finales que pongan término al procedimiento disciplinario, lo que refuerza el carácter controvertido y no pacífico de la situación jurídica cuya tutela se solicita Así las cosas, no existiendo, entonces, un derecho indubitado en favor de la recurrente, la presente acción no puede prosperar.

SEXTO: Que, por otra parte, el acto específicamente reclamado -esto es, el correo electrónico de fecha 13 de agosto de 2025 emitido por la encargada del Departamento de Licencias Médicas- no constituye, por sí mismo, un acto terminal dotado de autonomía decisoria, sino una mera comunicación o acto trámite inserto en la gestión administrativa relativa a la presentación de una licencia médica.

En efecto, según el propio relato de la recurrente, dicho correo se limita a informarle que la licencia “fue rechazada por el Servicio” y que ello obedecería a la circunstancia de haberse dictado previamente una resolución de destitución. No se trata, pues, de un acto que haya creado, modificado o extinguido autónomamente su situación funcionaria, la que la propia actora vincula a la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 31 de julio de 2025, y a la falta de resolución de la reposición deducida en su contra.

Sobre el particular, conviene resaltar que los actos trámite sólo excepcionalmente son impugnables por esta vía cuando hacen imposible continuar el procedimiento o causan indefensión, hipótesis que, según se ha venido razonando, no se configura en la especie.

SÉPTIMO: Que, por lo mismo, la afectación que la recurrente denuncia no emana inmediatamente del correo electrónico impugnado, sino de actos administrativos previos y posteriores cuya validez, eficacia y consecuencias jurídicas son precisamente objeto de controversia. En tal escenario, el mensaje reclamado no pasa de ser una manifestación instrumental, carente de sustantividad propia, que no puede ser erigida en el acto ilegal o arbitrario sobre cuya base se pretenda reconstruir, por esta vía cautelar, toda la relación estatutaria de la actora.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no resulta posible concluir que el correo electrónico de 13 de agosto de 2025 constituya un acto ilegal o arbitrario en los términos requeridos por el artículo 20 de la Carta Fundamental, ni tampoco que exista un derecho cierto, preexistente e indubitado de la recurrente cuya tutela pueda otorgarse por esta vía.

NOVENO: Que, por ende, la controversia planteada debe ser ventilada por las vías administrativas y jurisdiccionales pertinentes, en las que pueda debatirse con amplitud la validez y efectos de los actos administrativos involucrados, sin que corresponda a esta Corte sustituir dichos procedimientos a través de la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Dirección Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el ministro (I) señor Toledo.

N°Protección-19315-2025.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Fernando Valderrama Martínez e integrada, además, el ministro (I) señor Pablo Toledo González y el abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo.