nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veinte de enero de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Alex Miguel Barcaza Torres, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de asignación familiar Los Andes, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en realizar descuentos directamente de su remuneración para el pago de un crédito que adquirió con dicha institución, lo que a su juicio vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República de Chile.

Refiere que en el mes de marzo de 2022 contrajo un mutuo de dinero con la recurrida denominado “crédito social”, el cual fue pactado en 48 cuotas, venciendo la primera el 31 de mayo de 2022 y la última el 31 de mayo del año 2026, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el art. 22 de la ley 18.833.

Expresa que por causas ajenas a su voluntad y meses después de haber adquirido la deuda, fue desvinculado de su trabajo, por lo que los pagos realizados mediante descuentos en su remuneración dejaron de efectuarse, constituyéndose en mora.

Sostiene que durante los últimos años trabajó para diversos empleadores suscritos a Cajas de Compensación, pero que en ningún momento le realizaron descuento alguno a través del sistema denominado “intercaja”. No obstante, tomó conocimiento con fecha 31 de agosto de 2024 al recibir su remuneración en su nuevo trabajo, mantenía un descuento de $332.100, realizado por la recurrida, lo que sería a su juicio antojadizo, por cuanto está reviviendo unilateralmente un derecho que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 le otorga a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente sus créditos.

Manifiesta que el actuar de la recurrida vulnera abiertamente su derecho de propiedad en lo relativo a su remuneración, por cuanto el artículo 22 de la citada ley faculta a las Cajas de Compensación a realizar los denominados “descuentos por planilla” directamente de la remuneración de los trabajadores afiliados, pero no puede ejercerse el derecho de un modo irracional y abusivo, y por consiguiente arbitrario, ya que no se dio aviso del cobro al recurrente ni posibilidad de defenderse ante una deuda susceptible de ser declarada parcialmente prescrita.

Precisa que la recurrida actuó de manera caprichosa a injustificada, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno y no de una deuda respecto de la cual había dado claras señales de desinterés en su cobro, por lo que resulta antojadiza su actual decisión de cobro de la deuda y hace procedente acoger el recurso de protección.

Solicita en definitiva que se acoja el recurso en todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho y ordenando en definitiva a la recurrida a abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones, y reembolsar los montos que indebidamente pudiesen ser descontados, en un plazo de cinco días hábiles o los que se determine por esta Corte, con costas.

Segundo: Que, informa doña Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de Caja de Compensación de asignación familiar Los Andes, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido.

Expone que la Caja de Compensación otorgó al recurrente con fecha 3 de marzo de 2022 el crédito código 038CON103464270, por la suma de $11.084.667.-, a una tasa de 1.23%, en un plazo de 48 meses, con una cuota de $316.741.-, cuyo primer vencimiento fue el 31 de mayo del mismo año, cuyas cuotas se pagaron con normalidad hasta el mes de octubre.

Agrega que el saldo del capital adeudado al 31 de octubre de 2022 fue reprogramado por el recurrente, siendo el primer vencimiento el 28 de febrero de 2023, no pagando ninguna cuota en el plazo establecido, por lo que tanto el capital inicial más los intereses devengados al 19 de junio de 2024 fueron nuevamente reprogramados en dicha fecha, por la suma de $13.538.820, manteniéndose la tasa de 1.23%, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $332.100, cuyo primer vencimiento fue el 31 de agosto de 2024, encontrándose pagada la primera cuota con fecha 10 de septiembre del mismo año, manteniendo las restantes fecha de vencimiento el día 30 de septiembre de 2024 al 31 de julio de 2029, encontrándose el crédito al día, y habiendo sido reprogramada la deuda por el propio recurrente, quien voluntariamente aceptó las condiciones.

Precisa que en estas circunstancias el crédito es plenamente vigente, actualmente exigible y con acciones no prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuna, siendo por lo demás una garantía para el cobro y pago de los créditos sociales que este tipo de instituciones otorga, respecto del cual el denominado “descuento por planilla” corresponde a un mecanismo especial de pago, inherente al régimen de crédito social otorgado por las Cajas de Compensación, lo que tiende a disminuir su riesgo y permitir que el costo del crédito sea menor, precisamente porque se descuenta de manera directa de la remuneración del trabajador, y que no depende de la voluntad o decisión de la Caja, sino del empleador, que es quien tiene la obligación de realizar dicho descuento.

Detalla que el trabajador no puede oponerse ni negarse al descuento, ya que la obligatoriedad es parte del mecanismo normativo y es propio del tipo de crédito otorgado, agregando que la obligación es actualmente exigible y la prescripción debe ser declarada judicialmente, por lo que cualquier alegación del recurrente en ese sentido es de lato conocimiento y excede la acción de protección.

Finalmente, fundamenta que no existe actuar arbitrario o ilegal de su parte que vulnere la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, toda vez que se ha actuado de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley N° 18.833, y en ese sentido la recurrida solo está cumpliendo con su mandato de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

Tercero: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuarto: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber procedido la recurrida a descontar de las remuneraciones del protegido cuotas pendientes de pago de un mutuo otorgado por la Caja de Compensación Los Andes al recurrente, cuyo cobro ha sido practicado por la recurrida al tenor de lo sostenido en su informe por reprogramación del saldo del crédito practicada entre las partes con fecha 19 de junio de 2024, reprochando la parte recurrente que dicha medida resultaría arbitraria e ilegal.

Quinto: Que, en tal sentido, resulta inconcuso el hecho de que el recurrente contrató con la recurrida, a fin de obtener un crédito social. A su vez, el protegido ha acreditado que se han efectuado descuentos de su remuneración, por concepto del referido crédito. No obstante, es preciso consignar que no se han acompañado por el recurrente antecedentes que demuestren la existencia de algún tipo de acción destinada a la declaración de la prescripción de la deuda, o que el actuar de la recurrida resultó de algún modo sorpresivo, antojadizo o caprichoso, como ha sostenido, máxime cuando incluso en la citada reprogramación del crédito se informa que el primer vencimiento es el 31 de agosto de 2024, lo que tiene correlato con el descuento en la remuneración que precisamente se aplica en la liquidación de sueldo de dicho mes y año.

Sexto: Que, por otra parte, de los antecedentes expuestos en autos se puede colegir que la recurrida se ha limitado en su proceder a hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 22 de la Ley N°18.833, pues no está discutido que el recurrente mantiene una deuda con la Caja de Compensación de Asignación Familia Los Andes, producto del crédito social al cual se ha hecho mención anteriormente, correspondiendo el descuento en la remuneración al pago de la primera cuota, cuyos términos fueron pactados voluntariamente por el recurrente.

Séptimo: Que, en consecuencia, actuando la recurrida dentro del marco de la ley y de las reglas que voluntariamente han convenido las partes, y no constituyendo lo actuado un acto que importe vulneración de garantías fundamentales, por lo ya dicho, el recurso de protección ha de ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida en favor de don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de asignación familiar Los Andes.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-19308-2024.