Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, cinco de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado, de siete años, estudiante de primero básico, y deduce recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la aplicación de la medida disciplinaria de expulsión a su hijo, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N° 1, N° 2 y N° 11 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que el diecisiete de agosto de dos mil veintiséis su hijo fue sancionado con la expulsión del establecimiento tras un incidente escolar. Señala que la familia no ha minimizado los hechos y ha actuado con responsabilidad, iniciando un proceso de intervención profesional a cargo de una terapeuta ocupacional, enfocado en la integración sensorial, la regulación emocional y el acompañamiento conductual. Sostiene que la sanción es ilegal y arbitraria porque vulnera el interés superior del niño y desconoce el carácter formativo y progresivo que exige la Ley General de Educación para un menor de siete años; porque es desproporcionada, al aplicarse la sanción más drástica sin considerar el abordaje profesional externo, alternativas pedagógicas ni adaptaciones de jornada; y porque el establecimiento rechazó la solicitud de reconsideración que proponía opciones adaptativas, dejando al menor fuera del sistema escolar.

Pide, en definitiva, que se ordene al establecimiento dejar sin efecto la medida de expulsión y disponer la reincorporación inmediata del menor a sus actividades escolares o, en subsidio, que se le otorguen las facilidades necesarias, como jornada adaptada o calendario de evaluaciones, para finalizar su año académico.

SEGUNDO: Que, comparece la nombre reservado, sostenedora del Colegio nombre reservado, y evacúa el informe respectivo. Expone como antecedentes los consignados en el oficio con que el establecimiento informó la medida a la Superintendencia de Educación, según el cual el veintinueve de julio de dos mil veintiséis el estudiante agredió físicamente a una compañera de curso con reiterados golpes de puño en un brazo y un golpe en el rostro que la hizo caer junto con su silla, golpeó en reiteradas oportunidades a la docente que se interpuso para resguardarla, y alteró el normal desarrollo de la clase, conductas que el reglamento interno tipifica como faltas de extrema gravedad en su artículo 196 N° 1, N° 3 y N° 4.

Señala que el procedimiento sancionatorio se inició el treinta de julio de dos mil veintiséis con suspensión cautelar; que la apoderada presentó descargos el cinco de agosto; que el siete de agosto la directora resolvió aplicar la expulsión; que la apoderada solicitó su reconsideración el diez de agosto; que el Consejo de Profesores se pronunció el catorce de agosto, por unanimidad, a favor de la medida; y que la resolución final se dictó el diecisiete de agosto de dos mil veintiséis. Agrega que el estudiante registraba durante el año numerosas faltas graves y gravísimas, dos procedimientos sancionatorios previos que concluyeron en la suspensión de ceremonias y en la condicionalidad de matrícula, y diversas medidas de apoyo pedagógico y psicosocial.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que se cumplieron todos los protocolos para llegar a la conclusión que afectó al estudiante. Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que el procedimiento respetó sus etapas y garantizó al estudiante y a su apoderada el derecho a defensa, a presentar pruebas y a solicitar la reconsideración de la medida.

TERCERO: Que, comparece la Superintendencia de Educación, por intermedio de su Dirección Regional Metropolitana, y evacúa el informe respectivo. Expone como antecedentes el marco legal que rige la aplicación de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, contenido en el artículo 6 letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación, que exige causales descritas en el reglamento interno o que afecten gravemente la convivencia escolar, sujeción a los principios de proporcionalidad y no discriminación arbitraria, un procedimiento previo, racional y justo, con derecho a descargos y a solicitar la reconsideración ante el director, quien resuelve previa consulta al Consejo de Profesores, y la obligación de informar la medida a la Superintendencia para que revise en la forma el cumplimiento del procedimiento. Agrega que, conforme a la Ley N° 20.529, le corresponde fiscalizar que los sostenedores se ajusten a la normativa educacional.

Informa que, analizados el treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis los antecedentes aportados por el establecimiento, la medida aplicada se ajustaría a la normativa educacional vigente, por dar cumplimiento al procedimiento dispuesto en el artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998, y acompaña el oficio por el cual cerró el expediente de la medida.

Solicita, en definitiva, que se tenga por cumplido el informe requerido.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

En la especie, corresponde determinar si la medida disciplinaria de expulsión aplicada al estudiante por resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintiséis constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías invocadas.

QUINTO: Que, el artículo 6 letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación regula el procedimiento para la aplicación de la medida de expulsión y entrega a la Superintendencia de Educación, como organismo técnico encargado de fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional conforme a la Ley N° 20.529, la revisión del cumplimiento de dicho procedimiento una vez aplicada la medida.

SEXTO: Que, en ejercicio de esa atribución, la Superintendencia de Educación revisó el expediente remitido por el establecimiento y concluyó, mediante el Ordinario 13DR N° NUM000, de treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis, que la medida aplicada se ajusta al procedimiento contemplado en la norma citada. Constató, entre otros aspectos, que la causal invocada, consistente en la agresión física a una compañera y a una docente, se encuentra descrita en el reglamento interno como falta de extrema gravedad; que la medida se sujetó a los principios de proporcionalidad y no discriminación y no se aplicó por causas socioeconómicas, de rendimiento, vinculadas a necesidades educativas especiales ni de carácter político o ideológico; que se representó previamente a la apoderada la inconveniencia de la conducta; que el inicio del procedimiento y la suspensión cautelar fueron notificados por escrito; que se otorgó el derecho a presentar descargos y a solicitar la reconsideración, el que fue ejercido; y que la reconsideración fue consultada al Consejo de Profesores, que se pronunció por escrito antes de la resolución final.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, el pronunciamiento del órgano técnico competente da cuenta de que la medida fue adoptada por la autoridad facultada para ello, en virtud de una causal prevista en el reglamento interno y previo un procedimiento que respetó las garantías que la ley exige, por lo que no puede calificarse de ilegal.

Tampoco resulta arbitraria, pues se funda en hechos concretos de agresión física a miembros de la comunidad educativa, que la propia recurrente no controvierte, y fue precedida de medidas formativas y disciplinarias de menor intensidad que no lograron modificar la conducta del estudiante.

OCTAVO: Que, por lo demás, el derecho a la educación no importa la imposibilidad absoluta de que los establecimientos educacionales adopten medidas disciplinarias respecto de conductas que afecten gravemente la convivencia escolar, siempre que dichas medidas se encuentren previstas en la normativa aplicable, sean resultado de un procedimiento racional y justo, se sustenten en antecedentes objetivos y respeten los principios de proporcionalidad y no discriminación.

En la especie, la medida de expulsión aparece vinculada con hechos de violencia física que comprometieron la seguridad de integrantes de la comunidad educativa y que fueron calificados de extrema gravedad conforme al reglamento interno. Además, fue precedida de actuaciones de apoyo, procedimientos disciplinarios anteriores y un proceso que contempló instancias de descargos y reconsideración.

Por ello, no se advierte que la decisión impugnada constituya una privación arbitraria del derecho a la educación ni que importe un trato desigual carente de justificación objetiva y razonable.

NOVENO: Que, por su parte, las alegaciones de la recurrente, en cuanto controvierten la valoración de los hechos, la suficiencia de los apoyos brindados y la proporcionalidad de la medida aplicada, no permiten, por sí solas, configurar una actuación ilegal o arbitraria en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

El recurso de protección no constituye una instancia destinada a sustituir a la autoridad educacional en el ejercicio de sus facultades disciplinarias, cuando éstas han sido ejercidas dentro del marco reglamentario y legal aplicable, con respeto de las garantías procedimentales esenciales y sobre la base de antecedentes que justifican razonablemente la decisión adoptada.

DÉCIMO: Que, por lo razonado, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace las garantías invocadas, el recurso deberá ser desestimado, lo que comprende también la petición subsidiaria formulada por la recurrente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en favor de nombre reservado en contra del Colegio nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-19292-2026.