RECOVER RECURSOS HUMANOS LTDA. con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO VALPARAISO

Santiago, tres de mayo de dos mil dieciocho.

Vistos:

1º.- Que, recurre de protección la abogada Paz Becerra Urzúa, en representación de nombre reservado, a su vez por RECOVER Recursos Humanos Limitada, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo, representada por nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Aduce, que el 17 de noviembre del año pasado, fueron notificados de conformidad al artículo 508 del Código del Trabajo de la resolución de Multa Nª 7740/17/50 emitida por la recurrida por haber incurrido en supuestas infracciones a normas laborales, la que se fijó en 40 UTM, contra la cual interpuso reconsideración administrativa el 20 de diciembre de 2017, la que fue rechazada -sin entrar al fondo- pues no se habría presentado dentro del plazo legal de treinta días hábiles contados desde la aludida notificación.

Existe una falta de fundamentación toda vez que no cumple con los estándares impuestos por la Ley N° 19.880, en orden a que los actos administrativos deben indicar la normativa que ha sido infringida, así como tampoco cuáles serían las razones de hecho y de derecho que haría procedente la declaración de extemporaneidad que realiza la Inspección Provincial.

Lo anterior, atenta contra los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, en torno a los requisitos y contenidos mínimos de todo acto administrativo.

Alega que el plazo para interponer la reconsideración administrativa fue entendido por la recurrida como días corridos conforme al artículo 512 del Código del Trabajo, en circunstancias que son de días hábiles, ello conforme a la Ley Nº 19.880, en su artículo 25, citando al respecto jurisprudencia reiterada de la Excma. Corte Suprema.

Se vulnera lo dispuesto en los artículos 19 Nos. 2°, 3° inciso quinto y 24º, todos de la Constitución Política de la República, esto es, igualdad ante la ley, debido proceso y, especialmente, al derecho de propiedad.

Solicita se declare la invalidez del señalado acto arbitrario e ilegal y, en consecuencia, admitir a tramitación la solicitud de reconsideración administrativa presentada, con costas.

2º.- Que, la Inspección Provincial del Trabajo solicita se rechace el recurso de protección interpuesto en su contra, fundado en los siguientes argumentos:

Improcedencia de la acción interpuesta atendida la naturaleza del acto recurrido: tal como lo ha señalado la jurisprudencia el recurso de protección no puede ser utilizado como un sustituto jurisdiccional de todo procedimiento judicial específico que exista, más aún, si se pretende reemplazar los procedimientos concebidos como precisos, urgentes y específicos para la defensa de los derechos que se pretenden afectados.

Así, el recurso es del todo improcedente, porque se ha interpuesto respecto de una resolución administrativa, respecto de la cual la ley establece procedimientos específicos de impugnación tanto en sede administrativa (Artículos 53 y 55 de la Ley N° 19.880, sobre la revisión de los actos administrativos) como judicial (artículo 512 del Código del Trabajo).

Correspondía, entonces, reclamar judicialmente, según lo ordena el Artículo 512, inciso segundo, del Código citado, ante los Juzgados de Letras del Trabajo, a quienes se les entregó la competencia al efecto sobre la base del artículo 420, letra E), del Código anotado.

En este contexto, es manifiesto que el recurso de protección, se está utilizando como un mero sustituto de procedimientos específicos, contemplados de manera expresa, por lo que en nada se justifica la utilización de esta vía extraordinaria para resolver conflictos que tienen previstas vías judiciales ordinarias para su discusión y resolución, vías en las que se puede aportar y apreciar ampliamente la prueba que las partes rindan.

El acudir a sede de protección significa desconocer el sistema procesal vigente establecido en forma específica, haciéndolo inútil y prescindible y transformando a la ley en letra muerta.

Indica además que la actora dispuso de quince días hábiles para reclamar ante el Tribunal Laboral competente, pero optó indebidamente de la acción de protección, lo que evidencia la utilización de éste como sustito procesal.

La inspección ha actuado dentro de la legalidad:

La actuación de la recurrida se ajusta plenamente a sus facultades, sobre todo teniendo en cuenta que el Artículo 511 del Código del Trabajo expresamente dispone la facultad del servicio de reconsiderar las multas cumpliéndose los requisitos que la propia ley establece al efecto.

Es igualmente legal, toda vez que el Artículo 512 del cuerpo legal citado no establece si el plazo de 30 días es de días corridos o hábiles.

Del análisis de las normas contenidas en el Código del Trabajo, en relación a los plazos, se advierte que por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo lo dispuesto en el Art. 50 del Código Civil; lo que se aprecia en diferentes artículos del Código del Trabajo (Por ejemplo: Art. 162, incisos 2° y 7°; 168, inciso 1°, y 503, inciso 3°).

Lo anterior ha sido refrendado por la Contraloría General de la República, en su carácter de entidad de control de legalidad de los actos de la administración del Estado, la que ha emitido el dictamen Nº 64.985, de 20/11/2009, en el cual se establece que el plazo señalado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, opinión que ha reiterado en el dictamen n° 17.344, de 10/03/2014.

En estas condiciones, no resulta posible la aplicación supletoria del Artículo 25 de la Ley N° 19.880, toda vez que sus prescripciones no son conciliables con lo regulado sistemáticamente por el Código del Trabajo.

Más aún, atendida la regla del Artículo 22 del Código Civil se debe concluir que lo dispuesto en el artículo 435, inciso tercero, del Código del Trabajo, no es aplicable al Artículo 512 del mismo texto legal, por encontrarse fuera del ámbito de aplicación de dicha norma, título siguiente del mismo libro, por lo que el plazo que regula dicho última norma no se suspende durante los días feriados, siendo por tanto un plazo de días corridos. Asimismo, el Artículo 25 de la Ley N° 19.880, señala que dicha norma se aplica para los plazos de días establecidos en dicha ley, con lo que se excluye su aplicación a plazos establecidos en otro cuerpo legal, como es el art. 512 del Código del Trabajo.

Así, no es procedente aplicar supletoriamente el artículo 25 de la Ley N° 19.880, puesto que dicha ley contempla procedimientos administrativos de carácter genérico, es decir, cuando no existe un procedimiento especial, que no es lo que ocurre en este caso, precisamente porque los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo se refieren a los plazos para recurrir contra las decisiones del ente fiscalizador y la forma en que debe hacerse, es decir, no existe un vacío que debe ser suplido por la ley N° 19.880, debiendo utilizarse para determinar naturaleza del plazo lo señalado en el Artículo 512 citado y lo dispuesto en el Artículo 50 del Código Civil. El plazo es de días corridos.

Improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición:

Lo anterior, porque el acto impugnado no es ilegal ni arbitrario, al haber sido dictado por Inspector Provincial del Trabajo de Santiago en uso de sus atribuciones legales, dentro de su competencia y previa ponderación de la normativa aplicable.

Se trata de un acto que:

(a) Es totalmente legal: ya que fue dictada con estricta sujeción a los Artículos 6 y 7° de la Constitución Política de la República y a lo dispuesto en los Artículos 511 y 512 del Código del Trabajo y de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo (DFL N° 2° (1967).

(b) Carece de rasgos arbitrarios: pues no es el fruto del mero capricho o de la sinrazón del Servicio recurrido, sino que es producto de la misión que la ley le ha encomendado a la Dirección del Trabajo de manera expresa.

Respecto de la garantía del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la recurrida ha ejercido su derecho a una legítima defensa, al presentar la mentada reconsideración administrativa, de conformidad con el Artículo 511 del Código del Trabajo.

Otra cosa es que la actora de conformidad a los criterios expuestos anteriormente, haya presentado su reconsideración una vez vencido el plazo fatal de 30 días corridos.

En cuanto a la descrita en el numeral tercero inciso quinto del artículo 19, señala que no es desarrollada en el recurso, por lo que tal omisión es suficiente para desestimarla en todas sus partes.

Respecto de la garantía del numeral 24 del ya citado artículo 19, lo concreto resulta ser que la resolución de multa no amenaza en ningún aspecto al derecho de propiedad de la recurrente; al contrario, es el propio actuar de la empleadora recurrente la que afectó directamente el derecho de propiedad que tiene los trabajadores afectados sobre sus remuneraciones.

Por otro lado, ningún particular puede sustraerse al imperio del derecho y, más aún, alegar que tal mandato es un gravamen ilícito a sus derechos de propiedad.

3º.- Que en relación al cómputo del plazo, es dable precisar que el artículo 25 de la Ley N° 19880 indica que el cómputo de los plazos del procedimiento administrativo son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos. En el actual caso, la resolución de multa se notificó el 17 de noviembre del año pasado.

El día 20 de diciembre de 2017 se presenta la solicitud de reconsideración administrativa contra la multa impuesta al actual recurrente, es decir, dentro de los 30 días hábiles administrativos siguientes a su notificación.

4º.- Que en este escenario, la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago Centro, incurre en un acto ilegal cuando rechaza el nominado recurso administrativo de reconsideración, precisamente al considerar que el plazo de treinta días establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos. Más aún, la numerada norma, nada dice al efecto de la distinción entre días hábiles o corridos pues solo establece el plazo de 30 días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa.

Lo anterior, sin perjuicio de anotar que la recurrida Inspección Provincial del Trabajo, tiene el carácter de organismo integrante de la Administración del Estado y de allí la obligatoriedad de las normas de la ley referida.

5º.- Que, a mayor abundamiento, así ya lo ha resuelto reiteradamente nuestra Excma. Corte Suprema, en orden a señalar que “…el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que alude a días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En consecuencia, existiendo regulación expresa acerca del cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos, esta modalidad prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil. “ 6º.- Que, de lo anterior, fluye que la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal en tanto se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, lo que corresponde sea enmendado por esta vía.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara:

Que, SE ACOGE el recurso de protección deducido por la abogada Paz Becerra Urzúa, en representación de nombre reservado actuando este a su vez por RECOVER Recursos Humanos Limitada, interpuesto en contra de la Inspección Provincial del Trabajo y, con el objeto de restablecer el imperio del derecho, se deja sin efecto la resolución Nº 11 de 5 de marzo de 2018 y se ordena a la recurrida ya referida admitir a tramitación la solicitud de reconsideración administrativa y pronunciarse sobre el fondo de la misma, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera Muñoz.

Rol Nº 19.184-2018 Pronunciado por la Novena Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro Sr. Javier Moya Cuadra e integrada por el Ministro Sr. Alejandro Rivera Muñoz y el Abogado Integrante Sr. Gonzalo Ruz Lártiga.

No firma el Abogado Integrante Sr. Ruz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

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