nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, seis de enero de dos mil veintiséis.

Al folio 16; téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Daniel Esteban Ortega Cadena, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, deduciendo acción de protección constitucional en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales en su calidad de técnica extranjera, lo que vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita… Indica que la recurrente que es Licenciada en Fisioterapia y que acompañó a su solicitud: copia de cédula de identidad, título profesional apostillado, contrato de trabajo con la cláusula de exención y una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) de fecha 5 de agosto de 2025.

Sin embargo, la recurrida rechazó la solicitud argumentando que el certificado no acredita que la afiliación haya perdurado por la totalidad del período solicitado y por no encontrarse debidamente legalizado.

Argumenta que la constancia es verificable mediante código QR y sitio web oficial, y que la exigencia de una legalización consular adicional constituye un requisito no previsto en la ley, resultando además de imposible cumplimiento debido a la inexistencia de representación diplomática de Venezuela en Chile, lo que configuraría un caso fortuito o fuerza mayor.

Segundo: Que se evacuó informe por parte de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Primeramente, alega que la acción de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento o con carácter contradictorio, donde no existe un derecho indubitado.

En cuanto al fondo, afirma la ausencia de actos ilegales o arbitrarios, toda vez que su actuar se ajustó estrictamente a la Ley N° 18.156 y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, específicamente el Oficio Ordinario N° 12954 de julio de 2025.

Explica que la documentación presentada por la recurrente —la constancia del IVSS— no cumple con los requisitos de legalización o apostilla exigidos por el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y el Compendio de Normas de la Superintendencia.

Precisa que los certificados electrónicos simples, sin la debida validación oficial de la autoridad previsional competente debidamente apostillada, no son suficientes para acreditar la cobertura por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el periodo de permanencia en Chile. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema que avala la obligatoriedad de cumplir copulativamente con los requisitos formales y sustantivos de la normativa especial.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías allí expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio, debiendo el tribunal adoptar las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

La procedencia de esta acción se sujeta a la concurrencia copulativa de dos condiciones esenciales: la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a derecho– o arbitrario –caprichoso o antojadizo– y que este cause privación, perturbación o amenaza a una o más de las garantías constitucionales que la misma disposición protege.

Cuarto: Que la Ley N° 18.156 establece una excepción de carácter restrictivo al principio de territorialidad de la seguridad social en Chile, permitiendo a técnicos extranjeros retirar sus fondos previsionales si cumplen requisitos copulativos: a) Calidad de técnico; b) Afiliación a un régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y c) Cláusula de voluntad en el contrato de trabajo.

Sobre el particular, la Superintendencia de Pensiones, como órgano regulador técnico, ha instruido mediante el Compendio de Normas y diversos Oficios Ordinarios (específicamente el N° 12.954 de 2025) que el cumplimiento de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 debe acreditarse mediante certificación de la institución extranjera debidamente legalizada o apostillada, y que dicha cobertura debe ser verificable respecto del periodo solicitado.

Quinto: Que, de los antecedentes acompañados, se desprende que la controversia radica en la validez probatoria de una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emanada del IVSS de Venezuela. Si bien la recurrente invoca la imposibilidad material de obtener legalizaciones consulares debido a la crisis diplomática, debe considerarse que la Ley N° 18.156 es una norma de excepción y, como tal, su aplicación exige el cumplimiento estricto de las formalidades que la autoridad administrativa ha determinado para resguardar la integridad del sistema previsional y el destino de los fondos de pensiones (D.L. N° 3.500).

Sexto: Que el actuar de AFP PROVIDA S.A. no puede ser calificado de ilegal, por cuanto se sustenta en la aplicación de la normativa legal vigente y en las instrucciones obligatorias de su órgano fiscalizador. Tampoco puede tildarse de arbitrario o caprichoso, ya que su decisión se encuentra motivada en una deficiencia formal del documento presentado —la falta de apostilla o legalización válida conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil—, estándar que la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema ha validado como un requisito exigible por las Administradoras.

Séptimo: Que, por consiguiente, al no constatarse un actuar que se aparte de la legalidad o de la razón, y existiendo una controversia técnica sobre la suficiencia de los medios de prueba para acceder a un beneficio excepcional, la presente vía cautelar no resulta idónea para declarar un derecho que no tiene el carácter de indubitado. Las alegaciones sobre fuerza mayor y validez de certificados electrónicos electrónicos sin apostilla exceden el marco de este recurso, debiendo ventilarse, en su caso, ante la autoridad administrativa superior o en un procedimiento de lato conocimiento.

Octavo: Que, en virtud de lo expuesto, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales de la recurrente, la acción de protección debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Daniel Esteban Ortega Cadena, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Protección N°19.179-2025.