Protección contra empresa 24x7 Limitada

Santiago, seis de abril de dos mil quince.

Vistos:

A fojas 1 doña nombre reservado, abogada por sí y en representación de nombre reservado Iglesias, abogada, ambas domiciliadas en domicilio reservado, Santiago recurren de protección en contra de la empresa 24x7 Limitada, representada legalmente por nombre reservado, ignoran profesión u oficio, domiciliado en domicilio reservado.

Expresan las recurrentes que con fecha 10 de febrero último tomaron conocimiento de la existencia de un sitio web http://datos.24x7.cl/. Y que en dicho sitio es posible encontrar y acceder con la sola redacción del nombre de una persona natural en un formulario de búsqueda, a su Rol Unico Tributario, o viceversa, conocido el RUT de una persona, su nombre completo, incluso de menores de edad. Indican que este rutificador aparentemente recolecta la información de bases de datos públicos y las presenta en una interface simple, dando acceso sin restricciones ni filtros a información que constituyen datos personales, nombres y RUT, en el caso de las personas naturales. Indican que no han encontrado información sobre las personas responsables de esta base de datos ni mecanismos de contacto para acceder a los datos tratados, poder corregirlos o simplemente darse de baja del registro, lo que constituye facultades básicas de disposición de los datos en base de datos privadas y con las que no mantienen vínculo jurídico alguno. Exponen la forma cómo lograron ubicar a la persona aparentemente responsable de dicha base, a la cual le solicitaron una serie de información según lo dispone el artículo 12 de la Ley N° 19.628 sin que se les haya dado respuesta a su requerimiento.

Agregan, que el acceso abierto y sin ningún control del dato personal, RUT, obtenido de fuentes indeterminadas les priva, perturba y amenaza el legítimo derecho a la intimidad, y en particular, a los datos personales que forman parte de ella, derecho que es reconocido en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. Añaden que el RUT como número de identificación es un dato personal y que en los hechos se constituye como un elemento habilitante para acceder a otros datos personales los que podrían ser sensibles pudiendo atentar no solo contra la privacidad sino contra la dignidad de las personas.

En cuanto al tratamiento de datos de menores, aluden a la Convención de los Derechos del Niño, que dispone que los niños, por su vulnerabilidad deben ser objeto de una protección especial.

Señalan que conforme a la Ley N° 19.628 se consagra una definición de los datos personales y datos sensibles en su artículo 2 letras f) y g), que si bien el RUT no es un dato sensible, a excepción del de los menores de edad, se ha reconocido en fallos del Tribunal Constitucional, que igualmente se encuentra amparado por el derecho a la privacidad. Indican que la actividad realizada por el recurrido no se realiza al amparo de la Ley N° 19.628, pues no hay forma de ejercer el derecho de acceso a los datos, modificar, rectificar u oponerse al tratamiento, ni conocer a los responsables, por lo demás los datos manejados no se encuentran en la excepción de haber sido obtenidos de una fuente de acceso al público, contemplada en el artículo 4 de la Ley citada. Refieren también que no existe una ley que autorice a los responsables de esta base de datos para hacer el tratamiento de sus datos ni ellas han autorizado ni consentido en el tratamiento público de aquellos.

En definitiva solicitan que se acoja el presente recurso de protección y se adopten todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho ordenando al recurrido a) Dar de baja el sitio y con él todos los datos que contiene, b) en su defecto que se eliminen el nombre de las recurrentes y el vínculo directo a sus RUT y se condene en costas al recurrido.

A fojas 27, comparece nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien informa el presente recurso de protección. Refiere ser el representante legal de la empresa 24x7 Limitada, que se constituyó en el año 2012 teniendo como giro “Servicios Integrales de Informática”. Narra que con fecha 26 de febrero de 2014 se creó el sitio 24x7.cl el cual tiene como finalidad la obtención del RUT de una persona indicando el nombre o bien a su inversa, adquirir el nombre al digitar el RUT. La información, expone, fue obtenida luego que en el mes de septiembre de 2013 el Servicio Electoral de Chile SERVEL hiciera pública la información en el sitio web servelqa.cloudapp.net mediante varios documentos en formato PDF donde no solo es posible obtener el Rut sino también nombre, sexo, domicilio, circunscripción y mesa en la cual vota. Indica que esta página que contenía la información en la actualidad no se encuentra en funcionamiento, pero si lo estuvo por al menos un año, para lo cual acompaña la primera página de uno de estos documentos. En cuanto a la finalidad del sitio, dice que permite al usuario de internet acceder de forma rápida a datos públicos, los cuales en caso de no existir, éstos podrían obtenerse de igual forma pero el usuario tendría que visitar al menos dos o tres páginas.

En cuanto al RUT de menores de edad, dada la solicitud de las recurrentes, con fecha 25 de marzo de 2015, dio de baja estos datos, eliminando del sitio toda información que diga relación con ellos.

En relación al RUT como dato público, refiere que la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral N° 18.556 dispone en su artículo 31, que el padrón electoral y la nómina provisoria de inhabilitados son públicos indicando en su inciso 3° que este padrón se ordenará en forma alfabética y contendrá los nombres y apellidos del elector, su número de rol único nacional, sexo, domicilio electoral con indicación de la circunscripción electoral, comuna, provincia y región a la que pertenezcan y el número de mesa receptora de sufragio en que le corresponde votar. Así este organismo público pudo publicar estos datos en internet no sólo en su web mediante una herramienta de búsqueda, sino además teniendo en línea archivos PDF a disposición del público. Alude a la Ley N° 19.628, a la definición que se hace de fuentes accesibles al público y a lo dispuesto en el artículo 9 de la ley en cuanto refiere que los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público, en consecuencia, refiere que el SERVEL como órgano del Estado, autorizado por ley, publicó los datos que contenía el padrón electoral, haciéndolos así accesibles al público, no existiendo entonces infracción a la Ley de Protección de Datos Personales.

Añade luego, que existen diversas instituciones públicas u organismos privados que ofrecen esta misma información, el Registro Civil, Servicio de Impuestos Internos, Poder Judicial etc. En el ámbito privado cita a la empresa privada Dicom Equifax que entrega esta información por un costo de $900.

Finalmente alude a jurisprudencia del Consejo para la Transparencia, en un caso respecto de la Superintendencia de Valores y Seguros en la que se consideró al RUT como dato personal ordenando entregar la información pues se trataba de una fuente de acceso público.

Concluye así que no ha incurrido en acto arbitrario o ilegal y solicita el rechazo del recurso.

A fojas 33 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción de carácter constitucional destinada a dar la debida cautela, ante actos arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos a que alude el artículo 20 de la Constitución Política del Estado.

2°) Que mediante la presente acción se ha solicitado a esta Corte se resguarde el derecho a la vida privada e intimidad de las recurrentes el que sienten vulnerado con la publicación que hace el sitio web 24x7 del Rol Unico Tributario o RUT de las actoras y de diversas personas, incluyendo a menores de edad.

3°) Que la existencia del sitio web y la publicación de los RUT y nombres de diversas personas, entre ellas, las recurrentes, constituye un hecho no cuestionado, como tampoco la circunstancia que las actoras no han prestado su consentimiento ni autorización para la incorporación de este dato en el sitio web, pues ellas han afirmado no haber otorgado dicha autorización y el recurrido tampoco la ha invocado.

4°) Que corresponde determinar entonces si el tratamiento público que se ha hecho de los roles únicos tributarios constituye un acto arbitrario o ilegal. Al efecto, cabe consignar, en primer término que el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de Hacienda, de 1969 creó el Rol Único Tributario, disponiendo en su artículo 1° lo siguiente: “Créase un Rol Único Tributario en el cual se identificará a todos los contribuyentes del país, de los diversos impuestos, y otras personas o entes que se señalan más adelante. El Rol Unico Tributario identificará a las personas naturales de acuerdo con un sistema y numeración que guardará relación con aquellos utilizados para iguales propósitos por el Servicio de Registro Civil e Identificación.” Por su parte, por Decreto N° 18, de 13 de marzo de 1973, del Ministerio de Defensa, se estableció el Rol Unico Nacional para fines de identificación y estadística, disponiendo en su artículo 1° “Implántase, a contar del 1º de Julio de 1973, el Rol Unico Nacional de manera que la información estadística referida a cada persona, sea natural o jurídica, pueda ser procesada electrónicamente sobre la base de un número de identificación, válido para todos los registros en que deba inscribirse, ya sea en razón de su estado, actividad, ejercicio de derechos políticos, obligaciones tributarias o cualquiera otra actuación que le concierna.” 2.- “Se tomará como referencia para este efecto el Número Nacional de Identificación que otorga el Servicio de Registro Civil e Identificación, el que será obligatorio desde el 1º de Julio de 1973 para los mayores de 18 años y a contar del 1º de Enero de 1975 para los mayores de 12 años”. Conforme a lo anterior, puede establecerse la plena coincidencia entre el Rol Unico Tributario y el Rol Unico Nacional, siendo en ambos casos un número único e irrepetible que permite la identificación de una persona.

5°) Que dentro de este contexto y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada, el Rol Unico Tributario o Rol Unico Nacional constituye un antecedente que queda comprendido dentro del concepto de “Dato de carácter personal o datos personales” y que según la letra f) del artículo 2° del mencionado cuerpo normativo se definen como: “Los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”. En efecto, se trata de un número en particular –información- que concierne a una persona natural que precisamente la identifica y distingue entre los demás habitantes de la nación.

6°) Que de acuerdo a la letra ñ) del artículo 2 pre citado, el titular de los datos, es la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal, y en este sentido, podemos afirmar que las recurrentes son titulares de este dato personal que les ha asignado el Registro Civil de Identificación, es decir, del número con que se las identifica ya sea como Rol Unico Tributario o Rol Unico Nacional, en la medida que dicho número las identifica sólo a ellas. No obstante, pese a su titularidad, dicho dato, es de uso común, pues trasciende a la persona y adquiere una dimensión social precisamente en la medida que es utilizado para ejercer derechos y ser sujeto de obligaciones en sociedad como aquellos indicados en el considerando cuarto precedente, o como cuando es utilizado por diversas entidades, tales como, registros de universidades, pruebas de selección universitaria, Institutos de Salud Previsional, registros electorales, Fondo Nacional de Salud, Servicio de Impuestos Internos, bancos, casas comerciales, etc.

7°) Que por regla general el tratamiento de datos personales constituye una actividad permitida de acuerdo a la Ley N° 19.628 que en su artículo 1°, inciso segundo dispone “Toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales, siempre que lo haga de manera concordante con esta ley y para las finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. En todo caso deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que esta ley les reconoce”, de manera que corresponde determinar si el recurrido se ha ajustado a la ley en la actividad por él realizada.

8°) Que la utilización de los datos personales, está regulada en el artículo 4° de la Ley sobre Protección de la Vida Privada, precepto que dispone como regla general que: “El tratamiento de datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello”. Acto seguido, expresa: “No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios. Tampoco requerirá de esta autorización el tratamiento de datos personales que realicen personas jurídicas privadas para el uso exclusivo suyo, de sus asociados y de las entidades a que están afiliadas, con fines estadísticos, de tarificación u otros de beneficio general de aquéllos”.

En el caso que nos ocupa, cabe desechar desde ya, según se dijo, la existencia de autorización de las actoras para el tratamiento de estos datos personales suyos al recurrido, pues ellas han afirmado no haberla otorgado y el recurrido no ha aseverado lo contrario, por lo que corresponde determinar si el recurrido se encuentra en la situación excepcional de que pese a no existir tal autorización, puede conforme a la ley realizar dicho tratamiento de datos. Sobre este punto, la ley prescinde de la autorización si la recolección de los datos se ha realizado de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial. Al respecto, el recurrido ha afirmado que obtuvo estos datos de una fuente accesible al público cual es una publicación que hizo el Servicio Electoral en el mes de septiembre de 2013, mediante varios documentos en formato PDF donde era posible obtener no solo el RUT, sino además sexo, domicilio, circunscripción y mesa votante, e indica que la página donde se encontraba esa información ya no se encuentra en funcionamiento, adjuntando como prueba el documento agregado a fojas 19 relativo a una lista del padrón electoral para las elecciones del año 2013, referente a la región Tarapacá provincia y comuna de Iquique. Pues bien, dicho antecedente ponderado de conformidad a las reglas de la sana crítica no resulta suficiente para demostrar la fuente desde donde se extrajo la información por cuanto no se ha logrado acreditar que los datos de las actoras se contengan en ese listado y porque además la base de datos contenida en el sitio web creado por el recurrido también contenía datos de menores de edad, según él mismo ha reconocido en el segundo párrafo de fojas 29, menores que conforme a las máximas de la experiencia no podrían estar incorporados en un padrón electoral.

Así, al no haberse acreditado la fuente desde donde se extrajo la información, resulta innecesario entrar a analizar si concurren los demás requisitos que contempla el artículo 4° en comento, y permiten desvirtuar, del mismo modo, el argumento del recurrido en cuanto a que su actuar está sustentado en el artículo 9° de la ley citada, precisamente por no haberse demostrado en esta sede la fuente desde donde se obtuvo la información.

9°) Que así ha de concluirse que el tratamiento de datos personales que hace el recurrido de los RUT de las actoras, de acuerdo a los antecedentes hasta ahora proporcionados, se aparta de la legalidad que regula dicho tratamiento, ello sin perjuicio que en un eventual juicio de reclamación conforme al artículo 16 de la Ley N° 19.628 pueda demostrarse lo contrario.

10°) Que corresponde analizar si dicho actuar, por ahora ilegal, conculca la garantía invocada por las actoras que protege su derecho a la vida privada, de cada una de ellas. Al respecto, cabe considerar que la vida privada, si bien no definida en la Carta Política ni en la ley, ha de ser entendida como aquellas circunstancias, hechos o acontecimientos que forman parte de la vida personal y familiar de una persona y que por su naturaleza le concierne a ella y a quienes ella decida hacer partícipe. En tal sentido, el dato acerca del RUT, por sí solo carece de valor y su divulgación no atenta contra la vida privada ni menos contra la intimidad de las recurrentes más aún cuando por su naturaleza dicho dato tiene un uso común dentro de la sociedad.

11°) Que si bien a nivel doctrinario se ha discutido si con la protección de datos se resguarda la intimidad de las personas o lo que se denomina la autodeterminación informativa o libertad informativa, lo cierto es, que en el caso de autos, no se ha logrado demostrar que con el tratamiento de datos de que se acusa al recurrido se haya siquiera amenazado la vida privada de las recurrentes, bien jurídico protegido constitucionalmente por esta acción cautelar. En efecto, las actoras refieren que con el dato del RUT y el nombre se puede acceder a información de datos de carácter sensible y privados, pero lo cierto es, que con la base de datos del recurrido ello no es posible, pues la información se limita sólo al RUT y al nombre, aspectos ambos de uso común para vivir y desenvolverse en sociedad.

12°) Que si bien no se dan los requisitos para que esta Corte otorgue a las recurrentes una cautela constitucional, ello no significa que queden en la indefensión puesto que la Ley N° 19.628 otorga protección a los titulares de los datos mediante derechos que pueden ser ejercidos de conformidad a lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes de la ley, existiendo incluso un procedimiento de reclamación ante el juez de letras en lo civil del domicilio del responsable, derechos que las recurrentes reconocen empezaron a ejercer, según indican a fojas 3 de su recurso, de manera que nada impide que, ante el silencio del recurrido como responsable del registro, ellas puedan iniciar su reclamación ante el juez civil competente.

13°) Que en cuanto al tratamiento de datos de otras personas ajenas a las recurrentes, como a menores de edad, cabe señalar, que la acción constitucional de protección no es una acción de carácter popular y en consecuencia el análisis del caso se ha limitado sólo a quienes han ejercido efectivamente la acción, sin perjuicio que el recurrido ha señalado haber dado de baja los datos concernientes a menores de edad, circunstancia no controvertida por las actoras.

14°) Que por lo razonado precedentemente, la presente acción cautelar debe ser desechada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por doña nombre reservado por sí y en favor de doña nombre reservado iglesias en contra de nombre reservado.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Protección Rol N°19.154-2015.- Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

No firma la abogado integrante señora Herrera, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.

Pronunciada por la Undécima Sala, presidida por la Ministra señora Mireya Eugenia López Miranda, conformada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y por la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida. Autorizada por el ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, seis de abril de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.