nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, catorce de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por el acto que califica arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales acumulados en la cuenta individual de capitalización del recurrente, en su calidad de técnico extranjero, al amparo de lo dispuesto en la Ley N° 18.156, lo que estima vulnera sus garantías consagradas en el artículo 19 numerales 2º y 24º de la Constitución Política de la República.

Expone que solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156, que exime a los técnicos extranjeros de cotizar en el sistema previsional chileno, cuando demuestran estar afiliados a un sistema de previsión en su país de origen, y que dicha solicitud fue rechazada el 19 de agosto de 2025, aduciendo que el certificado de afiliación debía estar debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Respecto de la documentación presentada, la parte recurrente hace presente que el documento en cuestión corresponde a una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la cual no presenta legalización ni apostilla al ser emitida a través de página web, siendo verificable en línea en cualquier momento. Adicionalmente, para complementar el documento anterior, el recurrente compareció con fecha 11 de agosto de 2025 ante notario público para declarar bajo juramento su afiliación, siendo dicha declaración igualmente verificable en línea.

Sostiene que la recurrida obstaculiza el proceso de solicitud de retiro de fondo de la recurrente, dando una mala interpretación de la norma, desatendiendo el objetivo de la misma que el extranjero pueda disponer de sus fondos de previsión. En ese sentido en el caso puntual y en relación con la causal de rechazo invocada, precisa el contexto actual en cuanto a la imposibilidad de obtener la legalización consular de la declaración jurada de dicho certificado de afiliación en el instituto de previsión social IVSS, pues es existe una imposibilidad técnica y material de adquirir dicha legalización de la declaración jurada, por motivo del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

Alega que la negativa se funda en una interpretación formalista del requisito de vigencia del certificado de afiliación previsional extranjero, el cual habría sido legalizado oportunamente conforme al procedimiento establecido en la normativa nacional y avalado por la Superintendencia de Pensiones, a través de los oficios N° 24982, N° 767 y N° 18116.

Por estas razones, solicita que se deje sin efecto dicho acto, ordenando a la recurrida a que se reconozca como válido la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de los fondos, dentro de un plazo de cinco días o el que esta Corte determine, acompañando los documentos que sostienen su pretensión.

Segundo: Que evacuando informe la recurrida solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Aduce que el 18 de agosto de 2025 nombre reservado presentó a través del sitio web de AFP PlanVital una solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la ley N°18.156, la que fue rechazada el 20 de agosto de 2025 debido a que la documentación acompañada adolecía de vicios formales, específicamente una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" y una "Declaración bajo fe de juramento" que no cumplían con las exigencias legales y administrativas vigentes.

Respecto de los fundamentos normativos, invoca el Oficio Ordinario N°12.954 emitido el 15 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones, el cual establece que para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la ley 18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen que contó con cobertura por todos los riesgos exigidos durante el tiempo en que prestó servicios en Chile, debiendo dicha certificación venir legalizada o apostillada según las normas del Convenio de La Haya y el Código de Procedimiento Civil. Señala que el mismo oficio indica que no resultan eficaces las certificaciones electrónicas sin legalizar o apostillar, ni las declaraciones juradas del afiliado, por no emanar de la autoridad previsional competente.

Destaca que el rechazo no implica pérdida del derecho a solicitar la devolución, sino que el afiliado cuenta con diversos mecanismos ante la administradora o la Superintendencia de Pensiones.

Concluyó que su actuación no ha significado privación, perturbación o amenaza de derechos constitucionales, puesto que el rechazo no fue ilegal ni arbitrario, si no que se fundó en la letra a) del artículo 1 de la ley N°18.156, el artículo 2° y 3° del D.F.L. N°101 de 1980, el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, y el artículo 47 de la ley N°20.255, normas que establecen el carácter obligatorio de las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Sostuvo que su actuación se ajustó al Compendio de Normas de la Superintendencia, cuyo cumplimiento es imperativo para todas las administradoras, excluyendo cualquier arbitrariedad o ilegalidad.

Tercero: Que el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto tutelar, mediante una acción expedita y eficaz, los derechos y garantías que dicha norma asegura a todas las personas, en caso de ser estas privadas, perturbadas o amenazadas en su legítimo ejercicio por actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

Cuarto: Que en la especie, el recurso ha sido interpuesto por don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien alega la comisión de un acto ilegal y arbitrario por parte de AFP PlanVital S.A., consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales, pese a haber acompañado, a su juicio, la documentación exigida por la Ley N° 18.156 para acceder a dicho beneficio como trabajador técnico extranjero.

Quinto: Que la Ley N° 18.156, en su artículo 7°, permite a los trabajadores extranjeros que hubieren efectuado cotizaciones previsionales en una AFP, solicitar la devolución de los fondos depositados, siempre que acrediten su afiliación a un régimen previsional extranjero que cubra, a lo menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que exista constancia expresa en su contrato de trabajo de la voluntad de mantener dicha afiliación, conforme a lo exigido en el artículo 1° de la misma ley.

Sexto: Que el acto administrativo impugnado —esto es, el rechazo de la solicitud de devolución— se sustenta en la falta de vigencia y validez probatoria del documento base presentado por el recurrente: el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, presentado en diciembre del mismo año, y acompañado solo en copia simple, sin apostilla ni nueva legalización en Chile, y sin verificación funcional del código QR por cierre del consulado respectivo.

Séptimo: Que esta Corte advierte que, aun cuando la Superintendencia de Pensiones haya emitido oficios orientadores respecto a la posibilidad de aceptar documentación cuya legalización ya fue realizada antes del cierre del consulado, la naturaleza y efectos de dichos actos administrativos no pueden sustituir las obligaciones legales específicas que recaen sobre las AFP, las cuales, conforme a su mandato legal y reglamentario, deben verificar de manera indubitada el cumplimiento de los requisitos copulativos exigidos por la ley para proceder a la devolución de los fondos previsionales.

Octavo: Que, en consecuencia, no puede estimarse que la conducta de la recurrida haya sido ilegal, en cuanto ha actuado dentro del marco de sus competencias legales y reglamentarias, evaluando los antecedentes a su disposición y aplicando el criterio de legalidad que la obliga a constatar los requisitos normativos, máxime cuando el documento central ofrecido por el recurrente se encuentra vencido, no apostillado ni legalizado vigente, y sin verificación activa en la plataforma electrónica extranjera.

Noveno: Que, por otra parte, tampoco se configura arbitrariedad, entendida como un proceder caprichoso, inmotivado o ajeno a razón suficiente. Por el contrario, la AFP motivó debidamente su resolución, mediante carta formal de fecha 11 de agosto de 2025, en la que explicó los fundamentos técnicos y normativos de su decisión, dando cumplimiento al deber de motivación exigido por el principio de juridicidad y de control del interés fiscal.

Décimo: Que, en atención a lo razonado precedentemente, y no existiendo un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos fundamentales invocados por el recurrente, el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y vistos además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y demás normas legales pertinentes; se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de AFP PlanVital SA.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-19147-2025.