nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, doce de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

PRIMERO: Que con fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticinco comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor y representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representada por don nombre reservado, por el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales para extranjero, acto que considera ilegal y arbitrario, por cuanto se funda en exigencias no contempladas en la Ley N°18.156, vulnerando con ello las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone el recurrente que, en su calidad de trabajador extranjero, solicitó a través del portal electrónico de la recurrida la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros y la posibilidad de recuperar los fondos enterados cuando se cumplen los requisitos legales.

Señala que, mediante correo electrónico de fecha trece de agosto de dos mil veinticinco, la administradora rechazó la solicitud, argumentando que la documentación presentada no cumplía con las exigencias del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, particularmente por no acompañar un certificado de afiliación a la seguridad social extranjera debidamente legalizado o apostillado. Añade que la recurrida también sostuvo que el anexo de contrato de trabajo, de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, contendría manifestaciones incompatibles de voluntad respecto de la afiliación previsional.

Afirma el recurrente que dicha decisión desconoce el tenor literal y la finalidad de la Ley N°18.156, cuyos artículos 1 y 7 únicamente exigen que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación, sin imponer formalidades adicionales como la legalización o apostilla de los documentos. Sostiene que tales requisitos no se encuentran establecidos en la ley y que su exigencia constituye una interpretación excesivamente formalista que se aparta del propósito del legislador.

Refiere que acompañó una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), documento verificable mediante el código alfanumérico incorporado en su parte inferior y validable directamente en la página web oficial del organismo, por lo que la administradora tenía medios suficientes para comprobar su autenticidad. Agrega que incluso aportó una declaración jurada notariada para reforzar dicha acreditación, sin que la recurrida efectuara verificación alguna, limitándose a rechazar la solicitud sin razonamiento suficiente.

Sostiene asimismo que no existe contradicción entre las cláusulas segunda y tercera del anexo de contrato de trabajo, pues la primera consigna la voluntad del trabajador de mantener su afiliación a la seguridad social venezolana, mientras la segunda se limita a reiterar el cumplimiento de las obligaciones previsionales chilenas, siendo ambas plenamente compatibles.

Agrega que resulta un hecho público y notorio la inexistencia de representación diplomática de Venezuela en Chile, circunstancia que torna imposible obtener ciertos certificados apostillados, por lo que exigir tales documentos importaría imponer una carga imposible de cumplir, contraviniendo principios generales del derecho. Alega que la recurrida contaba con diversos medios para verificar la afiliación previsional sin recurrir a formalidades adicionales y, pese a ello, se limitó a rechazar la solicitud sin efectuar verificación alguna, ni emitir una fundamentación suficiente de hecho y de derecho.

Desde esta perspectiva, argumenta que el rechazo de la solicitud constituye un acto ilegal y arbitrario, por cuanto incorpora requisitos no previstos en la normativa especial y priva al recurrente del ejercicio legítimo de su derecho a disponer de sus ahorros previsionales, afectando directamente su derecho de propiedad. Añade que dicha actuación también vulnera la igualdad ante la ley, en tanto otros solicitantes en iguales condiciones habrían obtenido respuestas favorables por parte de administradoras de fondos de pensiones, mientras que a él se le impusieron exigencias adicionales no contempladas en la ley.

Explica que, conforme al recurso, la afectación de las garantías constitucionales invocadas se produce porque la negativa de la recurrida impide al actor ejercer su derecho de propiedad sobre los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, sin existir una causa legal que lo justifique, y porque se le otorga un trato desigual respecto de otros extranjeros que, cumpliendo los requisitos legales, han accedido a la devolución de sus fondos previsionales, estableciendo una diferencia arbitraria carente de razonabilidad.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare ilegal y arbitrario el actuar de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, se disponga que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, proceda a efectuar la devolución de los fondos previsionales solicitados, o bien se adopten las medidas que este Tribunal estime necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por intermedio de su abogado, evacúa informe solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, por considerar que no ha incurrido en acto ni omisión ilegal o arbitrario alguno respecto de la solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada por el recurrente en calidad de técnico extranjero al amparo de la Ley N°18.156.

En cuanto a los antecedentes, expone que el recurrente presentó la solicitud N° 24542, de fecha 12 de agosto de 2025, requiriendo la devolución de los fondos enterados por su empleador Bice Vida Compañía de Seguros S.A. por el período comprendido entre enero de 2022 y junio de 2025. Señala que, para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, aquel acompañó un título profesional debidamente apostillado, declaración jurada ante notario, constancia electrónica de cotizaciones emitida por la autoridad previsional venezolana y documentación laboral. Sobre la base de dichos antecedentes, AFP Modelo efectuó un análisis de conformidad con la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, concluyendo que no se cumplían copulativamente las condiciones legales, razón por la cual rechazó la solicitud de devolución.

La recurrida detalla, en primer término, que el requisito de encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, con prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada, o, excepcionalmente, mediante certificado de la embajada o consulado que actúe en representación de dicha institución. En este contexto, explica que la constancia electrónica de cotizaciones acompañada por el recurrente no cumple con la normativa vigente, por cuanto no constituye certificado de afiliación, no especifica las coberturas individualmente consideradas, carece de firma de la autoridad emisora y no se encuentra legalizada ni apostillada, criterios reafirmados por la Superintendencia de Pensiones en Oficios N°3141, de 20 de febrero de 2024, y N°12954, de 17 de julio de 2025, en los que se descarta la idoneidad probatoria de tales documentos y de las declaraciones juradas del propio afiliado para acreditar cobertura previsional en el extranjero.

En segundo término, la Administradora pone de relieve el contenido del anexo de contrato de trabajo suscrito con Bice Vida Compañía de Seguros S.A., de 18 de mayo de 2023, donde el trabajador declara encontrarse afiliado al régimen de seguridad social venezolano y mantener dicha afiliación, pero se consigna también que el empleador continuará enterando en Chile las cotizaciones previsionales conforme a la normativa vigente. Sobre este punto, invoca el Oficio N°26.288 de la Superintendencia de Pensiones, de 15 de noviembre de 2017, que ha establecido que cuando de contratos y anexos resulte que el trabajador cotizará en el régimen previsional chileno y, a la vez, mantendrá su afiliación en el extranjero, no procede la devolución de fondos, por existir manifestaciones de voluntad contradictorias, debiendo primar la regla general de cotizar en el lugar donde se prestan servicios. A partir de ello, concluye que el recurrente no ha manifestado de forma clara e inequívoca su voluntad de mantener su afiliación exclusiva a un régimen de seguridad social extranjero, incumpliendo también este requisito.

En el plano jurídico, la recurrida desarrolla el régimen excepcional de la Ley N°18.156, recordando que los artículos 1 y 7 establecen condiciones copulativas tanto para la exención de cotizar como para la devolución de fondos, y que, por tratarse de una normativa de excepción, su aplicación debe ser estricta. Asimismo, explica el rol de la Superintendencia de Pensiones conforme al D.L. N°3.500 y a la Ley N°19.882, destacando su competencia para fijar la interpretación obligatoria de la legislación y reglamentación del sistema y dictar instrucciones generales, lo que impone a las Administradoras el deber de ajustar su actuar a lo instruido en el Compendio de Normas y en los oficios ordinarios, bajo apercibimiento de sanciones. Añade que el artículo 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el Convenio de La Haya sobre Apostilla, regulan la forma en que los instrumentos públicos otorgados en el extranjero adquieren validez probatoria en Chile, de manera que la exigencia de documentos legalizados o apostillados responde a la protección de la fe pública y a la seguridad del tráfico jurídico.

Sobre esa base, la Administradora sostiene que el recurso de protección exige la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el ejercicio legítimo de una garantía constitucional, situación que, en su concepto, no se verifica en la especie, por cuanto AFP Modelo se ha limitado a aplicar las disposiciones de la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y los oficios de la Superintendencia, rechazando la solicitud al no acreditarse los requisitos exigidos para la devolución de fondos. En consecuencia, afirma que no ha incurrido en vulneración alguna de derechos fundamentales del recurrente y que el recurso carece de fundamento.

En sus peticiones finales, solicita expresamente que se tenga por evacuado el informe y que el recurso de protección sea rechazado en todas sus partes, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Modelo, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por el recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el certificado de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte y no haber manifestado de forma clara e inequívoca su voluntad de mantener su afiliación exclusiva a un régimen de seguridad social extranjero.

QUINTO: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N° 18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado….

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”.

Finalmente, el artículo 1 de la Ley 19.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

SEXTO: Que, no puede obviarse que del mérito de autos surge que la institución previsional recurrida solicitó a la recurrente acreditar, mediante los documentos pertinentes, su afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, requisito que no fue cumplido por parte de la protegida mediante la aportación de los certificados respectivos y que, al no verificarse, necesariamente condujo al rechazo de su petición.

Asimismo, la ambigüedad en la redacción tanto de las cláusulas del contrato de trabajo como de sus respectivos anexos impide tener por concurrente el requisito normativo que exige que en dichos instrumentos el trabajador exprese su voluntad de mantener su afiliación a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile.

SÉPTIMO: Que, en ese entendido, no se advierte por esta Corte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la recurrida, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente. En tales condiciones, la acción de protección interpuesta debe ser necesariamente declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., sin costas.

Se previene que el Ministro (S) Sr. Valderrama Martínez, concurre al rechazo del recurso de protección interpuesto, teniendo únicamente en consideración para ello los siguientes fundamentos:

1. - Que la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección, hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado.

2. - Que, de la revisión de los antecedentes surge que la materia sometida al conocimiento de este Tribunal dice relación con una cuestión que excede por mucho de la naturaleza cautelar y de la urgencia de la que se ha dotado a la acción de protección, debiendo tal pretensión ser sometida al conocimiento del tribunal por ley llamado para ello, en el marco de un procedimiento que otorgue a las partes las garantías procesales correspondientes, no siendo la acción en comento la vía idónea para tal efecto.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-19145-2025.