Protección contra Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, treinta de enero de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

PRIMERO: Que, con fecha 28 de agosto de 2025, comparece el abogado Franco Aldo Brunetti Arredondo, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la negativa a la debida tramitación de su solicitud de refugio y la posterior emisión de la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 30 de julio de 2025, que la tuvo por desistida de su solicitud, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que la recurrente, ciudadana venezolana, ingresó al país por paso inhabilitado el 25 de marzo de 2025 tras huir de su país de origen por razones de seguridad.

Expone que el 31 de marzo de 2025 acudió a las oficinas del servicio recurrido para iniciar el procedimiento de refugio, ocasión en que no fue atendida, debiendo concurrir nuevamente para formalizar la entrega de su declaración. Precisa que, con fecha 30 de julio de 2025, recibió la resolución impugnada que declaró el desistimiento de su solicitud argumentando que esta excedía el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país, conforme al artículo 26 de la Ley N°20.430.

El recurrente sostiene que esta decisión es arbitraria, pues la interesada sí intentó cumplir los plazos, pero fue obstaculizada por los propios funcionarios, y argumenta que legalmente no existe un "desistimiento" real, dado que este debe ser individual, expreso y voluntario, según el artículo 52 del Decreto N°837, requisitos que no se cumplen en la especie.

Previas citas legales, pide declarar la ilegalidad y arbitrariedad del actuar administrativo, dejar sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000 y ordenar al Servicio Nacional de Migraciones continuar con la tramitación de la solicitud de refugio, otorgando además la correspondiente visa de residente temporario prescrita en el artículo 32 de la citada ley.

SEGUNDO: Que, con fecha 11 de septiembre de 2025, informa el Servicio Nacional de Migraciones, quienes evacúan el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que la recurrente reconoció haber ingresado clandestinamente al territorio nacional el 23 de marzo de 2025, manifestando su intención de solicitar refugio recién el 4 de abril de 2025. Señala que, tras una citación para el trámite inicial realizada el 18 de junio de 2025, se analizó la solicitud y se determinó que esta no cumplía con los requisitos formales mínimos, específicamente por exceder el plazo fatal de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el servicio. Indica que se notificó a la interesada mediante Resolución Exenta N°NUM001, otorgándole 15 días para subsanar dicha falta, y que los antecedentes presentados por la recurrente en dicha instancia no lograron desvirtuar el incumplimiento del plazo legal.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que la Administración se limitó a aplicar la normativa vigente tras la modificación introducida por la Ley N°21.655, publicada el 20 de febrero de 2024, que establece una etapa inicial de admisibilidad.

Sostiene que no se configuran los presupuestos para la protección constitucional, toda vez que no existe un acto u omisión que atente contra las garantías de la recurrente, pues el desistimiento operó por el ministerio de la ley ante la falta de subsanación efectiva de un requisito formal y fatal establecido en el artículo 26 de la Ley N°20.430.

Refire que el procedimiento administrativo de refugio está estrictamente regulado por la Ley N°20.430, la reciente Ley N°21.655 y el Decreto N°837, debiendo el servicio velar por el cumplimiento de los plazos y formas que la ley especial exige para otorgar la protección internacional.

Solicita, en definitiva, el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, con expresa condena en costas para la recurrente.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, a partir de lo expuesto, se aprecia con claridad que el hecho que la recurrente califica como ilegal y arbitrario consiste en la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 30 de julio de 2025, que resuelve tener por desistida a la recurrente de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado por exceder ésta del plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones de acuerdo con lo establecido por el artículo 26 de la Ley 20.430.

QUINTO: Que el artículo 26 inciso quinto de la Ley N°20.430 dispone que "la solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional". Por su parte, el artículo 35 del Decreto N°837, que establece el reglamento de la Ley N°20.430, dispone que "los extranjeros que hubiesen ingresado en forma clandestina, indocumentada o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona podrán solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 bis, habiendo cumplido previamente con lo establecido en el artículo 8°, inciso primero, de este reglamento".

Por su parte, el artículo 8° inciso primero señala que los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello.

SEXTO: Que la propia actora reconoce en su libelo que ingresó a territorio nacional el 25 de marzo de 2025. Tampoco se encuentra discutido que ingresó de forma clandestina y manifestó ante la autoridad migratoria su intención de acceder a refugio con fecha 04 de abril de 2025, excediendo el plazo establecido en la ley para realizar la solicitud.

De esta manera, resultando aplicable lo dispuesto en las normas indicadas en el fundamento anterior, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, esta Corte estima que el proceder del recurrido se encuentra debidamente ajustado, tanto a las disposiciones de la Ley N°20.430, como a su Reglamento, atendido que la recurrente no dio cumplimiento a lo requerido en el plazo que le fue concedido, sin que se advierta que la actuación del recurrido sea ilegal o arbitraria, motivo por el cual el presente arbitrio no se encuentra en condiciones de prosperar, debiendo ser rechazado.

SÉPTIMO: Que, en efecto, conforme al mérito de las alegaciones de las partes y antecedentes acompañados, especialmente aquellos acompañados por la recurrida, es posible establecer que, una vez presentada la solicitud, al no cumplir la solicitud con los requisitos legales, la autoridad otorgó a la actora un plazo de 15 días hábiles para subsanarla, todo, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 bis de la Ley N°20.430 lo cual se materializó mediante la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 30 de julio de 2025, con la finalidad de que se acompañen los antecedentes que permitan subsanar las situaciones descritas en cuanto a los requisitos formales requeridos para iniciar la tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, lo que finalmente no aconteció, por lo que conforme al artículo 31 de la Ley N°19.880 y habiéndosele intimado previamente el apercibimiento, correspondía poner término al procedimiento teniéndola por desistida de su solicitud, pues, como se indicó, no acompañó la documentación mínima que establece el ordenamiento jurídico para dar curso a este tipo de solicitudes.

OCTAVO: Que, por lo antes razonado, debe concluirse que la negativa de la recurrida a dar tramitación a la solicitud de refugio, y declarar posteriormente su desistimiento, no constituye un acto ilegal ni denota una arbitrariedad en el actuar de la autoridad administrativa, de lo que se sigue que no se configura en la especie la vulneración de las garantías constitucionales invocadas en el recurso, motivos que conllevan al rechazo del arbitrio.

NOVENO: Que, por otra parte, no se explica ni se desprende de las alegaciones de la parte recurrente, ni de los antecedentes expuestos en la presente acción cautelar, de qué manera se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas en el recurso.

En efecto, no se ha acreditado que alguna persona, en condiciones similares a las de la protegida, haya recibido un trato desigual. En consecuencia, no se ha demostrado que la resolución impugnada haya privado, perturbado o amenazado a la recurrente en el ejercicio de alguno de sus derechos fundamentales.

DÉCIMO: Que, al tenor de lo razonado precedentemente, y no advirtiendo esta Corte un acto arbitrario o ilegal de parte del Servicio Nacional de Migraciones, procede el rechazo del presente arbitrio.

Por estas razones y visto, además, los dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-19103-2025.