nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece don Rodrigo Andrés Arancibia Moreno, abogado, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber procedido a efectuar descuentos en las remuneraciones del recurrente por la suma de $115.101 mensuales, correspondientes a cuotas impagas de un crédito social contratado en el año 2013, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que dicho crédito se encontraría manifiestamente prescrito al haber transcurrido un extenso lapso desde la época de mora hasta el reinicio de los descuentos, sin que la recurrida hubiere llevado a cabo otras gestiones pertinentes y oportunas para dicho fin, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 numerales 2° y 24° de la Constitución Política de la República que garantiza a todas las personas la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad en sus diversas especies, por lo que solicita se ordene a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de remuneraciones y proceder a la devolución de los montos indebidamente descontados.

Expone que don nombre reservado, en su calidad de trabajador afiliado a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, contrató en el año 2013 un préstamo de consumo con dicha entidad, el cual se pagaba mediante descuentos mensuales de sus remuneraciones. Posteriormente, en el año 2015, el señor nombre reservado fue desvinculado de su trabajo, quedando cesante y dejando de pagar el crédito convenido al no percibir remuneraciones. Transcurridos varios años, en 2024 don nombre reservado fue contratado laboralmente por Wurth Chile Limitada para desempeñar funciones de vendedor.

Explica que con fecha 6 de agosto de 2024, el señor nombre reservado es informado por su empleador, mediante correo electrónico, que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes había efectuado un descuento por la suma de $115.101, correspondiente a cuotas impagas de crédito, descuento que se realizaría de cada remuneración futura. Según se alega, este descuento, en proporción al sueldo actual del recurrente, le impide sortear los gastos básicos familiares, especialmente habiendo superado recientemente un prolongado período de cesantía. Asimismo, se señala que a la fecha del recurso, la recurrida no había iniciado o deducido acción judicial alguna en contra del señor nombre reservado con motivo del referido crédito social.

Argumenta que estos descuentos son arbitrarios desde que carecen de una justificación legítima para que sea ejecutado por cuanto insiste en que este crédito social se encontraría manifiestamente prescrito.

Sostiene que si bien el artículo 22 de la Ley N°18.833 faculta a la recurrida para oficiar al empleador para que deduzca de las remuneraciones las prestaciones adeudadas, dicha facultad no puede ser ejercida para el cobro de prestaciones que no son actualmente exigibles al encontrarse manifiestamente prescritas. En apoyo de esta argumentación, invoca jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema que ha resuelto reiteradamente que las Cajas de Compensación actúan de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio legal para cobrar créditos sociales cuando ha transcurrido un extenso lapso desde la época de mora hasta el reinicio de los descuentos, sin haberse llevado a cabo otras gestiones pertinentes y oportunas. Tal proceder, según la jurisprudencia citada, resulta manifiestamente arbitrario, pues la institución soslaya la existencia de medios procesales idóneos para obtener la satisfacción de su crédito, constituyendo un método abusivo de ejercer sus atribuciones.

Conforme a los planteamientos del recurso, el acto cuestionado vulnera las garantías constitucionales del recurrente consagradas en el artículo 19 numerales 2° y 24° de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, específicamente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos que están amparados constitucionalmente, todo ello mediante un actuar arbitrario que carece de justificación racional y legal.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado al recurrente vía descuentos de sus remuneraciones, como asimismo deberá proceder a la devolución de los montos indebidamente descontados a partir del reinicio de las deducciones, sin perjuicio del derecho de la recurrida para perseguir el cobro por la vía jurisdiccional pertinente. Adicionalmente, solicita se dicte orden de no innovar para que, mientras se resuelve la acción constitucional, se ordene a la recurrida abstenerse de continuar efectuando los referidos descuentos.

SEGUNDO: Que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes evacuó informe solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto, y para ello, en primer lugar expone que efectivamente el señor nombre reservado presenta cotizaciones como afiliado trabajador por la empresa Wurth Chile Limitada, y los descuentos cuestionados no fueron realizados directamente por la Caja Los Andes, sino que fueron efectuados por la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana por cuenta de la primera. En este contexto, la recurrida explica que a partir del mes de abril de 2014, las Cajas de Compensación en su conjunto utilizan un sistema integrado de recaudación de créditos sociales, que permite a la Caja de Compensación en que el trabajador se encuentra actualmente afiliado recaudar deudas pendientes o morosas contraídas con otras Cajas de Compensación.

Conforme a este sistema, cuando existe una nueva afiliación, es la Caja de Compensación de la última afiliación la que recauda las deudas contraídas con anterioridad. Así, la Caja Los Andes, a través de la nómina de retenciones de crédito social de los meses de junio a septiembre de 2024, informó al empleador del señor nombre reservado un descuento correspondiente a la cuenta [cuenta reservada], crédito otorgado en esa Caja. Los montos recaudados fueron transferidos a la contraparte en la penúltima semana del mes en que fueron recaudados, según el siguiente detalle: fecha 10-07-2024 por $108.706; fecha 10-08-2024 por $115.101; fecha 10-09-2024 por $155.052; y fecha 10-10-2024 por $163.902. Adicionalmente, se informa que a través de la nómina de retenciones del mes de octubre de 2024, se informó un descuento por $169.229, valor que no se encuentra en las arcas de la Caja, precisando que el señor nombre reservado no registra deuda directa con la recurrida.

Explica que la Caja Los Andes, a requerimiento de la Caja de Compensación La Araucana y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al recurrente, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del artículo 22 de la Ley 18.833. Invoca las disposiciones de los artículos 1580 a 1586 del Código Civil sobre diputación para recibir el pago, que se limitan a aplicar las reglas comunes del mandato.

Argumenta que el pago de la cuota de crédito social descontada al recurrente extingue parcialmente el crédito con la Caja acreedora y libera al deudor hasta concurrencia de dicho pago, por efecto del artículo 22 inciso 2° de la Ley 18.833, porque se hace a la persona diputada para el cobro y su intervención es por vía de simple representación, siendo en el fondo el acreedor mismo quien recibe, conforme al artículo 1576 del Código Civil en relación al artículo 1448 del mismo cuerpo legal.

En respaldo de sus argumentos, la recurrida cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, específicamente la sentencia de fecha 21 de abril de 2020, dictada en recurso ROL 31756-2019, que confirmó el rechazo del recurso de protección ROL 1401-2019 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, la cual estableció que la actuación coordinada de las Cajas de Compensación para el cobro del crédito social se ajusta al contrato de mandato y prestación de servicios denominado "Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar", acordado conforme lo dispuesto en el artículo 19 N°7 de la Ley N°18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social.

Finalmente, la recurrida solicita que se rechace el recurso de protección interpuesto, por considerar que no existe acto ilegal o arbitrario cometido por su parte en relación con los hechos expuestos, teniendo en consideración la calidad jurídica en que ha obrado respecto de los descuentos reclamados por el recurrente.

TERCERO: Que la acción cautelar de protección, contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales, a consecuencia de los cuales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de ciertos y determinados derechos y garantías consagrados en el artículo 19.

CUARTO: Que de lo expuesto por el recurrente y lo informado por la recurrida, aparece manifiesto que en el año 2013 el recurrente solicitó un crédito social con la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, el cual se encontraba en mora de pagar, tras haber sido desvinculado de su anterior empleo el año 2015.

También se encuentra acreditado y reconocido por el recurrente que dicho saldo no fue pagado en su oportunidad, y si no recién hasta el 10 de julio de 2024, mediante el sistema de cobranza intercajas implementado por el inciso primero del artículo 22 de la Ley N°18.833.

Ahora bien, de acuerdo a este precepto, “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

QUINTO: Que en cuanto a la alegación del recurrente en orden a que la deuda se encuentra prescrita, debe tenerse en consideración que la prescripción no ha sido alegada ni declarada por tribunal alguno y la acción de protección no resulta ser la vía idónea para obtener tal declaración. En razón de lo anterior, tal alegación debe ser desestimada.

SEXTO: Que, por su parte, en el cobro del crédito social las recurridas han actuado de conformidad a la ley, esto es, al citado artículo 22 de la Ley N°18.833, de modo tal que no es posible atribuir ilegalidad a su conducta.

Asimismo, en tanto el descuento y pago de la deuda que se anuncia no aparece gobernado por el simple capricho o arbitrariedad, por cuanto el propio recurrente ha reconocido la existencia de la obligación, sin perjuicio de que con posterioridad alegó la prescripción de la misma, la cual, como se ha venido señalando, no ha sido declarada judicialmente.

En tales condiciones, y frente a la falta de un actuar ilegal o arbitrario no cabe sino desestimar la acción de protección interpuesta.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en la norma legal citada, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso en favor de don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-19065-2024.