nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de enero de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en los descuentos efectuados de su remuneración de las cuotas de un crédito social, los que, a su juicio, vulneran la garantía constitucional consagrada en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el 7 de julio de 2023 contrató un crédito con la recurrida por la suma de $11.035.047, pagadero en 60 cuotas mensuales de $490.078.

Agrega que al revisar sus liquidaciones de sueldo desde septiembre de 2021 hasta agosto de 2024, notó que su sueldo líquido era significativamente menor que en meses anteriores, descubriendo que existía un descuento automático por $490.078 a favor de CCAF Los Andes.

Señala que, por lo anterior, solicitó tanto a su empleador como a la caja recurrida que los descuentos no se realizaran de forma automática, quienes le señalaron que eso no era posible.

Alega que los descuentos automáticos realizados desde septiembre de 2021 hasta agosto de 2024 constituyen un acto arbitrario e ilegal que afecta su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, ya que nunca fue informado por ningún medio sobre esta decisión unilateral de emplear este mecanismo para el pago de la deuda.

Por lo expuesto, solicita que se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento de su remuneración y reintegrar los descuentos efectuados con motivo del crédito que motiva el recurso, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, informando el recurso, doña Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitó el rechazo del presente arbitrio, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.

Comenta que el recurrente mantiene los siguientes créditos con dicha institución:

1.- Crédito código N° 208COS100212451, otorgado el 7 de julio de 2023, por la suma de $11.949.514, pagadero en 60 cuotas mensuales de $367.736, de las que se han pagado las primeras 10, encontrándose las restantes pendientes de vencimiento.

2.- Crédito código N° 208DIG100295562, otorgado el 4 de septiembre de 2024, por la suma de $864.590, pagadero en 48 cuotas mensuales de $30.411, cuyo primer vencimiento corresponde al 31 de enero de 2025 y el ultimo descuento el 31 de diciembre 2028.

3.- Crédito código N° 208COS100252320, otorgado el 8 de febrero de 2024, por la suma de $3.135.000, pagadero en 48 cuotas mensuales de $122.342, de las que se han pagado las primeras 5, encontrándose las restantes pendientes de vencimiento.

4.- Crédito código N° 208DIG100280918, otorgado el 8 de julio de 2024, por la suma de $1.056.243, cuyo primer vencimiento corresponde al 30 de septiembre de 2024 y el ultimo al 31 de agosto de 2027.

Hace presente que todos los créditos se encuentran al día, por lo que se trata de créditos plenamente vigentes, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno según se dirá.

Explica que las Cajas de Compensación son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es administrar prestaciones de seguridad social, las que, además de funciones obligatorias como el pago de asignaciones familiares y subsidios, pueden ofrecer prestaciones facultativas como créditos sociales, los que están regulados en el artículo 19 de la Ley N° 18.833 y se orientan a satisfacer necesidades de trabajadores y pensionados afiliados.

Argumenta que, a diferencia de otras instituciones financieras, su sistema crediticio está vinculado a su objeto social, pues sus beneficios económicos se destinan a mejorar las prestaciones sociales, y su financiamiento proviene de un fondo social regulado por la ley, de ahí que el artículo 22 del mencionado texto legal, prevea garantías para el cobro de dichos créditos, los que deben ser deducidos de la remuneración del trabajador por el empleador y remitidos a la acreedora, rigiéndose por las mismas normas que las cotizaciones previsionales.

Aclara que el referido mecanismo de descuento por planilla, de conformidad con la norma citada precedentemente es una forma especial de pago, inherente al régimen social del crédito otorgado, que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación, porque las reglas del caso lo establecen de forma perentoria, su obligatoriedad recae sobre el empleador y el trabajador no puede oponerse a éste, lo que descarta que constituya una gestión de cobro por parte de esa Caja de Compensación.

Razona que el crédito que motiva la presente acción de cautela constitucional está plenamente vigente, es actualmente exigible y sus acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el referido artículo 22, ya descrito, es pertinente y oportuno.

Sostiene que acción de protección no es la vía procesal adecuada para alegar la prescripción, la que debería ser resuelta en un juicio de lato conocimiento.

Enfatiza que no requiere de una sentencia o proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador, y que se encuentra en el imperativo de proteger su fondo social mediante la recuperación de créditos por la vía establecida en la ley.

Concluye que el ejercicio de la facultad legal de realizar descuentos se ajusta a la normativa vigente, no siendo un acto ilegal ni arbitrario.

Finalmente niega la vulneración de la garantía constitucional que se denuncia amagada.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 de la Ley Nº 18.833, en relación con el inciso primero, del artículo 11 del Decreto N° 91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social - que contiene el Reglamento General del Régimen de Crédito Social -, lo adeudado por prestaciones de crédito social a una C.C.A.F. por un trabajador afiliado, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

QUINTO: Que, en consecuencia, y con el mérito de las consideraciones que anteceden, mientras los tribunales de justicia no declaren prescrita la deuda que, por concepto de crédito social se mantiene con una C.C.A.F., resulta correcto su descuento.

SEXTO: Que, en efecto, el artículo 1° de la Ley N°18.833, establece que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social, por lo que las deudas de crédito social contraídas con ellas constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que de acuerdo con el artículo 58 del Código del Trabajo deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores. No obstante ello, las Cajas se encuentran en condiciones de otorgarle las facilidades que le permitan cumplir con su compromiso, debiendo, para dicho efecto, acercarse a cualquiera de sus oficinas.

SÉPTIMO: Que, como la recurrida informó en autos, en los años 2023 y 2024 se otorgaron al recurrente 4 créditos sociales, no constando que el pago del crédito por el que recurre el actor -ni el de los otros contratados por éste con la misma recurrida- se encuentre judicializado.

A mayor abundamiento, aquellos son de reciente data, motivo por el cual esta Corte no divisa problema en que la Caja emplee el mecanismo de descuento establecido en la Ley N°18.833.

OCTAVO: Que, luego de lo dicho, aparece que los descuentos efectuados a la remuneración del recurrente se ajustan a derecho, y su cobro no puede ser calificado de arbitrario, puesto que la recurrida, por su intermedio, cumple con las obligaciones que la ley que regula su actividad le impone.

NOVENO: Que entonces, no existiendo un acto u omisión ilegal y arbitrario atribuible a la recurrida, en el presente arbitrio debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 19048-2024.