Protección contra nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, doce de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, en representación convencional de doña nombre reservado, chilena, casada, corredora de propiedades y tasadora de inmuebles, quien a su vez actúa por sí y en representación de su hija menor de edad nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la nombre reservado, representada legalmente por don nombre reservado, y también en contra de este último en calidad de persona natural y ejecutor material de los actos denunciados.

Señala que el día 26 de agosto de 2025, alrededor de las 16:00 horas se procedió al corte total e ilegítimo del suministro de electricidad del departamento DIRECCION000 del inmueble ubicado en dicho condominio, departamento que habita la recurrente junto a sus dos hijas, una de ellas menor de edad y paciente electrodependiente. Afirma que esta actuación fue ejecutada por personal de la administración del condominio, encabezado por su administrador don nombre reservado, mediante la intervención directa de los medidores eléctricos, violando los sellos dispuestos por la empresa distribuidora ENEL y bloqueándolos con láminas metálicas y candados, sin participación de dicha empresa, única autorizada por ley para ejecutar tales acciones, y sin que exista antecedente fáctico alguno que acredite la deuda de gastos comunes invocada como justificación.

Sostiene que tal actuación vulnera los derechos fundamentales de la recurrente y de su hija menor de edad, en particular el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y a no ser juzgado por comisiones especiales, así como el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, garantizados en el artículo 19 N°1, N°2, N°3 inciso quinto y N°24 de la Constitución Política de la República, solicitando que esta Corte adopte las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados.

Agrega que la justificación invocada por la recurrida para ejecutar el corte fue la existencia de una supuesta deuda de gastos comunes, circunstancia que afirma carece de sustento fáctico, pues no existiría antecedente alguno que acredite dicha deuda ni tabla de desarrollo que permita verificar su existencia, monto o composición.

Añade que, con anterioridad a estos hechos, se recurrió al Juzgado de Policía Local de Huechuraba con el objeto de anular la Asamblea de Copropietarios del condominio, acción que fue acogida mediante sentencia definitiva de 8 de noviembre de 2024.

Asimismo, señala que su hija menor de edad, de 12 años, presenta antecedentes de alergia severa y cuenta con equipo de electrodependencia, circunstancia que era conocida por el administrador del condominio al momento de ejecutar el corte del suministro eléctrico, lo que estima agrava la ilegalidad y arbitrariedad del acto denunciado y pone en riesgo concreto e inminente la vida y la salud de la menor.

En este contexto, la recurrente invoca la vulneración de diversas garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. En primer término, sostiene que se vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, consagrado en el artículo 19 N°1, por cuanto el corte del suministro eléctrico puso en riesgo concreto la vida y la salud de su hija menor de edad, paciente electrodependiente.

En segundo lugar, afirma que se vulnera el derecho de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19 N°2, señalando que la medida adoptada por la recurrida constituiría una diferenciación arbitraria, carente de motivación racional y de finalidad constitucionalmente válida. En apoyo de esta argumentación invoca los artículos 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Opinión Consultiva OC-4/84 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En tercer lugar, indica que se vulnera el derecho al debido proceso y la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales, establecidos en el artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución, por cuanto la recurrida habría ejercido una suerte de autotutela al sancionar unilateralmente a los copropietarios mediante el corte del suministro eléctrico, arrogándose facultades que corresponderían a los tribunales establecidos por la ley. En este sentido cita los artículos 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, jurisprudencia del Tribunal Constitucional —roles 1411, 1429, 1437, 1438, 1449 y 1473— y la doctrina del profesor nombre reservado

Egaña.

Finalmente, sostiene que el actuar denunciado vulnera el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución, por cuanto el corte del suministro eléctrico la privó del ejercicio del derecho a usar y gozar del servicio eléctrico contratado.

Solicita ordenar el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico y disponer que la recurrida se abstenga de ejecutar nuevos cortes por vías de hecho; y condenarla en costas.

Segundo: Que comparece don Guido Herrera Gatica, abogado, en representación de la parte recurrida nombre reservado, quien evacúa el informe ordenado por esta Corte, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Explica que el 6 de diciembre de 2023 se celebró una Asamblea Extraordinaria de Copropietarios que removió al anterior Comité de Administración y eligió uno nuevo, del cual formó parte la propia recurrente. Agrega que diez días después, el comité saliente convocó una segunda asamblea, generándose una situación de doble administración que fue resuelta por el Juzgado de Policía Local de Huechuraba mediante resolución de 8 de noviembre de 2024, ejecutoriada el 19 del mismo mes, que ratificó la legalidad del Comité actual. Precisa que dicha sentencia no se pronunció sobre deudas de gastos comunes, por lo que su invocación por la recurrente sería irrelevante.

Señala que a partir de 2024 diversos copropietarios dejaron de pagar gastos comunes y que, a fines de mayo de 2025, el administrador informó que 42 de las 85 unidades registraban morosidad superior a tres meses. Añade que se inició un proceso de regularización que permitió normalizar la mayoría de las situaciones, quedando 18 departamentos sin regularizar, entre ellos el N°NUM000.

Indica que, conforme a la Cartola de Gastos Comunes emitida por la empresa EDIPRO, prestadora externa contratada desde 2023, la deuda de la recurrente ascendía al 11 de agosto de 2025 a $3.654.940 y, al momento del informe, a $3.887.037, acumulada desde al menos abril de 2024, situación respecto de la cual la recurrente estaba en conocimiento, lo que se demostraría en correo electrónico de 21 de agosto de 2025, que respondió sin desvirtuar la morosidad imputada.

En cuanto a la supuesta electrodependencia, afirma que dicha condición no fue acreditada conforme a la Ley N°21.304, que exige certificado del médico tratante e inscripción en el registro respectivo.

Indica que el único documento presentado correspondía a un certificado pediátrico que el propio correo de la recurrente reconocía como insuficiente, anunciando el envío posterior de antecedentes definitivos. Señala que, sin dicha acreditación legal, el Comité no contaba con elementos para revertir la decisión, y que hacerlo habría implicado un trato discriminatorio respecto de los demás deudores.

Agrega que la medida adoptada se ajustó a los artículos 20 N°9 y 36 de la Ley N°21.442, que autorizan el corte del suministro ante morosidad superior a tres meses, y al artículo 27 de su reglamento, en cuanto a notificación previa y plazos. Indica que el corte fue autorizado por el Comité de Administración e instruido al administrador en ejercicio de sus facultades. Respecto de la intervención de los medidores, sostiene que el condominio dispone de sistemas propios de control del suministro por unidad, configurados conforme al artículo 36 de la misma ley, por lo que no se habría intervenido infraestructura de ENEL ni vulnerado sello alguno.

En cuanto a las garantías constitucionales invocadas, sostiene que el corte carece de entidad para comprometer el derecho a la vida, dado que la electrodependencia no fue acreditada; que la medida se aplicó en iguales condiciones a los 18 departamentos morosos, sin distinción; que el corte opera por el solo ministerio de la ley al verificarse sus presupuestos, sin requerir procedimiento previo, y fue adoptado por órganos legalmente establecidos; y que no existe derecho de propiedad sobre la electricidad, siendo los derechos del usuario de naturaleza contractual y no dominical.

En definitiva, solicita, el rechazo del recurso, por cuanto el acto cuestionado no sería ilegal ni arbitrario y se ajustaría plenamente a la normativa de copropiedad inmobiliaria.

Tercero: Que evacuó informe don nombre reservado, administrador del condominio, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional.

Expone que, al asumir el cargo, tomó conocimiento de una grave escasez de recursos financieros y de una deuda por gastos comunes impagos superior a cuarenta millones de pesos, registrando el departamento N°NUM000 una morosidad de $3.318.858.

Señala que entre junio y julio de 2025 se emitió un estado de deuda a cada unidad morosa, otorgando un plazo de 30 días para el pago o regularización mediante convenio con pie inicial y saldo en cuotas, además de una rebaja del 10% sobre el total adeudado, beneficio que fue aceptado por la mayoría de los deudores. Indica que la recurrente inicialmente manifestó que regularizaría su situación, pero posteriormente negó mantener deuda. Agrega que, cumplidas las formalidades legales, se envió comunicación escrita a los morosos con más de cinco días de anticipación, informando montos, fundamento legal y plazo hasta el 14 de agosto de 2025, procediéndose al corte el día 26 del mismo mes.

Respecto de la supuesta electrodependencia, señala que se indicó a la recurrente que debía presentar la certificación correspondiente ante ENEL, entidad que, tras un estudio especializado, emite la certificación que produce los efectos legales pertinentes, incluida la prohibición de corte. Afirma que, a la fecha del informe, la recurrente no había presentado dicha certificación ni efectuado pago alguno de los gastos comunes adeudados.

Concluye afirmando que su actuación se ajustó a la Ley N°21.442, actuando en ejercicio de sus funciones y por instrucción del Comité de Administración, sin arbitrariedad ni discriminación.

Cuarto: Que el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción cautelar de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías que dicha norma contempla, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen ese ejercicio. En consecuencia, son presupuestos de procedencia: (a) la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario; (b) una afectación actual o inminente a una garantía protegida; y (c) que esta sea de aquellas señaladas en el artículo 20.

Quinto: Que el acto denunciado como ilegal y arbitrario consiste en el corte o suspensión del suministro eléctrico del departamento DIRECCION000, ocurrido el 26 de agosto de 2025. El reproche constitucional se funda en dos circunstancias: primero, que no existiría deuda por gastos comunes que habilitara la adopción de dicha medida; y segundo, que al momento del corte existiría una condición de electrodependencia respecto de una menor de edad que habita el inmueble, circunstancia que habría sido conocida por los recurridos y que tornaría ilegítima la actuación denunciada.

Sexto: Que, esta Corte reiteradamente ha sostenido que el recurso de protección no constituye una instancia declarativa destinada a resolver controversias complejas ni a establecer derechos cuya existencia se encuentre discutida, sino una acción cautelar de urgencia que exige la concurrencia de un derecho preexistente e indubitado, cuya afectación sea actual o inminente.

En la especie, la alegación de la recurrente relativa a la inexistencia de deuda por concepto de gastos comunes aparece expresamente controvertida por los recurridos, quienes acompañan antecedentes que dan cuenta de una morosidad prolongada y de las comunicaciones efectuadas para su regularización. Tal discrepancia revela la existencia de una controversia fáctica que requiere un examen probatorio y contradictorio que excede el ámbito cautelar de esta acción, debiendo ser ventilada en las instancias jurisdiccionales ordinarias que el ordenamiento contempla para la determinación de dichas obligaciones.

Séptimo: Que, en lo relativo a la condición de electrodependencia invocada respecto de la hija menor de edad de la recurrente, cabe tener presente que el artículo 207-1 del D.F.L. N° 4/20.018, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios Eléctricos, define como personas electrodependientes “aquellas que para el tratamiento de la patología que padecen se encuentran en condición de hospitalización domiciliaria y necesitan permanecer conectadas físicamente, de forma continua o transitoria, a un dispositivo de uso médico, ya sea para su respiración, alimentación, termorregulación, entre otros, que requieren suministro eléctrico para su funcionamiento, para compensar la pérdida de una función fundamental del cuerpo y sin la cual estarían en riesgo vital o de secuela funcional severa grave.”.

Por su parte, el artículo 207-2 del mismo cuerpo legal establece que las empresas concesionarias del servicio público de distribución eléctrica deben llevar un registro de personas electrodependientes, en el cual se inscriben aquellas que cuenten con certificado del médico tratante que acredite dicha condición, con indicación del dispositivo médico requerido, disponiendo además que las personas inscritas en dicho registro gozarán de los derechos que la ley contempla.

En la especie, los antecedentes acompañados por la recurrente no permiten tener por acreditada, con el estándar propio de esta acción cautelar, la concurrencia de dicha condición en los términos exigidos por la normativa referida, ni consta la inscripción en el registro correspondiente, por lo que no es posible tener por establecida la existencia de una situación jurídicamente acreditada que impidiera la adopción de la medida cuestionada.

Octavo: Que, de lo razonado precedentemente, se desprende que los fundamentos de la acción constitucional deducida se sustentan en hechos controvertidos o no suficientemente acreditados en autos. En efecto, por una parte, la existencia o inexistencia de la deuda por gastos comunes constituye una materia que requiere un debate probatorio propio de un juicio de lato conocimiento y respecto de la cual el ordenamiento contempla vías judiciales específicas; y, por otra, la condición de electrodependencia invocada no aparece acreditada en los términos exigidos por la normativa vigente.

En tales circunstancias, no se configura la existencia de un derecho preexistente e indubitado cuyo ejercicio haya sido privado, perturbado o amenazado por un acto ilegal o arbitrario, presupuesto indispensable para la procedencia de esta acción cautelar, motivo por el cual el recurso será desestimado.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, quien actúa por sí y en representación de su hija menor de edad nombre reservado, en contra de la nombre reservado y de don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la abogada integrante Magaly Correa Farías.

N° Protección 19025-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (S) señor Manuel Esteban Rodríguez Vega y la Abogado Integrante señora Magaly Correa Farías.