Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, ocho de octubre de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, en favor de su hija nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la cancelación de la matrícula de la menor, estudiante de II Medio, vulnerado las garantáis constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y 3 de Constitución Política de la República.

Señala que el 22 de octubre de 2024 recibió un correo informándole que su hija estaba con mala convivencia con sus compañeras. Luego, el 6 de noviembre del mismo año, fue citada al colegio, donde se le advirtió que su hija fue derivada a programas de prevención por supuesto consumo de marihuana de la Municipalidad de Recoleta, y por problemas psicológicos, quedando en lista de espera.

El 29 de noviembre de ese año, el coordinador académico del establecimiento educacional le envió un correo informándole que le cerraron el año académico, con un promedio final de 5,7.

Posteriormente, sin realizar un procedimiento indagatorio adecuado, el colegio inició un proceso sancionatorio por supuestas amenazas y agresiones ocurridas el 27 de noviembre de 2024, notificándole el 10 de diciembre la cancelación de matrícula “…producto de las constantes y reiteradas conductas, acciones y comentarios que realiza nombre reservado, todo esto se manifiesta a través de insultos, amenazas, agresiones psicológicas y físicas, teniendo como resultado, miembros de la comunidad afectados…”. Indica que no se detallan pruebas, fechas, o víctimas concretas. Además, denunció un episodio de amenaza por parte de dos apoderadas de otra alumna, situación que quedó registrada ante Carabineros y que dejó a nombre reservado fuera del colegio por diez días sin poder rendir sus pruebas finales.

Indica que el colegio no abrió investigación por este último episodio y excluyó a la alumna de actividades de cierre de año. Refiere que el 9 de diciembre de 2024, la citaron nuevamente al colegio para decirle que le cancelarían la matrícula de la menor, señalándole que podía apelar a dicha resolución. Ante eso presentó un recurso de reconsideración, de conformidad con el Reglamento de Convivencia. el que fue rechazado sin fundamentos claros, señalando que el colegio esperaba disculpas de la alumna, lo que no ocurrió.

Sostiene que el recurrido actuó de manera arbitraria e ilegal, sin cumplir con el debido proceso ni respetar las garantías de la estudiante, causando un perjuicio académico, emocional y en su proyección futura.

En mérito de lo expuesto, solicita que se deje sin efecto las referidas actuaciones, ordenando reincorporar a su hija al establecimiento educacional.

Segundo: Que la recurrida informó al tenor del recurso, exponiendo los siguientes antecedentes.

Señala que, conforme a los antecedentes acompañados, consta que la estudiante nombre reservado incurrió durante el año escolar 2024 en reiteradas conductas contrarias a la sana convivencia escolar, dando lugar a la activación de dos protocolos institucionales conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento. El primero -27 de agosto de 2024- fue originado por comportamientos vinculados al posible consumo de sustancias ilícitas, constatándose mediante investigación interna el uso de marihuana dentro y fuera del establecimiento, conflictos con compañeras y docentes, amenazas a una compañera con discapacidad auditiva y antecedentes de uso de vaporizadores.

A ello se suma un historial disciplinario significativo.

Een atención a estos hechos, el establecimiento adoptó una serie de medidas de apoyo psicosocial, entre ellas, la derivación al programa externo “Lazos”, la implementación del Plan de Acompañamiento Psicosocial “Fortaleciendo mis vínculos familiares”, y entrevistas reflexivas con docentes. No obstante, la participación de la estudiante fue parcial y no permitió avanzar en la mejora de su conducta, lo que limitó la efectividad del proceso de intervención.

Posteriormente se activó un segundo protocolo por situaciones de acoso escolar, tras constatarse conductas reiteradas de maltrato psicológico, burlas y hostigamientos hacia su compañera nombre reservado, lo que generó un ambiente hostil e inseguro para otros estudiantes y docentes. La investigación reveló además lenguaje ofensivo, intimidación hacia docentes y compañeros, manipulación de sustancias en sala de clases, y conversaciones inapropiadas que perturbaron la dinámica educativa.

Indica que nuevamente se tomaron medidas de acompañamiento psicosocial para apoyar a la estudiante y su entorno familiar, incluyendo: derivación al programa psicosocial externo “Lazos”, derivación al PDC Recoleta, conversación reflexiva por parte de profesora jefe y educadores del colegio e implementación del Plan de Acompañamiento Psicosocial "Fortaleciendo mis vínculos familiares", asistiendo parcialmente a las tres primeras sesiones de un total de seis, lo que dificultó el avance en la solución de los conflictos y el fortalecimiento de su integración en la comunidad escolar.

Frente a la persistencia de estos hechos y el incumplimiento de acuerdos previos, el 10 de octubre de 2024 se suscribió un documento de condicionalidad con la apoderada de la estudiante. Pese a ello, el 22 de noviembre del mismo año se constató un agravamiento de dicha condicionalidad debido a la reincidencia en faltas graves. En esa misma fecha, se notificó formalmente el inicio del proceso de cancelación de matrícula, conforme a los artículos 47 y 48 del Reglamento Interno, garantizándose el derecho a formular descargos y apelar.

Señala que, no obstante dicha notificación, el 27 de noviembre de 2024 nombre reservado participó en una agresión física y amenazas contra una compañera dentro y fuera del establecimiento, lo que evidenció una falta total de disposición a rectificar su conducta. El informe de investigación evacuado el 9 de diciembre de 2024, incluyó dieciséis entrevistas y constató hechos graves tales como insultos a docentes, amenazas, robos, acoso escolar y consumo de marihuana.

Indica que la cancelación de matrícula fue formalmente notificada el 10 de diciembre de 2024, decisión apelada por su apoderada el 23 de diciembre del mismo año. Tras la revisión por el Consejo de Profesores el 26 de ese mes, y en cumplimiento del reglamento y normativa vigente, se rechazó la apelación por falta de antecedentes que desvirtuaran lo concluido en el proceso de indagación, decisión notificada el 31 de diciembre de 2024.

En definitiva, la medida de cancelación de matrícula fue adoptada tras un procedimiento reglado, precedido de múltiples acciones de acompañamiento y apoyo, motivada por hechos graves y reiterados que afectaron el clima escolar, y fundada en el resguardo del bienestar de la comunidad educativa y el cumplimiento del deber institucional de promover una sana convivencia.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal; b) que del mismo se siga un directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y c) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: Que se debe señalar que acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes- protegidas; es aquello producto del mero capricho de quien incurre en él (Corte Suprema Rol N° 764/2011); es la no existencia de razones que justifiquen una actuación (Corte Suprema N° 4734/2003) o voluntad no gobernada por la razón (Corte Apelaciones de Santiago N° 1249/1994):

Vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos (Corte de Apelaciones de Santiago N° 50/2004), o bien, acciones u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por los principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad (Corte de Apelaciones de Coyhaique N° 37/2000).

Quinto: Que acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos). Antijurídico. Contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil (Corte Suprema Rol N° 764/2011).

Privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o límites no aceptables para su ejercicio y amenaza la representación cierta que el derecho sea privado o perturbado.

Sexto: Que, en la especie, el acto denunciado es la cancelación de la matrícula para el año 2025 respecto de la menor nombre reservado.

Séptimo: Que, en relación con lo referido por la recurrente de protección, aparece de los antecedentes acompañados a estos autos que la decisión que la recurrente estima ilegal o arbitraria fue adoptada por el establecimiento educacional conforme a lo dispuesto en el Protocolo de Convivencia Escolar, decisión que por lo demás fue informada personalmente a la parte afectada el 31 de diciembre de 2024.

Octavo: Que, en consecuencia, la actitud desplegada por el colegio respecto de la alumna nombre reservado se ajustó a la juridicidad interna del establecimiento, es decir, fue adoptada en el marco de su propia institucionalidad, y se fundó en hechos objetivos graves de indisciplina, sin que esta Corte pueda convertirse en una segunda instancia de las decisiones adoptadas por el recurrido. En consecuencia, ninguna ilegalidad se advierte y tampoco arbitrariedad, desde que no ha sido el mero capricho lo que ha llevado al Colegio recurrido a tomar la decisión impugnada.

Noveno: Que debe reiterarse que esta Corte, conociendo de un recurso de estas características, no está reemplazando a la autoridad escolar en sus decisiones disciplinarias ni tampoco constituye una segunda instancia de aquellas decisiones, sólo examina la legalidad del acto impugnado, esto es, comparando lo hecho por la recurrida y la normativa que ésta se ha dado y, en tal labor, no puede sino concluirse que en la medida adoptada respecto de la alumna se ajustó a derecho y no fue la consecuencia de la mera arbitrariedad sino fundado en datos que demuestran una conducta insubordinada de la hija de la recurrente que hacía muy difícil la relación con sus profesores y con sus pares.

Décimo: Que, de esta forma, se observa y constata que la sanción impuesta por el establecimiento educacional es la consecuencia de un procedimiento estatuido y reglado de manera previa y anterior a los hechos objeto de la investigación, el que se condice con la legislación vigente en materia educacional y en particular con la normativa sobre convivencia escolar.

Todo lo cual permite concluir que la recurrida no incurrió en un actuar ilegal o arbitrario, sino que se sometió a un procedimiento establecido conforme a la ley, y la decisión fue el fruto o la consecuencia de la investigación sobre los hechos que dieron origen al procedimiento en cuestión, por lo que, la presente acción constitucional no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro señor Rodríguez Moreno.

N°Protección-1901-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por la abogada integrante señora Magaly Correa Farías.