nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de enero de dos mil veinticinco.

A los folios 23 y 24: a todo, téngase presente.

VISTOS PRIMERO: Que comparece nombre reservado Alejandro Saurines Barría, nombre reservado y nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación Familiar Los Andes, representada por don nombre reservado, por haber ordenado el descuento de $181.744 de su remuneración mensual, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se realiza respecto de una deuda cuya acción ejecutiva fue declarada prescrita por sentencia firme y ejecutoriada, vulnerando con ello los derechos fundamentales de propiedad y debido proceso, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en sus artículos 19 N° 3 y 24, por lo que solicita dejar sin efecto los descuentos de su liquidación de sueldo.

Expone la recurrente que con fecha 15 de marzo de 2018 suscribió en favor de la recurrida un pagaré por la suma de $2.837.896, por concepto de capital, más los intereses correspondientes, pagadero en 48 cuotas iguales y sucesivas de $98.314 cada una, las que serían descontadas de sus remuneraciones. Agrega que, por razones ajenas a su voluntad, perdió su fuente de ingresos, viéndose enormemente perjudicada su situación económica, lo que la llevó a caer en mora respecto del referido pagaré.

Señala que, ante esta situación, la recurrida inició juicio ejecutivo de cobro de pagaré en causa Rol C-390-2019 del Juzgado de Letras de Casablanca, causa que se encuentra con sentencia firme y ejecutoriada en la cual se declaró la prescripción de la acción ejecutiva.

Indica que actualmente se desempeña como empleada de la empresa Eckart Alimentos SPA, en el cargo de Secretaria de Gerencia, desde el 1 de septiembre de 2020, donde sus remuneraciones fueron percibidas con normalidad hasta que en el mes de agosto pasado, cuya liquidación fue entregada el 1 de septiembre de 2024, constató que entre otros descuentos, tenía uno por la suma de $181.744 a favor de la Caja de Compensación Los Andes. Al requerir explicaciones en el departamento de recursos humanos, le indicaron que dicho descuento había sido solicitado por la recurrida. Manifiesta que con este descuento quedó con un saldo líquido de $538.436, lo que afectó tremendamente su solvencia para cumplir con gastos básicos mensuales como alimentación, arriendo, transporte, entre otros.

Argumenta que la recurrida ha actuado de manera arbitraria e ilegal al ordenar a su empleador el descuento de la remuneración mensual, toda vez que tanto la deuda como la acción de cobro fue conocida en la causa Rol C-390-2019 del Juzgado de Letras de Casablanca, actualmente archivada con sentencia firme y ejecutoriada que declaró la prescripción de la acción ejecutiva. En consecuencia, accionar mediante el descuento de su remuneración supone desconocer la acción que la propia recurrida ejerció ante la justicia.

Sostiene que el actuar de la recurrida constituye un ejercicio de autotutela anacrónica, en virtud de que por voluntad propia judicializó el cobro de la deuda. Cita jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, específicamente el fallo dictado en causa Rol N°21614-2018, que estableció que la retención judicial solicitada a un empleador por parte de una caja de compensación, existiendo un juicio pendiente sobre la misma materia, es un acto ilegal y arbitrario.

Argumenta que la aplicación del descuento, sin explicación de su motivo ni del cálculo de la suma descontada, vulnera la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho de propiedad, así como también el debido proceso contemplado en el artículo 19 N°3 del mismo cuerpo normativo.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto los descuentos de su liquidación de sueldo, ordenando la restitución del descuento efectuado y la prohibición de todos los descuentos futuros que efectúe la recurrida durante la tramitación del presente recurso, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado, comparece doña nombre reservado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Expone que con fecha 15 de marzo de 2018, la Caja de Compensación otorgó a la recurrente un crédito social código 041CON100818131, por la suma de $2.837.896, a una tasa de 2.08%, pagadero en 48 meses, con cuotas mensuales de $98.314, cuyo primer vencimiento fue el 31 de mayo de 2018. Señala que, de esta operación, la titular pagó regularmente las tres primeras cuotas, las dos siguientes fueron diferidas por licencia médica, y las tres siguientes correspondientes a agosto, septiembre y octubre de 2018 fueron pagadas con desfase en abril de 2019. Posteriormente, el saldo de capital al 31 de octubre de 2018, más los intereses devengados al 12 de septiembre de 2019, fueron reprogramados en esta última fecha por la suma de $3.549.791, manteniendo la tasa inicial, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $110.297, cuyo primer vencimiento fue el 30 de noviembre de 2019.

Agrega que, de esta reprogramación, las tres primeras cuotas se pagaron entre abril y agosto de 2020, mientras que las cuotas de febrero y marzo de 2020 fueron pagadas con desfase en agosto y septiembre de 2024, generándose mora por las cuotas del mes de abril de 2020 a julio de 2024, encontrándose las cuotas restantes con fecha de vencimiento entre agosto y octubre de 2024.

Sostiene que no existen acciones judiciales pendientes o en tramitación para perseguir el cobro de lo adeudado, toda vez que la causa ejecutiva iniciada para el cobro del crédito anterior a su reprogramación se encuentra terminada por dicha reprogramación, donde la recurrente cambió las condiciones de su crédito de manera voluntaria. En consecuencia, argumenta que se encuentran frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentran prescritas.

Explica que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, y que el régimen de créditos sociales constituye un beneficio de bienestar social, orientado a satisfacer las necesidades de los trabajadores afiliados.

Argumenta que el mecanismo de "descuento por planilla" presenta características especiales que deben ser consideradas: a) Es un mecanismo especial de pago inherente al régimen de crédito social; b) No depende de la voluntad de las Cajas de Compensación, sino que es obligatorio por ley; c) La obligatoriedad del descuento recae sobre el empleador; y d) El trabajador no puede oponerse al descuento por tratarse de un mecanismo normativo propio del tipo específico de crédito otorgado.

Respecto a la supuesta prescripción alegada por la recurrente, sostiene que conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho. Cita en apoyo de su posición el Dictamen N°2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, que establece que mientras no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social, deben continuar practicándose los descuentos.

En relación a la supuesta vulneración de garantías constitucionales, argumenta que no existe vulneración al derecho de propiedad, por cuanto no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación de sus remuneraciones, siendo la propia ley la que autoriza el descuento. Asimismo, sostiene que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento, citando abundante jurisprudencia reciente que confirma este criterio.

Por estas razones, solicita el rechazo del recurso de protección intentado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta en relación con los hechos expuestos.

TERCERO: Que la recurrente acompañó carpeta electrónica de la causa Rol C-390-2019 del 7° Juzgado de Letras de Casablanca, del cual se desprende:

i.- Que el 18 de febrero de 2019 la recurrida interpuso en procedimiento ejecutivo acción ejecutiva fundada en el pagaré N° 041CON100818131, el cual se otorgó por concepto de capital por $2.837.896, y que corresponde al mismo crédito que recurrente y recurrida aluden en este proceso, haciendo presente la propia recurrida en dicho proceso el hecho de haber reprogramado el pagaré, tal como señala en su informe.

En dicha acción, la recurrida hace exigible la cláusula de aceleración y demanda el total de la obligación insoluta, por la suma de $3.166.601, más reajustes e intereses, con costas.

ii.- Que el 20 de febrero de 2019. se dio curso a la demanda, despachándose el respectivo mandamiento de ejecución y embargo por la cuantía solicitada.

iii.- Que el 13 de septiembre de 2019, se archivaron los antecedentes, sin notificación de la ejecutada.

iv.- Que luego de solicitar el desarchivo de la causa y oponer excepciones a la ejecución, con fecha 21 de agosto de 2020, el tribunal tuvo por interpuesta las mismas dando traslado de ellas al ejecutante.

v.- Que finalmente con fecha 27 de enero de 2023 se dictó sentencia en la referida causa, acogiéndose la excepción de prescripción interpuesta por la ejecutada, sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada, según consta en el certificado efectuado por el Secretario del referido tribunal con fecha 20 de marzo de ese mismo año.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que en cuanto al conflicto planteado, se encuentra acreditado que Caja de Compensación de Asignación Familiar los Andes, el 15 de marzo de 2018, otorgó al recurrente un crédito social por el monto total de $2.837.896, a una tasa de 2.08%, pagadero en 48 meses, con cuotas mensuales de $98.314, cuyo primer vencimiento fue el 31 de mayo de 2018, el cual fue reprogramado el 31 de octubre de 2018, por el saldo de capital vigente, más los intereses devengados al 12 de septiembre de 2019, por la suma de $3.549.791, monto que por lo demás es consistente y equivalente al intentado cobrar en la acción judicial referida en el considerando anterior, en la que se declaró la prescripción de la acción ejecutiva por sentencia firme.

Asimismo, a partir del mes de septiembre de 2024, el empleador de la recurrente procedió a descontar de las remuneraciones de la recurrente la suma $181.744, en favor de la recurrente.

SEXTO: Que, en definitiva, se tiene presente que se trata del mismo crédito social y habiendo optado el acreedor por iniciar el cobro judicial de la obligación, debe estarse a lo resuelto de manera firme por el tribunal competente, sin que sea procedente el descuento de cuotas cuando el recurrente como trabajador dependiente se incorpora nuevamente al sistema formal de trabajo, pues tal mecanismo a través de sus remuneraciones por parte de su actual empleador, se torna arbitrario, por cuanto la recurrida decidió una posición jurídica como vía de cobro legítima que ahora debe respetar, sin que pueda revivir el sistema anterior previsto para relaciones laborales vigente y obligaciones pactadas en cuotas exigibles mes a mes.

SÉPTIMO: Que, de esta forma, los descuentos unilaterales efectuados a las remuneraciones del recurrente, en los términos en que se hicieron, afectan su patrimonio y, por ende, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

OCTAVO: Que por los fundamentos referidos se acogerá como se dirá en lo resolutivo el recurso de protección, no siendo necesario ahondar sobre la otra garantía individualizada en la acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción de protección interpuesta en favor de doña nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por lo que la recurrida deberá abstenerse de efectuar los descuentos y, en consecuencia, deberá restituir todas las sumas descontadas a la recurrente desde el mes de agosto de 2024.

Regístrese y comuníquese.

Rol N°19001-2024 Protección.