Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado interpone recurso de protección en favor de su hijo menor de edad, actualmente de 8 años y en contra del Colegio nombre reservado, por el acto consistente en la comunicación de fecha 25 de agosto del año en curso, mediante la cual se le informa la expulsión de su hijo del establecimiento educacional, medida que estima vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 2 y 11 de la Constitución Política de la República.

Señala que su hijo cursa actualmente segundo año básico en el mencionado colegio, y que el día 19 de agosto del presente año protagonizó un episodio en el cual agredió a un compañero de curso, situación ante la cual intervino una docente, quien también habría resultado agredida. A raíz de este hecho, su hijo fue expulsado del establecimiento educacional.

Expone que el menor ha sido evaluado por profesionales de la salud mental, quienes han establecido que presenta baja tolerancia a la frustración, dificultades en el control de impulsos y en la regulación emocional, junto con un diagnóstico dentro del espectro autista. Si bien reconoce la existencia de conductas disruptivas por parte de su hijo, destaca que mantiene un adecuado rendimiento académico, antecedentes que, a su juicio, no habrían sido ponderados debidamente por el establecimiento al adoptar la medida de expulsión. Agrega que no le fue informado que disponía de un plazo de cinco días para interponer recurso de apelación ante la misma institución.

En virtud de lo expuesto, solicita que se disponga que su hijo continúe como alumno regular del Colegio nombre reservado, dejándose sin efecto la medida impugnada.

Segundo: Que nombre reservado, en calidad de director del Colegio nombre reservado, informa que la decisión de expulsar al alumno fue adoptada tras un proceso interno conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), activado a raíz de graves hechos ocurridos el 19 de agosto de 2025, los cuales afectaron la seguridad e integridad física y psicológica de la comunidad educativa. Señala que el estudiante protagonizó tres incidentes sucesivos: primero, empujó violentamente a una compañera; luego, amenazó a otro alumno con un par de tijeras; y finalmente, lanzó piedras a sus compañeros y agredió físicamente a una docente, quien resultó con lesiones constatadas en la Mutual de Seguridad.

Precisa que, dada la gravedad de los hechos y los antecedentes de conducta del menor, el Consejo de Profesores, en sesión extraordinaria celebrada el 21 de agosto de 2025, resolvió por unanimidad aplicar la sanción de expulsión definitiva, descartando medidas alternativas por estimarlas insuficientes. Añade que la resolución fue debidamente notificada a los apoderados el 22 de agosto del mismo año.

Sostiene que el procedimiento fue desarrollado conforme al RICE, instrumento aprobado por los apoderados al momento de la matrícula, y conforme a la normativa vigente, en particular al artículo 46 de la Ley General de Educación y al Decreto Supremo N° 373 del Ministerio de Educación. Reconoce un error formal en la cita del artículo 50 de la LGE, pero afirma que ello no afecta la legalidad del procedimiento ni de la decisión adoptada.

Respecto al diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, señala que se trata de una hipótesis emitida con posterioridad a los hechos y no acreditada al momento de resolver la sanción, sin perjuicio de que ya se habían considerado antecedentes médicos y aplicado ajustes razonables.

Finalmente, cuestiona el compromiso de los apoderados con el tratamiento recomendado y reprocha su retiro anticipado del establecimiento el día de los hechos, lo que habría favorecido la escalada de violencia.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, de los antecedentes acompañados por la recurrida, es posible constatar que la medida de expulsión impugnada fue adoptada luego de un proceso que incluyó múltiples instancias de diálogo y coordinación con los apoderados del menor, incluyendo entrevistas sucesivas con el equipo directivo y de convivencia del establecimiento.

Tales instancias daban cuenta de una preocupación persistente del colegio por encauzar la conducta del estudiante a través de medidas formativas y correctivas, las cuales no tuvieron una respuesta eficaz ni colaboración suficiente por parte de la apoderada.

Sexto: Que la medida disciplinaria fue precedida por una suspensión preventiva de cinco días hábiles, dispuesta mediante resolución de fecha 20 de agosto de 2025, y que tuvo como fundamento hechos de extrema gravedad acaecidos el día 19 del mismo mes, que involucraron agresiones físicas por parte del menor hacia dos compañeros, el lanzamiento de un par de tijeras a otro estudiante y posteriormente una agresión a una docente, quien resultó lesionada tras recibir una patada y el impacto de piedras lanzadas por el alumno. A ello se suma que la apoderada, debidamente informada para retirar al menor luego del primer incidente, hizo caso omiso a dicha instrucción, lo que permitió que se produjera la segunda agresión de mayor gravedad.

Séptimo: Que mediante resolución de fecha 25 de agosto de 2025, se adoptó la medida de expulsión definitiva del estudiante, decisión que fue debidamente notificada a los apoderados. Posteriormente, con fecha 29 de agosto de 2025, se resolvió rechazar la apelación interpuesta en contra de dicha decisión, confirmando su legalidad y proporcionalidad ante la gravedad de los hechos, los antecedentes de conducta previos y la escasa receptividad de la apoderada a las acciones de intervención ofrecidas por el establecimiento, por lo que no resulta ser efectivo lo alegado por la recurrente en cuanto no se le informó de que disponía de cinco días para apelar, pues su apelación y resolución constan de los antecedentes del proceso.

Octavo: Que, conforme a lo señalado en los considerandos anteriores, no se advierte en la actuación del establecimiento recurrido ni ilegalidad ni arbitrariedad que permita la procedencia del recurso. Por el contrario, las decisiones adoptadas aparecen debidamente fundadas, proporcionales a la gravedad de los hechos y orientadas a resguardar la integridad física y psicológica del resto de la comunidad escolar.

Noveno: Que, en consecuencia, no se ha acreditado por parte de la recurrente la vulneración de garantías constitucionales protegibles por esta vía, desde que el acto impugnado se enmarca en un ejercicio legítimo de facultades de la administración educativa. Asimismo, no se configura un derecho indubitado del estudiante a continuar en el establecimiento, lo que impide hacer lugar a una acción cautelar como la que se ha promovido.

Décimo: Que, por lo expuesto, el recurso de protección debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada por nombre reservado y en contra del Colegio nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N°18988-2025.