nombre reservado con SUPERINTENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

CA. de Santiago Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, jefe de máquinas, e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la licencia médica N° 101415490-2, extendida por su médico tratante por un período de 60 días a contar del 18 de abril de 2024, al considerar no justificado el reposo, lo que vulnera su derecho a la vida e integridad física y psíquica de las personas y de propiedad, garantizado en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la Superintendencia de Seguridad Social le notificó por correo electrónico, con fecha 09 de agosto de 2024, la Resolución Exenta N° R-01-UME-127006-2024, la que confirmó el rechazo que emitiera la Sub Comisión Concepción-COMPIN Región del Bío Bío respecto de la mencionada licencia.

Señala que la Superintendencia argumentó su decisión indicando que, tras estudiar los antecedentes, concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica no se encontraba justificado, lo que se basó en que el tiempo de reposo autorizado alcanzaba 445 días por la misma patología y los antecedentes médicos evaluados concordaban en que la afección que presenta es de curso crónico, las que por el tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le producen algún grado de incapacidad, la que corresponde evaluar a través de la realización de un trámite de pensión de invalidez en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) a la que se encuentre afiliado o en el Instituto de Previsión Social (IPS), según corresponda.

Indica que referente a su condición médica, el recurrente padece de coxoartrosis severa izquierda y coxoartrosis moderada a severa derecha, ambas secundarias a secuela de enfermedad de perthes, diagnóstico realizado por su médico tratante, doctor nombre reservado, traumatólogo y cirujano de cadera, quien se desempeña en Clínica Andes Salud. Precisa, que omo tratamiento, el facultativo ha indicado cirugía endoprótesis total ambas caderas, presentando el paciente severa limitación funcional de caderas, por lo que debe mantenerse con reposo laboral mientras se realiza terapia kinésica a la espera de la resolución quirúrgica señalada.

Sostiene que la resolución impugnada carece de todo fundamento clínico que sea capaz de desvirtuar la opinión de su médico tratante, destacando que su afección es recuperable con cirugía y el reposo por tanto temporal, ya que tiene por objeto hacer terapia kinésica a la espera de la mencionada intervención quirúrgica. Agrega que, durante toda su vida se ha desempeñado como motorista de remolcador y que, como consta del certificado médico acompañado con las licencias, tiene 58 años, por lo que aún tiene la posibilidad de continuar prestando servicios hasta por lo menos el cumplimiento de su edad para pensionarse.

Argumenta que la resolución impugnada es ilegal al ser un acto administrativo infundado desde el punto de vista técnico y fáctico, sin expresar las razones médicas en que se sustenta el rechazo, y sin señalar los hechos en que se basa tal decisión denegatoria al carecer del debido fundamento, lo que no se ajusta a la debida decisión o praxis médicas, sino que se basa en argumentos formales y sin someter al paciente a nuevos exámenes o evaluaciones médicas.

Sustenta que el acto recurrido es ilegal al infringir los artículos 3 y 30 de la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, y el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3/1984 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, normas que exigen la debida fundamentación de los actos administrativos.

Solicita que se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida autorizar la licencia médica N° 101415490-2, extendida por un total de 60 días a contar del 18 de abril de 2024, y disponer el correspondiente pago del subsidio de incapacidad laboral temporal subsecuente, adoptando las medidas administrativas y de otra índole indispensables para este objeto o, en subsidio, que se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que comparece doña nombre reservado, Presidente de COMPIN Concepción, Región del Bío Bío, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional al no existir acto u omisión ilegal o arbitraria ni que vulnera alguna garantía constitucional.

Expone que el paciente inició reposo médico por patologías traumatológicas relacionadas con hombro, contar del 27 de junio de 2022 al 27 de enero de 2024 y luego a contar del 19 de marzo 2024 al 29 de septiembre de 2024, acumula un total de 745 días de reposo laboral.

Indica que se procedió a rechazar la licencia médica recurrida por considerar el reposo médico muy extenso para patología traumatológica, dado que los antecedentes médicos aportados fueron insuficientes para avalar la prolongación del reposo médico, más allá del período previamente autorizado; según D.S. N° 7/2013 relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deben respaldar la emisión de licencias médicas y guías referenciales de reposo laboral sobre patologías osteomusculares y trauma.

Detalla que el rechazo de la reposición presentada por el trabajador se fundó en presentar reposo médico extenso, no aportar informe médico amplio, fundado, actualizado que se pronuncie sobre la capacidad funcional del paciente; antecedentes médicos aportados, no describen evolución detallada de las patologías, no logra acreditar tratamiento kinésico y no aporta mayores antecedentes de recuperabilidad laboral.

Concluye que, COMPIN ha actuado según las facultades otorgadas a través de los artículos 14, 16, 21 y 48 del D.S N° 3/84 sobre Reglamento de autorización de Licencias Médicas y D.S. N° 7/2013 sobre Guías Clínicas Referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deben respaldar la emisión de licencias médicas y dentro de los plazos establecidos para la tramitación de licencias médicas y Ley N° 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas.

TERCERO: Que informando comparece doña nombre reservado, abogada, por la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo de la acción por cuanto estima que no ha existido de su parte actuación ilegal o arbitraria que haya vulnerado los derechos constitucionales del recurrente o siquiera su amenaza, con costas.

En primer lugar, pide se declare improcedente este recurso por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, y en cuanto al fondo del asunto, refiere que 10 de mayo de 2024, el Sr. nombre reservado reclamó ante ese Servicio en contra de la COMPIN Región del Bío Bío por cuanto confirmó el rechazo de la licencia médica N° 101415490-2, extendida por un total de 60 días a contar del 18 de abril de 2024, por reposo no justificado.

A mayor abundamiento, expresa que esa Superintendencia, por parte de los especialistas de ese servicio, estudió los antecedentes del caso de la recurrente, en que, concluyó “que el reposo prescrito por la licencia médica N° 101415490-2, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa, en que el tiempo de reposo autorizado, el que alcanza 445 días por la misma patología y los antecedentes médicos evaluados, concuerdan en que la afección que presenta, es de curso crónico, las que por el tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le produce algún grado de incapacidad, la que corresponde evaluar a través la realización de un trámite de pensión de invalidez en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) al que se encuentre afiliado o en el Instituto de Previsión Social (IPS), según corresponda”. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-127006-2024, de 09 de agosto de 2024.

Indica que, la profesional de esa Superintendencia, doña nombre reservado consistente con lo señalado, informa en ficha médica de fecha 08 de agosto de 2024, “FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: 58 AÑOS, 445 DIAS AUT, COXOARTROSIS CADERA-ENF.PERHES EN ESPERA DE PROTESIS BILATERAL, SOL. 60 DIAS DD. 18/04/2024, TMT- CL. ANDES SALUD. INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL. 29-11-23 TMT IM EN ESPERA DE PROTESIS CADERA E.PERTHES.SIN FECHACARNET KNT 6-12-23 CIRUGIA DIGESTIVA. QX BYPASS GASTRICO 05-23.24-4-24CL. ANDES SALUD-TMT: EN ESPERA DE PROTESIS CADERA E. PERTHES. CON SEVERA LIMITACION FUNCIONAL.GRAN HISTORIAL LM 1229 DIAS AUT CONTINUOS: EPICONDILITIS-STC-P-HOMBRO-INFARTO- P. CADERA. POST. SIGUE LM POR SM ROTADOR. SUSESO RECHAZO 105 DIAS DD. 15-10-23-SOLICITO TPI. NO LO REALIZA.REPOSO PROLONGADO, MULTIPLES PATOLOGIAS OSTEOMUSCULARES. SIN FECHA DE CIRUGIA CADERAS.ENF. CRONICA. RECHAZAR”.

Sostiene que, el cuadro que aqueja al Sr. nombre reservado ha evolucionado en forma crónica y la incapacidad que le provoca no es modificable con reposo. Expone que, esta conclusión se basa en que las patologías presentadas han tenido un curso cronificado, mostrando en su evolución una incapacidad no temporal y, por ende, no susceptible de modificar con el reposo continuo que ha tenido, por tanto no corresponde otorgar los subsidios por incapacidad laboral temporal al recurrente por cuanto no se cumple con el requisito básico de una licencia médica, que es la temporalidad de la patología, es decir, que, mediante reposo, se recuperará y volverá ejercer sus labores.

Expresa que se realizó un análisis exhaustivo y objetivo del caso en cuestión, resolviendo con todos los antecedentes tenidos a la vista ya citados, los cuales fueron ponderados por médicos especialistas con aplicación estricta de los mismos parámetros y procedimientos establecidos para resolver este caso en relación al resto de las situaciones que se resuelven ante esta Institución Fiscalizadora, utilizando sustentos fácticos, clínicos y jurídicos, lo que permitió arribar a la conclusión que el reposo médico prescrito por la licencia médica objeto del recurso era injustificado.

Alega que, respecto de la ilegalidad debe descartarse pues los actos que se impugnan fueron dictados de acuerdo al marco normativo respecto a la patología y por la autoridad competente en uso de sus atribuciones otorgadas por la ley, y, en cuanto a una posible arbitrariedad, esta no ha existido pues las resoluciones que se impugnan se encuentran suficientemente fundada y con la debida racionalidad, ya que se contó con antecedentes para arribar a las decisiones que se reclaman, entre otros cartola médica de COMPIN, listado histórico de las licencias, e informes del médico tratante, los cuales fueron evaluados por ese organismo recurrido, argumentando rechazar la licencia médica en relación con la cronicidad o irrecuperabilidad de la patología del recurrente, pues no corresponde otorgar los subsidios por incapacidad laboral temporal al recurrente por cuanto no se cumple con el requisito básico de una licencia médica, que es la temporalidad de la patología, es decir, que, mediante reposo, se recuperará y volverá ejercer sus labores Reseña el marco regulador de las licencias médicas y las facultades fiscalizadoras de dicho órgano en la materia. Así acota que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Arguye que la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud. En tal sentido, las Secretarías Regionales Ministeriales De Salud (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

Aclara que, el Sr. nombre reservado claramente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones y estudio de la COMPIN y esa Superintendencia se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron al recurrente, por las razones latamente expuestas.

Asevera que, el procedimiento empleado y la decisión pronunciada, han sido emitidas en la oportunidad y con la justificación pertinente, por dicha entidad, sin que le competa a la jurisdicción, en tal caso, revisar sus fundamentos técnicos, en sede extraordinaria y meramente cautelar.

CUARTO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

QUINTO: Que sobre la argumentación de la Superintendencia de Seguridad Social referente a que el recurso de protección sería improcedente toda vez que el derecho a la seguridad social, consagrado por la Carta Fundamental en el N° 18 del artículo 19, no se encontraría amparado por el recurso de protección, corresponde que sea desestimada en tanto de la sola lectura del recurso se puede advertir que no se invocó en parte alguna como supuestamente vulnerado el derecho a la seguridad social, sino se aludió a otras garantías fundamentales que se encuentran resguardadas por la presente acción cautelar.

SEXTO: Que, en el presente caso, el acto que se tilda de ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta N° R-01-UME-127006-2024, de 09 de agosto de 2024 referido al rechazo de licencia médica otorgada por un total de 60 días a contar del 18 de abril de 2024, la que señala que: “que el reposo prescrito por la licencia médica N° 101415490-2, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa, en que el tiempo de reposo autorizado, el que alcanza 445 días por la misma patología y los antecedentes médicos evaluados, concuerdan en que la afección que presenta, es de curso crónico, las que por el tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le produce algún grado de incapacidad, la que corresponde evaluar a través la realización de un trámite de pensión de invalidez en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) al que se encuentre afiliado o en el Instituto de Previsión Social (IPS), según corresponda”.

SÉPTIMO: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo en el que consta el reclamo que rechazó la licencia médica, consta que obedeció a la causal de reposo injustificado.

Es así como el presente recurso se erige en contra de la Resolución Exenta antes signada, que confirmó el rechazo de licencias médicas que en ella se consigna.

OCTAVO: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

NOVENO: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las Compin deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA). De las resoluciones que las Compin emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la Compin que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las Compin, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

DÉCIMO: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley N° 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

Enseguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

En efecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo el artículo 21 del cuerpo normativo que precede dispone que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

UNDÉCIMO: Que, en este punto, cabe traer a colación lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud, que sostiene “Para los efectos de este Reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (artículo 1).

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

DUODÉCIMO: Que en el caso de autos la decisión adoptada por la COMPIN y refrendada por la Superintendencia, no aparece revestida de los necesarios fundamentos, por cuanto no se observa la razón del cambio de criterio para autorizar ciertas licencias médicas y luego dejar de hacerlo, más aún que no se han practicado nuevos exámenes ni peritajes médicos por parte de la autoridad independiente en la materia, que permitan sustentar dicha variación, sin que los peritajes practicados por FONASA gocen de mérito suficiente para acreditar aquello, ya que se trata de prueba de la propia parte que ha rechazado originalmente las que fueron objeto de este recurso, a pesar de los reiterados informes del recurrente.

DÉCIMO TERCERO: Que, conforme al mérito de los hechos expuestos, se advierte que la decisión de la autoridad recurrida carece de elementos objetivos que la sustenten, por cuanto para afirmar que el reposo no se encuentra justificado, no hace referencia a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó; omisiones que la privan de fundamento, acorde a los antecedentes médicos del recurrente.

DÉCIMO CUARTO: Que, en relación con los argumentos expuestos por la Superintendencia recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que se encuentra contenido en el Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud, de 1984 señala que, en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte” y “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

DÉCIMO QUINTO: Que, de esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el fundamento del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver. Por lo anterior, los actos administrativos recurridos, carecen de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que las decisiones de la SUSESO, sólo se asientan en que los antecedentes no justifican la prolongación del reposo, en circunstancias que aquéllos, pueden obtenerse conforme al artículo 21 del Reglamento ya indicado, pues el órgano recurrido cuenta con facultades oficiosas para decretar medidas para lograr un mejor acierto de su decisión, disponer peritajes o exámenes y requerir otros, esto es, acudir a un elemento de convicción que otorgue mayor razonabilidad a la decisión administrativa, máxime cuando en la especie se aprecian licencias que han sido autorizadas en relación al recurrente, en forma previa a aquellas que motivan la presentación de la acción cautelar.

DÉCIMO SEXTO: Que, en consecuencia, la conducta de organismo recurrido no se ajustó a la normativa vigente, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición de salud de la parte recurrente antes de rechazar sin más y sin nuevos antecedentes lo obrado por Fonasa y la Compin.

De esta forma, la autoridad recurrida ha manifestado que para para rechazar las licencias, se tuvo como fundamento que no existen antecedentes médicos que respalden la prolongación del reposo al periodo previamente autorizado. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o a una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, lleva a considerar que la decisión de la Suceso carece de fundamento por no comprobar, teniendo los medios para ello, el diagnóstico del recurrente, aunado a su historial clínico.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto a las garantías constitucionales conculcadas desde luego se transgrede la prevista en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, relativo al derecho a la vida e integridad física y psíquica de la parte recurrente, porque la actuación de la recurrida al carecer de fundamento y contenido agrava la situación de salud de la actora, quien no ha podido gozar del subsidio por incapacidad laboral.

DÉCIMO OCTAVO: Que, con fecha 18 de agosto de 2021, la Corte Suprema en causa Rol N° 56.305-2021, resolvió que:

“Cuarto: Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, soslayando hacer mención a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó, carencias que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo prescrito.

Quinto: Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el actual litigio.

Sexto: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

Séptimo: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En semejantes coyunturas, ante colofones tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

Octavo: Que, de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimida por la parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Noveno: Que en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral, por tal motivo y en uso de las facultades que otorga el Auto Acordado sobre la presente materia, que permite tomar todas las medidas para resguardar la protección de las garantías constitucionales, el presente recurso es acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.”

DÉCIMO NOVENO: Que, en las circunstancias apuntadas, habiendo quedado de manifiesto la concurrencia de un acto arbitrario que afecta los derechos constitucionales de la recurrente, la protección que se solicita mediante la presente acción cautelar ha de ser otorgada, del modo que a continuación se dispone.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción constitucional interpuesta por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-127006-2024 de fecha 9 de agosto de 2024, debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente, encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el presente arbitrio en relación a la capacidad residual del actor, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que dispone la licencia médica número 101415490-2.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-18987-2024 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero y la Abogada Integrante señora Claudia Candiani Vidal.