nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, seis de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, quien deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, ciudadano venezolano, en contra de AFP Provida S.A., por el rechazo de 20 de agosto de 2025 a su solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156. Sostiene que el recurrente cumple con todos los requisitos legales para la devolución, al encontrarse afiliado a un sistema de seguridad social extranjero, esto es, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, circunstancia acreditada mediante constancias electrónicas verificables en línea, además de certificados notariados y apostillados.

Alega que la AFP incurre en un actuar ilegal y arbitrario al exigir requisitos no contemplados en la ley, en particular, la vigencia y apostilla de documentos y al desatender la finalidad de la normativa especial, realizando una interpretación excesivamente formalista. Añade que la recurrida contaba con medios idóneos para verificar la afiliación del recurrente, los que no fueron utilizados.

Sostiene que dicha actuación vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad contempladas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, al impedir al recurrente disponer de sus ahorros previsionales y darle un trato desigual respecto de otros solicitantes en situación análoga.

Invoca abundante jurisprudencia de la Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones que ha declarado ilegal y arbitraria la negativa de las AFP a devolver fondos previsionales a técnicos extranjeros, cuando se acredita afiliación a la seguridad social del país de origen por medios verificables, aun sin legalización o apostilla.

Solicita se acoja el recurso, se deje sin efecto el rechazo impugnado y se ordene a la AFP emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y proceder a la devolución de los fondos previsionales solicitados.

Segundo: Que evacuando el informe, comparece el abogado don Daniel Santoni, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección deducido en su contra, con expresa condenación en costas, fundado principalmente en la improcedencia de la acción cautelar para resolver materias de lato conocimiento, y la inexistencia de acto ilegal o arbitrario atribuible a su representada.

En primer término la improcedencia de la acción cautelar, la funda en que la materia planteada no sería propia de un recurso de protección, sino de lato conocimiento y carácter contradictorio. Sostiene que la recurrente pretende, en los hechos, cuestionar la legalidad y constitucionalidad del sistema previsional regulado por el DL N° 3.500 y modificar el régimen normativo vigente, lo que excede la finalidad cautelar y urgente del recurso de protección. Afirma que no existe un derecho indubitado, sino un derecho controvertido, cuya resolución requiere un procedimiento declarativo.

En cuanto al fondo, la recurrida señala que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario, pues rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente en su calidad de técnico extranjero, por no cumplirse los requisitos copulativos exigidos por la Ley N°18.156 y la normativa administrativa impartida por la Superintendencia de Pensiones. Indica que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presentada se encontraba vencida y carecía de legalización o apostilla, además de no especificar adecuadamente las coberturas previsionales exigidas por la ley.

Explica que, conforme al régimen general del DL N°3.500, los fondos previsionales tienen un destino exclusivo y legalmente predeterminado, esto es, financiar pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia y que las AFP se encuentran expresamente impedidas de otorgar beneficios distintos a los contemplados en la ley, salvo las excepciones legales, entre ellas la prevista en la Ley N°18.156, cuya aplicación exige el estricto cumplimiento de sus requisitos.

Agrega que, en materia previsional, rige el principio de territorialidad, siendo la exención de cotizar y la devolución de fondos a técnicos extranjeros una excepción de interpretación restrictiva. Precisa que la afiliación a un sistema previsional extranjero debe acreditarse mediante certificación válida en Chile, debidamente legalizada o apostillada, conforme a las normas generales sobre valor probatorio de documentos extranjeros.

Invoca jurisprudencia reciente y reiterada de la Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones, que ha confirmado la legalidad del actuar de ProVida y la improcedencia del recurso de protección en casos análogos, concluyendo que la negativa a devolver los fondos previsionales, fundada en el incumplimiento de los requisitos legales y administrativos vigentes, no constituye un acto ilegal ni arbitrario ni vulnera garantías constitucionales.

Finalmente, sostiene que no concurren los requisitos copulativos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, a saber, acto ilegal o arbitrario, agravio y afectación de garantías fundamentales, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en ese sentido, la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección, hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, conforme a lo señalado, el acto impugnado en estos autos consiste en la comunicación de fecha 20 de agosto de 2025 mediante la cual la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por el recurrente en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 18.156, fundándose dicha decisión en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios exigidos para acceder a dicha devolución.

Sexto: Que, encontrándose regulada la materia de que se trata la presentación constitucional en la Ley N°18.156, corresponde traer a colación las normas aplicables al caso. Al efecto, el artículo 1° de dicho cuerpo legal dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su turno, el artículo 7° de la misma ley señala: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Séptimo: Que en este mismo sentido, es menester señalar que conforme lo indicado en el Oficio Ordinario N° 12.954, emitido con fecha 15 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones -que responde a una consulta realizada por distintas administradoras de fondos- se señala que para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la ley 18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que efectivamente contó con cobertura por todos los riesgos exigidos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada, según las normas del Convenio de la Haya y el Código de Procedimiento Civil.

Octavo: Que, en la especie, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, se observa que el recurrente acompañó un certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en el cual consta que nombre reservado posee 906 semanas cotizadas ante dicho Instituto, siendo su primera fecha de afiliación el 27 de enero de 1997, encontrándose actualmente en estatus de asegurado cesante en la empresa Banco Occidental C A, inscrita bajo el Número Patronal Z16200158, con fecha de egreso 17 de abril de 2017. Sin embargo, si bien este certificado aparece firmado por doña nombre reservado, presidenta de la Junta Directiva del IVSS, el mismo no cuenta con la debida apostilla o legalización exigida por la normativa vigente.

Noveno: Que, acorde a lo expuesto necesariamente se debe concluir que las exigencias que fundan la negativa de la AFP Provida, encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria.

Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N° 18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Décimo: Que a mayor abundamiento, la presente vía no resulta idónea para la discusión planteada en el recurso, no sólo por existir los procedimientos específicos correspondientes, a los que debe sujetarse la recurrente; sino también porque lo relevante, en definitiva, es que la recurrente carece de un derecho indubitado que pueda ampararse a través del ejercicio de esta acción de protección, la que busca la tutela inmediata y objetiva frente a vulneraciones ostensibles de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, los que no deben merecer duda alguna en cuanto a su existencia y ejercicio por el afectado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Se previene que el abogado integrante señor Parada concurre al rechazo de este recurso, atendido el último pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema en causa rol 33.946-2025 sobre la materia.

Regístrese y archívese.

Protección N°18940-2025