nombre reservado con nombre reservado

En Santiago, a veintiuno de agosto de dos mil diecisiete.

VISTOS:

PRIMERO: Comparece CRISTIAN EUGENIO LABORDA MORA, abogado, por sí y en representación de nombre reservado, nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; comparecen por sí nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, todos mayores de edad, domiciliados en domicilio reservado, parcela nueve A, El Noviciado, e interponen recurso de protección en contra nombre reservado, empleado particular, con domicilio en domicilio reservado, Parcela nueve A, Colonia Agrícola Juan Antonio Ríos, ex Fundo El Noviciado, comuna de Pudahuel, por los actos que consideran ilegales y arbitrarios y que vulnerarían el ejercicio de las garantías constitucionales establecidas en los números 1, 8, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos en que fundamenta su recurso, refiere que desde el día 05 de enero del año en curso, en un predio colindante al domicilio de los recurrentes, se comenzó a recibir en su interior vehículos en desuso como, de igual modo, restos o chatarra de similar naturaleza, predio que se encuentra bajo la administración del recurrido. De ese modo, el acopio de chatarra vehicular ha ido en aumento.

Señala que, en forma previa al traslado, recepción y acopio de los desechos referidos, el recurrido ejecutó al interior del predio un proceso de relleno con escombros, cambiando radicalmente la composición del suelo, el cual originalmente estaba destinado para uso agrícola, destinación que de igual modo poseen en forma exclusiva los demás predios colindantes, entre los cuales se encuentran el domicilio e inmueble de propiedad de los recurrentes. Pese a lo anterior, y no poseyendo giro comercial otorgado y autorizado por el Servicio de Impuestos Internos para dicho fin, incurriendo en otras y graves ilegalidades, sigue desarrollando dicha actividad en forma permanente, amenazando con su actuar las condiciones medioambientales tanto del suelo como, de igual modo, de los recursos hídricos presentes en el sector, todos recursos de vital importancia tanto para los recurrentes como para los demás habitantes del sector, dado que dichos predios tienen por única destinación la explotación agrícola.

En tal sentido, indica, la actuación del recurrido ha vulnerado no sólo normativa constitucional sino, de igual modo, la administrativa, desde el momento en que no cuenta con ningún tipo de autorización para ejecutar el acopio de tales desechos en el predio por él ocupado, entre los que se encuentran el permiso municipal para operar que requiere en forma previa, la autorización del Servicio Agrícola y Ganadero de cambio de uso de suelo.

Afirma que, la conducta del recurrido constituye una “amenaza” no sólo a los suelos, sino que a los recursos hídricos y demás recursos naturales de la zona, al medio ambiente o a la naturaleza, sin perjuicio de lo cual, a su entender, constituye también una amenaza a la salud de las personas que allí habitan, como también a la integridad del medio ambiente, haciendo presente el carácter irreversible de la contaminación de las aguas subterráneas del sector.

Agrega en este sentido que la constante descarga de restos de vehículos motorizados podría generar contaminación ambiental por el derrame de combustibles, aceites, líquidos refrigerantes, gases y otros químicos presentes al interior de los vehículos en desuso, liberación de químicos y percolados, que se estarían filtrando en los suelos del predio, evitando la proliferación de cualquier tipo de vegetación futura o cultivo agrícola, contaminando las napas y canales subterráneos que sirven y servirán en lo sucesivo como fuente de agua potable o regadío para los ocupantes y habitantes de los predios colindantes.

Añade que, en los lotes colindantes, viven personas adultas y niños, las cuales se pueden ver afectadas por los gases tóxicos y olores desagradables que expelen estos químicos presentes en los vehículos motorizados, además de afectar la actividad económica del resto de los habitantes del sector.

Menciona que el recurrido es quien opera este vertedero ilegal, quien detenta el uso de dicho terreno en base a una promesa de compraventa.

En cuanto al derecho, sostiene que la regulación medioambiental ha definido los lugares en donde se depositan desechos sólidos de la siguiente forma: un basural es un lugar en el que se disponen residuos, ya sea en forma espontánea o programada, sin ningún tipo de control o protección ambiental. Un vertedero es un lugar de disposición de residuos que fue planificado para ese uso, pero que no cuenta con las medidas sanitarias mínimas establecidas en el decreto supremo 189, razón por la que, en general, es foco de problemas ambientales.

Un relleno sanitario, por otra parte, cumple con todas las medidas sanitarias y ambientales que exige la ley. Según lo expuesto, señala el recurrente, la conducta del requerido, que consiste en un vertedero, constituye una actuación arbitraria e ilegal que se ejecuta de manera permanente y que otorga sustento jurídico al presente recurso de protección.

En cuanto a la arbitrariedad, entendida como la carencia de racionalidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad que alcanza, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, es decir una actuación carente de fundamentación, sostiene que la conducta del recurrido puede ser perfectamente considerada de tal manera, toda vez que implementó este vertedero de vehículos sin autorización alguna, actuando por sobre el ordenamiento jurídico e institucional, poniendo con ello en peligro la salud, calidad de vida, el desarrollo de actividades económicas y la propiedad de los recurrentes y vecinos del establecimiento ilegal objeto del recurso.

En cuanto a la ilegalidad de la conducta, afirma que se encuentra en el hecho de realizar una actividad comercial sin tener patente ni autorización alguna, como hacer uso no autorizado del suelo y no respetar el Decreto Supremo 189, que establece las condiciones sanitarias y seguridad básicas de los rellenos sanitarios. Agrega en este sentido que, para la realización de cualquier tipo de actividad comercial, es necesario tener la patente de la Municipalidad respectiva, lo que implica un procedimiento consistente en la presentación de informes de factibilidad e informes del Secretaría Regional Ministerial de Salud, en los cuales se establece el alcance que pueda tener la actividad, según se indica en el artículo 26 el Decreto Ley 3.063 que regula las rentas municipales.

A su vez, no se ha respetado el uso de suelo del terreno en cuestión, cual es la destinación agrícola y, como se indica en los artículos 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los predios resultantes de una subdivisión quedarán sujetos a la prohibición de cambiar su destino.

Invoca infracción a los artículos 3, 27 y 29 del Decreto Supremo 189, a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y al Decreto Ley 3063 de rentas municipales.

Afirma que, la conducta arbitraria e ilegal descrita se traduce en una amenaza inminente sobre el legítimo ejercicio del derecho a la vida e integridad física y psíquica, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a desarrollar una actividad económica, y al derecho de propiedad de los recurrentes, indicando como garantías vulneradas las establecidas por el artículo 19 N° 1, 8, 21, y 24, de la Constitución Política de la República.

Pide acoger el recurso, ordenando que se adopten de inmediato las providencias necesarias para el restablecimiento del derecho y para el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales establecidas en los números 1, 8, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que se traduce en disponer que el recurrido paralice las faenas y realice el retiro de los escombros, restos, residuos y cualquier tipo de elemento contaminante mientras se realice una minuciosa fiscalización por las autoridades correspondientes y se tramitan las respectivas autorizaciones.

SEGUNDO: Que, el recurrido, habiendo sido notificado, no evacua traslado dentro de plazo, prescindiéndose de su informe.

TERCERO: Que, para dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, es preciso señalar que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías con resguardo constitucional, para que, en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. Se trata entonces de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

CUARTO: Que, atendido lo anterior, es necesario determinar si ha existido de parte del recurrido un acto ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o prive a los reclamantes de protección, del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, en tal sentido, y en respuesta a las medidas para mejor resolver decretadas por esta Corte con fecha 30 de junio de 2017, consta en autos, en primer término, lo informado por el Departamento de Inspección Comunal, de la Dirección de Obras Públicas de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel, mediante Memorandum N° 520, de 19 de julio de 2017, dando cuenta que, en fiscalización realizada a la propiedad emplazada en calle Luis Cruz Martínez s/n, Parcela 9, lote 5, de la Colonia Agrícola Juan Antonio Ríos, Noviciado, en el señalado lote 5 se encuentra acopio de vehículos en mal estado (desarme y chatarra), contabilizando un total de 46 piezas, cuyo detalle es 39 restos de vehículos en mal estado o chatarra, y 7 vehículos en desuso; agrega el organismo municipal que este acopio de resto de vehículos (chatarra) y vehículos en desuso, no cuenta con permiso municipal (patente), que en dicho terreno no existe lugar habitable que pueda concluir que existe actividad comercial, y se verifica que en el domicilio del recurrido, de domicilio reservado, se constata que existe actividad comercial, por lo que se puede concluir que la propiedad de Noviciado es utilizada para el acopio de vehículos, de los cuales se obtienen los repuestos, adjuntando fotografías de este último local comercial mencionado, agregando que, por lo anterior, se notificará al Juzgado de Policía Local.

Que, a su turno, mediante Ordinario signado con el número 3772, de 30 de junio de 2017, emanado de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, se informa que, con fecha 23 de mayo de 2017, se acudió a calle Luis Cruz Martínez, Lote 5, de la Parcela 9-A, de la Colonia Agrícola Juan Antonio Ríos, ex Fundo El Noviciado, comuna de Pudahuel, constatando que se trata de un acopio, selección y comercialización de vehículos en desuso, agregando que no se detectó derrames de aceite, líquidos ni combustible; y que, la actividad comercial no cuenta con las autorizaciones sanitarias correspondientes, motivo por el cual se dio inicio al correspondiente Sumario Sanitario.

SEXTO: Que, de los antecedentes antes descritos, se desprende que resultan ser efectivas las vulneraciones denunciadas, y la arbitrariedad e ilegalidad de la actuación del recurrido, quien mantiene entonces en el domicilio ya mencionado acopio de restos de vehículos, desarme y chatarra de los mismos, así como vehículos en desuso, sin contar con el permiso municipal y patente comercial exigidos para el ejercicio de dicha actividad, ni con las autorizaciones sanitarias correspondientes, irregularidades de las que fluye un directo e inmediato atentado a las garantías constitucionales que se señalan amagadas.

SÉPTIMO: Que, no obstante, las autoridades competentes en la materia han adoptado ya las medidas pertinentes, en concreto, la denuncia correspondiente ante el Juzgado de Policía Local por parte de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel, y la instrucción de Sumario Sanitario, por parte de Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, esta Corte dispondrá la medida de suspensión del acto gravoso y así ordenará al recurrido abstenerse de continuar con el ingreso de chatarra al predio ubicado en calle Luis Cruz Martínez s/n, Lote 5, Parcela nueve A, Colonia Agrícola Juan Antonio Ríos, ex Fundo El Noviciado, comuna de Pudahuel, sin perjuicio de las medidas que adopte la autoridad sanitaria y/o municipal, en orden a la eliminación de los desechos ya acumulados.

Por estas consideraciones y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Autoacordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre “Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”, se ACOGE el recurso de protección deducido por Cristian Eugenio Laborda Mora, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, debiendo el recurrido, nombre reservado, abstenerse de continuar con el ingreso de chatarra al predio ubicado en calle Luis Cruz Martínez s/n, Lote 5, Parcela nueve A, Colonia Agrícola Juan Antonio Ríos, ex Fundo El Noviciado, comuna de Pudahuel, sin perjuicio de las medidas que adopte la autoridad sanitaria y/o municipal, en orden a la eliminación de los desechos ya acumulados, sin costas.

Redacción de la Ministro señora Viviana Cecilia Toro Ojeda.

Regístrese, notifíquese, y en su oportunidad, archívese.

Rol Nº 18.934-2017-.