Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Inva

C.A. de Santiago Santiago, tres de enero de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 15: a todo, no ha lugar.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por considerar arbitraria e ilegal la Resolución Exenta de fecha 30 de agosto de 2024, que rechazó el pago de cinco licencias médicas por un total de 150 días a contar del 6 de octubre de 2023, por reposo no justificado.

Indica que el acto es ilegal y arbitrario, debido a que el reposo diagnosticado se encuentra justificado.

En definitiva, solicita se ordene el pago de la licencia médica reclamada.

Segundo: Que, informando el recurso la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana, representada por don nombre reservado, solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto, fundamentando su actuación en el marco legal que les otorga competencia para rechazar o aprobar licencias médicas, argumentando que sus decisiones se basan en criterios objetivos y en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla su finalidad terapéutica y transitoria.

Explica que el recurrente interpuso recurso de protección contra el rechazo de sus licencias médicas N° NUM000, NUM001, NUM002, NUM003 y NUM004. Agrega que, según el sistema Maestro de Fonasa, estas licencias fueron rechazadas por lo siguiente: - Que, usuario presentó recursos de reposición al rechazo de la licencia médica N° NUM000. En él, se recibió informe médico del cual no se pueden desprender argumentos que permitan justificar la necesidad de prolongación del reposo, por tanto, se rechaza. - Que la Sra. nombre reservado, por presentación de fecha 06 de marzo de 2024, reclamó por segunda vez, ante este servicio, interponiendo un recurso de reconsideración en contra de la Resolución Exenta N° NUM005, de fecha 30 de enero de 2024 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN Región Metropolitana, en orden de mantener el rechazo de la licencia médica N° NUM001, extendida por un total de 30 días a contar del 06 de octubre de 2023, por reposo no justificado, y además reclamó por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de las licencias médicas N° NUM000, NUM002, NUM003, NUM004, extendidas por un total de 120 días, bajo la misma causal de rechazo.

En cuanto a las licencias médicas Nº NUM001 y NUM002 fueron rechazadas debido a que no se dispone de antecedentes que justifiquen la prolongación del reposo laboral. A raíz de lo anterior, la usuaria presentó recurso de reposición, el cual mantuvo el rechazo ya que la paciente completa un año y tres meses de reposo continuado por lumbago con ciática.

A paciente se le realizó artrodesis de la primera metatersofalange de pie derecho, (no indica fecha ni adjunta epicrisis). Dado los antecedentes aportados, se mantiene rechazo de la licencia por reposo prolongado, sin rol terapéutico ni curativo. - Que las licencias médicas Nº NUM003 y Nº NUM004 fueron rechazadas por cuanto a que no hay antecedentes que justifiquen la extensión del reposo. Por lo anterior, la recurrente presentó recurso de reposición por el rechazo de la licencia Nº NUM003, adjuntando informe emitido por médico traumatólogo con fecha enero del presente año, cuyo diagnóstico es una lumbociática derecha con raquiestenosis lumbar con indicación quirúrgica. Por lo anterior, no se pueden desprender más argumentos para prolongar reposo. No adjunta imágenes, certificado de lista de espera ni pronóstico cercano. Sin más antecedentes médicos que justifiquen prolongación del reposo y rol terapéutico. Se rechaza por artículo 16 del Decreto Supremo Nª 3 del Ministerio de Salud. - Por último, la recurrente presentó recurso de reposición por Licencia Médica Nº NUM004, la cual mantuvo el rechazo, por cuanto a que no adjuntó antecedentes médicos adicionales que justifiquen rol terapéutico de este reposo Afirma que la Superintendencia de Seguridad Social, a través de su Resolución Exenta N° NUM006, con fecha 30 de agosto de 2024, rechazó el recurso de reconsideración y reclamo por parte del usuario, confirmando nuevamente el rechazo de las licencias médicas Nº NUM000, NUM001, NUM002, NUM003 y NUM004 de acuerdo con lo anteriormente expuesto.

Indica que, dicha Superintendencia concluyó que el reposo por la licencia ya individualizada no se encontraba justificado, por cuanto, los antecedentes aportados no permitieron establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, que alcanzó un total de 270 días por la misma patología. En efecto, en los informes médicos adjuntados no se menciona la evolución de la sintomatología ni los ajustes farmacológicos realizados. Además, no se adjunta el carnet de kinesioterapia correspondiente a la totalidad del periodo de reposo de las licencias médicas reclamadas, ni el certificado de ingreso a la lista de espera quirúrgica. Tampoco se informa sobre la fecha probable de cirugía, ni la fecha probable de alta a pesar del tiempo transcurrido. Los antecedentes tenidos a la vista son insuficientes, y no permiten justificar el rol terapéutico ni la extensión del reposo más allá del periodo autorizado.

La COMPIN fundamenta su actuación en el artículo 14 del D.S. N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, que establece que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE el poder rechazar o aprobar las licencias médicas, reducir o ampliar el período solicitado, o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejando constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Plantea que sus actuaciones al decidir sobre la aprobación o rechazo de una licencia médica se enmarcan dentro de los parámetros objetivos dispuestos, con el fin de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

En consecuencia, indica que ha actuado dentro del marco de sus competencias legales, aplicando criterios objetivos en la evaluación de las licencias médicas de la recurrente, y que sus decisiones están orientadas a garantizar el uso adecuado de este beneficio de salud.

Tercero: Que, compareció doña Andrea Cisternas Tiemann, abogada, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, quien solicitó el rechazo de la acción de protección, alegando en primer término la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social; subsidiariamente, la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad en su actuar, la inexistencia de derechos vulnerados, y la falta de un derecho indubitado que justifique la acción cautelar.

En lo principal, argumenta la improcedencia de la acción de protección, sosteniendo que la materia en cuestión pertenece al ámbito de la seguridad social, específicamente al derecho consagrado en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República. Señala que este derecho no está amparado por la acción cautelar del recurso de protección, conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

En subsidio, informando, la Superintendencia resalta el marco jurídico- normativo que regula la materia, detallando las disposiciones del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud y el D.S. N° 3 de 1984 del mismo ministerio, que definen y regulan el derecho a licencia médica y el subsidio por incapacidad laboral.

La recurrida fundamenta la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad en su actuar, aduciendo que su decisión se basó en el estudio de los antecedentes a través de diferentes profesionales médicos de dicho servicio, de lo cual concluyó que: 1.- “El reposo prescrito por la licencia médica N° NUM001, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya otorgado, el cual alcanza a 270 días por la misma patología. En efecto, del informe médico aportado, no es posible desprender información que de cuenta de la sintomatología actual y evolución del cuadro clínico a lo largo de todo el período. No se indica limitación funcional ocasionada, tratamientos actuales y ajustes de terapia según respuesta. No adjunta informe de terapias físicas realizadas recientemente, estudio imagenológico, certificado de ingreso a lista de espera quirúrgica u otro tipo de intervenciones que permitan desprender el rol terapéutico de la licencia médica reclamada”. 2.- “El reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM000, NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 270 días de reposo ya autorizados por la misma patología. En efecto, en los informes médicos adjuntados no se menciona la evolución de la sintomatología ni los ajustes farmacológicos realizados. Además, no se adjunta el carnet de kinesioterapia correspondiente a la totalidad del periodo de reposo de las licencias médicas reclamadas, ni el certificado de ingreso a la lista de espera quirúrgica. Tampoco se informa sobre la fecha probable de cirugía, ni la fecha probable de alta a pesar del tiempo transcurrido. Los antecedentes tenidos a la vista son insuficientes, y no permiten justificar el rol terapéutico ni la extensión del reposo más allá del periodo ya autorizado”.

Indica que la Superintendencia realizó un análisis exhaustivo y objetivo del caso en cuestión, resolviendo con todos los antecedentes que constan en el expediente, los cuales fueron ponderados por médicos especialistas con aplicación estricta de los mismos parámetros y procedimientos establecidos para resolver este caso en relación al resto de las situaciones que se resuelven ante esta Institución Fiscalizadora, utilizando sustentos facticos, clínicos y jurídicos, lo que permitió arribar a la conclusión que el reposo médico prescrito por la licencia médica objeto del recurso era injustificado.

De lo expuesto, argumenta que el actuar de la Superintendencia de Seguridad Social se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Respecto a la supuesta vulneración de derechos, la Superintendencia niega haber afectado el derecho a la vida, integridad física y psíquica, y protección de la salud de la recurrente. Sostiene que su intervención se limitó a pronunciarse sobre las reclamaciones presentadas, sin impedir el acceso de la recurrente a la atención médica o tratamientos necesarios.

En cuanto al derecho de propiedad, plantea que el otorgamiento de una licencia médica no implica el nacimiento automático de un derecho de propiedad sobre un eventual subsidio por incapacidad laboral. Enfatiza que para tener derecho al subsidio se requiere cumplir con requisitos específicos, incluyendo la autorización de la licencia médica por la entidad correspondiente.

Plantea que su actuación no ha sido arbitraria ni ilegal, ya que sus decisiones se basan en el estudio y ponderación de los elementos presentados, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes.

En virtud de lo expuesto, solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas.

Cuarto: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo, que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal, que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule, los efectos indeseables de esa acción u omisión. Asimismo, se ha sostenido, que la acción de protección no constituye una instancia, por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que, su real objeto, está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, respecto a la excepción de improcedencia de la acción de protección opuesta por la recurrida, fundada en que el derecho a licencia médica formaría parte de la seguridad social que no se encuentra amparado por esta vía cautelar, cabe señalar que el argumento de la actora relativo a que materia la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, son materia de seguridad social y son propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, deberá ser desestimado, en tanto de la sola lectura del recurso se puede advertir que no se invocó en parte alguna como supuestamente vulnerado el derecho a la seguridad social, sino se aludió a otras garantías fundamentales que se encuentran resguardadas por la presente acción cautelar.

Sexto: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo en el que consta el reclamo que rechazó la licencia médica, consta que obedeció a la causal de reposo injustificado.

Es así como el presente recurso se erige en contra de la Resolución Exenta antes signada, que confirmó el rechazo de licencias médicas que en ella se consigna.

Séptimo: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

Octavo: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las Compin deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA). De las resoluciones que las Compin emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideraci ón ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la Compin que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las Compin, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

Noveno: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley N° 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.” “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

Enseguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médicosocial, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

En efecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo el artículo 21 del cuerpo normativo que precede dispone que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

Décimo: Que, en este punto, cabe traer a colación lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud, que sostiene “Para los efectos de este Reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (artículo 1).

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

Undécimo: Que en el caso de autos la decisión adoptada por la COMPIN y refrendada por la Superintendencia, no aparece revestida de los necesarios fundamentos, por cuanto no se observa la razón del cambio de criterio para autorizar ciertas licencias médicas y luego dejar de hacerlo, más aún que no se han practicado nuevos exámenes ni peritajes médicos por parte de la autoridad independiente en la materia, que permitan sustentar dicha variación, sin que los peritajes practicados por FONASA gocen de mérito suficiente para acreditar aquello, ya que se trata de prueba de la propia parte que ha rechazado originalmente las que fueron objeto de este recurso, a pesar de los reiterados informes del recurrente.

Duodécimo: Que, conforme al mérito de los hechos expuestos, se advierte que la decisión de la autoridad recurrida carece de elementos objetivos que la sustenten, por cuanto para afirmar que el reposo no se encuentra justificado, no hace referencia a otros factores propios de la evaluación de la recurrente que corroboren el dictamen a que arribó, habiéndose aprobado con anterioridad las licencias médicas en forma continua por el mismo diagnóstico, aunado que los informes médicos acompañados por la recurrente para justificarlas no dan cuenta de indicación médica de realización de sesiones de kinesiología; por cuanto dicha circunstancia sólo obra en la que finalmente las rechazó; omisiones que la privan de fundamento, acorde a los antecedentes médicos del recurrente.

Décimo tercero: Que, en relación con los argumentos expuestos por la Superintendencia recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que se encuentra contenido en el Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud, de 1984 señala que, en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte” y “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

Décimo Cuarto: Que, de esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el fundamento del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver.

Por lo anterior, los actos administrativos recurridos, carecen de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que las decisiones de la SUSESO, sólo se asientan en que los antecedentes no justifican la prolongación del reposo, en circunstancias que aquéllos, pueden obtenerse conforme al artículo 21 del Reglamento ya indicado, pues el órgano recurrido cuenta con facultades oficiosas para decretar medidas para lograr un mejor acierto de su decisión, disponer peritajes o exámenes y requerir otros, esto es, acudir a un elemento de convicción que otorgue mayor razonabilidad a la decisión administrativa, máxime cuando en la especie se aprecian licencias que han sido autorizadas en relación al recurrente, en forma previa a aquellas que motivan la presentación de la acción cautelar.

Décimo Quinto: Que, en consecuencia, la conducta de organismo recurrido no se ajustó a la normativa vigente, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición de salud de la parte recurrente antes de rechazar sin más y sin nuevos antecedentes lo obrado por Fonasa y la Compin.

De esta forma, la autoridad recurrida ha manifestado que para para rechazar las licencias, se tuvo como fundamento que no existen antecedentes médicos que respalden la prolongación del reposo al periodo previamente autorizado. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o a una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, lleva a considerar que la decisión de la Suceso carece de fundamento por no comprobar, teniendo los medios para ello, el diagnóstico del recurrente, aunado a su historial clínico.

Décimo Sexto: Que, en cuanto a las garantías constitucionales conculcadas desde luego se transgrede la prevista en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, relativo al derecho a la vida e integridad física y psíquica de la parte recurrente, porque la actuación de la recurrida al carecer de fundamento y contenido agrava la situación de salud de la actora, quien no ha podido gozar del subsidio por incapacidad laboral.

Décimo Séptimo: Que, con fecha 18 de agosto de 2021, la bCorte Suprema en causa Rol N° 56.305-2021, resolvió que: “Cuarto: Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, soslayando hacer mención a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó, carencias que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo prescrito.

Quinto: Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar losantecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el actual litigio.

Sexto: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

Séptimo: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, someti éndola a evaluaciones médicas accesorias. En semejantes coyunturas, ante colofones tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

Octavo: Que, de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimida por la parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Noveno: Que en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral, por tal motivo y en uso de las facultades que otorga el Auto Acordado sobre la presente materia, que permite tomar todas las medidas para resguardar la protección de las garantías constitucionales, el presente recurso es acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.”

Décimo Octavo: Que, en las circunstancias apuntadas, habiendo quedado de manifiesto la concurrencia de un acto arbitrario que afecta los derechos constitucionales de la recurrente, la protección que se solicita mediante la presente acción cautelar ha de ser otorgada, del modo que a continuación se dispone.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción constitucional interpuesta por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° NUM006, de fecha 30 de agosto de 2024 debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente, encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el presente arbitrio en relación a la capacidad residual de la recurrente, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que dispone las licencias médicas números NUM001, NUM000, NUM002, NUM003 y NUM004.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-18932-2024.

En Santiago, tres de enero de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.